• El portavoz parlamentario de Sanidad cree que este asunto es la punta del icerberg de una manera de actuar “imprudente y atolondrada”
• Ponce preguntó a Conrado Domínguez si sus discrepancias con la entonces consejera de Sanidad en los controles a aplicar en el material sanitario fueron las causas del cese de Teresa Cruz
• “Lo único cierto es que como resultado de esta gestión ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor el Gobierno se sigue lavando las manos”

El diputado y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Ponce consideró hoy que la intervención del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en el Parlamento ha sido “una pérdida de tiempo” y lamentó que “la Consejería de Sanidad no aportara nada nuevo y siguiera eludiendo su responsabilidad en el pufo del caso mascarillas”.

Ponce, que realizó estas manifestaciones tras la comparecencia a petición propia del Gobierno, criticó que el gobierno continúe sin explicar el escándalo de la compra de mascarillas y por qué la Fiscalía Anticorrupción investiga al Servicio Canario de la Salud (SCS) por una presunta malversación y prevaricación.

En este sentido, manifestó que el “obstinado silencio” de los responsables apunta a que “este caso es la punta del iceberg de una manera de actuar imprudente y atolondrada que nos ha costado un agujero de 4 millones de euros, más otro millón en intereses y el pago de comisiones millonarias”.

Para Ponce, “es inexplicable que el Gobierno siga defendiendo su gestión cuando el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias ante una posible irregularidad contable y la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por prevaricación y malversación al SCS, citando en calidad de investigados a dos altos cargos del Ejecutivo autonómico”.

En su turno de palabra Ponce interpeló a Domínguez, entre otras cuestiones, por el motivo por el que se contrató a una empresa de coches y sin solvencia acreditada para la adquisición de material sanitario como demuestra el hecho de que las mascarillas recibidas y pagadas como FFP3 fueron, en realidad, 3M modelo 1860 que equivalen a una quirúrgica o FFP2 de menor coste ”por lo que el precio pagado fue superior”, apostilló.

“Por ello, añadió, cobra más relevancia si hubo o no supervisión del mismo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evitar que viniera material que no reuniera las condiciones técnicas”.

Al respecto, recordó las declaraciones de la que fuera consejera de Sanidad sobre la obligatoriedad de ejercer una vigilancia estricta acerca de las especificaciones técnicas del material sanitario y preguntó “si estas discrepancias en los controles a aplicar fueron las causas del cese de Teresa Cruz”.

Asimismo, hizo hincapié en la gravedad de los calificativos vertidos en el informe de la Fiscalía e inquirió al director del Servicio Canario de la Salud si coincidía con la opinión del Fiscal al considerar su modo de proceder indicativo de una deficiente y desleal gestión del patrimonio público al no prever un riesgo de engaño que le fue advertido.

“Lo único cierto es que como resultado de este grave caso es que ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor es que el Gobierno se sigue lavando las manos y nadie asume responsabilidades por este feo procedimiento”, concluyó Ponce.

• El diputado popular, Carlos Ester, defiende que ayuntamientos, cabildos y Puertos de Canarias armonicen unas normas “sensatas, específicas y similares” en todos las islas
• Considera que en vez de cobrar una cantidad al día se debería ir hacia una tarifa plana, como ya se hace en otros puntos del país
• “Canarias es un paraíso para la práctica de cualquiera deporte y actividad náutica, por tanto debemos lograr una entrada al mar accesible y asequible para todos”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Ester, pidió al Gobierno de Canarias que lidere un grupo de trabajo, donde estén presentes ayuntamientos, cabildos y Puertos Canarios para regular precios y horarios de acceso al mar para las embarcaciones de recreo, “con el fin de establecer una normas sensatas, específicas y similares en todas las islas”.

Carlos Ester hizo esta propuesta en la pasada comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en la que intervinieron, a petición del Partido Popular, representantes de la Asociación de Navegantes de Recreo (ANARVE) para exponer los problemas a los que se enfrentan a la hora de practicar esta actividad.

En este sentido, el diputado popular explicó que los propietarios de pequeñas y medianas embarcaciones en Canarias tienen que pagar 10 euros diarios cada vez que quieren salir al mar, y muchas veces por rampas que no están en las mejores condiciones.

“Entendemos que para mantener unos servicios mínimos se tenga que cobrar, pero las administraciones competentes deberían repensar otros modelos”, insistió Carlos Ester, quien puso como ejemplo que en Palma de Mallorca se abona una tarifa plana de 60 euros al año para acceder al mar.

Para el diputado popular, “una cosa es cobrar por estos servicios y otra bien distinta es cometer un atropello, pues la náutica no solo es un atractivo turístico y económico sino también es un escape y un desahogo para muchas personas que viven en Canarias y que, tras cumplir con sus obligaciones, solo quieren disfrutar con su familia y amigos de esta actividad, aprovechando el clima del que gozamos todo el año y el mar del que estamos rodeados”.

Asimismo, Carlos Ester aboga por “armonizar” los requisitos y exigencias en toda Canarias para que “no haya diferentes horarios, cierres injustificados o reglas en un municipio que son completamente diferentes al que se aplica en otros municipios colindantes”.

“Canarias no puede seguir viviendo de espaldas al mar más aún cuando, por nuestro clima, somos un paraíso para la práctica de cualquier deporte y actividad náutica todo el año”, aseguró el diputado popular, quien pidió “poner todos los instrumentos y herramientas necesarias para lograr una entrada al mar accesible y asequible para todos”, concluyó.

• El portavoz de Economía del PP en el Parlamento de Canarias considera muy preocupante que casi seis de cada diez parados de las islas lleve más de un año buscando un puesto de trabajo
• Enseñat destaca que, mientras el desempleo se ha reducido en Canarias en los últimos meses, este grupo de parados ha crecido desde el pasado mes de septiembre en más de 21.000 personas
• “El perfil de este colectivo de parados de larga duración está compuesto, mayoritariamente, por mayores de 55 años, mujeres y personas con un bajo nivel formativo”

El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Fernando Enseñat, denunció hoy que los 103.000 desempleados del Archipiélago que llevan más de doce meses consecutivos buscando infructuosamente un puesto de trabajo son los grandes olvidados de las políticas de empleo del Gobierno de Canarias.

Enseñat, que preguntó en la comisión parlamentaria de Economía a la consejera del área por su valoración del alto índice de desempleo de larga duración en Canarias, recordó que las islas, junto con Asturias, sufren la mayor tasa de desempleados de larga duración del país y mostró su preocupación ante el aumento en más de 21.000 personas en los últimos nueve meses.

Un colectivo que, en su opinión, necesita “certezas y esperanza” en el futuro. “Un futuro que no puede estar basado en las soluciones temporales y paliativas de los planes sociales de empleo que para el presente está bien, pero el objetivo debe ser el empleo estable y continuo, una inserción real en el mercado laboral que solo puede venir de la mano de la empresa privada y ahí, sentenció Enseñat, el Gobierno de Canarias no está haciendo nada o casi nada”.

Al respecto, puso como ejemplo de la falta de confianza del Ejecutivo en la iniciativa privada la escasa dotación presupuestaria del Plan Retorno al Empleo dotado con solo 300.000 euros de los 42 millones de los que consta el Plan Integral de Empleo de Canaria (PIEC). Una dotación que el portavoz popular de Economía consideró “ridícula”.

“Un plan para tres años que apenas conseguirá reinsertar laboralmente a 42 canarios, como mucho, demuestra cuales son las prioridades de este gobierno para impulsar las políticas de empleo”.

“Por ello, resaltó de diputado popular, en nuestra comunidad seis de cada diez parados lleva más de un año buscando un empleo” lo que, a su juicio, demuestra que “nuestro mercado del trabajo tiene graves problemas estructurales y necesita soluciones de fondo”. “Soluciones a medio y largo plazo que el gobierno de Canarias no tiene”, apostilló.

“No es casualidad, insistió, que seamos, por tanto, la comunidad con la mayor tasa de paro y paro de larga duración, con la mayor tasa de desempleados mayores de 45 años y la mayor tasa, de largo, de paro juvenil de todo el país”.

En este sentido, denunció que el “cortoplacismo” de las políticas de empleo del Gobierno de Canarias en materia de empleo “hace muy difícil poder solucionar los grave situación en la que se encuentra este colectivo.

“Un colectivo compuesto mayoritariamente por mayores de 45 años, mujeres  y a más del 75% de los jóvenes desempleados menores de 25 años que necesita reciclarse y precisan de un seguimiento personalizado y de formación específica para su vuelta al mercado laboral”, finalizó.

• Australia Navarro considera especialmente preocupante que la inflación subyacente, que mide de forma muy real el impacto del alza de los precios en el nivel de vida de los ciudadanos, se haya igualado al resto del territorio nacional
• La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias cree que el presidente Torres “debe reaccionar y acometer un plan de alivio fiscal ante el castigo que supone el aumento de la inflación para la comunidad con los salarios más bajos, la menor renta per cápita y la mayor tasa de pobreza y exclusión social de España”
• “La progresiva pérdida de poder adquisitivo de los hogares y las empresas canarias demuestra el fracaso de las medidas del plan anti-crisis puesto en marcha por Sánchez a principios del mes pasado”

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, consideró hoy que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan “que la inflación está cada vez más enquistada en la economía canaria” y criticó la “pasividad” del Gobierno de Canarias al que acusó “de no tener respuesta ante la implacable escalada de los precios en las islas”.

Navarro calificó “de muy mala noticia” el dato confirmado del IPC de junio que demuestra que el pasado mes el coste de la vida en el archipiélago se incrementó un 16,5% respecto al mes de mayo hasta alcanzar una tasa anual del 8,5%, “la mayor en Canarias desde 1.990”.

Para la portavoz popular es “especialmente preocupante” el incremento de la inflación subyacente (el índice sin alimentos ni productos energéticos) hasta el 5,4% prácticamente igual al resto del país (5,5%) “porque mide de forma muy real el impacto del alza de los precios en la cesta de la compra, es decir, en el nivel de vida de los canarios”.

“Es incomprensible, señaló, que, mientras los precios no dan tregua al bolsillo de las familias, el Ejecutivo de Torres no acometa un plan de alivio fiscal ante el castigo que supone el aumento de la inflación para la comunidad con los salarios más bajos, la menor renta per cápita y la mayor tasa de pobreza y exclusión social de España”.

En este sentido, explicó que, “ante quienes suelen justificarse” comparando la situación entre distintas comunidades, “no es lo mismo un incremento de precios del 8,5% en Canarias, frente al 9,5% experimentado por la comunidad de Madrid, si tenemos en cuenta que el PIB per cápita de un madrileño es casi el doble que el de un canario”.

“Lo cierto es que cada mes que pasa los canarios somos mucho más pobres y el gobierno mucho más rico, gracias al aumento de la recaudación que ya supera en un 17% los ingresos fiscales prepandemia”, resaltó la responsable del grupo parlamentario popular para quién “la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los hogares y las empresas canarias demuestra el fracaso de las medidas del plan anti-crisis puesto en marcha por Sánchez a principios del mes pasado”.

Por ello, instó al gobierno canario “a tener en cuenta las propuestas del Partido Popular para paliar los efectos de la inflación” consistentes en reducir el gasto burocrático improductivo, rebajar el impuesto a los combustibles, implantar el IGIC en el recibo de la luz para particulares y empresas, reducir dos puntos el tipo general del IGIC del actual 7% al 5%, bonificar al 99,9% el impuesto de Sucesiones, reducir la tarifa autonómica del IRPF para ajustarlo a la inflación y reducir medio punto el impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

“Unas medidas perfectamente asumibles si de verdad el presidente Torres y su gobierno quieren ayudar a las familias y empresas canarias a hacer frente al incremento generalizado de precios para lo que pueden aprovechar, señaló Navarro, el exceso de recaudación fiscal y las lluvia de millones de fondos europeos que vamos a recibir de la UE hasta 2027”.

• La portavoz parlamentaria del PP en materia educativa afirma que el objetivo es establecer un número máximo de alumnos por docente que favorezca un proceso enseñanza- aprendizaje que permita el desarrollo integral de todo el alumnado, la equidad y la inclusión educativa
• Según Lorena Hernández, “para conseguir esta reducción de alumnado por aula debe haber una apuesta económica decidida por parte del Gobierno”
• Resalta que existe una relación directa entre la bajada de los ratios por aula y docente y la calidad de la educación

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, consiguió hoy el apoyo unánime del pleno de Parlamento a su propuesta para que el Gobierno de Canarias establezca un plan plurianual de reducción de ratios en todas las etapas de educación no universitaria. “El objetivo es establecer un número máximo de alumnos por docente que favorezca un proceso enseñanza-aprendizaje que permita el desarrollo integral de todo el alumnado, la equidad y la inclusión educativa”, indicó.

Durante la defensa de esta Proposición No de Ley, transada con los grupos que apoyan al Gobierno, Hernández recordó que la finalidad de la Ley Orgánica 3/2020 de Educación no es otra que establecer un ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, contribuyendo a la mejora de los resultados e insistió en que “existe una relación directa entre la reducción del número de alumnos por aula y docente y la calidad de la educación”.

“Además, en numerosas investigaciones de pedagogía, didáctica o psicológica de la educación se refleja como un número más reducido de estudiantes por aula favorece la inclusión del alumnado más vulnerable y que más dificultades presenta, así como también mejora significativamente la convivencia, reduciendo conflictos y favoreciendo la atención más personalizada a las necesidades del alumnado”, manifestó.

En este sentido, puso como ejemplo la bajada de ratios que se llevó a cabo durante estos años de pandemia que demostró que en esos niveles educativos hubo una mejora considerable, “pues no sólo aumentó la calidad de la enseñanza sino que se pudo priorizar la atención a la diversidad”.

Para implementar esta medida, Lorena Hernández avisó que “debe haber una apuesta económica decidida por parte del Gobierno en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma para 2023, alcanzando así la financiación del 5% del PIB prevista en la Ley de Educación no Universitaria de Canarias y que deberíamos haber logrado ya este año”.

Para ello apuntó que “los fondos que vienen de la Unión Europea tienen como uno de sus ejes prioritarios la cohesión social y la igualdad, elementos fundamentales para la educación pública, y por tanto son una oportunidad para alcanzar este objetivo”, concluyó.