El Partido Popular pedirá en el Parlamento de Canarias la ampliación del plan de comedores escolares puesto en marcha este verano por el Ejecutivo regional, al entender que “las 8.000 plazas ofertadas no alcanzan ni a la mitad de los alumnos cuyas familias sobreviven con menos de quinientos euros al mes”, según advierte la diputada Maribel Oñate.

La portavoz popular de Educación ha presentado una moción, fruto de la interpelación previa al consejero de Educación, en la que insta al Gobierno a elaborar un Plan Integral de Nutrición Infantil y Juvenil para el próximo curso, con el objeto de “garantizar el acceso a la alimentación de todos los escolares canarios, sin exclusiones ni segregaciones”.

Maribel Oñate insiste en que la apertura de los comedores en verano “ha sido una buena idea, pero mal proyectada y peor ejecutada“, y lamenta la “improvisación y la controversia” que ha precedido su puesta en marcha.

Según explica en su moción, la apertura de los comedores escolares durante este verán no cubre ni el 50% de los más de 17.200 alumnos cuyas familias tienen una renta inferior a los 500 euros mensuales, y excluye directamente a otros 19.300 alumnos que a lo largo de este curso han necesitado algún tipo de bonificación para asumir los gastos de su alimentación.

Los populares insisten en que la medida presentada por Rivero en el debate sobre el estado de la nacionalidad “no tiene en cuenta la verdadera dimensión del problema social al que nos enfrentamos”, y recuerdan que según el último informe de Unicef sobre la pobreza en Canarias, más de 112.000 menores viven en riesgo de exclusión en el Archipiélago.

El PP propone que la nutrición de los escolares se aborde de forma integral  para el próximo curso, “con la previsión suficiente”, a través de un Plan que incluya el programa de desayunos saludables y la ampliación de la apertura de los comedores en periodos no lectivos “a todos los menores escolarizados sin exclusiones, y subvencionables en función de las rentas familiares”.

La moción popular incluye también la propuesta de revisar las tasas del servicio de comedor “para adaptarlas a la realidad económica del Archipiélago”, así como la actualización de los baremos y procedimientos para la obtención de ayudas, considerando las recomendaciones realizadas en este sentido por el Consejo Escolar de canarias y las demandas de asociaciones de madres y padres.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, calificó hoy de “rotundo fracaso” la gestión de la consejera de Políticas Sociales del Gobierno, Inés Rojas, que por tercer año consecutivo esta legislatura obtiene la peor nota nacional en la clasificación de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y apuntó que “la responsabilidad última corresponde a Paulino Rivero, que es quien la mantiene en su cargo”.

“Esta entidad califica de irrelevantes los servicios que presta este Gobierno, que además es el que más ha recortado desde el año 2009 los fondos que destina a los distintos programas de Políticas Sociales, con una caída superior al 18%”, declaró la diputada del PP, quien apuntó que “lo único que se mantiene a buen recaudo es el gasto en personal, que ha subido un 10% en el mismo periodo”.

El mejor ejemplo de este fracaso, en opinión de Milagros Bethencourt, “es que Rivero y Rojas parecen ser las únicas personas que no se ha dado cuenta aún de que Canarias presenta los peores datos nacionales de desempleo, y que cerca de 700.000 isleños están en riesgo de exclusión, y nos anuncian una estrategia que carece de fondos, cronograma de trabajo y medidas de aplicación inmediata”.

Asimismo, remarcó que esta clasificación de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, que da a Canarias 2 puntos sobre 10 posibles, “desmonta el argumento del maltrato del Gobierno de España, el único que ha esgrimido el Ejecutivo regional desde hace dos años para asumir las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que le reserva nuestro Estatuto de Autonomía”.

“Es responsabilidad de este Gobierno que ocupemos también los últimos lugares en aplicación de la Ley de Dependencia según el Imserso, que haya 35.185 canarios esperando a que se acredite su grado de discapacidad, o que programas decisivos para mejorar el bienestar de los ciudadanos como el Plan Concertado de Servicios Sociales o la Prestación Canaria de Inserción haya perdido cerca de ocho millones en total”, concluyó.

La portavoz de Educación del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Maribel Oñate, aseguró hoy que “la LOMCE es la única oportunidad para más de cien mil jóvenes canarios que no tienen ninguna titulación, a los que el actual sistema educativo quiere condenar al fracaso, el abandono escolar y el desempleo en las Islas”.

Oñate rechazó esta mañana en el Pleno de la cámara regional las críticas “partidistas” del PSOE y CC, recogidas en una proposición no de ley “plagada de falsedades y prejuicios”, y defendió la necesidad “de una reforma educativa que asegure de verdad la calidad del sistema en todos sus niveles”.

“Si existe una comunidad donde la reforma de la educación es urgente y prioritaria, esa comunidad es Canarias”, aseguró la diputada popular, quien recordó que socialistas y nacionalistas llevan más de treinta años gestionando la educación en Canarias. “Cuando el sistema no es eficiente salen perjudicados los más vulnerables, y acaba convertido en una herramienta de exclusión social, como por desgracia sucede hoy en las Islas”, aseguró.

Para el Partido Popular el principal problema del actual modelo educativo no está en los recursos de los que dispone, sino en “la pervivencia de paradigmas fracasados, que la reforma pretende corregir, al margen de las crítica preventivas de socialistas y nacionalistas que ni siquiera abordan lo esencial de este proyecto de ley”.

Oñate acusó de “inmovilistas y anticuados” los posicionamientos del PSOE y CC, y anunció que la reforma educativa se complementará con un marco normativo específico para el profesorado, “una herramienta fundamental para el sistema educativo que requiere su propio tratamiento en diálogo con los docentes”.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, defendió hoy que la reforma de la Ley de Costas propuesta por el Gobierno de la Nación permite salvar los núcleos del litoral de Canarias, y aseguró que “han bastado 18 meses al Partido Popular para acabar con más de 20 años de incertidumbre, toda vez que el nuevo texto plantea una solución para el 90% de estas zonas, en peligro con la redacción anterior”.

Miles de viviendas de las siete islas podrán regularizarse con un trámite administrativamente sencillo y jurídicamente seguro, que la nueva norma deja en manos de las corporaciones locales y del Gobierno regional que, según apuntó Tavío, “está haciendo una errónea interpretación del procedimiento y prolongando innecesariamente la agonía de estos núcleos, que en su mayoría están salvados, provocando un daño irreparable a cerca de 60.000 canarios”.

“De hecho –prosiguió-, la nueva Ley está expresamente redactada para solucionar el problema del Archipiélago, con el fin de favorecer la preservación de nuestro litoral, por mucho que se empeñen en decir lo contrario quienes solo ven en Madrid la excusa para justificar su propia incompetencia política”.

Gracias a esta excepción, ya no será necesaria la condición de suelo urbano para legalizar los asentamientos costeros, y bastará con que el Ayuntamiento correspondiente delimite los núcleos afectados y certifique que disponían de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y electricidad antes de 1988, para que puedan ser autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente.

La diputada del PP recordó que el 80% del suelo en Canarias no tiene actualizado su planeamiento, y “el Ejecutivo autonómico no ha sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida, lo que habría facilitado una solución más expeditiva, como ha ocurrido en otras puntos del litoral peninsular y balear”.

“Comprendo que después de 25 años, PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría admitir su responsabilidad en la generación del problema, pero no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando la angustia a las familias afectadas, que tienen muy claro que el Gobierno regional no está moviendo ni un papel para arreglarlo”, concluyó.

La portavoz parlamentaria del PP en materia educativa, Maribel Oñate, manifestó hoy su temor a que haya estudiantes de Secundaria en Canarias que no puedan presentarse a los exámenes de acceso a la Universidad (PAU) porque sus familias no puedan abonar las tasas exigidas por la Consejería canaria de Educación.

“Sería una vergüenza social que alumnos que han completado satisfactoriamente los estudios de Enseñanza Secundaria en Canarias queden excluidos de la Prueba de Acceso a la Universidad por una cuestión económica, al no poder hacer frente sus familias a las tasas de 72 euros que la Administración regional exige a los estudiantes”.

Maribel Oñate lamenta que “ante la situación de crisis económica que padecen cientos de miles de familias en Canarias, la Consejería de Educación no haya concedido la exención de las tasas de la matrícula de la PAU a los estudiantes que conviven en una familia sin ingresos económicos”.

Para la portavoz educativa del PP, “todos los alumnos que han superado la Enseñanza Secundaria Obligatoria tienen derecho a presentarse a los exámenes de la PAU, con independencia de si posteriormente deciden o no cursar estudios superiores en la Universidad”.

“El hecho de que a un estudiante canario se le prive de ese derecho por una cuestión de dinero ante la incapacidad de su familia de afrontar los gastos de la matrícula representa un fracaso para el conjunto del sistema educativo y una discriminación bochornosa en el acceso a la educación superior”.

Maribel Oñate considera que “en el actual contexto de crisis, la Consejería de Educación debería haber ofrecido una solución a los estudiantes de familias sin recursos, al igual que existen bonificaciones y exenciones para las familias numerosas y para los estudiantes que obtuvieron matrícula de honor en la Secundaria”.

La portavoz popular reclamó en este sentido que la Consejería de Educación esclarezca públicamente si estudiantes canarios han sido discriminados en su derecho a presentarse a la PAU por razones económicas.