La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, defendió hoy que la reforma de la Ley de Costas propuesta por el Gobierno de la Nación permite salvar los núcleos del litoral de Canarias, y aseguró que “han bastado 18 meses al Partido Popular para acabar con más de 20 años de incertidumbre, toda vez que el nuevo texto plantea una solución para el 90% de estas zonas, en peligro con la redacción anterior”.

Miles de viviendas de las siete islas podrán regularizarse con un trámite administrativamente sencillo y jurídicamente seguro, que la nueva norma deja en manos de las corporaciones locales y del Gobierno regional que, según apuntó Tavío, “está haciendo una errónea interpretación del procedimiento y prolongando innecesariamente la agonía de estos núcleos, que en su mayoría están salvados, provocando un daño irreparable a cerca de 60.000 canarios”.

“De hecho –prosiguió-, la nueva Ley está expresamente redactada para solucionar el problema del Archipiélago, con el fin de favorecer la preservación de nuestro litoral, por mucho que se empeñen en decir lo contrario quienes solo ven en Madrid la excusa para justificar su propia incompetencia política”.

Gracias a esta excepción, ya no será necesaria la condición de suelo urbano para legalizar los asentamientos costeros, y bastará con que el Ayuntamiento correspondiente delimite los núcleos afectados y certifique que disponían de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y electricidad antes de 1988, para que puedan ser autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente.

La diputada del PP recordó que el 80% del suelo en Canarias no tiene actualizado su planeamiento, y “el Ejecutivo autonómico no ha sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida, lo que habría facilitado una solución más expeditiva, como ha ocurrido en otras puntos del litoral peninsular y balear”.

“Comprendo que después de 25 años, PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría admitir su responsabilidad en la generación del problema, pero no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando la angustia a las familias afectadas, que tienen muy claro que el Gobierno regional no está moviendo ni un papel para arreglarlo”, concluyó.