La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, defendió hoy que la reforma de la Ley de Costas propuesta por el Gobierno de la Nación permite salvar los núcleos del litoral de Canarias, y aseguró que “han bastado 18 meses al Partido Popular para acabar con más de 20 años de incertidumbre, toda vez que el nuevo texto plantea una solución para el 90% de estas zonas, en peligro con la redacción anterior”.

Miles de viviendas de las siete islas podrán regularizarse con un trámite administrativamente sencillo y jurídicamente seguro, que la nueva norma deja en manos de las corporaciones locales y del Gobierno regional que, según apuntó Tavío, “está haciendo una errónea interpretación del procedimiento y prolongando innecesariamente la agonía de estos núcleos, que en su mayoría están salvados, provocando un daño irreparable a cerca de 60.000 canarios”.

“De hecho –prosiguió-, la nueva Ley está expresamente redactada para solucionar el problema del Archipiélago, con el fin de favorecer la preservación de nuestro litoral, por mucho que se empeñen en decir lo contrario quienes solo ven en Madrid la excusa para justificar su propia incompetencia política”.

Gracias a esta excepción, ya no será necesaria la condición de suelo urbano para legalizar los asentamientos costeros, y bastará con que el Ayuntamiento correspondiente delimite los núcleos afectados y certifique que disponían de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y electricidad antes de 1988, para que puedan ser autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente.

La diputada del PP recordó que el 80% del suelo en Canarias no tiene actualizado su planeamiento, y “el Ejecutivo autonómico no ha sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida, lo que habría facilitado una solución más expeditiva, como ha ocurrido en otras puntos del litoral peninsular y balear”.

“Comprendo que después de 25 años, PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría admitir su responsabilidad en la generación del problema, pero no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando la angustia a las familias afectadas, que tienen muy claro que el Gobierno regional no está moviendo ni un papel para arreglarlo”, concluyó.

La portavoz parlamentaria del PP en materia educativa, Maribel Oñate, manifestó hoy su temor a que haya estudiantes de Secundaria en Canarias que no puedan presentarse a los exámenes de acceso a la Universidad (PAU) porque sus familias no puedan abonar las tasas exigidas por la Consejería canaria de Educación.

“Sería una vergüenza social que alumnos que han completado satisfactoriamente los estudios de Enseñanza Secundaria en Canarias queden excluidos de la Prueba de Acceso a la Universidad por una cuestión económica, al no poder hacer frente sus familias a las tasas de 72 euros que la Administración regional exige a los estudiantes”.

Maribel Oñate lamenta que “ante la situación de crisis económica que padecen cientos de miles de familias en Canarias, la Consejería de Educación no haya concedido la exención de las tasas de la matrícula de la PAU a los estudiantes que conviven en una familia sin ingresos económicos”.

Para la portavoz educativa del PP, “todos los alumnos que han superado la Enseñanza Secundaria Obligatoria tienen derecho a presentarse a los exámenes de la PAU, con independencia de si posteriormente deciden o no cursar estudios superiores en la Universidad”.

“El hecho de que a un estudiante canario se le prive de ese derecho por una cuestión de dinero ante la incapacidad de su familia de afrontar los gastos de la matrícula representa un fracaso para el conjunto del sistema educativo y una discriminación bochornosa en el acceso a la educación superior”.

Maribel Oñate considera que “en el actual contexto de crisis, la Consejería de Educación debería haber ofrecido una solución a los estudiantes de familias sin recursos, al igual que existen bonificaciones y exenciones para las familias numerosas y para los estudiantes que obtuvieron matrícula de honor en la Secundaria”.

La portavoz popular reclamó en este sentido que la Consejería de Educación esclarezca públicamente si estudiantes canarios han sido discriminados en su derecho a presentarse a la PAU por razones económicas.

La diputada autonómica del Partido Popular por El Hierro, María del Carmen Morales, valoró hoy el anuncio de la próxima licitación del concurso de Obligación de Servicio Público (OSP) para el transporte marítimo con la isla, y recordó al Gobierno de Canarias que “los herreños ya hemos sido engañados otras veces, y ahora pedimos pasar de los titulares a los hechos”.

“El Gobierno lleva un año jugando con los intereses de El Hierro y ha desatendido reiteradamente las necesidades de la población, poniendo las excusas más variadas –apuntó Morales-, por lo que ahora acogemos la noticia con satisfacción, pero también con mucho escepticismo”.

“Desde que los herreños nos plantamos el pasado verano y denunciamos los incumplimientos del Gobierno, se nos ha dicho que no había soluciones posibles, y que era inviable estar al corriente con las navieras, y ahora, con la Bajada de la Virgen de Los Reyes en puertas, nos dicen que están en disposición de aportar 1,5 millones de euros que se suman a los 3 millones ya existentes”, razonó.

Por ello, María del Carmen Morales, se preguntó “cómo es posible que surjan de la nada 1,5 millones de euros para el transporte marítimo en El Hierro, cuando el Gobierno lleva tanto tiempo incumpliendo sus obligaciones, y no contempló fondos suficientes en los presupuestos para 2013”.

Además de exigir celeridad al Ejecutivo regional, la diputada del PP consideró deseable el establecimiento de una frecuencia a las 17.00 horas para que las navieras puedan fijar uno de los trayectos en horario de tarde, saliendo desde Tenerife, en la línea de lo acordado por la Comisión de Transportes de El Hierro.

“Los empresarios y los distintos sectores de nuestra isla ya están acostumbrados a los engaños de este Gobierno, que lleva un año condenándonos a las mismas condiciones o peores”, declaró Morales, quien concluyó recordando que este concurso de OSP, de materializarse, “sería fruto del trabajo de todos los herreños”.

El diputado del Grupo Popular en el parlamento de Canarias, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, anunció hoy que el partido Popular pedirá en el Pleno de la Cámara, que se celebrará la próxima semana, la reprobación de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias al haber quedado suficientemente acreditada su incapacidad para gestionar la sanidad pública en Canarias.

Miguel Cabrera constató que los errores de la consejera han sido cada vez más flagrantes y preocupantes y que el fracaso de su gestión ha sido reconocido y denunciado de forma unánime por los todos los agentes sociales, profesionales sanitarios y pacientes.  “Si tuviéramos que elegir un solo calificativo para describir la gestión de la responsable de la Consejería de Sanidad, ese calificativo sería calamidad; absoluta calamidad en el más amplio sentido del término”, añadió.

“Una actuación -insistió el diputado popular- que ha puesto en serio riesgo la salud de los canarios, ha causado un dolor y sufrimiento innecesario a pacientes y familiares; y ha conducido a nuestro sistema sanitario a un escenario muy difícil de asumir”.

El diputado popular hizo un llamamiento a la sensatez y madurez a los diputados del resto de formaciones políticas presentes en el arco parlamentario “porque no estamos ante una cuestión de disparidad de criterios entre partidos políticos, sino de conciencia y de responsabilidad pública para evitar que siga mermando la calidad de la asistencia sanitaria que se presta en nuestro archipiélago”.

En este sentido, recordó que la próxima semana se cumplirán dos años desde la toma de posesión de la Consejera de Sanidad. “Dos años que concentran el periodo de mayor deterioro de la historia de la sanidad pública en Canarias”, concluyó.

El diputado autonómico del Partido Popular, Víctor Moreno, exigió hoy al Gobierno regional que rectifique y “deje de mirar para otro lado, buscando fuera culpables” del escándalo que rodea a la Policía Canaria y que ha desembocado en la conocida como operación “Ladrillo”, que investiga una presunta trama delictiva, en la que consta la detención y posterior puesta en libertad de diez agentes de este cuerpo el pasado mes de marzo.

Para el parlamentario del PP, el Gobierno “tiene la obligación de aportarnos explicaciones convincentes respecto a un asunto gravísimo que podría afectar, según parece, a prácticamente un 15% de los agentes actualmente en servicio”.

Moreno ya ha solicitado la comparecencia del Ejecutivo autonómico en el Parlamento de Canarias para esclarecer las circunstancias que han rodeado a un caso en el que se imputa a los citados policías, entre ellos tres mandos, presuntos delitos contra la integridad moral en el ámbito laboral, falsedad documental, detención ilegal y omisión del deber de perseguir delitos.

La llamada operación “Ladrillo” fue iniciada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, por orden del Juzgado de Instrucción nº 3, a raíz de los testimonios de la víctima de una presunta detención ilegal por resistencia a agentes de la Autoridad, en enero de este año.

“Causa verdadero estupor que el director general de Seguridad y Emergencias quiera hacer ver que detrás de este caso hay simplemente una medida de presión sindical, cuando constan diez detenciones y otros diecisiete miembros del cuerpo han sido llamados en calidad de testigos”, dijo Víctor Moreno, quien pidió al Ejecutivo una rectificación de estas manifestaciones.

En este sentido, señaló que el sindicato Co.Bas ya ha anunciado que se presentarán como acusación popular en este caso, alegando que se ha puesto en duda su honestidad, “con lo que el Gobierno de Rivero podría ver cómo se añade un nuevo problema a su ya larga lista de líos judiciales y laborales”.