El diputado del PP Miguel Jorge reta al Gobierno regional a cumplir su amenaza y retirar la Ley de Ordenación del sector

18 de marzo de 2013.- El diputado autonómico del Partido Popular, Miguel Jorge, acusó hoy al presidente regional, Paulino Rivero, de “cerrar el paso al desarrollo turístico de Gran Canaria con sus caprichos en la tramitación de la Ley de Ordenación del Turismo, dirigidos a impedir la construcción de hoteles de cuatro estrellas en todas las islas”.

El diputado por Gran Canaria reiteró la posición ya expresada por el Grupo Popular, favorable a flexibilizar la moratoria y permitir construir todo tipo de establecimientos hoteleros. “Estamos dando la espalda a un nicho importante del mercado, por el empeño del Gobierno, que parece estar alineándose a favor de los intereses de determinadas islas en detrimento de otras”, afirmó.

“Si Rivero prefiere retirar el Proyecto de Ley en el que estamos trabajando y echar por tierra el trabajo de meses y las aportaciones del sector, los partidos políticos y las corporaciones locales, que lo haga”, dijo Miguel Jorge, quien confirmó que el Grupo Parlamentario Popular presentaría entonces una nueva propuesta, “con la postura que estamos defendiendo, consensuada con todos los interesados”.

En este sentido, remarcó que “el Gobierno tiene un problema, pues no ha logrado contentar ni siquiera a los grupos parlamentarios que le apoyan (CC y PSOE), que no están de acuerdo con el Proyecto de Ley, y sus diputados, hace apenas unas semanas, ya confirmaron que aprobarían hoteles de cuatro estrellas”.

“Con estos desafíos que está lanzando en los medios de comunicación, el presidente del Gobierno no deja en buen lugar al Parlamento de Canarias como legislador, y está adoptando una postura unilateral que no quiere abandonar por más que no ha logrado satisfacer a nadie”, señaló Jorge.

“En el actual contexto de crisis, y con el 35% de los canarios en paro, el Gobierno de Canarias tendrá mucho que explicar si persiste en su empeño de seguir poniendo freno al desarrollo de nuestro primer sector económico”, concluyó.

Jorge Rodríguez considera “erróneo” prescindir de 30 sedes de atención al ciudadano, lo que podría incrementar el fraude fiscal

13 de marzo de 2013.- El diputado autonómico del Partido Popular, Jorge Rodríguez, manifestó hoy que la decisión “unilateral y errónea” del Gobierno de Canarias de cambiar el método de recaudación de los impuestos cedidos podría suponer una merma de 90 millones de euros anuales para la comunidad autónoma, e incrementar el fraude fiscal en las islas.

“El Ejecutivo regional se escuda en un supuesto ahorro de unos diez millones para suprimir 30 sedes de atención al ciudadano, para no renovar el Convenio con el Colegio Profesional de Registradores de la Propiedad, lo que constituye un acto abusivo y de desviación de poder”, afirmó Rodríguez, quien justificó la oposición del Grupo Popular a esta decisión, que “elimina un sistema que se ha desarrollado con excelentes resultados y se mantiene en prácticamente toda España”.

“Además del perjuicio económico por no seguir investigando la lucha contra el fraude con los medios personales y materiales con que contaban las oficinas, el  Archipiélago afronta una importantísima pérdida, de la que ya advierte el informe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Hacienda”, aseguró.

El diputado del PP dijo no comprender el sentido de una decisión “que supone una disminución de los ingresos, un aumento del déficit y una reforma administrativa de calado no prevista en el plan de ajuste aceptado para la concesión de apoyo del Fondo de Liquidez Autonómico”. Según apuntó, se desvirtúa el consenso alcanzado con el Gobierno de la Nación, “desconocedor de unos cambios que afectan a la previsión mensual de los tributos cedidos”.

Sistema menos eficaz

En este sentido, se refirió al cierre de siete sedes comarcales, ocho oficinas descentralizadas y quince oficinas de extensión, en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y La Palma, con servicio público al 70% de la población y atención personalizada a 15.000 canarios. “El sistema que propone el Gobierno canario es mucho menos eficaz”, apostilló.

Rodríguez concluyó indicando que “el trabajo material y llevanza ordinaria implica una alta especialización por parte de los empleados que no puede improvisarse en tan breve espacio de tiempo, y pretender suplirlo con un servicio web o con oficinas insulares supondrá un grave perjuicio y dificultará el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas con la Hacienda canaria”.

La diputada del PP Ana Guerra exige al Gobierno que convoque al Consejo Asesor de Pesca, tres años después de su última reunión

13 de marzo de 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular, Ana Guerra, exigió hoy al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas que convoque con urgencia el Consejo Asesor de Pesca, y reciba a los pescadores de las islas, con quienes no se ha reunido después de más de año y medio en su puesto. “Es penoso que el Ministerio reciba antes a representantes de las cofradías que el Gobierno de Canarias”, denunció.

“Hoy miércoles, el Secretario General de Pesca del Ministerio se reúne con la Federación Nacional de Cofradías, encuentro al que asistirán representantes del Archipiélago, que todavía no conocen ni la cara del consejero regional de pesca”, señaló Guerra, quien lamentó que el Gobierno canario “sea ajeno por completo” a las inquietudes de un sector que sostiene 2.000 empleos directos.

La última vez que se reunió el Consejo Asesor de Pesca, máximo órgano consultivo de la comunidad autónoma para el sector, que aglutina a representantes de la pesca artesanal y la acuicultura, cofradías, investigadores y sindicatos, fue hace tres años, en 2010, siendo consejera la popular Pilar Merino.

“Ninguno de los dos consejeros de CC que han venido después han tenido la deferencia de escuchar los profesionales de la pesca de Canarias, pero sí han sabido desviar los problemas a córner y achacar todos los males al Gobierno de la Nación y a la Unión Europea”, remarcó la parlamentaria del Partido Popular.

La función de este órgano, recogido expresamente en el Reglamento Orgánico de la Consejería, es analizar la pesca marítima, la ordenación del sector, la comercialización de los productos, o la adecuación de las convocatorias de ayudas de la Unión Europea a las necesidades de los profesionales.

“Ante la evidente falta de diálogo es normal que el consejero desconozca las necesidades de quienes apenas representan un 0,3% del presupuesto de Canarias, pero sí merecen dignidad y respeto”, concluyó Ana Guerra.