La portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento de Canarias, Mercedes Roldós, mostró hoy su satisfacción por el respaldo unánime de la cámara regional a su iniciativa para unificar en un solo servicio la atención de las cardiopatías congénitas de niños y adultos, y la de cardiopatías adquiridas, que a su juicio “puede suponer una solución definitiva a este conflicto”.

Roldós destacó que su iniciativa “es en realidad la propuesta de las asociaciones de familiares de afectados y de los profesionales, cuya sensibilidad y capacidad de movilización ha sido un ejemplo para todos”. La solución planteada permitirá no solo la continuidad de la unidad regional de cirugía cardiaca pediátrica, localizada en el Hospital Universitario Materno Infantil, sino garantizar el adecuado desarrollo de toda la cirugía cardiaca en Canarias.

Entre otras ventajas, la unificación en una sola unidad de referencia regional “evitará desplazamientos a la Península de los niños de más de catorce años con cardiopatías congénitas, como viene ocurriendo hasta ahora, y nos permitirá alcanzar en Canarias la autosuficiencia en el tratamiento de todas las patologías”, según Roldós.

La diputada popular expresó su “alegría” por esta solución, felicitó a los familiares y profesionales, y agradeció el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque advirtió que los populares permanecerán “vigilantes”
para garantizar su cumplimiento.

La unificación aprobada permitirá contar con una unidad docente para formar a los cirujanos canarios en estas especialidades, aumentará la casuística y con ella habrá una mayor seguridad y calidad en el servicio, y además supondrá un importante ahorro presupuestario, pues en la actualidad el 46% de las intervenciones se derivan a las clínicas concertadas, con un gasto que ronda los cinco millones de euros anuales, según explicó Mercedes Roldós.

La diputada autonómica del Partido Popular por la isla de La Palma, María Teresa Pulido, consideró hoy “de extrema gravedad” la publicación del presunto amaño de un concurso público del Gobierno de Canarias, dirigido a contratar al ex alcalde de Los Llanos de Aridane (CC) por parte de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias, por 3.333 euros al mes, sin IGIC.

Dada la trascendencia de los hechos, Pulido juzga oportuna la intervención de oficio de la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de esclarecer las irregularidades que revelan los medios de comunicación. Según las informaciones, esta empresa pública de la Consejería de Agricultura adjudicó a Juan Ramón Rodríguez Marín la supervisión y asesoramiento a los ganaderos de La Palma.

“Sin dudar de su cualificación como veterinario –prosiguió-, la documentación del contrato incluye un recibí firmado por otros dos profesionales supuestamente invitados al concurso que, al parecer, niegan el hecho, motivo más que suficiente como para iniciar una investigación y exigir explicaciones en el Parlamento”.

“Sería muy grave que una empresa del Gobierno canario incluyera firmas falsificadas en un expediente para justificar una contratación “a dedo” y un sueldo a un concejal de Coalición Canaria” agregó Pulido, para quien este hecho, de confirmarse, “sería la prueba evidente de que este Gobierno podría estar utilizando dinero público para colocar a sus allegados”.

La diputada popular destacó que el servicio que Rodríguez Marín debía dar ya lo está prestando el Cabildo insular de La Palma, “lo cual no solo evidencia una duplicidad administrativa, sino que Coalición Canaria está dedicando sus esfuerzos a atender sus intereses como partido político, y no a las necesidades los agricultores de la isla, que sufren especialmente los efectos de la crisis”.

La portavoz de Empleo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Aurora del Rosario, lamentó hoy que “la consejera Francisca Luengo no haya sido capaz de aportar esta mañana en el Pleno un solo dato sobre el supuesto Plan de Empleo Social anunciado por Rivero”, lo que a su juicio confirma la “improvisación” con la que el Gobierno de Canarias “pretende cubrir esta nueva ocurrencia”.

Aurora del Rosario se mostró convencida de que la consejera “ni siquiera conoce los detalles del plan, porque el plan en realidad no existe, no es sino una ocurrencia más improvisada por Rivero en el debate de la nacionalidad, que ahora no saben cómo llevar a cabo”, según declaró.

La diputada popular calificó de “perversa” la intención del ejecutivo regional “de endosar a los municipios la mayor parte de la financiación de este nuevo invento que no sabemos cuánto va a costar ni a quién va a beneficiar, cuando se trata de una competencia del Gobierno de Canarias”.

Aurora del Rosario advirtió que muchos ayuntamientos no saben si legalmente pueden acogerse a la iniciativa, porque están sujetos a un plan de ajuste por el plan de pago a proveedores que condiciona sus presupuestos, y lamentó que el Gobierno “obligue a las corporaciones locales a detraer recursos de otros servicios sociales básicos, para que Rivero y Luengo puedan presumir de un supuesto plan de empleo social”.

La portavoz popular pidió públicamente al presidente y a la consejera “que dejen de improvisar y de jugar con las esperanzas de los más de 385.000 canarios que hoy están sin trabajo, y a los que no pueden seguir engañando con este tipo de anuncios, que solo persiguen un titular en los medios de comunicación”.

La diputada autonómica del Partido Popular, Astrid Pérez, calificó de “ridícula” la subvención acordada por el Gobierno regional a las energías renovables, que apenas asciende a 200.000 euros, “la mejor prueba de que el Gobierno pretende tomar el pelo a los canarios con su supuesta apuesta por estas fuentes de energía como alternativa al petróleo”.

El pasado 7 de mayo, el Boletín Oficial de Canarias publicaba la convocatoria para subvenciones a la instalación de energías renovables. El Ejecutivo prevé dedicar 200.000 euros a este fin, cofinanciados al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que para Astrid Pérez están “a años luz” de lo presupuestado por otras comunidades autónomas como Aragón, que destina casi 1,5 millones, o Galicia, que subvenciona estas actividades con más de 2 millones de euros.

Para la diputada popular, es un nuevo ejemplo “del circo en que este Gobierno ha convertido la política energética en las islas, poniéndose tras las pancartas para protestar contra las prospecciones petrolíferas, pero reconociendo un retraso injustificado en la puesta en marcha del Plan Energético de Canarias (PECAN)”.

“Las únicas medidas que conocemos de CC y PSOE en casi dos años de pacto son sus críticas al Gobierno de la Nación, y los obstáculos que han puesto a la implantación de una veintena de parques eólicos, paralizados entre trámites burocráticos a pesar de que el PECAN los considera una prioridad”, declaró.

Astrid Pérez enfatizó la “hipocresía” de la consejera de Empleo, Francisca Luengo, quien hace apenas tres años, antes de formar parte del Gobierno, culpaba a CC de haber “estancado” a Canarias y de poner a las islas ”a la cola de la política energética”, y abogaba por “un modelo energético 100% renovable”.

La parlamentaria del PP concluyó recomendando a Luengo “menos propaganda y engaño” en un asunto “de tanta trascendencia para nuestro futuro, en el que el PSOE también se ha entregado a las apetencias de Paulino Rivero y CC”.

La diputada autonómica del Partido Popular y portavoz parlamentaria en materia de Vivienda, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que “es imposible creer en un presidente como Paulino Rivero, que se compromete a abanderar la lucha contra los desahucios, pero sigue permitiendo desalojos en viviendas sociales de Visocan a personas necesitadas de las islas”.

“Esta misma semana tres familias con todos sus miembros en paro han tenido que afrontar desahucios en viviendas sociales de la comunidad autónoma, que se unen a los más de medio millar que se han realizado desde 2008, y que Rivero reconoce que no se realizan por motivos económicos”, recordó Bethencourt, quien tachó de “engaño” la postura del Ejecutivo regional, “cuya política de Vivienda esta legislatura está siendo profundamente antisocial”.

“Nadie se puede creer que este Gobierno vaya a modificar la Ley para evitar desahucios –prosiguió-, cuando dispone de un parque de más de mil viviendas de titularidad pública, vacías y sin entregar, que podría destinar a alquileres sociales para familias de escasos recursos de la comunidad autónoma”.

“Paulino Rivero tiene excusas para todo, y como no puede echar la culpa al Gobierno de la Nación, tiene la desvergüenza de disculparse diciendo que son los ayuntamientos quienes deciden qué familias reciben las casas”, remarcó la diputada del Partido Popular, quien recordó que el Gobierno lleva tres meses diciendo que va a poner parte de esas viviendas en alquiler, “y todavía no ha entregado ni una, a pesar de que hay más de 26.000 solicitudes registradas”.

Asimismo, Milagros Bethencourt destacó que en sus presupuestos para 2013, el Ejecutivo solo dispuso 40,3 millones para Vivienda, de los cuales solo 25 se destinarán a ayudas, de modo que “es imposible que el Gobierno cuente con fondos para hacer frente al pago de las expropiaciones que pretende liderar en su copia de la legislación andaluza”.

“La prueba del poco interés que tiene el Ejecutivo regional es el rechazo de los partidos que lo sostienen, PSOE y CC, a dos enmiendas del Grupo Popular en el debate de los presupuestos, dirigidas a dotar con 3 millones de euros al programa de ayudas a alquiler y a los más de 3.000 afectados por la Hipoteca Joven Canaria, que llevan esperando desde 2009 que les paguen una subvención”, concluyó.