• La diputada popular, Luz Reverón, denuncia las múltiples irregularidades en las contrataciones realizadas por RTVC
• Reverón discrepa con la conclusión de ambos informes y considera que la falta de un Mandato Marco no justifica el incumplimiento reiterado de la ley de contratos
• La diputada popular se pregunta qué interés puede tener la Audiencia de Cuentas para desviar al Parlamento las responsabilidades sobre las contrataciones del Ente

La diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, criticó hoy que el Gobierno de Canarias “no ponga coto a la nefasta gestión en la Radio Televisión Canaria; una gestión basada en múltiples irregularidades en la contrataciones que llevamos dos años denunciando, mientras que el administrador único y los grupos que apoyan al Ejecutivo miraban para otro lado y justificaban lo injustificable”.

Así se expresó Reverón durante la comparecencia del presidente de la Audiencia de Cuentas sobre la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público durante los años 2019 y 2020, al tiempo que agradeció el contenido de los informes, “pues certifican las constantes anomalías en el Ente Público, advertidas años tras año por Partido Popular”.

Pese a ello, la diputada popular mostró su discrepancia con la conclusión de ambos informes que consideran que la falta de definición de un modelo de gestión por parte del Parlamento de Canarias ha impedido una planificación eficaz y eficiente de la contratación a realizar, “pues la ausencia de un Mandato Marco no justifica este irregular proceder en la contratación”, aclaró.

“Nos parece una afirmación totalmente falsa y que no se puede permitir porque el hecho de no contar con un Mandato Marco no exime al administrador único de sus competencias ni del hecho de que las contrataciones se lleven a cabo incumpliendo la ley de contratos”, incidió Reverón, quien se preguntó qué interés puede tener la Audiencia de Cuentas para desviar al Parlamento las responsabilidades sobre las contrataciones del Ente.

En otro orden de cosas, Luz Reverón manifestó que ambos informes se pone de manifiesto que el número de salvedades, reparos e ilegalidades es “elevadísimo” y verifica el mal proceder respecto a los contratos menores donde en algunos ni consta el informe motivado de la necesidad, ni existe aprobación del gasto, ni se cumple con la obligación de publicar los expedientes y, lo que es peor, otros se trocean en partes “lo que es ilegal según la normativa vigente”.

La diputada popular enumeró otros ejemplos de irregularidades como el hecho de que “se insiste en la utilización de las órdenes de continuidad en lugar de llevar a cabo una nueva licitación; en los derechos de explotación de determinadas producciones no se acredita la propiedad intelectual y en algunas subrogaciones de personal no se solicitaron los informes preceptivos establecidos en la Ley de Presupuestos por lo que serían nulos de pleno derecho”.

Por último, Luz Reverón mostró su asombro y escepticismo por el hecho de que los grupos que apoyan al Gobierno empiecen ahora a pedir responsabilidades, “por lo que estaremos muy pendientes de ver cómo lo hacen, para que no se queden solo en anuncios cargados de buenas intenciones”, concluyó.

• El portavoz parlamentario de Sanidad cree que este asunto es la punta del icerberg de una manera de actuar “imprudente y atolondrada”
• Ponce preguntó a Conrado Domínguez si sus discrepancias con la entonces consejera de Sanidad en los controles a aplicar en el material sanitario fueron las causas del cese de Teresa Cruz
• “Lo único cierto es que como resultado de esta gestión ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor el Gobierno se sigue lavando las manos”

El diputado y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Ponce consideró hoy que la intervención del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en el Parlamento ha sido “una pérdida de tiempo” y lamentó que “la Consejería de Sanidad no aportara nada nuevo y siguiera eludiendo su responsabilidad en el pufo del caso mascarillas”.

Ponce, que realizó estas manifestaciones tras la comparecencia a petición propia del Gobierno, criticó que el gobierno continúe sin explicar el escándalo de la compra de mascarillas y por qué la Fiscalía Anticorrupción investiga al Servicio Canario de la Salud (SCS) por una presunta malversación y prevaricación.

En este sentido, manifestó que el “obstinado silencio” de los responsables apunta a que “este caso es la punta del iceberg de una manera de actuar imprudente y atolondrada que nos ha costado un agujero de 4 millones de euros, más otro millón en intereses y el pago de comisiones millonarias”.

Para Ponce, “es inexplicable que el Gobierno siga defendiendo su gestión cuando el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias ante una posible irregularidad contable y la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por prevaricación y malversación al SCS, citando en calidad de investigados a dos altos cargos del Ejecutivo autonómico”.

En su turno de palabra Ponce interpeló a Domínguez, entre otras cuestiones, por el motivo por el que se contrató a una empresa de coches y sin solvencia acreditada para la adquisición de material sanitario como demuestra el hecho de que las mascarillas recibidas y pagadas como FFP3 fueron, en realidad, 3M modelo 1860 que equivalen a una quirúrgica o FFP2 de menor coste ”por lo que el precio pagado fue superior”, apostilló.

“Por ello, añadió, cobra más relevancia si hubo o no supervisión del mismo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evitar que viniera material que no reuniera las condiciones técnicas”.

Al respecto, recordó las declaraciones de la que fuera consejera de Sanidad sobre la obligatoriedad de ejercer una vigilancia estricta acerca de las especificaciones técnicas del material sanitario y preguntó “si estas discrepancias en los controles a aplicar fueron las causas del cese de Teresa Cruz”.

Asimismo, hizo hincapié en la gravedad de los calificativos vertidos en el informe de la Fiscalía e inquirió al director del Servicio Canario de la Salud si coincidía con la opinión del Fiscal al considerar su modo de proceder indicativo de una deficiente y desleal gestión del patrimonio público al no prever un riesgo de engaño que le fue advertido.

“Lo único cierto es que como resultado de este grave caso es que ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor es que el Gobierno se sigue lavando las manos y nadie asume responsabilidades por este feo procedimiento”, concluyó Ponce.

• El diputado popular, Carlos Ester, defiende que ayuntamientos, cabildos y Puertos de Canarias armonicen unas normas “sensatas, específicas y similares” en todos las islas
• Considera que en vez de cobrar una cantidad al día se debería ir hacia una tarifa plana, como ya se hace en otros puntos del país
• “Canarias es un paraíso para la práctica de cualquiera deporte y actividad náutica, por tanto debemos lograr una entrada al mar accesible y asequible para todos”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Ester, pidió al Gobierno de Canarias que lidere un grupo de trabajo, donde estén presentes ayuntamientos, cabildos y Puertos Canarios para regular precios y horarios de acceso al mar para las embarcaciones de recreo, “con el fin de establecer una normas sensatas, específicas y similares en todas las islas”.

Carlos Ester hizo esta propuesta en la pasada comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en la que intervinieron, a petición del Partido Popular, representantes de la Asociación de Navegantes de Recreo (ANARVE) para exponer los problemas a los que se enfrentan a la hora de practicar esta actividad.

En este sentido, el diputado popular explicó que los propietarios de pequeñas y medianas embarcaciones en Canarias tienen que pagar 10 euros diarios cada vez que quieren salir al mar, y muchas veces por rampas que no están en las mejores condiciones.

“Entendemos que para mantener unos servicios mínimos se tenga que cobrar, pero las administraciones competentes deberían repensar otros modelos”, insistió Carlos Ester, quien puso como ejemplo que en Palma de Mallorca se abona una tarifa plana de 60 euros al año para acceder al mar.

Para el diputado popular, “una cosa es cobrar por estos servicios y otra bien distinta es cometer un atropello, pues la náutica no solo es un atractivo turístico y económico sino también es un escape y un desahogo para muchas personas que viven en Canarias y que, tras cumplir con sus obligaciones, solo quieren disfrutar con su familia y amigos de esta actividad, aprovechando el clima del que gozamos todo el año y el mar del que estamos rodeados”.

Asimismo, Carlos Ester aboga por “armonizar” los requisitos y exigencias en toda Canarias para que “no haya diferentes horarios, cierres injustificados o reglas en un municipio que son completamente diferentes al que se aplica en otros municipios colindantes”.

“Canarias no puede seguir viviendo de espaldas al mar más aún cuando, por nuestro clima, somos un paraíso para la práctica de cualquier deporte y actividad náutica todo el año”, aseguró el diputado popular, quien pidió “poner todos los instrumentos y herramientas necesarias para lograr una entrada al mar accesible y asequible para todos”, concluyó.

• El portavoz de Economía del PP en el Parlamento de Canarias considera muy preocupante que casi seis de cada diez parados de las islas lleve más de un año buscando un puesto de trabajo
• Enseñat destaca que, mientras el desempleo se ha reducido en Canarias en los últimos meses, este grupo de parados ha crecido desde el pasado mes de septiembre en más de 21.000 personas
• “El perfil de este colectivo de parados de larga duración está compuesto, mayoritariamente, por mayores de 55 años, mujeres y personas con un bajo nivel formativo”

El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Fernando Enseñat, denunció hoy que los 103.000 desempleados del Archipiélago que llevan más de doce meses consecutivos buscando infructuosamente un puesto de trabajo son los grandes olvidados de las políticas de empleo del Gobierno de Canarias.

Enseñat, que preguntó en la comisión parlamentaria de Economía a la consejera del área por su valoración del alto índice de desempleo de larga duración en Canarias, recordó que las islas, junto con Asturias, sufren la mayor tasa de desempleados de larga duración del país y mostró su preocupación ante el aumento en más de 21.000 personas en los últimos nueve meses.

Un colectivo que, en su opinión, necesita “certezas y esperanza” en el futuro. “Un futuro que no puede estar basado en las soluciones temporales y paliativas de los planes sociales de empleo que para el presente está bien, pero el objetivo debe ser el empleo estable y continuo, una inserción real en el mercado laboral que solo puede venir de la mano de la empresa privada y ahí, sentenció Enseñat, el Gobierno de Canarias no está haciendo nada o casi nada”.

Al respecto, puso como ejemplo de la falta de confianza del Ejecutivo en la iniciativa privada la escasa dotación presupuestaria del Plan Retorno al Empleo dotado con solo 300.000 euros de los 42 millones de los que consta el Plan Integral de Empleo de Canaria (PIEC). Una dotación que el portavoz popular de Economía consideró “ridícula”.

“Un plan para tres años que apenas conseguirá reinsertar laboralmente a 42 canarios, como mucho, demuestra cuales son las prioridades de este gobierno para impulsar las políticas de empleo”.

“Por ello, resaltó de diputado popular, en nuestra comunidad seis de cada diez parados lleva más de un año buscando un empleo” lo que, a su juicio, demuestra que “nuestro mercado del trabajo tiene graves problemas estructurales y necesita soluciones de fondo”. “Soluciones a medio y largo plazo que el gobierno de Canarias no tiene”, apostilló.

“No es casualidad, insistió, que seamos, por tanto, la comunidad con la mayor tasa de paro y paro de larga duración, con la mayor tasa de desempleados mayores de 45 años y la mayor tasa, de largo, de paro juvenil de todo el país”.

En este sentido, denunció que el “cortoplacismo” de las políticas de empleo del Gobierno de Canarias en materia de empleo “hace muy difícil poder solucionar los grave situación en la que se encuentra este colectivo.

“Un colectivo compuesto mayoritariamente por mayores de 45 años, mujeres  y a más del 75% de los jóvenes desempleados menores de 25 años que necesita reciclarse y precisan de un seguimiento personalizado y de formación específica para su vuelta al mercado laboral”, finalizó.

• Australia Navarro considera especialmente preocupante que la inflación subyacente, que mide de forma muy real el impacto del alza de los precios en el nivel de vida de los ciudadanos, se haya igualado al resto del territorio nacional
• La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias cree que el presidente Torres “debe reaccionar y acometer un plan de alivio fiscal ante el castigo que supone el aumento de la inflación para la comunidad con los salarios más bajos, la menor renta per cápita y la mayor tasa de pobreza y exclusión social de España”
• “La progresiva pérdida de poder adquisitivo de los hogares y las empresas canarias demuestra el fracaso de las medidas del plan anti-crisis puesto en marcha por Sánchez a principios del mes pasado”

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, consideró hoy que los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan “que la inflación está cada vez más enquistada en la economía canaria” y criticó la “pasividad” del Gobierno de Canarias al que acusó “de no tener respuesta ante la implacable escalada de los precios en las islas”.

Navarro calificó “de muy mala noticia” el dato confirmado del IPC de junio que demuestra que el pasado mes el coste de la vida en el archipiélago se incrementó un 16,5% respecto al mes de mayo hasta alcanzar una tasa anual del 8,5%, “la mayor en Canarias desde 1.990”.

Para la portavoz popular es “especialmente preocupante” el incremento de la inflación subyacente (el índice sin alimentos ni productos energéticos) hasta el 5,4% prácticamente igual al resto del país (5,5%) “porque mide de forma muy real el impacto del alza de los precios en la cesta de la compra, es decir, en el nivel de vida de los canarios”.

“Es incomprensible, señaló, que, mientras los precios no dan tregua al bolsillo de las familias, el Ejecutivo de Torres no acometa un plan de alivio fiscal ante el castigo que supone el aumento de la inflación para la comunidad con los salarios más bajos, la menor renta per cápita y la mayor tasa de pobreza y exclusión social de España”.

En este sentido, explicó que, “ante quienes suelen justificarse” comparando la situación entre distintas comunidades, “no es lo mismo un incremento de precios del 8,5% en Canarias, frente al 9,5% experimentado por la comunidad de Madrid, si tenemos en cuenta que el PIB per cápita de un madrileño es casi el doble que el de un canario”.

“Lo cierto es que cada mes que pasa los canarios somos mucho más pobres y el gobierno mucho más rico, gracias al aumento de la recaudación que ya supera en un 17% los ingresos fiscales prepandemia”, resaltó la responsable del grupo parlamentario popular para quién “la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los hogares y las empresas canarias demuestra el fracaso de las medidas del plan anti-crisis puesto en marcha por Sánchez a principios del mes pasado”.

Por ello, instó al gobierno canario “a tener en cuenta las propuestas del Partido Popular para paliar los efectos de la inflación” consistentes en reducir el gasto burocrático improductivo, rebajar el impuesto a los combustibles, implantar el IGIC en el recibo de la luz para particulares y empresas, reducir dos puntos el tipo general del IGIC del actual 7% al 5%, bonificar al 99,9% el impuesto de Sucesiones, reducir la tarifa autonómica del IRPF para ajustarlo a la inflación y reducir medio punto el impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

“Unas medidas perfectamente asumibles si de verdad el presidente Torres y su gobierno quieren ayudar a las familias y empresas canarias a hacer frente al incremento generalizado de precios para lo que pueden aprovechar, señaló Navarro, el exceso de recaudación fiscal y las lluvia de millones de fondos europeos que vamos a recibir de la UE hasta 2027”.