• La portavoz popular expondrá el caso concreto del Hospital Insular, con pacientes en los pasillos y personal sanitario sobrepasado
• Exigirá medidas para mejorar estas situaciones, como la revisión del PLUSCAN, “pues con el aumento de los casos COVID-19 y la incidencia de la gripe debemos evitar males mayores”
• Los populares también se interesarán por la adquisición y construcción de viviendas para los afectados del volcán, por la situación actual de la pandemia y por el escaso grado de cobertura del Ingreso Mínimo Vital
• Asimismo pedirán explicaciones sobre las prospecciones petrolíferas y de gas autorizadas en aguas de Canarias y solicitarán que el gobierno de España envíe un mayor número de militares para ayudar en la limpieza de La Palma

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, denunciará en el próximo pleno del Parlamento de Canarias el colapso de los servicios de urgencias en los hospitales de Canarias al tiempo que exigirá medidas para mejorar estas situaciones, “pues con el aumento de los casos por COVID-19 y la incidencia de la gripe debemos adelantarnos para evitar males mayores”.

Según Navarro, “no hemos llegado al invierno, que suele ser la época de más saturación, y ya hemos sido testigos de cómo se encuentran, por ejemplo, las urgencias del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, con pasillos y salas repletas de pacientes y con unos sanitarios agotados por la carga asistencial y la falta de medios”.

“Urge que el gobierno de Canarias tome medidas, porque no se puede seguir poniendo parches a una situación caótica”, indicó la portavoz popular, quién volverá a exigir que se revise el Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (PLUSCAN), y se adapte a la nueva realidad tras la pandemia.

En esta línea, en la sesión de control al Ejecutivo, el diputado Miguel Ángel Ponce preguntará al consejero de Sanidad por la situación actual de la pandemia teniendo en cuenta los últimos datos de contagio y la existencia de nuevas variantes, como la delta plus.

La diputada Lorena Hernández interpelará al consejero de Obras Públicas por las acciones llevadas a cabo para la adquisición y construcción de viviendas para los afectados por el volcán de La Palma; y el diputado Poli Suárez preguntará a la consejera de Derechos Sociales por el escaso grado de cobertura del Ingreso Mínimo Vital en Canarias.

En cuanto a las comparecencias, el diputado Calos Ester pedirá al gobierno que informe sobre las acciones llevadas a cabo tras el supuesto acuerdo de Marruecos con una empresa israelí para realizar prospecciones petrolíferas y de gas en aguas de Canarias.

Dentro del bloque de las Proposiciones No de Ley (PNL), la diputada del Grupo Parlamentario, Lorena Hernández, instará al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno de España a enviar un mayor número de militares a La Palma, con el objetivo de continuar con las labores de limpieza tras la erupción del volcán.

“La ceniza del volcán Cumbre Vieja está cubriendo miles de hectáreas y se teme por la llegada de las lluvias, ya que podría convertirse en un peligro”, explicó Hernández, quien considera que “pese a los esfuerzos del Cabildo Insular y los ayuntamientos, que han contratado empresas especializadas, y por los propios vecinos que también están colaborando en estas tareas, lo cierto es que se necesitan más manos para limpiar los tejados y casas en las zonas de exclusión así como las zonas urbanas de los municipios afectados, principalmente en el valle de Aridane”, concluyó.

• La portavoz popular asegura que los afectados por el volcán no deben pasar por un doble calvario: el de la erupción y el de la burocracia
• Es lamentable que las promesas de los gobiernos de España y Canarias no se hayan materializado aún, mientras los vecinos no saben cómo y cuándo podrán disponer de estas ayudas para empezar a reconstruir su vida
• Reclama al gobierno de Sánchez que “se ponga las pilas” y solicite ya a la Comisión Europea las ayudas para casos de catástrofes naturales graves

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, volvió a exigir celeridad en la llegada de las ayudas para La Palma y pidió “menos promesas, menos anuncios y más concreción a la hora de que el dinero llegue de una vez a los afectados” y critica que, después de 60 días desde el inicio de la erupción, los vecinos sufran un doble calvario: el del volcán y el de la burocracia.

Para Navarro, “es lamentable que las promesas de los gobiernos de Canarias y de España no se hayan materializado aún, mientras los vecinos que lo han perdido todo no saben cómo y cuándo podrán empezar a reconstruir sus vidas”, por lo que recomendó al presidente Torres, que “esté encima del presidente Sánchez para que no se despiste y solicite ya a la Comisión Europea las ayudas para casos de catástrofes naturales graves”.

“Si bien es cierto que agradecemos que esta vez sí el presidente haya visitado la isla en reiteradas ocasiones y aplaudimos la unidad de acción de las diferentes administraciones, lo cierto es que Sánchez debe ponerse las pilas para traducir las buenas intenciones en hechos concretos y hacer llegar el dinero de las ayudas prometidas a los damnificados”, indicó.

Según la portavoz popular, “La Palma no puede permitirse el lujo de que le ocurra lo mismo que ya ocurrió con Filomena, que el gobierno de España se olvide de pedir asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea o del Fondo de Solidaridad” y recordó que estas ayudas sólo las puede solicitar el gobierno central.

En este sentido, la presidenta de los populares canarios resaltó que “hasta el momento sólo el Cabildo, los ayuntamientos, el consorcio de seguros y la iniciativa privada han empezado a dar respuesta a las necesidades de los afectados”.

Australia Navarro insistió en que “desde el Partido Popular no vamos a escatimar esfuerzos para arrimar el hombro, aportando propuestas y nuestra experiencia como ya hemos hecho”, pero recalcó que “quiénes tienen la responsabilidad de convertir las promesas en realidades deben entender que la llegada de estas ayudas no pueden eternizarse porque los vecinos de La Palma necesitan certidumbre, agilidad y concreción”.

Por último, la portavoz popular señaló que “ya advertimos desde el inicio de esta catástrofe que la maraña burocrática no podía ser un obstáculo en la recepción de las ayudas porque sería alargar en el tiempo la agonía y la desesperación de quienes lo han perdido todo”, concluyó.

• El diputado popular, Miguel Ángel Ponce, exige que se recuperen los controles sanitarios en puertos y aeropuertos ante las nuevas variantes, como la delta plus
• Pide restaurar la obligatoriedad de presentar además del certificado COVID, un test de antígenos o PCR negativo para pasajeros que provengan de países con baja tasa de vacunación o alta incidencia, ante el aumento peligroso de casos
• Para Ponce, “si no se corrige esta situación no se podría descartar una sexta ola ante el repunte de la pandemia en Europa, lo que echaría por tierra los avances conseguidos hasta ahora”

El diputado del Grupo Popular y portavoz en materia de Sanidad, Miguel Ángel Ponce, alertó al Gobierno de que Canarias es la comunidad autónoma con más casos de COVID-19 importados de otros países, “77 en los últimos 7 días, cifra que se sitúa muy por encima de Comunidad Valenciana o Madrid que, con 48 casos cada una, son las siguientes en la lista”.

Tras conocer los datos publicados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias el pasado día 10, Ponce volvió a exigir “que se recuperen los controles sanitarios en puertos y aeropuertos ante las nuevas variantes, como la delta plus, así como la obligatoriedad de presentar además del certificado COVID, un test de antígeno o PCR negativo para pasajeros que provengan de países con baja tasa de vacunación y/o alta incidencia de casos con el fin de evitar una sexta ola que eche por tierra los avances conseguidos hasta ahora”.

Para Miguel Ángel Ponce, “no se trata de ser alarmista sino previsores, evitando errores pasados y caminando hacia esa paulatina vuelta a la normalidad pero siempre garantizando la seguridad de los turistas pero también de los canarios, teniendo en cuenta nuestra condición de insularidad y nuestra dependencia del sector turístico”.

En este sentido, Ponce explicó que “los datos no dejan lugar a dudas y sitúan a Reino Unido y Alemania, nuestros principales mercados emisores de turistas, como los países de origen del mayor número de casos importados por España en las últimas cuatro semanas, con 221 y 102 respectivamente, por lo que urge equilibrar la recuperación económica con la sanitaria para evitar males mayores”.

Según recordó, “llevamos desde el inicio de la pandemia advirtiendo al gobierno de la necesidad de adelantarse al virus y de reforzar las medidas de control, y lo que nos hemos encontrado en un relajamiento y una apatía del Gobierno de Canarias, que ya ha provocado que se hayan duplicado los casos de coronavirus en el Archipiélago”.

“De no corregirse esta situación podríamos estar a la vuelta de la esquina de una  sexta ola y Canarias no puede permitirse dar un paso atrás de nuevo en la lucha contra la pandemia, pues no sólo hablamos de posibles colapsos en los servicios sanitarios actuales, -con pacientes de los servicios de urgencias en los pasillos- sino del impacto que puede tener en la recuperación económica y social de las Islas”, concluyó.

• Miguel Ángel Ponce recuerda que en Canarias hay unos 24.000 canarios con diversas patologías respiratorias que utilizan alguno de estos tratamientos
• Según Ponce, “el sobrecoste energético de estos equipos supone un aumento en el recibo de la luz de entre 30 y 60 euros al mes”
• Explica que muchos de los pacientes son de edad avanzada, con pensiones de jubilación bajas, que incumplen el tratamiento por no poder hacer frente a los costes

El diputado del Grupo Popular y portavoz en materia de Sanidad, Miguel Ángel Ponce, aseguró que “es indecente que el Gobierno de Torres se niegue a abonar el sobrecoste del recibo de la luz a los pacientes que necesitan oxigeno con respiradores eléctricos en sus casas así como a los que reciben hemodiálisis domiciliaria teniendo en cuenta el encarecimiento histórico del precio de la luz”.

Ponce, que defendió una iniciativa en el pleno del Parlamento para restaurar de forma urgente la compensación económica para los enfermos que utilizan terapias respiratorias domiciliarias (TRD), lamentó el voto en contra de los grupos que apoyan al Ejecutivo – PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Asociación Socialista Gomera- “aunque después vayan presumiendo de boquilla de ser un gobierno social”

El diputado popular recordó que “en Canarias hay aproximadamente 24.000 canarios con diversas patologías respiratorias que utilizan alguno de estos tratamientos y que necesitan que sus equipos estén conectados varias horas al día para mantener un correcto estado de ventilación, para mejorar su calidad de vida y favorecer su integración social o para evitar estancias hospitalarias, lo que supone un aumento en el recibo de la luz de entre 30 y 60 euros al mes”.

“Por ejemplo, los gastos para un paciente de EPOC podría superar los 600 euros de más al año en su factura de la luz”, indicó Ponce, quién explicó que “muchos de estos enfermos son de edad avanzada, que cobran pensiones de jubilación bajas y que, en ocasiones, incumplen el tratamiento por no poder hacer frente a los costes”.

En este sentido, la Sociedad Española de Neumología ha llamado la atención sobre la incidencia que el sobrecoste de la energía eléctrica tiene para estos pacientes, “que necesitan de una máquina para su día a día, para desplazarse, para respirar, para someterse a tratamientos y, en definitiva, para sobrevivir”, apuntó el diputado popular.

Ponce recordó que el Servicio Canario de la Salud abonaba alrededor de 20 euros al mes a los pacientes que requerían de estos tratamientos así como a los que recibían hemodiálisis domiciliara hasta 2012, y siguen sin estar vigentes a pesar del incremento en el coste de la luz, “que en el mes de octubre alcanzó el precio más caro de la historia, multiplicando por siete los precios de hace un año”.

Según detalló el diputado popular, “el gobierno se escuda en la existencia de un bono social eléctrico, que si bien es cierto que se ofrece a las personas con menos recursos económicos para que puedan pagar sus recibos de la luz, no contempla estas situaciones médicas. Y es que no hablamos de equipos que puedas decidir no enchufarlos para ahorrar o que puedan conectarse según qué horas, sino que son imprescindibles para sobrevivir”.

Por último, Ponce mostró su asombro por el hecho de que “el gobierno que se autodefine como el de las personas y el que no deja nadie atrás, sí abandone a su suerte a estos 24.000 canarios que no deberían plantearse incumplir su tratamiento por no poder pagar la factura de la luz, y que con esta decisión están poniendo en peligro su salud”, concluyó.

• Australia Navarro no cree que, tras la llegada a nuestras costas de casi 40.000 inmigrantes entre 2020 y 2021 y 2.600 de ellos menores no acompañados, el Gobierno de Canarias se haya atrevido a desviar los fondos consignados en los PGE para inmigración
• Ayudar a los pacientes respiratorios crónicos para hacer frente al incremento del coste de la luz que supone el uso de respiradores o solicitar la creación de un destacamento permanente de la Policía Canaria en Lanzarote, serán otras de las iniciativas de los populares

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, preguntará en el próximo pleno del Parlamento de Canarias al presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, por qué no aparecen en el proyecto de presupuestos autonómicos los 50 millones de euros que las cuentas estatales destinan a las islas en materia de inmigración.

Según Navarro, “estamos en un momento muy complicado y, aunque ya no esté en primera línea de actualidad, el fenómeno migratorio sigue en plena ebullición y no debemos olvidarnos del drama humanitario que padecen decenas de miles de personas que, aun a riesgo de su vida, se ponen en manos de las mafias que trafican con personas y se lanzan cada día a la ruta canaria en busca de una vida mejor en Europa”.

Por este motivo, la líder popular no entiende “la poca transparencia del Gobierno de Canarias ni sus verdaderas intenciones al maquillar el destino que da en las cuentas autonómicas” a los fondos para la inmigración destinados a Canarias en los presupuestos generales del Estado para 2022. “Es desconcertante –prosiguió- que la propia consejera de Políticas Sociales eludiera contestar en la Comisión parlamentaria de presupuestos dónde están y para qué se van a utilizar estos fondos estatales”.

Además de esta cuestión, las diputadas Lorena Hernández y Astrid Pérez preguntarán al consejero de Seguridad por la valoración y seguimiento de la crisis vulcanológica en La Palma y por los permisos pertinentes del centro de atención temporal de extranjeros instalado en un solar de la Autoridad Portuaria, en el centro de Arrecife, respectivamente.

El diputado Poli Suárez interpelará a la consejera de Derechos Sociales por las acciones puestas en marcha para mejorar la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Poli Suárez también pedirá la comparecencia de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias para que informe del Plan de Infraestructuras Educativas, y por las prioridades establecidas para mejorar la salubridad y accesibilidad de los centros educativos con acciones como sustituir barracones, la retirada de amiantos o el techado de patios y canchas.

Dentro del bloque de las Proposiciones No de Ley (PNL), el diputado Miguel Ángel Ponce instará al Gobierno de Canarias a recuperar, de forma prioritaria, la compensación económica a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que utilizan respiradores eléctricos, así como a los pacientes con enfermedades renales crónicas con hemodiálisis domiciliaria, debido al encarecimiento histórico del precio de la luz.

Asimismo, la diputada Astrid Pérez pedirá al Ejecutivo autonómico que cree un destacamento permanente de la Policía Canaria en Lanzarote. Medida que estaría justificada, por una parte, ante el aumento de la población, las cifras de turistas que visitan la isla, la subida de ocupaciones ilegales de vivienda o la llegada de inmigrantes ilegales y, por otro, ante el deficiente número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado presentes en la isla.