• El portavoz adjunto lamenta que las Islas estén 6 puntos por debajo de la media nacional
• “El escudo social del que presume el Ejecutivo regional deja desamparados a más de 590.000 canarios”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, denunció hoy que el Gobierno de Torres deja sin ayudas de inserción al 97% de los canarios en riesgo de exclusión y señaló que sólo el 3% de la población en el umbral de la pobreza recibieron en 2020 una Prestación Canaria de Inserción (PCI), “unos datos que demuestran que el escudo social del que presume el Gobierno de Canarias sólo se encuentra en sus discursos y titulares y no en la realidad de miles de familias”.

Tras conocer los datos ofrecidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que sitúan a Canarias como la segunda comunidad autónoma con menor cobertura en prestaciones en relación con las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, lamentó que “las Islas sigan en el pelotón de cola y a más de 6 puntos de la media nacional”.

En  este sentido, el portavoz popular aseguró que los datos revelados por este informe ponen de manifiesto “el fiasco que han supuesto las políticas sociales y la falta de compromiso real del Gobierno de Canarias con los casi 600.000 canarios que, la crisis sanitaria y una ineficaz política económica desarrollada  en 2020, han colocado en situación de pobreza en las islas”.

“Una vez más, queda en evidencia que el escudo social del que presume el gobierno de izquierda deja desprotegidos a más de medio millón de canarios, que no reciben ningún tipo de ayuda ni respaldo social del Ejecutivo de Torres”, añadió.

Asimismo, Poli Suárez urge a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, a presentar el plan de inclusión social y contra la pobreza que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias, a petición del Partido Popular, “pues todos los informes que hemos venido conociendo en los últimos meses coinciden en alertar del aumento de la pobreza y la exclusión social en Canarias”.

Por último, el portavoz adjunto manifestó que “con estas cifras y con el drama social que está viviendo Canarias, necesitamos una consejera que se aleje del autobombo y asuma la realidad, y sobre todo que sea mucho más autocrítica y más exigente con su propia gestión, porque a pesar de sus palabras lo cierto es que hay mucha gente en las Islas que se está quedando atrás”, concluyó.

• La diputada Lorena Hernández recuerda que el pasado curso se quedaron niños sin escolarizar por no aprovechar las 910 plazas vacantes en el sector privado
• Pide a la consejera de Educación establecer un plan de concertación con el sector privado que contribuya a reducir las barreras de acceso a esta primera etapa educativa, en tanto en cuanto no se cubran con plazas públicas la actual demanda
• Resalta que, en la actualidad, apenas el 40 por ciento de la oferta de plazas disponibles son públicas

La portavoz en materia educativa del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, reclamó al Gobierno de Canarias utilizar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para mejorar la oferta de plazas en Educación Infantil de 0 a 3 años, “toda vez que somos la comunidad autónoma con menor implantación de este primer ciclo de toda España”.

Los populares, que han presentado varias aportaciones al Plan estratégico para el primer ciclo de Educación Infantil, que el Ejecutivo pretende aprobar próximamente, piden a la consejera de Educación, Manuela Armas, establecer un plan de concertación con el sector privado que contribuya a reducir las barreras de acceso a esta primera etapa educativa, en tanto en cuanto no se cubran con plazas públicas la actual demanda.

“Para aumentar la deficiente tasa de escolarización en esta etapa hay que contar sí o sí con las escuelas infantiles privadas”, indicó Hernández, quién recuerda que “el pasado curso se quedaron niños sin escolarizar por la cerrazón del Gobierno que no aprovechó las 910 plazas que se quedaron vacantes en el sector privado”.

La portavoz popular resalta que, a su juicio, la intención del Gobierno de subvencionar sólo 2 plazas por centro privado es “manifiestamente insuficiente, toda vez que en la actualidad, apenas el 40% de la oferta de plazas disponibles son públicas”.

En este sentido, Lorena Hernández alertó que las previsiones del plan del Gobierno de crear en los próximos tres año 3.879 plazas, “no cubren ni la mitad de las 8.000 plazas públicas en Educación de 0 a 3 años que Canarias necesita para alcanzar la media del Estado, por eso es ineludible colaborar con el sector privado para que la tasa de escolarización tan baja en las Islas, suba”.

“Para ello, recomendó, el Gobierno puede utilizar parte de los 39,5 millones de euros para el impulso de la escolarización en el primer Ciclo de Educación Infantil que provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Estado”.

Por último, Hernández recordó que el Partido Popular lleva desde el año 2017 defendiendo esta colaboración pública privada “para maximizar la oferta de plazas públicas que ya existe” e insistió en que  mientras  las plazas públicas se agotan y las listas de espera son largas, los centros privados son ahora mismo la mejor solución porque mantienen plazas vacantes, una realidad que ayudaría a mejorar la educación de los más pequeños y fomentaría la conciliación y la igualdad de las familias canarias”.

• La portavoz popular, Australia Navarro, cree que la iniciativa del Gobierno de España supondrá un incremento del elevado esfuerzo fiscal que ya soportan los canarios desde hace tres años
• Recuerda que la entrada en vigor de los Presupuestos del Estado para 2022 ya ha traído un aumento de los impuestos por valor de casi 4.000 millones de euros para todos los españoles
• Advierte que uno de los impuestos que la izquierda quiere “armonizar” como el de Sucesiones ya ha subido en Canarias este año casi un 127%, lo que supondrá un aumento de la recaudación de 30 millones respecto a 2021

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, ha pedido al Gobierno de Canarias que “proteja la autonomía financiera y tributaria” de la comunidad autónoma ante “la incertidumbre que genera la amenaza que supone la armonización fiscal entre territorios que planea el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Australia Navarro, en una Proposición No de Ley presentada en la Cámara autonómica, ha instado al Ejecutivo canario a elaborar las medidas legislativas que considere necesarias “para proteger el margen político que confiere la Constitución a las comunidades autónomas para regular sus recursos financieros y tributarios de la manera más adecuada para el ejercicio de sus competencias”.

La portavoz popular considera que Canarias debe dotarse de los elementos legislativos suficientes para asegurarse que “se respete la autonomía de las regiones en materia de impuestos y su capacidad de maniobra” porque, a su juicio, “detrás de la pretendida armonización fiscal se esconde el viejo sueño de PSOE y Unidas Podemos de imponer una subida generalizada de impuestos”.

“Con una pérdida de poder adquisitivo de las familias canarias en 2021 del 5,8%, con los salarios más bajos del país y la pobreza y exclusión social disparada en nuestra comunidad, las economías familiares no podrían aguantar encima la subida de un solo impuesto más”, señaló.

En este sentido, recordó que uno de los impuestos que piensa “armonizar” en plena pandemia el Gobierno de España es el de Sucesiones y avisó que el “catastrazo que nos ha traído el Ministerio de Hacienda acarrea aumentos de hasta el 40% de la recaudación”.

“Gracias a él, el Gobierno de Canarias ya prevé este año recaudar un 127% más, lo que supone un aumento de 30 millones respecto al pasado año con cargo a los canarios que quieran aceptar la herencia de un familiar fallecido”, explicó.

Finalmente, expresó la necesidad de “poner coto a la rapiña fiscal que impone la izquierda siempre que gobierna” y alertó que la entrada en vigor de los Presupuestos del Estado para 2022 ya ha traído un aumento de los impuestos por valor de casi 4.000 millones de euros para todos los españoles, a lo que habrá que sumar la intención del Gobierno de España de duplicar las cuotas de autónomos, entre otros.

• El portavoz adjunto reprocha al gobierno que haya un 23% más de canarios que no reciben la prestación a la que tienen derecho
• Recuerda que hoy hay más de 25.600 canarios, 1.500 más que hace un año, esperando por una valoración de su expediente o por recibir una ayuda
• El caos en la gestión de Derechos Sociales no se arregla sólo con el cese de un director general, alguien debería responsabilizarse de este descorazonador panorama

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, criticó hoy que, “a pesar de haber aumentado la dotación presupuestaria en el área de Derechos Sociales en 2021 hayan empeorado los resultados” y lamentó que Canarias haya sido, el pasado año, “la comunidad en la que más creció el número de personas que no recibían la prestación a la que tenían derecho”.

Tras conocer los datos ofrecidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que señala a Canarias como una de las tres comunidades responsables de impedir al Gobierno de España cumplir sus objetivos de reducir la lista de espera del plan de choque de la dependencia, Suárez reprochó que la incompetencia haya vuelto a ser la protagonista de la gestión de la consejería autonómica, que dirige Noemí Santana.

Además del incremento del 23% de canarios que no reciben una ayuda teniendo reconocido el derecho a una prestación, el portavoz parlamentario del área, resaltó el aumento global en 2021 de las listas de espera en más de 1.500 personas.

“Hoy – explicó- hay 25.600 canarios enredados en la maraña burocrática de la Consejería, 15.714 esperando por una valoración y 9.950 esperando por recibir una ayuda. Unos datos que evidencian que la dependencia sigue estando en peores condiciones que en la legislatura pasada, pese a contar con más recursos económicos y humanos”.

En este sentido, Suárez informó que el Grupo Parlamentario Popular pedirá la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales “porque si algo ha quedado claro es que las listas de espera no han parado de crecer año tras año desde que PSOE, Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera formalizaron el pacto de gobierno”.

“El caos en la gestión de Derechos Sociales no se arregla sólo con el cese de un director general, alguien debería responsabilizarse de este descorazonador panorama”, finalizó.

• La portavoz parlamentaria recuerda que el curso actual comenzó con un déficit de 900 docentes menos respecto al anterior y unas perspectivas sanitarias muy diferentes
• Australia Navarro cree que la alta incidencia de Ómicron exige adaptar los protocolos sanitarios en los centros educativos a la nueva realidad de la pandemia
• La presidenta de los populares canarios considera necesario como medida de seguridad en las aulas incrementar el ritmo de vacunación en la franja de 5 a 11 años con poco más de un tercio de niños con una sola dosis

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, consideró hoy que la alta incidencia  de la variante Ómicron hace necesario “adaptar en los centros docentes los protocolos sanitarios a la nueva realidad de la pandemia” y lamento que la vuelta presencial a las aulas se realice “sin un plan de contingencia para prevenir el posible aumento de las bajas entre el profesorado”.

Australia Navarro considera la consejería de Educación debería realizar un ajuste de los protocolos a la situación actual derivada de la sexta ola y estudiar si las medidas adoptadas al inicio del curso el pasado mes de septiembre siguen siendo vigentes en estos momentos. “Debemos tener en cuenta –dijo- que las medidas actuales se adoptaron cuando la incidencia acumulada a 14 días era de 56 casos por 100.000 habitantes frente a los 2.205 casos actuales”.

En este sentido, planteó la posibilidad de recuperar algunas de las medidas aplicadas en el curso pasado y que tan buen resultado dieron para garantizar la seguridad en las aulas como, por ejemplo, la reducción de ratios, dotación de material de protección adecuado y refuerzo del profesorado.

“No puede ser que el aumento exponencial de los contagios entre la población se afronte con menos profesorado y protocolos más flexibles que en el curso 2020-2021 ya que entonces, por ejemplo, la distancia entre pupitres del alumnado era de 1,5 metros, mientras que ahora se ha reducido a 1,2 metros”, apuntó.

La portavoz popular en la Cámara autonómica recordó que el curso actual se inicio con un déficit de 900 profesores. “Una rebaja que se adoptó cuando la situación sanitaria era más positiva pero que en estos momentos parece inteligente recuperar con el fin de cubrir con la máxima rapidez el posible incremento de bajas laborales que se puede producir entre el personal docente por un aumento de los contagios”.

Así mismo, Australia Navarro recomendó a los responsables de las áreas de Sanidad y Educación como medida de seguridad adicional aumentar el ritmo de vacunación en la franja de edad de 5 a 11 años cuya vacunación comenzó hace menos de un mes. “En este momento, un 34% de los niños de esa edad ha recibido la primera dosis, mientras que en Galicia, un 53% de los niños de entre 5 y 11 años han recibido la primera dosis, el 45% en Cantabria y el 41% en Asturias”, finalizó.