• El portavoz de Presupuestos y Hacienda denunció que los grupos que sustentan al gobierno apenas han respaldado doce de las más de 320 enmiendas presentadas
• Enseñat reprochó “el talante autoritario de la izquierda que ha convertido la ponencia de presupuestos en un diálogo de sordos, con un cuatripartito que asegura querer consenso, pero solo busca adhesiones”
• El popular también criticó la incoherencia de los grupos al rechazar enmiendas cuyo contenido han aprobado en el  Parlamento como la dirigida a incrementar la partida que cubre el coste del retorno de los pacientes fallecidos en una isla capitalina tras su traslado para recibir asistencia sanitaria

El portavoz de Presupuestos y Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, acusó hoy a los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias de “aplicar el rodillo parlamentario al rechazar la inmensa mayoría de las enmiendas presentadas por el Partido Popular” a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.

Enseñat cargó contra PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera por “blindar a toda costa” las cuentas del Gobierno de Canarias “e impedir que se puedan mejorar al rechazar más del 97% de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular”.

“Unas enmiendas, dijo, que van dirigidas a corregir, fundamentalmente, unos presupuestos que atacan a los sectores productivos, consolidan la presión fiscal, no priorizan la recuperación económica y social y la creación de empleo”.

El diputado popular lamentó que los grupos que sustentan al gobierno en la Cámara regional “apenas se hayan respaldado doce de las más de 320 enmiendas presentadas” y criticó “el talante autoritario de la izquierda que ha convertido la ponencia de presupuestos en un diálogo de sordos, con un cuatripartito que asegura querer consenso, pero solo busca adhesiones”.

Asimismo, negó la apuesta social de la que alardean el pacto de izquierdas formado por socialistas, comunistas y nacionalistas y recordó, por ejemplo, que las 202 enmiendas, por valor de 129 millones de euros, que el Partido Popular proponía para mejorar, entre otros, el gasto social en sanidad, educación y servicios sociales solo han aceptado siete por un importe de poco más de un millón de euros”.

“Entre otras, no han querido saber nada de los 34,8 millones de euros orientados a la creación de empleo, de los 17,4 millones de euros que se destinan a la consejería de Derechos Sociales para mejorar la financiación de la Ley de Servicios Sociales y la gestión de la atención a la dependencia y la discapacidad, los 26,5 millones en sanidad y los casi 22,3 millones destinados para educación, universidades, cultura y deporte” recordó.

La misma suerte, añadió el portavoz presupuestario de los populares, han corrido las 72 enmiendas a las cuentas para el próximo año destinadas al fomento de la economía productiva para impulsar la recuperación y la creación de empleo, entre las que destacó los 22 millones de euros más para la isla de La Palma y los 51 millones consignados para impulsar y fomentar el empleo.

Por último, Enseñat criticó la incoherencia e insensibilidad de los grupos que apoyan al gobierno al rechazar enmiendas cuyo contenido han aprobado en las sesiones plenarias del Parlamento, como por ejemplo, la dirigida a incrementar la partida presupuestaria que cubre el coste del retorno de los pacientes fallecidos en una isla capitalina tras su traslado para recibir asistencia sanitaria.

• La portavoz popular asegura, además, que la ambigüedad de la propuesta de financiación deja la puerta abierta para que el Gobierno de Sánchez vincule los recursos del REF a la financiación autonómica, lo que supone, de nuevo, un grave incumplimiento del Estatuto Autonomía
• Los populares también se interesarán por las medidas para frenar la entrada de casos COVID-19 en las islas, reducir el aumento de las listas de espera sanitarias y evitar que continúe el deterioro del sistema de protección social autonómico
• Asimismo, el PP pedirá el respaldo de la Cámara en defensa de la dignidad, integridad y el principio de autoridad que la actual legislación asegura a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, preguntará al presidente Torres en el próximo pleno del Parlamento de Canarias por la respuesta del gobierno canario ante las negativas consecuencias que supone para las islas la nueva propuesta de reforma del sistema de financiación planteada por el Ministerio de Hacienda que “deja a Canarias, junto con Galicia, a la cabeza de las autonomías peor financiadas”.

“De consolidarse la fórmula elegida por la ministra Montero para el reparto de los fondos supondrá una importante pérdida de recursos para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en el Archipiélago”, destacó Australia Navarro.

Así mismo, la diputada popular hizo hincapié en que la propuesta ministerial “no solo sitúa a Canarias como la región más perjudicada por el nuevo sistema sino que puede suponer una nueva vulneración de nuestro fuero al dejar la puerta abierta para que el Gobierno de Sánchez incorpore, de nuevo, los recursos del REF a la financiación autonómica, lo que supondrá un flagrante incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía”.

Los diputados Miguel Ángel Ponce y Juan Manuel García Casañas preguntarán también a los consejeros de Sanidad y Agricultura, respectivamente, por las medidas a desarrollar para evitar que Canarias siga siendo la comunidad con más casos importados de COVID-19 y para frenar el descenso de la cabaña ganadera en las islas.

Finalmente, el diputado y portavoz adjunto, Poli Suárez, cerrará la participación de los populares en la sesión de control al Ejecutivo, solicitando a la consejera de Derechos Sociales información sobre las medidas que piensa adoptar ante el caos en el que se encuentra el sistema de protección social autonómico.

En otro orden de cosas, el portavoz del Grupo Popular en materia sanitaria, Miguel Angel Ponce, interpelará al responsable de la sanidad pública canaria sobre la situación de las listas de espera sanitarias y las medidas que planea adoptar este departamento ante su constante aumento.

La diputada popular por la isla de La Palma, Lorena Hernández, pedirá el respaldo de la Cámara para plantear al gobierno canario un paquete de medidas de ayuda a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma dirigidas, por un lado, a mejorar los importes de ayudas al alquiler y, por otro, a agilizar los procedimientos administrativos para que las mismas lleguen cuanto antes.

Finalmente, el presidente del Grupo Popular, Manuel Domínguez, solicitará el pronunciamiento del Pleno del Parlamento de Canarias a favor de la labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al mantenimiento de su dignidad, integridad y el principio de autoridad que la actual legislación les asegura.

• Australia Navarro recuerda que la tardanza del presidente del gobierno para reconocer a los verdaderos responsables del naufragio de los servicios sociales en las islas está afectando a los más vulnerables
• Los 811.000 canarios al borde la exclusión social y los 25.000 dependientes que esperan casi tres años por una prestación que debieron recibir en seis meses, se merecen algo más que un cambio, meramente cosmético, para salvar a la verdadera responsable de la nefasta gestión en Derechos Sociales

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, advirtió que el desbarajuste en la gestión de la Consejería de Derechos Sociales “no se arregla solo con el cambio de un director general” y reclamó al presidente del Gobierno de Canarias que “afronte de una vez, con rigor y seriedad, el caos en la dirección del sistema de protección social en Canarias”.

Según Navarro, “el presidente Torres y los partidos que apoyan al gobierno, se han quedado solos defendiendo a la responsable de una gestión muy criticada desde todos los sectores, principalmente, desde las organizaciones sindicales integrantes del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud”.

“A las críticas por el caos organizativo y de gestión denunciado por los sindicatos se han unido en los últimos días el Consejo Económico y Social que calificó la gestión del sistema de dependencia del Gobierno autonómico como tremendamente grave, y el Diputado del Común al volver a colocar a la dependencia en el ojo de huracán al denunciar los incumplimientos sistemáticos”.

Para la portavoz de los populares en el Parlamento autonómico la tardanza de Torres en reconocer al verdadero responsable del naufragio de las políticas sociales en el archipiélago, está perjudicando a los canarios más vulnerables ante las consecuencias de la crisis económica y social que, todavía, estamos atravesando”.

Al respecto, pidió a Torres que “no olvide” que preside una comunidad con 25.000 dependientes en lista de espera, con el 36% de su población en riesgo de pobreza y exclusión social, que bajo su mandato la pobreza severa se disparó un 49%, que 373.000 canarios, 132.000 más que hace un año, tienen que sobrevivir con menos de 300 euros al mes, mientras su escudo social deja fuera al 90% de las familias pobre de solemnidad.

“Los 811.000 canarios al borde la exclusión social, los 25.000 dependientes que esperan y los ocho que mueren cada día esperando casi tres años por una prestación que debieron recibir en seis meses, se merecen algo más que un cambio, meramente cosmético; para volver a salvar a la verdadera responsable de la nefasta gestión en Derechos Sociales”, concluyó.

• El diputado popular critica que una consejería tan relevante para Canarias se haya convertido en un cuello de botella, “del que salen muchos anuncios pero muy pocas realidades”
• Durante una comisión parlamentaria, le afeó a Yaiza Castilla sus excusas y falta de gestión tras recordarle que el grado de ejecución de su consejería no llega ni a un 30% a septiembre de este año
• Lamenta, asimismo, que tanto la ley canaria de industria como la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) sigan sin materializarse pese a haber sido anunciadas en 2019

El diputado del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de Industria en la Cámara regional, Fernando Enseñat, lamentó hoy que la consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias se haya revelado como uno de los principales “obstáculos para la diversificación y la recuperación económica, al convertirse en un cuello de botella del que salen muchos anuncios pero muy pocas realidades”.

En este sentido, el diputado popular insistió en la “parálisis e inacción” que ha marcado la gestión del departamento que dirige Yaiza Castilla durante esta legislatura y, en concreto, durante la pandemia que se ha caracterizado por su escaso apoyo a nuestro motor económico y por la renuncia a favorecer el desarrollo industrial en las islas.

“La consejera, señaló, ha olvidado que aumentar el nivel de industrialización de Canarias es prioritario para diversificar el tejido productivo y no depender, en situaciones de crisis, únicamente del turismo”.

Enseñat realizó estas manifestaciones tras conocer, en la comisión de Industria del Parlamento de Canarias, que la actualización de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2021-2025 “lleva un año de retraso y, lo que es peor, la consejera fue incapaz de dar ni siquiera una fecha aproximada para su finalización”.

Para el diputado popular este retraso “hace, prácticamente, imposible” que el Gobierno de Canarias pueda cumplir su compromiso de sacar adelante en esta legislatura la primera ley canaria de industria lo que a su juicio es una muy mala noticia que aleja aún más el objetivo de disminuir nuestra dependencia del sector turístico y aumentar el peso de la industria del 7% hasta el 10% de nuestro PIB.

Así mismo, el portavoz económico del PP afeó a Yaiza Castilla sus excusas y falta de gestión tras recordarle que el grado de ejecución de su consejería no llega ni a un 30% a septiembre de este año, lo que, en su opinión, demuestra “el letargo en el que ha vivido esta consejería desde el inicio de la legislatura”.

“Es una lástima que, con las incertidumbres económicas que atraviesa Canarias debido al incremento fiscal impulsado por el Gobierno de Sánchez, el aumento de los precios industriales y la subida de los costes de producción, por el alza del precio de los combustibles y la energía, la dificultad de acceder a las materias primas y el coste del transporte, impulsar y favorecer el desarrollo de nuestro sector industrial no sea una prioridad para la consejera”, finalizó Enseñat.

• Las modificaciones van dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos fundamentales que suponen el 74% de las enmiendas y el 26% restante al fomento de la economía productiva
• Destacan los 22 millones de euros para la isla de La Palma y los 51 millones consignados para impulsar y fomentar el empleo
• Con las enmiendas al texto articulado se pide al gobierno que, entre otras, acometa una reforma impositiva que alivie el esfuerzo fiscal de las familias, los autónomos y las empresas de Canarias

El Grupo Parlamentario Popular presentó hoy 321 enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 dirigidas a ampliar las coberturas sociales, mejorar los servicios públicos, incentivar los sectores productivos y fomentar el empleo en las islas.

Del total de enmiendas presentadas a las cuentas para el próximo año del gobierno de izquierdas, apoyado por el PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Socialistas Gomeros, 47 son enmiendas al texto del articulado y las 274 restantes son de carácter económico, por un importe de 175.216.000 euros.

Unas enmiendas que van dirigidas a corregir, fundamentalmente, unos presupuestos que atacan a los sectores productivos, consolidan la presión fiscal y no priorizan la recuperación económica y social.

Por este motivo, dirigimos el 74% de nuestras enmiendas a mejorar los servicios públicos básicos y a promoción de bienes y servicios sociales y el 26%, restante, al fomento de la economía productiva (inversiones 14%, e impulso de los sectores productivos el 12%).

 De las 274 enmiendas de carácter financiero destacan, entre otras, los 22 millones de euros que se destinan para La Palma, los 51 millones de euros que se consignan para el impulso y el fomento del Empleo, los 3 millones de euros para la tarifa plana de autónomos así como el millón de euros para promover la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.

 Por lo que respecta a las enmiendas al texto articulado, la mayoría van destinadas a garantizar la transparencia en la gestión y la sostenibilidad financiera de la administración de la comunidad autónoma así como a mejorar la eficiencia del sector público canario.

Cabe destacar además las referidas a eliminar el aumento en las cuantías de las retribuciones de los miembros del gobierno y los altos cargos previstas en las cuentas para 2022; a elaborar un plan de reordenación y racionalización del sector público empresarial canario; y a acometer una reforma fiscal que suponga una efectiva reducción del esfuerzo fiscal que están realizando las familias, los autónomos y las empresas de Canarias.