Felipe Afonso critica el anuncio de 443 VPO, la mitad proyectadas en 2005, que todavía podrían tardar un año más en adjudicarse

8 de marzo de 2013.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, reclamó hoy al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, que se implique “ante la burla de la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, a más de 26.000 demandantes de viviendas protegidas de Canarias, anunciando la adjudicación de 443 casas que todavía tardará, como poco, más de un año en entregar”.

El diputado del PP recordó “el empeño” de Rojas “en ocultar el número real de casas vacías de Visocan y el Instituto Canario de Vivienda, que podría superar en mucho los 1.000 inmuebles, a pesar del drama social que suponen los desahucios y que en sus oficinas se acumulan miles de solicitudes de canarios sin hogar”.

“En una vergonzosa operación de propaganda, pretenden vendernos como un logro estas promociones de vivienda para familias necesitadas, cuando casi la mitad se proyectaron en 2005”, aseguró Afonso, quien se refirió a 40 unidades en Fuerteventura, 47 en Gran Canaria y 105 de Tenerife, “que acumulan ocho años de retraso y es ahora cuando comenzarán unos trámites de adjudicación que podrían alargarse hasta dos años más, vistos los antecedentes de esta consejera”.

“Podemos citar el caso de las 26 viviendas de Valverde, El Hierro, terminadas y cerradas desde 2010, cuyo sorteo de adjudicación terminó incluso en los tribunales, empantanado en la burocracia y un sinfín de errores administrativos imputables a la propia consejera, que las saca a pasear cada vez que tiene que justificar su trabajo”, denunció.

“La Consejería le queda muy grande a Inés Rojas, que debe estar muy ocupada en las luchas de poder que tiene abiertas con su partido en Lanzarote y solo actúa impulsada por las denuncias del Partido Popular, lo cual demuestra que hacemos bien nuestra labor de oposición, pero también saca a la luz su ya conocida incompetencia”, concluyó Felipe Afonso.

Navarro tranquiliza a los socialistas y les recuerda que “el PP no quiere cambiar el Gobierno, quiere que el Gobierno cambie”

8 de Marzo de 2013.- La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, aseguró hoy que “el PSOE nunca ha tenido voluntad de sumar al diálogo bilateral abierto por el PP con el Gobierno de Canarias, y desde el comienzo del trabajo conjunto ha hecho todo lo posible por entorpecer el proceso”.

Australia Navarro considera que “el PSOE nunca ha creído en el diálogo pero transigió y lo volverá a hacer. No hay que preocuparse porque sus críticas carecen de trascendencia y sus declaraciones demuestran que ignoran por completo el contenido del proceso abierto”.

La portavoz parlamentaria no se explica “por qué el PSOE se ha sentido fuera del diálogo entre el PP y el Gobierno desde el primer día, cuando en la práctica dos consejeros socialistas han participado activamente en las mesas de trabajo. Quizá se ha sentido amenazado cuando no existe motivo alguno para tanto nerviosismo”.

“El PP invitó en enero al Gobierno a dialogar sobre objetivos fundamentales para la economía y la sociedad de Canarias. No invitamos a negociar el Gobierno porque no queremos cambiar el Gobierno, queremos que el Gobierno cambie y afronte las reformas pendientes que la Comunidad necesita”.

Navarro advirtió que “el PSOE equivoca los ámbitos de trabajo y da a entender que el diálogo condiciona la agenda parlamentaria o la posición política del PP. Está en un error, posiblemente debido a su falta de conocimiento del proceso”.

La portavoz reafirmó “la autonomía política y parlamentaria del PP antes, durante y después del diálogo” y animó a los socialistas “a no preocuparse en vano por las iniciativas que presenta el PP y a plantear desde su grupo alguna iniciativa en el Parlamento acorde con su programa político, hoy abandonado y olvidado”.
“Deben tranquilizarse, serenarse y plantearse si están en condiciones de sumar por el bien de Canarias o, como nos tememos, sólo aspiran a mantenerse en el poder después de renunciar a su ideario y a su programa político y después de perder la confianza de los ciudadanos canarios en las urnas”.

Miguel Jorge afirma que la medida haría perder competitividad a las islas como destino y podría ahuyentar a potenciales visitantes

7 de marzo de 2013.- El Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias expresó hoy su oposición a cualquier medida que suponga un incremento de los costes que soportan los turistas en las islas, en especial a la aplicación de un tributo que grave su estancia en establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

Con relación a la posibilidad de que el proyecto de ley del Estatuto del Municipio Turístico contemple un canon de estas características, el diputado Miguel Jorge destacó que es “un lujo que no podemos permitirnos”, puesto que se traduciría “en una pérdida de competitividad de Canarias como destino, en un mercado turístico cada vez más abierto y con competidores mejor posicionados”.

“A falta de conocer la propuesta en profundidad, nos consta la postura contraria de varios de los municipios turísticos más importantes, así como de las patronales hoteleras”, remarcó Jorge, para quien una medida de esta índole podría llegar a ahuyentar a turistas potenciales, como se ha visto en otras regiones donde fracasaron medidas similares, como la ecotasa del Gobierno balear.

“En un momento en que nuestro destino turístico atraviesa una delicada situación por la proliferación de nuevos competidores y la bajada general de precios del mercado, no podemos permitirnos el lujo de encarecer aún más nuestros servicios”, dijo el parlamentario popular, quien recordó que la aprobación del Estatuto del municipio turístico lleva quince años de retraso, sin que el Gobierno regional haya articulado un fondo económico específico para estas localidades.

El Grupo Parlamentario Popular sé mostró a favor de resolver este problema de financiación, pues como apuntó Miguel Jorge, “es una realidad que estos ayuntamientos arrastran el problema de sufragar el coste de unos servicios destinados a atender a una población flotante anual cercana a 12 millones de personas, pero no ha de ser el turista quien soporte esta carga”.