El PP defiende la valentía de una reforma energética que protege al consumidor

lunes 15 de julio de 2013

Australia Navarro, portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, defendió hoy “la valentía del Gobierno de la Nación en la reforma energética presentada que reparte la carga del déficit tarifario entre empresas, ciudadanos y el propio Gobierno, protegiendo de esa forma al consumidor”.
Australia Navarro desmintió a la consejera canaria de Industria, Francisca Luengo, y aseguró que “la distribución de la déficit de la tarifa eléctrica se reparte a razón de 2.700 millones de euros para las empresas, 900 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y los 900 millones restantes a los consumidores, a través de un incremento del 3,2% del precio de la luz”.
“En consecuencia, es absolutamente falso que el ajuste para resolver definitivamente el gravísimo problema de déficit y deuda eléctricas que condiciona la evolución de la economía española recaiga sobre los ciudadanos. Es más, si la reforma trasladase el déficit eléctrico a los ciudadanos, la subida del precio de la luz se situaría en un 42% y no en un 3,2%, como finalmente se ha establecido”.
La portavoz parlamentaria del PP se preguntó “¿qué diría el Gobierno de Canarias y la consejera del ramo si el Gobierno hubiera promovido una reforma con un aumento del precio de la luz en torno al 40%?”.
Navarro recordó a la consejera Luengo que “desgraciadamente durante los 8 años de Rodríguez Zapatero, el Gobierno del PSOE se negó a afrontar este desafío e incluso condujo al sistema a una situación aún más insostenible, como reiteradamente advirtió el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián”.
La portavoz popular advirtió que “el actual sistema energético español caminaba hacia la quiebra ante el diferencial creciente anual que se produce entre los ingresos y los costes del modelo vigente. Con esta reforma, el Gobierno del PP asume con valentía la urgencia económica de un sistema eléctrico sostenible, homogéneo y transparente que afrontan de forma colegiada las empresas, la Administración y los consumidores”.

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