• Juan Manuel García Casañas asegura que muchos productores y ganaderos se ven “asfixiados” ante las deudas, la descapitalización y la falta de decisiones por parte de la administración
• La iniciativa, aprobada por el Pleno, solicita aprovechar el REA para adquirir alimentos para el ganado a proveedores de terceros países y controlar y supervisar los precios y costes de producción para cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria

El diputado del Grupo Popular y portavoz en materia de Agricultura, Juan Manuel García Casañas, urgió al Gobierno de Canarias a adoptar medidas para un sector ganadero que “agoniza, pues muchos productores y ganaderos se ven asfixiados ante las deudas, la descapitalización y la falta de decisiones por parte de la administración”.

García Casañas, que defendió una Proposición No de Ley en el Pleno del Parlamento con medidas para el sector ganadero, afirmó que “en los últimos años, la cabaña ganadera canaria se ha visto mermada ante las dificultades que se encuentran para llevar a cabo su actividad”.

“En el mes de marzo de 2020 –insistió- se manifestaron por todo el territorio peninsular para reivindicar cambios que permitieran su supervivencia. En Canarias, fueron suspendidas por los efectos de la pandemia, sin embargo la situación se ha visto agravada desde esa fecha hasta la actualidad”.

Según Casañas, “la situación de la alimentación ganadera, que supone el 70% de los costes de una explotación, ha empeorado en los últimos dos años, realidad conocida por todos debido a los aumentos de los costes de alimentación y transporte en valores que se han convertido en inasumibles por el sector”.

La iniciativa aprobada por el Pleno solicita iniciar las negociaciones en Bruselas para que de manera coyuntural se pueda aprovechar el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), que permita adquirir alimentos para el ganado a proveedores extracomunitarios o de terceros países mientras dura la situación de crisis.

Asimismo, pide al Gobierno de Canarias que cumpla con la Ley de la Cadena Alimentaria, llevando a cabo el control y supervisión periódico sobre los precios y costes de producción en todos los eslabones de la cadena, para garantizar la transparencia y evitar así las prácticas anticompetitivas conocidas como venta a pérdidas, con el objetivo de aumentar la protección de los eslabones más débiles, como son los pequeños agricultores.

García Casañas alertó que “es de imperiosa necesidad” adoptar medidas para salvar a un sector cuya actividad se ha visto reducida seriamente en los últimos años, tanto en la cabaña ganadera como en el número de empresas, según se desprende de los datos de la Consejería de Agricultura.

“Estos datos muestran una radiografía en el tiempo que predice que la actividad ganadera en Canarias tiene fecha de caducidad y contrasta esta reducción de la actividad con el incremento poblacional en el archipiélago en los últimos 20 años”, finalizó.