El Grupo Parlamentario Popular remarcó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) solo cubrirá las necesidades de 6.200 personas en situación de exclusión social, un 8% de los 800.000 canarios que pasan verdaderas necesidades. La diputada Milagros Bethencourt exigió al Gobierno regional “un proyecto de modificación serio, que dé cobertura a quienes se encuentran en riesgo de pobreza, y destine un porcentaje de los 200 millones del déficit a atender las solicitudes de prestación ya existentes”.

“Es vergonzoso que el Gobierno de Canarias quiera seguir haciéndose propaganda a costa de los más desfavorecidos, cuando en 2012 no fue capaz ni de ejecutar su presupuesto”, declaró la portavoz parlamentaria de Política Social y Vivienda.

“El año pasado, y según datos de la Consejería de Política Social y Vivienda, apenas se atendió a unos 5.400 solicitantes con los 20 millones que se presupuestaron, y además hubo 3.000 personas a las que no se atendió porque no entraban en los criterios de la Ley”, apuntó.

“Este Gobierno parece ignorar que 120.000 hogares canarios tienen a todos sus miembros en paro, y hay 38.000 familias a las que no entra ni un solo euro al mes” argumentó Bethencourt, quien apuntó que “no nos sirve que se pretenda vender la cobertura a 3.000 personas más; sinceramente, no nos lo creemos”.

La diputada del Partido Popular valoró que ahora se corrija el error y se atienda a estas familias, pero destacó que “siguen faltando medidas urgentes para una tercera parte de la población del Archipiélago, mientras el Gobierno se limita a parchear y a seguir con una labor propagandística que solo sirve para crear falsas expectativas y desesperanza entre los más necesitados”.

En este sentido, recordó que “ya se lo dijimos al Gobierno durante el debate de la Estrategia contra la pobreza: Los 23 millones de la PCI solo permitirán atender en 2014 a 6.200 demandantes de ayuda, y encima, de forma temporal”.

El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado reiteradamente que la prestación canaria de inserción (PCI) no estaba siendo consecuente con el espíritu de la Ley, insertar en la sociedad a las personas en riesgo de exclusión social, y por ende, en el mercado laboral.

En este sentido, Milagros Bethencourt destacó que entre 2008 y 2010 se invirtieron 38,5 millones de euros que dieron como resultado 1.337 puestos de trabajo temporales en áreas de baja cualificación, “lo que equivale a 30.000 euros de dinero público por seis meses de trabajo, y a desvirtuar por completo el objetivo de la norma”.

“Ya nos sorprendió que la reforma de la PCI fuera el pilar estrella de la Estrategia contra la pobreza del Gobierno, cuando este mismo ejercicio presupuestario restaron 4,5 millones a la PCI, entre lo que quitaban a los perceptores y a los ayuntamientos, por no hablar de los 2 millones que no se ejecutaron en 2012, en plena crisis”, concluyó.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, advirtió hoy que “en sus más de 6 años al frente del Gobierno regional, Paulino Rivero lo único que de verdad ha garantizado a los canarios es paro y más paro”.

Australia Navarro considera “una broma de muy mal gusto que el señor Paulino Rivero después de triplicar la tasa de desempleo en Canarias del 10 al 33% en 6 años, se permita el lujo de fantasear sobre cómo repartir un empleo que no existe a día de hoy ni en cantidad ni en la calidad suficiente”.

La portavoz popular señala que “en 2007, cuando Rivero asumió la presidencia por primera vez, Canarias registraba 104.200 ciudadanos en paro; hoy, 6 años después, la cifra de canarios en situación de desempleo asciende a 371.340 personas. Con Paulino Rivero, lo único que está garantizado es el desempleo de los canarios”

“¿De qué empleo está hablando Rivero si Canarias sigue sin ser capaz de frenar la destrucción de empleo y de crear trabajo de forma sostenida? ¿Qué empleo quiere repartir el presidente del Gobierno regional, el empleo que no existe?”, se pregunta Navarro.

Navarro considera además que “el objetivo de Paulino Rivero es sembrar un debate tramposo, ilegal y discriminatorio con el fin de distraer a la opinión pública del verdadero drama del desempleo que se vive en las Islas y de su responsabilidad directa en el deterioro creciente del mercado laboral durante su mandato”.    

En cualquier caso, la portavoz recuerda a Rivero que “la legalidad vigente, de obligado cumplimiento para una institución pública como el Gobierno regional, impide políticas discriminatorias en el acceso al mercado laboral que vulneren lo establecido en la Constitución y en los Tratados de la Unión Europea”.  

Por ello, Navarro entiende que “es una vergüenza que el presidente del Gobierno de Canarias, con el apoyo servil del PSOE canario, se convierta en el principal animador de debates ilegales que pretenden enfrentar y discriminar a los ciudadanos en función de su origen y residencia”.  

“La responsabilidad real de Rivero al frente del Ejecutivo es ofrecer las mejores condiciones para el buen funcionamiento de la economía y la creación de puestos de trabajo. Mientras las políticas públicas de Formación y Empleo no se reformen, mientras el Gobierno no simplifique la burocracia y la normativa que condiciona negativamente la actividad económica y mientras Paulino Rivero se niegue a una reconversión integral del chiringuito de empresas, sociedad y entes públicos; la economía canaria no estará en condiciones de crecer y crear empleo”.

La diputada autonómica del Partido Popular por La Palma, María Teresa Pulido, acusó hoy al Gobierno regional de intentar tapar su dudosa actuación en el llamado “Caso Marín”, respecto a la presunta contratación irregular del ex alcalde de Los Llanos de Aridane y actual concejal de CC en el municipio, Juan Ramón Rodríguez Marín, por parte de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias.

Unas 20 solicitudes de documentación presentadas el pasado 21 de mayo por la diputada del PP, tras conocerse el supuesto trato de favor de esta empresa dependiente de la Consejería de Agricultura, que dirige Juan Ramón Hernández Gómez, han caducado después de dos meses sin respuesta. “El Gobierno está eludiendo informar al Parlamento regional y queriendo echar tierra encima a un asunto de extrema gravedad que preocupa y mucho en La Palma”, aseguró Pulido.

Entre la documentación que el Gobierno no ha facilitado se encuentran el contrato firmado por GMR Canarias con Juan Ramón Rodríguez Marín para control de la cabaña ganadera de La Palma, el número de fincas visitadas, el desglose de las actuaciones realizadas, y la ejecución de su plan de trabajo. “Nos permitimos dudar que estas visitas se produjeran, visto el afán ocultista del Gobierno”, señaló.

María Teresa Pulido recordó el supuesto amaño de la adjudicación a Rodríguez Marín del servicio de asesoramiento veterinario a los ganaderos de La Palma a un cargo de Coalición Canaria en la isla, que incluía la presunta falsificación de las firmas de otros dos veterinarios, y que ha generado gran malestar en el sector agrario.

“La honorabilidad de CC en La Palma y del propio Gobierno regional han quedado cuestionadas ante la falta de decisiones contundentes en este asunto y, encima, de información ante el Parlamento de Canarias”, declaró.

“Aunque el consejero de Agricultura se niegue a aportar luz y haya dejado caducar los plazos, seguiremos presentando iniciativas parlamentarias hasta que se aclare el conocido como “Caso Marín”, que atañe muy directamente a quien fue el sucesor del consejero de Agricultura como alcalde de Los Llanos de Aridane, y actualmente está en la oposición en el municipio”, concluyó la diputada popular.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, consideró hoy que “la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2013 confirma que Canarias se aleja progresivamente de la nueva tendencia de creación de empleo en el conjunto de España, al confirmar la pérdida de 9.000 puestos de trabajo y una caída del 1,2% en la tasa de ocupación durante los meses de abril, mayo y junio”.

Australia Navarro advierte que “la reducción nominal del volumen del desempleo en Canarias en 14.300 personas es un espejismo estadístico que se explica por la caída de la población activa en más de 23.000 personas. Es decir, 23.000 activos menos que en el último trimestre abandonaron las Islas o se jubilaron al cumplir 65 años, dejando de figurar en las estadísticas de desempleo”.

La portavoz del PP indica que “la diferencia entre los 23.000 activos menos en Canarias y las 14.000 bajas en el desempleo que mide la EPA son los 9.000 canarios que perdieron su trabajo en el segundo trimestre de 2013”.

“La conclusión evidente es que hoy en Canarias hay 9.000 trabajadores menos y miles de contribuyentes menos que han salido de la población activa y son hoy demandantes de prestaciones del sistema de la Seguridad Social”.

Australia Navarro considera “especialmente grave    que mientras el conjunto de España va consolidando en los últimos meses una nueva tendencia de recuperación económica, con tasas muy positivas de ocupación, Canarias se hunde cada vez más y es incapaz de engancharse a la nueva dinámica de creación de empleo”.

Para la portavoz, “la EPA pone de manifiesto la urgencia de un cambio profundo en las políticas económicas y de empleo del Gobierno de Canarias, que debe reaccionar cuanto antes y no esconderse tras el espejismo de que se reduzca el paro en base a la desaparición de activos, en vez de a través de la creación de empleo. De hecho, en Canarias no se crea empleo, se destruye. 9.000 puestos de trabajo más en los últimos 3 meses”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, manifestó hoy que la ineptitud del Gobierno regional ha hecho perder a Canarias 82,3 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), destinados a financiar inversiones en municipios rurales de toda España.

Canarias participaba de estos fondos, previstos en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que dependían de la elaboración de unos Planes de Zona por parte de cada una de las comunidades autónomas. En junio de 2012 venció la prórroga de un año dada por el Ministerio de Agricultura al Gobierno regional para elaborar estos planes.

Las inversiones previstas por el PDRS iban a prolongarse hasta el año 2015, a razón de 16,4 millones anuales, beneficiando de forma directa a la economía de núcleos pequeños como La Vega de San Mateo, Vilaflor o San Miguel de Abona que, apuntó, “están sufriendo de forma significativa la crisis económica, y se ven abandonados ahora a su suerte, perdiendo inversiones millonarias”.

“El colmo de la negligencia es que nuestros municipios rurales vayan a perder dinero porque el Gobierno ha incumplido todos los plazos previstos”, aseguró Navarro, quien recordó que se pierden más de 41 millones en fondos estatales, y la misma cantidad por parte de la comunidad autónoma.

“Nuestros ayuntamientos cumplieron, marcaron sus prioridades y hasta ejecutaron obras fundamentales para su desarrollo futuro y para garantizar oportunidades a los vecinos, que por la irresponsabilidad y dejadez de este Gobierno ahora no tienen financiación”, remarcó.

“Todavía más asombroso –concluyó la portavoz popular- es que los presupuestos de la comunidad autónoma para este año contemplen 214.000 euros en dos partidas diferentes, dirigidas a la elaboración de los planes, para un programa que no se va a poder cumplir”.