La diputada autonómica del Partido Popular, Astrid Pérez, manifestó hoy que la información difundida por un medio de comunicación que desvela que Fernando Ríos Rull, ex-diputado nacional de CC y Comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno, invierte en una empresa del sector petrolero, “no hacen sino confirmar que la radical campaña que lideran en contra de las prospecciones solo busca rédito electoral a base de desprestigiar a Repsol”.

Pérez, presidenta del PP de Lanzarote, declaró que “la farsa que esconden las acciones institucionales de algunas corporaciones locales y del propio Gobierno, con Coalición Canaria y Paulino Rivero a la cabeza, ha quedado desmontada: Solo oculta intereses partidistas y un claro ánimo de manipular a los canarios”.

“En el fondo de todo este asunto, el problema de CC no es el petróleo, sino quién lo va a extraer” declaró la diputada del PP, para quien “no es que los nacionalistas estén en contra de las prospecciones, sino que están en contra de que las haga Repsol, quizás porque prefieren que otras empresas las lleven a cabo”.

Para Astrid Pérez es “paradójico” que parte del discurso de CC durante el último año “se haya centrado en acusar al Partido Popular de tener intereses en Repsol, cuando el que de verdad tiene acciones en empresas vinculadas claramente con la actividad petrolera es un significado dirigente de la formación nacionalista”.

“En el caso concreto de Fernando Ríos, resulta aún más sorprendente, si tenemos en cuenta que se postula como referente del No al Petróleo en multitud de foros públicos, donde defiende su presencia en el Gobierno precisamente por liderar asuntos como este, pura demagogia interesada”, dijo.

“De ahí –concluyó-, que hayan pasado de posicionarse a favor de la extracción de hidrocarburos, como quedó de manifiesto y recogían en su programa electoral, a ser contrarios a las mismas aunque sea de boquilla”.

El diputado autonómico del Partido Popular, Víctor Moreno, denunció hoy que CC y PSOE “han reforzado el papel de Guillermo García al frente de la Televisión Canaria, al renovar cinco años más su cargo de administrador único de la empresa pública, a pesar de su probada incapacidad como gestor, y a suponer una manifiesta vulneración de la Ley de creación del ente”.

El parlamentario del PP aludió a la decisión tomada ayer por el Consejo de Administración de RTVC, “en el que se comunicó que desde el mes de diciembre estaba vencido el mandato de García como administrador único de la empresa Televisión Pública de Canarias S.A., y desde entonces ejercía esta función en situación de interinidad, sin que nadie controlase su actividad”.

Esta decisión se ha tomado en una reunión, una vez más, sin representantes del PSOE, pues de los dos miembros que le corresponden en el Consejo, uno ha fallecido y el restante es viceconsejero del Gobierno, y por tanto incurre en incompatibilidad. “Solo el Partido Popular votó en contra de la continuidad de García, como no podía ser menos después del demoledor proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas sobre su gestión desde 2007”, argumentó.

“Los socialistas ni están, ni se les espera –declaró Moreno-, y no tienen el más mínimo interés en renovar el órgano fiscalizador de RTVC, lo que supone dar por buenas todas las actuaciones de Willy García, absolutamente resignados a su papel de comparsa en el festín propagandístico de Rivero”.

Nombramiento irregular

Según apuntó el diputado popular, la Ley 8/1984 de 11 de diciembre, de Radioteledifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias es clara al respecto, y en su artículo 24 establece que el puesto de administrador único corresponde al director del medio, y ha de ser nombrado por el director general de RTVC, previa notificación al Consejo de Administración.

Según opinó Víctor Moreno, “por más que el punto 13 de los estatutos de la empresa permitan a García ejercer el puesto de administrador, la Ley no contempla esta posibilidad y la reserva al director de la empresa pública”.

“Por tanto, se nos ofrece la increíble situación de que Guillermo García, cargo político designado por Rivero, se nombra a sí mismo administrador único después de cuatro meses en funciones, aprovechando el silencio cómplice del PSOE”, afirmó el diputado del Partido Popular.

Por último, señaló que exigirá mañana explicaciones durante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento regional, en la que también se debatirá respecto a los contenidos de la programación de la Televisión Canaria, “cuya deriva amarillista y total falta de pluralidad informativa hemos denunciado en reiteradas ocasiones”.

La diputada del Partido Popular, Mayte Pulido, calificó hoy de “farsa parlamentaria” la iniciativa con la que CC y PSOE pretenden reducir a la mitad la adjudicación de las oficinas de farmacia pendientes desde el año 2007, mediante una Proposición No de Ley (PNL) aprobada ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias.
Mayte Pulido calificó de “impresentable que quien firmó la orden que aprobaba el Mapa Farmacéutico hace más de seis años, la entonces consejera de Sanidad María del Mar Julios, sea hoy  la abanderada de este nuevo despropósito, después de haber sido incapaces de completar el concurso y adjudicar las nuevas farmacias que necesitamos en las Islas”.
Con la nueva propuesta de los grupos que respaldan al Gobierno solo se adjudicarían 53 nuevas farmacias para todo el Archipiélago, cuando el Mapa Farmacéutico del año 2007 ya establecía la necesidad de abrir 107 oficinas. Este cálculo fue ampliado hasta las 169 farmacias en la revisión censal de 2011, según el crecimiento poblacional registrado.
La diputada Mayte Pulido expresó las reservas de los populares sobre la legalidad de esta iniciativa, y anunció que “el Grupo Popular no puede respaldar semejante atropello, que sólo permitirá ganar tiempo a algunos, y perjudicar a los canarios que van a ver mermado su legítimo derecho a tener la prestación farmacéutica adecuada independientemente del municipio donde vivan”.
Los populares califican de “chanchullo”, la pretensión de CC y PSOE “al parapetarse tras la Ley de Presupuestos para seguir incumpliendo la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias, que refleja una ley básica del Estado”. Así mismo, rechazan que la reducción propuesta responda a “motivos económicos”, y recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Supremo “que invalida usar excusas economicistas para incumplir leyes básicas”.
El Grupo Popular presentó una enmienda que resultó rechazada, mediante la cual pretendían “que se cumpliera de forma estricta la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias y se convoque de inmediato el concurso de adjudicación libre, acorde a las vacantes resultantes del concurso de traslado para concluir el concurso  iniciado en 2007 y que curiosamente iniciaron los que hoy pretenden invalidar.”
El PP de Canarias advierte además que la propia Consejería reconoce, en un estudio realizado en 2011, que la población en la que se basa el Mapa Farmacéutico de 2007 “ha crecido significativamente, y que el número de farmacias que sería necesario abrir ahora en Canarias es muy superior”.
“La última oportunidad que se dio a los licenciados en farmacia para abrir una oficina fue en 2001”, aseguró Mayte Pulido, “y hay que recordar que esas 83 farmacias de libre adjudicación tienen hoy una autorización transitoria debido a que el entonces consejero publicó el concurso por su cuenta y riesgo, y ello llevó a que los tribunales lo anulasen”.
Los cambios que el estudio realizado en 2011 por técnicos de la Consejería de Sanidad suponen un incremento de vacantes farmacéuticas respecto al Mapa Farmacéutico en vigor en Canarias desde el 2007 de 59 oficinas más, por lo que resulta “incomprensible” la pretensión de los grupos que respaldan al Gobierno de intentar reducir a la mitad el número de farmacias a adjudicar.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, criticó que los Grupos de CC y PSOE hayan bloqueado una propuesta del Grupo Popular para destinar 43 millones de euros a la lucha contra la exclusión social en Canarias. “En un nuevo ejercicio de cinismo, los grupos que apoyan al Ejecutivo regional no solo rechazan la solicitud del PP, sino que pretenden articular un plan frente a la exclusión social sin financiación”, declaró.

PSOE y CC se opusieron en el Pleno del Parlamento a dedicar 43 millones para afrontar de manera urgente la emergencia social que vive el Archipiélago, con las modificaciones oportunas en los Presupuestos Generales para el año 2013. “Es un nuevo ejemplo de cómo funciona este Gobierno y los partidos que lo apoyan, a base de populismo, sin estrategia, ni rumbo marcado”, dijo Bethencourt.

“Gobernar no es mirar para Madrid y buscar culpables fuera, sino tomar decisiones responsables”, afirmó la diputada popular, quien recordó al 38% de los canarios que viven bajo el umbral de la pobreza, “mientras nacionalistas y socialistas miran para otro lado y apoyan que el Gobierno regional haga dejación de sus funciones y no ejerza las competencias que le corresponden según el Estatuto de Autonomía”.

En este sentido, lamentó que el PSOE “olvide el sufrimiento de muchos canarios, y se conforme con ejercer su papel al de mera comparsa, rechazando cada medida concreta presentada en el Parlamento canario que comprometa a Rivero y le obligue a desprenderse de su aparato burocrático en beneficio de las soluciones que requiere el Archipiélago”.

“CC y PSOE pretenden traer propuestas propagandísticas sobre políticas sociales a la Cámara regional para lavar sus conciencias, pero lo hacen pidiendo financiación al Estado para asuntos que son competencia exclusiva del Gobierno de Rivero, que mientras tanto, sigue asentado en un chiringuito público que se empeña en preservar pese a las dificultades que atraviesan unos 700.000 canarios”, concluyó.

El diputado autonómico Fernando Enseñat manifestó hoy la preocupación del Grupo Parlamentario Popular “respecto a la intransigencia demostrada por el Gobierno de Canarias en el proceso de negociación con las empresas que prestan el servicio de transporte escolar en las islas, de cuyo mantenimiento depende el traslado de unos 46.200 alumnos canarios”.

“No entendemos el empeño del vicepresidente y consejero de Educación en no aplicar la cordura y prorrogar los contratos en vigor, que finalizan el próximo mes de junio, lo que supondría incumplir la palabra dada a más de 200 empresas familiares de las islas que realizaron inversiones millonarias contando con esta renovación, y poner en peligro unos 5.000 empleos directos”, dijo Enseñat.

“Mucho nos tememos que el objetivo del Gobierno sea esperar a que termine este curso escolar, y que las acciones de protesta que el sector pueda emprender, no tengan efecto por desarrollarse en los meses de verano, y paralelamente, otorgar las concesiones del próximo curso a empresas públicas sin experiencia alguna en un sector tan sensible como el traslado de niños, algunas de ellas en situación ruinosa, con el fin de sanearlas y justificar su utilidad”, denunció.

Quiebra del sector

“Ante todo –prosiguió-, el Ejecutivo regional estaría afectando gravemente a la estabilidad y continuidad del servicio de transporte escolar, pero también a la pervivencia de estas empresas, que calculan que afrontarían reducciones entre el  50 y el 70% de sus ingresos, y estarían directamente abocadas a la quiebra”.

El parlamentario popular recordó que en los contratos suscritos entre los años 2008 y 2009, la Consejería de Educación, acordó con los empresarios hacer efectiva la cláusula de prórroga que prevé un máximo de 25 años de duración. “El objetivo era amortizar las inversiones que el propio Gobierno obligó a realizar a los empresarios”, apuntó el portavoz popular en materia de transportes.

“La postura del vicepresidente del Gobierno es incomprensible, toda vez que los transportistas ya abarataron el pasado verano un 21% el coste de este servicio, y negociaron con Educación la mejora del trazado y la eficiencia de las rutas”, señaló Fernando Enseñat.

El diputado del Partido Popular concluyó recordando que la comunidad autónoma pasó del puesto 14 al primer lugar de España en modernización y seguridad de la flota de transporte escolar, “a pesar de que desde julio de 2012 el sector no cobra la devolución del impuesto especial sobre combustibles que grava el gasóleo profesional”.