El Pleno del Parlamento de Canarias debatirá esta semana una moción del Grupo Parlamentario Popular, dirigida a instar al Gobierno de Canarias a proceder a la privatización de forma inmediata de Radiotelevisión Canaria, con el fin de dedicar su presupuesto, que ronda los 35 millones de euros, a fomentar el empleo y combatir la pobreza en las islas.

Según indicó el diputado del Partido Popular, Víctor Moreno, esta propuesta del PP constituye “un verdadero desafío” para CC y PSOE, que “deberán retratarse ante todos los canarios y decidir si les interesa más mantener una televisión pública, o bien utilizar el procedimiento legalmente previsto para su gestión privada, que permitiría dotar económicamente la estrategia contra la pobreza elaborada por el Gobierno”.

Moreno remarcó que la propuesta del PP se basa en el procedimiento contemplado en la Ley General Audiovisual, dirigido a favorecer la gestión privada de los canales de televisión de las comunidades autónomas, “con plenas garantías para los puestos de trabajo que genera, y salvaguardando los contratos en vigor”.

“700.000 canarios en situación de exclusión social, de ellos 110.000 niños, y un porcentaje de paro que ronda el 35%, son argumentos más que suficientes como para que socialistas y nacionalistas se planteen dejar de pagar un canal de televisión que solo sirve para perseguir a Rivero por Canarias y allende los mares, y destine el dinero a lo verdaderamente importante”, afirmó.

Estrategia sin fondos

En este sentido, en el próximo Pleno de la Cámara autonómica, y a petición del Partido Popular, comparecerá la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, para explicar el Plan Estratégico contra la Pobreza y su financiación.

Como declaró la portavoz del PP en materia de Políticas Sociales, Milagros Bethencourt, “un mes después de conocer que el Gobierno trabaja en este plan, todavía no conocemos cómo se va a financiar, y tan solo sabemos que existe un Plan Social de Empleo que solo empleará a 5.000 de los casi 400.000 canarios en paro, con fondos ya existentes, y comprometiendo encima fondos municipales”.

“Ya le dijimos a la consejera hace menos de una semana que este plan no va a arreglar el hambre en Canarias, a menos que se dote económicamente como procede”, aseguró la diputada del PP, quien expresó su sospecha de que este sea “un nuevo brindis al sol del Gobierno de Rivero, que ya ha advertido que no piensa desprenderse, ni de sus embajadas en el exterior, ni de instituciones inútiles como el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas”.

El diputado del Partido Popular, Felipe Afonso, ha asegurado que “el Gobierno de Canarias no puede dejar tirados a más de 14.000 alumnos que quieren matricularse en Formación Profesional y no tienen plaza para el próximo curso”, y ha pedido explicaciones al consejero de Educación “por su pasividad ante un problema que se agudiza cada curso”.

El parlamentario popular se hizo eco de las quejas de alumnos, familias y docentes, que la pasada semana se vieron sorprendidos al conocer el listado provisional de admitidos publicado por la Consejería de Educación. Un total de 14.413 alumnos se han quedado sin la plaza escogida como primera opción, una cifra que supera a la de alumnos admitidos, que alcanza inicialmente a 13.689.

Felipe Afonso acusó al consejero de Educación, José Miguel Pérez, de “fomentar el abandono escolar, en el que las Islas encabezan todas las estadísticas europeas”, y advirtió que “Canarias no puede permitirse el lujo de seguir incrementando el número de NINIS (jóvenes que ni estudian ni trabajan), dejando fuera del sistema educativo a más de la mitad de los jóvenes que quieren formarse profesionalmente”.

El Partido Popular recuerda que las Islas tienen el índice de paro juvenil más elevado de toda España, que alcanza prácticamente al 70% de los jóvenes, y que el 80% de los parados canarios no poseen formación, “lo que añade más dificultad a la búsqueda de empleo”.

“El consejero de Educación lleva dos años anunciando planes y proyectos para mejorar la Formación Profesional, pero la realidad es que estamos a la cola de nuestro país en estos estudios, somos la última comunidad autónoma en poner en marcha la FP dual y seguimos sin un rumbo claro para conectar la enseñanza con el empleo”, afirmó Felipe Afonso.

El diputado popular criticó además que hayan quedado libres unas 600 plazas presenciales y otras 500 a distancia, “lo que evidencia que la demanda de la sociedad va por un lado y este Gobierno autonómico va por otro”.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, aseguró hoy que “si a Paulino Rivero le preocupasen los canarios, la consejera Inés Rojas ya estaría hace tiempo fuera del Gobierno y al frente de los políticas sociales habría una persona eficiente”.

Australia Navarro considera que “con su respaldo a la consejera Rojas, Paulino Rivero asume en primera persona el hundimiento social de Canarias que presenta hoy un fracaso estrepitoso en términos de pobreza, de necesidad, incluso de nutrición”.

“El balance que Inés Rojas presenta hoy con el apoyo entusiasta de Paulino Rivero es una tasa de pobreza desorbitante del 34% en Canarias, que no tiene parangón ni en España ni en La Unión Europea. Con Rojas y Rivero de la mano, en Canarias hay hoy más de 132.000 ciudadanos que no tienen ningún ingreso ni reciben ninguna prestación económica pública. Y quizá lo más grave, más de 111.000 menores de edad en situación de pobreza y exclusión social”.

Para la portavoz popular “no es extraño que el rechazo a la gestión de Paulino Rivero e Inés Rojas en materia social sea cada día más unánime. Junto al Partido Popular, hay importantes sectores de los partidos que sustentan al Gobierno que reclaman su destitución, al igual que hacen los sindicatos mayoritarios”.

Navarro considera que “la gestión de Inés Rojas durante los últimos 6 años la desautoriza para generar un consenso político y social en favor de una política seria y eficaz contra la pobreza en Canarias”.

“En nuestra opinión, la primera medida necesaria para afrontar ese consenso es la salida inmediata de Inés Rojas de la Consejería y el reconocimiento público de Paulino Rivero del fracaso que caracteriza la labor del Gobierno regional ante el agravamiento progresivo de las condiciones de vida de los canarios”, añade.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Transportes, Fernando Enseñat, criticó hoy “el oscurantismo y las informaciones confusas que proporciona el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, con el fin de no revelar las cantidades que asigna a las obras en ejecución en el Archipiélago”.

Enseñat lamentó que el consejero Regional de Obras Públicas haya vuelto a negarse a explicar en Comisión parlamentaria “cómo distribuirá los casi 260 millones de euros de presupuesto con que cuenta el Plan de Carreteras, qué obras sufragará y que criterios utiliza para su reparto”.

“Es más, nos consta que de esa cantidad solo podrá utilizar unos 60 millones para terminar las vías actualmente en ejecución, pues los doscientos restantes son para pagar obras prefinanciadas en ejercicios anteriores, que ahora el Gobierno tiene que abonar con sus correspondientes intereses”, aseguró.

Asimismo, el diputado del PP garantizó la continuidad y vigencia del Convenio de Carreteras con el Estado, y acusó al Ejecutivo autonómico y a los partidos que lo apoyan (CC y PSOE) de “alarmar innecesariamente con falsedades a la población respecto a la inversión pública en obras y conectividad”.

Por ello, recomendó a los grupos socialista y nacionalista que abandonen “esta estrategia de continuo enfrentamiento, que solo es una vía de escape para esconder la incapacidad del Gobierno de Canarias”.

Para Fernando Enseñat, “bueno es recordar que el Partido Popular se encontró con un agujero en el Ministerio de Fomento de 40.000 millones de euros, correspondientes al endeudamiento masivo del anterior Gobierno socialista, que contó en todo momento con el apoyo cómplice de Coalición Canaria, y que ahora obliga a restringir el gasto en toda España”.

“No es solidario que, después de dejar la caja vacía, CC y PSOE se escuden en sus tesis del maltrato para pretender que de los 800 millones de euros que tiene Fomento para nueva inversión en infraestructuras de carreteras en toda España, 200 millones sean para una sola comunidad autónoma”, concluyó.

El Grupo Parlamentario Popular exigió hoy al Gobierno de Canarias que libere al sector pesquero de las islas de las trabas burocráticas que impiden su desarrollo, y pusieron como ejemplo el retraso de dos años que acumula el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), cuya aprobación vuelve a posponerse por un trámite administrativo incorrecto.

Para la portavoz popular en la Comisión de Agricultura, Ana Guerra, los retrasos acumulados por el PROAC convierten al Gobierno en el “único responsable de la crítica situación de la acuicultura”, que desde 2008 ha pasado de ocupar a casi 30 empresas y obtener cerca de 9.000 toneladas de producto, a las 15 empresas y poco más de 6.000 toneladas del año 2011.

En cuatro años, el peso de este subsector estratégico para la economía de las islas se ha reducido prácticamente a la mitad, al pasar de un valor de casi 60 millones de euros en 2008 a los 30 millones del año 2012.

En 2011 se remitió a la Cotmac este documento, que regula la acuicultura en las islas, para su evaluación ambiental. Según informó hoy el consejero de Agricultura en el Parlamento regional, la Consejería de Ordenación del Territorio determinó en abril de este año que, por tratarse de un Plan Sectorial, la Cotmac no era competente para resolver, sino otro órgano distinto del mismo departamento.

Ana Guerra manifestó que “suena a chiste que este Gobierno haya hecho perder dos años al sector pesquero esperando por un trámite administrativo, y ahora, con todos los plazos caducados, nos digan que hay que evaluar de nuevo el mismo plan, y encima el consejero nos diga que están cumpliendo con el sector”.

“Da la impresión de que nos están contando batallitas para no asumir su propia incompetencia, mientras la acuicultura está agonizando en las islas”, argumentó la diputada popular, quien recordó que el consejero de Agricultura se había comprometido a presentar el PROAC este mismo año, “y ahora se inventan un nuevo escollo para alargar su tramitación hasta 2014”.

Ana Guerra declaró que “el tiempo sigue corriendo en contra del sector pesquero y acuícola mientras el Gobierno no tiene ni un triste avance que enseñar a los empresarios de la acuicultura, que determine qué zonas son aptas, qué especies se autorizarán y qué características han de reunir las explotaciones”.