La diputada autonómica del Partido Popular Ana Guerra exigió hoy al Gobierno de Canarias que opere los cambios necesarios en el modelo de la empresa pública Gestión del Medio Rural, “dada la crítica situación de una entidad cuyo principal problema es la pésima dirección de CC, que en tres años ha reducido su volumen de negocio en más de 7 millones de euros, y ha hecho crecer su deuda un 20%, hasta situarse en un negativo de 2,8 millones”.

Ante la confirmación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa pública de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que afectará a 34 personas, Ana Guerra calificó de inadmisible que CC pretenda descargar en los trabajadores toda responsabilidad.

En este sentido, desmintió que la plantilla de GMR creciera durante el último periodo del Partido Popular en la Consejería de Agricultura. “Es totalmente falso, pues entre 2007 y 2010, con el PP en el Gobierno, la empresa era rentable, y se ajustó la plantilla casi en un 25%, al pasar de 365 trabajadores a 284”, afirmó.

“De hecho –sostuvo la diputada del Partido Popular-, con los nacionalistas al frente, la empresa es menos rentable y no presta ayuda al sector agrario”. La memoria de actividad del año 2012, muestra que GMR apenas comercializó 6.000 toneladas de frutas, papas y hortalizas, un 0,7% de la producción total de las islas que refleja el Instituto Canario de Estadística.

Para Ana Guerra, “basta con analizar los números de GMR cuando CC se quedó en solitario al frente de esta empresa pública: En 2010 presentaba una cifra de negocios de 25,2 millones, y tres años después ha perdido una cuarta parte y se ha ubicado en 18,6 millones, con un balance negativo de 2,8 millones de euros, reconocido en los Presupuestos de la comunidad autónoma de 2013”.

“El Gobierno de CC y PSOE descarga el peso de los ajustes sobre las más débiles, con despidos que se podrían evitar privatizando una empresa pública que compite deslealmente con el sector privado, y su mala gestión no produce más que gastos a las arcas canarias”, declaró la diputada del PP.

“Privatizar la empresa sería mejor que seguir desmantelándola lentamente, pues no contribuye a mejorar la situación del sector agrario porque carece de implantación ni personal en cuatro de las siete islas, no da el servicio que merecen los productores y encima genera inseguridad a los trabajadores que aún permanecen en ella”, concluyó.