Jorge Rodríguez considera “erróneo” prescindir de 30 sedes de atención al ciudadano, lo que podría incrementar el fraude fiscal

13 de marzo de 2013.- El diputado autonómico del Partido Popular, Jorge Rodríguez, manifestó hoy que la decisión “unilateral y errónea” del Gobierno de Canarias de cambiar el método de recaudación de los impuestos cedidos podría suponer una merma de 90 millones de euros anuales para la comunidad autónoma, e incrementar el fraude fiscal en las islas.

“El Ejecutivo regional se escuda en un supuesto ahorro de unos diez millones para suprimir 30 sedes de atención al ciudadano, para no renovar el Convenio con el Colegio Profesional de Registradores de la Propiedad, lo que constituye un acto abusivo y de desviación de poder”, afirmó Rodríguez, quien justificó la oposición del Grupo Popular a esta decisión, que “elimina un sistema que se ha desarrollado con excelentes resultados y se mantiene en prácticamente toda España”.

“Además del perjuicio económico por no seguir investigando la lucha contra el fraude con los medios personales y materiales con que contaban las oficinas, el  Archipiélago afronta una importantísima pérdida, de la que ya advierte el informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda”, aseguró.

El diputado del PP dijo no comprender el sentido de una decisión “que supone una disminución de los ingresos, un aumento del déficit y una reforma administrativa de calado no prevista en el plan de ajuste aceptado para la concesión de apoyo del Fondo de Liquidez Autonómico”. Según apuntó, se desvirtúa el consenso alcanzado con el Gobierno de la Nación, “desconocedor de unos cambios que afectan a la previsión mensual de los tributos cedidos”.

Sistema menos eficaz

En este sentido, se refirió al cierre de siete sedes comarcales, ocho oficinas descentralizadas y quince oficinas de extensión, en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Palma, con servicio público al 70% de la población y atención personalizada a 15.000 canarios. “El sistema que propone el Gobierno canario es mucho menos eficaz”, apostilló.

Rodríguez concluyó indicando que “el trabajo material y llevanza ordinaria implica una alta especialización por parte de los empleados que no puede improvisarse en tan breve espacio de tiempo, y pretender suplirlo con un servicio web o con oficinas insulares supondrá un grave perjuicio y dificultará el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas con la Hacienda canaria”.

La diputada del PP Ana Guerra exige al Gobierno que convoque al Consejo Asesor de Pesca, tres años después de su última reunión

13 de marzo de 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular, Ana Guerra, exigió hoy al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas que convoque con urgencia el Consejo Asesor de Pesca, y reciba a los pescadores de las islas, con quienes no se ha reunido después de más de año y medio en su puesto. “Es penoso que el Ministerio reciba antes a representantes de las cofradías que el Gobierno de Canarias”, denunció.

“Hoy miércoles, el Secretario General de Pesca del Ministerio se reúne con la Federación Nacional de Cofradías, encuentro al que asistirán representantes del Archipiélago, que todavía no conocen ni la cara del consejero regional de pesca”, señaló Guerra, quien lamentó que el Gobierno canario “sea ajeno por completo” a las inquietudes de un sector que sostiene 2.000 empleos directos.

La última vez que se reunió el Consejo Asesor de Pesca, máximo órgano consultivo de la comunidad autónoma para el sector, que aglutina a representantes de la pesca artesanal y la acuicultura, cofradías, investigadores y sindicatos, fue hace tres años, en 2010, siendo consejera la popular Pilar Merino.

“Ninguno de los dos consejeros de CC que han venido después han tenido la deferencia de escuchar los profesionales de la pesca de Canarias, pero sí han sabido desviar los problemas a córner y achacar todos los males al Gobierno de la Nación y a la Unión Europea”, remarcó la parlamentaria del Partido Popular.

La función de este órgano, recogido expresamente en el Reglamento Orgánico de la Consejería, es analizar la pesca marítima, la ordenación del sector, la comercialización de los productos, o la adecuación de las convocatorias de ayudas de la Unión Europea a las necesidades de los profesionales.

“Ante la evidente falta de diálogo es normal que el consejero desconozca las necesidades de quienes apenas representan un 0,3% del presupuesto de Canarias, pero sí merecen dignidad y respeto”, concluyó Ana Guerra.

La diputada popular, Milagros Bethencourt, reveló que el Gobierno sigue sin prestar ayuda a 154 familias afectadas por el fuego, siete meses después.

12 de marzo 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, denunció hoy que el Gobierno de Canarias ha dado la espalda a los gomeros que perdieron sus viviendas durante el incendio que asoló parte de la isla el pasado mes de agosto. “A día de hoy, 7 meses después del incendio, sólo dos  familias gomeras han visto reconocido su derecho a la ayuda económica”, manifestó la diputada por la isla de La Gomera.

Milagros Bethencourt lamentó que a pesar del anuncio, “a bombo y platillo”, del Presidente del Gobierno sobre la puesta en marcha de un paquete de medidas urgentes y el compromiso del abono del 20% del importe al inicio de las obras, lo cierto es que a día de hoy 152 familias gomeras siguen sin recibir del Gobierno ayuda alguna”.

Además, la diputada expresó su temor a que muchos gomeros se queden sin ayudas debido al reconocimiento del Vicepresidente del Gobierno regional, en sede parlamentaria, “de que las viviendas asoladas por el incendio que presentaran infracción urbanística previa al incendio no serían rehabilitadas. Algo típico y extendido en el ámbito rural canario”.

Bethencourt justificó su desconfianza porque “tengo datos muy preocupantes de los Decretos de Medidas Urgentes y Extraordinarias de las diferentes situaciones de emergencia que han acontecido en el archipiélago, donde las ayudas se eternizan y los cientos de expedientes duermen el sueño de los justos en la Consejería de Asuntos Sociales”.

La diputada como ejemplo el retraso en las ayudas en algunas catástrofes naturales ocurridas en Canarias. “El Decreto 147/2009 lluvias acaecidas en la Orotava y San Juan de La Rambla, 30 expedientes. Ninguno ha cobrado aún. Decreto 167/2009, lluvias acaecidas en Fuencaliente, Mazo y Aldea de San Nicolás.

En total, 29 expedientes. Ninguno ha cobrado. Decreto 12/2010 lluvias acaecidas en Tenerife, especialmente recordar la riada de Tabaiba. Dos vecinas hicieron huelga de hambre en la puerta de su Consejería. 304 expedientes. Ninguno ha cobrado a día de hoy. Tampoco estas vecinas” indicó.

“Eso sí, nos ha sorprendido que en el BOC, el pasado 18 de febrero, con el abono a los damnificados de Arrecife por las lluvias de enero 2011. Que yo me alegro mucho por ellos porque es su derecho como lo es también el del resto de damnificados a los que ustedes prometen ayudas que nunca llegan” remarcó.
Finalmente, la diputada popular recordó que el incendio sufrido por La Gomera en agosto del pasado año dejó en más de un centenar de viviendas afectadas: 43 en ruina absoluta, 48 afectadas parcialmente y 63 con daños menores.