La nueva Ley de Costas tendrá en cuenta las singularidades del Archipiélago para solucionar definitivamente el problema de los núcleos costeros consolidados de las Islas, según informó el secretario general de los populares canarios, Asier Antona, tras la reunión mantenida esta tarde con el ministro de Medioambiente, Miguel Arias Cañete.

La reducción de la línea de servidumbre de 100 a 20 metros, garantizada en las disposiciones del nuevo texto normativo para casos como los canarios, permitirá “normalizar” la situación de la mayor parte de los núcleos del Archipiélago, aunque para ello habrá que delimitarlos previamente.

Antona encabezó una delegación del PP canario de la que también formaron parte la vicesecretaria regional, Cristina Tavío, la senadora María de Haro y el diputado Ernesto Aguiar, quienes trasladaron al ministro la “preocupación” existente en las Islas por la “confusión que se ha intentado generar sobre este conflicto histórico”, y destacaron la “especial sensibilidad” del Ministerio para resolver un asunto de “complejidad, debido a la singularidad de los poblados canarios”.

Por su parte, Cristina Tavío, advirtió que las administraciones canarias tienen un trabajo que hacer con urgencia, “porque sin la preceptiva delimitación de los núcleos no podrá tramitarse su normalización”, una vez entre en vigor la nueva ley.

La diputada autonómica del Partido Popular, María del Carmen Morales, manifestó hoy su preocupación ante la decisión del Gobierno de Canarias de no dar cobertura sanitaria específica a la Bajada de La Virgen de Los Reyes, en El Hierro.

“El Servicio Canario de Salud se limitará a reforzar las Urgencias del Hospital y el Centro de Salud de El Pinar, sin dar la importancia que merece a un evento que durante una semana triplica la población de la isla”, denunció Morales.

La diputada popular exigió que, al menos, se iguale el dispositivo específico que se previó en la Bajada del año 2009, que contó con cuatro médicos y seis ATS, de cara a garantizar la seguridad de los asistentes.

“La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, mostró en el Parlamento de Canarias un total desconocimiento de la importancia de esta celebración, con tramos que se desarrollan por terreno escarpado y en horario nocturno, y que podría llegar a movilizar a más de 26.000 personas”, afirmó María del Carmen Morales, para quien “esta decisión irresponsable podría llevar al colapso en los servicios de urgencias”.

“Mendoza llegó a decir con una ironía que raya la falta de respeto hacia toda una isla –prosiguió-, que en las romerías de Canarias no hay cobertura adicional, ignorando que la Bajada de La Virgen de Los Reyes no solo no es una romería, sino que merece un dispositivo específico, dada la carencia de medios con que contamos en El Hierro que, precisamente, no ha sido bien tratada en los últimos tiempos por este Gobierno”.

La diputada autonómica Milagros Bethencourt, denunció hoy que 321 familias del municipio de El Rosario (Tenerife) llevan tres años esperando a que el Gobierno de Canarias les pague una ayuda de emergencia que fue concedida a raíz de las inundaciones acaecidas el 1 de febrero del año 2010, que suman 567.000 euros.

Según la información facilitada por la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, 468 afectados por las riadas solicitaron una ayuda de emergencia dirigida a paliar sus necesidades básicas, con arreglo al artículo 3 del Decreto 12/2010, aprobado por el Ejecutivo regional, de las cuales fueron valoradas 321 de forma estimatoria. “Tres años después, acogiéndose a la falta de consignación presupuestaria, no hay ni rastro de esa ayuda”, declaró Bethencourt.

El Decreto 12/2010 pretendía paliar los daños producidos por las lluvias acaecidas los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2010, que fueron especialmente virulentas en este núcleo tinerfeño. “Los artículos 3 y 4 preveían ayudas específicas a familias y viviendas, y generaron 468 y 610 solicitudes respectivamente, de las cuales no se ha pagado aún ni un céntimo”, agregó.

“No sabemos qué entiende este Gobierno por necesidades básicas y extraordinarias, pero lo cierto es que en tres años no ha mostrado el más mínimo interés por pagar estas ayudas ya aprobadas y reconocidas”, apuntó la diputada popular, quien destacó que “no son cantidades millonarias, pero darían ayuda a familias que, en algunos casos, se quedaron sin nada a consecuencia de la lluvia”.

Bethencourt recordó a la consejera de Políticas Sociales y Vivienda que los afectados de Tabaiba no son los únicos a los que todavía no se ha pagado ayudas con cargo a decretos de medidas excepcionales. “Hay cinco decretos vivos y con expedientes pendientes de resolver, dos de ellos del año 2009”, concluyó.

10 de abril de 2013.- La diputada autonómica Ana Guerra exigió hoy al Gobierno de Canarias que cumpla con los agricultores y ganaderos de las islas y abone la parte que le corresponde de la ayuda de Estado del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad (Posei) de Canarias, que adeuda en su totalidad desde el año 2010. “El ejecutivo regional está condenando a los productores canarios a la desaparición con sus impagos”, aseguró. “Además de no haber previsto nunca este gasto en sus presupuestos, Paulino Rivero se permitió utilizar el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad para negar sus derechos a un sector como el ganadero que atraviesa una crisis sin precedentes”, denunció la parlamentaria popular, quien recordó que la ayuda de Estado ha de pagarse al 50% por el Gobierno de Canarias y el de la Nación. Junto a los fondos comunitarios, según la reforma de 2009, el sector del tomate ha de percibir una ayuda adicional de 32,4 millones de euros anuales, la ganadería 8,4 millones, el viñedo cerca de 7 millones y las producciones agrícolas destinadas al mercado interior de Canarias contarían con 2,6 millones más. La suma total asciende a los 46,5 millones de euros. Guerra destacó que en 2008, ante la dramática situación de sectores como el tomate o la ganadería, el Gobierno acordó pedir una revisión completa del Posei, que aprobó el Comité de Gestión de OCM Única de la Comisión Europea y recogió una Orden de 9 de junio de 2009 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Guerra recordó que solo el primer año, estando el Partido Popular en el Gobierno autonómico, se pagó el tramo autonómico. “Entre 2009 y 2011 el Ministerio puso su parte, y el Ejecutivo canario no ha cumplido, a pesar de que las convocatorias se han publicado en el Boletín Oficial de Canarias puntualmente cada año, reconociendo un derecho que Rivero se empeña en negar”, concluyó Ana Guerra.

8 de abril de 2013.- El diputado autonómico Víctor Moreno anunció hoy la presentación de una Proposición No de Ley en el Parlamento Regional, dirigida a instar al Gobierno de Canarias a no discriminar a medios de comunicación en su campañas de publicidad, y a seguir criterios objetivos en su adjudicación, con independencia de su cuantía, de manera que se vea garantizada la libre concurrencia e igualdad.

Moreno señaló que la propuesta incluye modificar el Decreto 31/2003, de 8 de febrero, por el que se aprueban los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales en campañas institucionales de publicidad, para que se module la participación en la contratación, exclusivamente sobre la base de criterios de ámbito territorial y de difusión del medio correspondiente.

Asimismo, se insta a al Gobierno a dar conocimiento, trimestralmente, a los grupos políticos de la Cámara de todos los contratos sobre comunicación y publicidad institucional –con independencia de su cuantía-, que adjudican las consejerías del Ejecutivo regional, así como sus organismos autónomos, entidades, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones.

Según remarcó Moreno, pese a la actual situación de crisis, que aconseja una racionalización de los recursos públicos, así como una gestión más eficaz y transparente, el Gobierno de Canarias y su entramado administrativo, “gasta cada año una cantidad considerable de dinero en publicidad institucional, que puede afectar a la subsistencia y libre competencia de los medios de comunicación”.

Conforme a la legislación vigente, debe darse cuenta de aquéllos contratos que superan los 18.000 euros, pero por debajo de este montante económico también se realizan muchas campañas y contratos sobre publicidad y comunicación. “Por ello –concluye el parlamentario del PP-, es exigible que se arbitren los medios necesarios para evitar toda competencia desleal promovida desde el sector público, de forma que no altere el principio de igualdad en el ámbito informativo”.