El Grupo Parlamentario Popular exigió hoy al Gobierno de Canarias que libere al sector pesquero de las islas de las trabas burocráticas que impiden su desarrollo, y pusieron como ejemplo el retraso de dos años que acumula el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), cuya aprobación vuelve a posponerse por un trámite administrativo incorrecto.

Para la portavoz popular en la Comisión de Agricultura, Ana Guerra, los retrasos acumulados por el PROAC convierten al Gobierno en el “único responsable de la crítica situación de la acuicultura”, que desde 2008 ha pasado de ocupar a casi 30 empresas y obtener cerca de 9.000 toneladas de producto, a las 15 empresas y poco más de 6.000 toneladas del año 2011.

En cuatro años, el peso de este subsector estratégico para la economía de las islas se ha reducido prácticamente a la mitad, al pasar de un valor de casi 60 millones de euros en 2008 a los 30 millones del año 2012.

En 2011 se remitió a la Cotmac este documento, que regula la acuicultura en las islas, para su evaluación ambiental. Según informó hoy el consejero de Agricultura en el Parlamento regional, la Consejería de Ordenación del Territorio determinó en abril de este año que, por tratarse de un Plan Sectorial, la Cotmac no era competente para resolver, sino otro órgano distinto del mismo departamento.

Ana Guerra manifestó que “suena a chiste que este Gobierno haya hecho perder dos años al sector pesquero esperando por un trámite administrativo, y ahora, con todos los plazos caducados, nos digan que hay que evaluar de nuevo el mismo plan, y encima el consejero nos diga que están cumpliendo con el sector”.

“Da la impresión de que nos están contando batallitas para no asumir su propia incompetencia, mientras la acuicultura está agonizando en las islas”, argumentó la diputada popular, quien recordó que el consejero de Agricultura se había comprometido a presentar el PROAC este mismo año, “y ahora se inventan un nuevo escollo para alargar su tramitación hasta 2014”.

Ana Guerra declaró que “el tiempo sigue corriendo en contra del sector pesquero y acuícola mientras el Gobierno no tiene ni un triste avance que enseñar a los empresarios de la acuicultura, que determine qué zonas son aptas, qué especies se autorizarán y qué características han de reunir las explotaciones”.