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La prioridad del Gobierno es que la nueva PAC siga siendo un instrumento positivo de apoyo a nuestros agricultures y ganaderos. El Gobierno afronta la última fase de negociaciones sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) desde el mejor punto de partida:
España parte con unos objetivos de negociación comunes con las CCAA, a diferencia de lo que ocurría con el Gobierno del PSOE.
El Gobierno socialista enviaba aportaciones, a menudo, contradictorias y que no respondían a los intereses españoles.
El Gobierno ha conseguido que se mantenga el presupuesto para la PAC hasta 2020, con ayudas específicas y concretas a España.
Este acuerdo garantiza un horizonte estable de 7 años para nuestros agricultores y ganaderos y para el Desarrollo Rural.
La UE ha aprobado que sea España la que delimite su superficie agraria elegible con derecho a recibir ayudas de la PAC.
o La delimitación de hectáreas constituía una de las principales preocupaciones para el sector, ya que provocaba injusticias territoriales.
Gracias a la batalla que ha dado el Gobierno, la UE aplicará las ayudas de forma flexible y no la tasa plana que preveía inicialmente.
o El Gobierno cerró alianzas con Bélgica, Francia y Portugal contra una tasa que perjudicaba a España por la diversidad de su territorio.
El Gobierno protege a los pequeños agricultores evitando que se aplique la rotación de cultivos a superficies menores de 10 hectáreas.
También ha trabajado para que cultivos permanentes, como el olivar o el de frutos secos, se cualifiquen como superficies de interés ecológico.
El Gobierno marca el camino de recuperación de las CCAA
El Consejo de Política Fiscal y Financiera establece cinco pasos para que las CCAA cumplan con el objetivo de déficit.
1. Objetivos de estabilidad presupuestaria para las CCAA.
2. Financiación del pago a proveedores y de apoyo a la liquidez de las CCAA.
3. Estimaciones de las necesidades de financiación de 2012.
4. Planes económico-financieros de reequilibrio 2012-2014.
5. Racionalización del sector público.
El Gobierno crea un grupo de trabajo para evaluar el modelo de financiación autonómico de 2009, cumpliendo el acuerdo de la Conferencia de Presidentes.

El diputado del PP Felipe Afonso denuncia los reiterados engaños de la consejera del Área, “cuya palabra carece de valor alguno”

1 de marzo de 2013.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, denunció hoy que el Gobierno de Canarias mantiene cerradas más de 800 viviendas de promoción pública destinadas a compra o alquiler. “Más grave que el engaño de la consejera, Inés Rojas, cuya palabra carece de valor alguno, es que haya miles de familias canarias pasando necesidades dramáticas, habiendo promociones completas de casas sin ocupar”, afirmó.

Afonso reveló que según los datos que el Departamento de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda facilitó por escrito los días 19 de noviembre y 14 de diciembre de 2012, son 856 las casas vacías que están en manos del Instituto Canario de Vivienda y de la empresa pública Visocan. “Sin embargo –añadió- la consejera prefirió ocultar este dato y reconocer públicamente tan solo unas 400 pendientes de adjudicación”.

Para el diputado popular “es incomprensible la insensibilidad demostrada por este Gobierno, que mantiene centenares de casas vacías cuando tiene más de 26.000 canarios solicitando una vivienda protegida”.

“Al fracaso de Inés Rojas en políticas de dependencia, lucha contra la exclusión social o financiación de los servicios sociales, se unen sus reiterados engaños en materia de Vivienda”, afirmó el parlamentario popular, quien recordó que esta misma semana la consejera fue puesta en evidencia en el Pleno del Parlamento de Canarias, cuando su gestión de la Hipoteca Joven “causó una honda fractura entre los partidos que la sostienen, CC y PSOE”.

El 14 de diciembre del pasado año, la Consejería informó que la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) tenía un stock de 790 viviendas sin ocupar, a las que habría que sumar las que están pendientes de segunda adjudicación.

En la provincia de Las Palmas se encontraban libres 136 viviendas públicas para venta y 175 para alquiler, mientras que en Santa Cruz de Tenerife ascendían a 330 las casas sin vender, y a 149 las que se encontraban sin arrendar.

“Visto su escaso volumen de negocio, no es de extrañar que Visocan se encuentre ahogada por una deuda de casi 240 millones de euros”, dijo el diputado del PP, quien apuntó que hay que sumar los 63 inmuebles que, el 19 de noviembre, el Instituto Canario de la Vivienda tenía en stock para segunda adjudicación; de ellos, 26 se encuentran en la Provincia de Las Palmas y 37 en Santa Cruz de Tenerife.

Es necesario contabilizar, además, las muchas viviendas pendientes de primera ocupación, dato que nunca ha facilitado el Gobierno al Grupo Popular, lo que incrementaría de forma muy significativa estas cifras.

“Solo una desastrosa gestora como la actual consejera permitiría esta situación”, aseguró Felipe Afonso, quien recordó que el Parlamento de Canarias debatirá en las próximas semanas una Proposición No de Ley del Grupo Popular para dar uso a estos inmuebles.

“Ya que ella no tiene intención alguna de dimitir, sería aconsejable que Paulino Rivero comenzara a barajar otro nombre para dirigir la Consejería, pues las Islas no pueden permitirse por más tiempo mantener en la poltrona a una persona que ha evidenciado tanta incompetencia e ineficacia”, concluyó.