La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, aseguró hoy que “si a Paulino Rivero le preocupasen los canarios, la consejera Inés Rojas ya estaría hace tiempo fuera del Gobierno y al frente de los políticas sociales habría una persona eficiente”.

Australia Navarro considera que “con su respaldo a la consejera Rojas, Paulino Rivero asume en primera persona el hundimiento social de Canarias que presenta hoy un fracaso estrepitoso en términos de pobreza, de necesidad, incluso de nutrición”.

“El balance que Inés Rojas presenta hoy con el apoyo entusiasta de Paulino Rivero es una tasa de pobreza desorbitante del 34% en Canarias, que no tiene parangón ni en España ni en La Unión Europea. Con Rojas y Rivero de la mano, en Canarias hay hoy más de 132.000 ciudadanos que no tienen ningún ingreso ni reciben ninguna prestación económica pública. Y quizá lo más grave, más de 111.000 menores de edad en situación de pobreza y exclusión social”.

Para la portavoz popular “no es extraño que el rechazo a la gestión de Paulino Rivero e Inés Rojas en materia social sea cada día más unánime. Junto al Partido Popular, hay importantes sectores de los partidos que sustentan al Gobierno que reclaman su destitución, al igual que hacen los sindicatos mayoritarios”.

Navarro considera que “la gestión de Inés Rojas durante los últimos 6 años la desautoriza para generar un consenso político y social en favor de una política seria y eficaz contra la pobreza en Canarias”.

“En nuestra opinión, la primera medida necesaria para afrontar ese consenso es la salida inmediata de Inés Rojas de la Consejería y el reconocimiento público de Paulino Rivero del fracaso que caracteriza la labor del Gobierno regional ante el agravamiento progresivo de las condiciones de vida de los canarios”, añade.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Transportes, Fernando Enseñat, criticó hoy “el oscurantismo y las informaciones confusas que proporciona el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, con el fin de no revelar las cantidades que asigna a las obras en ejecución en el Archipiélago”.

Enseñat lamentó que el consejero Regional de Obras Públicas haya vuelto a negarse a explicar en Comisión parlamentaria “cómo distribuirá los casi 260 millones de euros de presupuesto con que cuenta el Plan de Carreteras, qué obras sufragará y que criterios utiliza para su reparto”.

“Es más, nos consta que de esa cantidad solo podrá utilizar unos 60 millones para terminar las vías actualmente en ejecución, pues los doscientos restantes son para pagar obras prefinanciadas en ejercicios anteriores, que ahora el Gobierno tiene que abonar con sus correspondientes intereses”, aseguró.

Asimismo, el diputado del PP garantizó la continuidad y vigencia del Convenio de Carreteras con el Estado, y acusó al Ejecutivo autonómico y a los partidos que lo apoyan (CC y PSOE) de “alarmar innecesariamente con falsedades a la población respecto a la inversión pública en obras y conectividad”.

Por ello, recomendó a los grupos socialista y nacionalista que abandonen “esta estrategia de continuo enfrentamiento, que solo es una vía de escape para esconder la incapacidad del Gobierno de Canarias”.

Para Fernando Enseñat, “bueno es recordar que el Partido Popular se encontró con un agujero en el Ministerio de Fomento de 40.000 millones de euros, correspondientes al endeudamiento masivo del anterior Gobierno socialista, que contó en todo momento con el apoyo cómplice de Coalición Canaria, y que ahora obliga a restringir el gasto en toda España”.

“No es solidario que, después de dejar la caja vacía, CC y PSOE se escuden en sus tesis del maltrato para pretender que de los 800 millones de euros que tiene Fomento para nueva inversión en infraestructuras de carreteras en toda España, 200 millones sean para una sola comunidad autónoma”, concluyó.

El Grupo Parlamentario Popular exigió hoy al Gobierno de Canarias que libere al sector pesquero de las islas de las trabas burocráticas que impiden su desarrollo, y pusieron como ejemplo el retraso de dos años que acumula el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), cuya aprobación vuelve a posponerse por un trámite administrativo incorrecto.

Para la portavoz popular en la Comisión de Agricultura, Ana Guerra, los retrasos acumulados por el PROAC convierten al Gobierno en el “único responsable de la crítica situación de la acuicultura”, que desde 2008 ha pasado de ocupar a casi 30 empresas y obtener cerca de 9.000 toneladas de producto, a las 15 empresas y poco más de 6.000 toneladas del año 2011.

En cuatro años, el peso de este subsector estratégico para la economía de las islas se ha reducido prácticamente a la mitad, al pasar de un valor de casi 60 millones de euros en 2008 a los 30 millones del año 2012.

En 2011 se remitió a la Cotmac este documento, que regula la acuicultura en las islas, para su evaluación ambiental. Según informó hoy el consejero de Agricultura en el Parlamento regional, la Consejería de Ordenación del Territorio determinó en abril de este año que, por tratarse de un Plan Sectorial, la Cotmac no era competente para resolver, sino otro órgano distinto del mismo departamento.

Ana Guerra manifestó que “suena a chiste que este Gobierno haya hecho perder dos años al sector pesquero esperando por un trámite administrativo, y ahora, con todos los plazos caducados, nos digan que hay que evaluar de nuevo el mismo plan, y encima el consejero nos diga que están cumpliendo con el sector”.

“Da la impresión de que nos están contando batallitas para no asumir su propia incompetencia, mientras la acuicultura está agonizando en las islas”, argumentó la diputada popular, quien recordó que el consejero de Agricultura se había comprometido a presentar el PROAC este mismo año, “y ahora se inventan un nuevo escollo para alargar su tramitación hasta 2014”.

Ana Guerra declaró que “el tiempo sigue corriendo en contra del sector pesquero y acuícola mientras el Gobierno no tiene ni un triste avance que enseñar a los empresarios de la acuicultura, que determine qué zonas son aptas, qué especies se autorizarán y qué características han de reunir las explotaciones”.

El Grupo Parlamentario Popular registró hoy por segunda ocasión una solicitud de información dirigida al Gobierno de Canarias para conocer los gastos en viajes, comidas y hoteles del presidente Paulino Rivero y demás personal directivo y de confianza en los desplazamientos oficiales fuera de la Comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2013.

El diputado Felipe Afonso anunció que en paralelo el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una queja formal ante la Mesa del Parlamento “ante la voluntad manifiesta de Paulino Rivero de ocultar a la Cámara y a la sociedad canaria los gastos de dinero público que representan sus viajes”.

Afonso advierte que “el Gobierno de Canarias incumple su obligación de atender las solicitudes de datos, informes y documentos que establece el Reglamento de la Cámara (artículo 12) por lo que resulta necesario que el Parlamento, a través de sus órganos de dirección, le amoneste y le requiera a rendir cuentas en tiempo y forma”.

A juicio del parlamentario popular, “aunque Paulino Rivero tenga mala conciencia por los gastos que suponen sus viajes y el de las comitivas de las que se hace acompañar en el extranjero, tiene una obligación legal y reglamentaria de informar del uso de los recursos públicos”.

Felipe Afonso recuerda que “no es la primera vez que el Gobierno de CC y PSOE se niegan a cumplir su obligación de informar al Parlamento sobre gastos públicos de su presidente y de su estructura directiva”.

“Es triste comprobar cómo un Gobierno que predica en público las bondades de la  transparencia, en realidad, practica la opacidad y el oscurantismo; reconociendo con su negativa a informar que no está dispuesto a que la sociedad conozca los gastos del presidente del Gobierno en viajes, hoteles y comidas que pagamos entre todos los canarios”.

El Grupo Parlamentario Popular arrancó hoy el compromiso del Gobierno de Canarias de facilitar la entrega de la Desaladora de Agua de Mar, Roque Prieto II, ubicada en Santa María de Guía, al Cabildo insular de Gran Canaria, con el fin de que pueda entrar en servicio lo antes posible.

La portavoz popular en materia de Agricultura, Ana Guerra, remarcó que esta instalación supuso la inversión de 8 millones de euros procedentes del Ministerio de Medio Ambiente, y lleva 6 años cerrada, “lo cual es una total irresponsabilidad teniendo en cuenta las gravísimas necesidades de agua que tiene la comarca norte de Gran Canaria”.

Ana Guerra recordó que las obras de ampliación de las instalaciones existentes en Roque Prieto comenzaron en el año 1997, y no terminaron hasta 2007. El Gobierno de Canarias la entregó en 2008 al Ayuntamiento de Santa María de Guía, que inició los trámites de cambio de titularidad de cuantas autorizaciones administrativas obran a favor del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Para la diputada popular “la clave fue la entrega de esta infraestructura al ayuntamiento de Guía, y no al Cabildo insular de Gran Canaria, como determina la Ley de Bases 7/1985 de Régimen Local, y como procedería al tratarse de un servicio supramunicipal de vital importancia por el que están esperando otras localidades como Agaete y Gáldar”.

En este sentido, destacó la predisposición del Cabildo grancanario a asumir la gestión de estas instalaciones a través de su Consejo insular de Aguas. “Nuestros agricultores están sufriendo verdaderas necesidades, cuando se podría disponer en la comarca de una planta desaladora que está incomprensiblemente cerrada y va a requerir todavía una inversión de 800.000 euros para entrar en funcionamiento”, concluyó.