El Grupo Parlamentario Popular denunció que “a día de hoy el Gobierno de Canarias tiene pendiente de justificar el uso de 76,2 millones de euros” correspondientes a las aportaciones estatales de los convenios de vivienda y exigió al Ejecutivo autonómico “que deje de hacer trampas con los fondos para rehabilitación y renovación de viviendas en las islas, y explique el destino de los  millones que han venido a las islas procedentes del Gobierno de la Nación a cuenta de los planes de vivienda.
La portavoz adjunta, Cristina Tavío, y el diputado Felipe Afonso, manifestaron hoy en rueda de prensa que el comportamiento del Ejecutivo canario con los fondos transferidos por el Ministerio de Fomento para 44 obras distintas, dirigidas a renovar o rehabilitar 21.371 viviendas “supone un fraude a los vecinos afectados cuando solo han terminado los trabajos en 4 de los casos, y en el resto muchas veces ni siquiera han comenzado, y solo se ha puesto el cartel de obra”.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia de la consejera del Área, Inés Rojas, para que explique “a dónde han ido a parar los 76 millones. “La gestión del Ejecutivo regional en materia de Vivienda es absolutamente irresponsable, e implica a Rojas y al propio presidente, Paulino Rivero, que tiene que dejar ya de usar de escudo humano a su consejera y asumir su propia incompetencia”, dijo.
“La situación es difícilmente justificable -apostilló Cristina Tavío-, y Rivero tendrá que dejar de esconderse y contarnos la realidad: si el dinero no se ha invertido, y está parado porque el Gobierno que preside carece de liquidez para poner la cantidad que se acordó en el Convenio, o bien porque lo ha dedicado a otra cosa, lo cual sería gravísimo”.
“Mientras no se demuestre lo contrario, cabe la sospecha de que ese dinero se haya podido desviar para otros fines, porque los fondos del Estado no han podido evaporarse; existen y se han ingresado, pero desde luego, en las zonas a rehabilitar solo hay un cartel de obra, y no se ha movido ni una piedra”, declaró.
Por ello, la diputada del PP emplazó a Rivero a “dejar de engañar a los canarios” con viajes a Bruselas y reuniones con comisarios de la Unión Europea, en busca de más fondos para Empleo, “cuando hay subvenciones del Estado sin usar, pese a ser fundamentales para nuestras empresas de la construcción, muchas ya en quiebra, y para dar trabajo a decenas de miles de personas”.
Tavío detalló que en las únicas actuaciones que se han desarrollado, los ayuntamientos han tenido que asumir la prefinanciación de estas obras, ante la pasividad del Ejecutivo regional. “En muchos casos, para contar con el 25% de la financiación estatal, el Gobierno autonómico se ha limitado a poner el cartel en la parcela, sin explicar qué ha hecho con el dinero recibido de Fomento”, enfatizó.
Ayudas garantizadas
Los diputados populares salieron, asimismo, al paso de las afirmaciones de la consejera del Área, que acusó a Fomento de dejar sin rehabilitar más de 4.000 viviendas en las islas. “Esas afirmaciones se produjeron después de la Comisión Bilateral Canarias – Estado, del pasado 18 de junio, para analizar la situación del Convenio de Vivienda, y son radicalmente falsas”, aclaró Cristina Tavío.
La recientemente aprobada Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, señala en el apartado c) de su Disposición adicional segunda, el régimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales de Vivienda y Renta Básica de Emancipación:
c) Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los Planes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan sin efecto el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda.
El Grupo Popular reclama al Gobierno de Canarias que presente, como se acordó en la Comisión Bilateral, una estrategia que se ajuste a la realidad y a las verdaderas necesidades de la rehabilitación, pero según manifestó Tavío, “tendrán que ponerse las pilas, y presentarla a la hora de suscribir el convenio de colaboración para aplicar el nuevo Plan Estatal 2013-2016”.
ANEXO: ACTUACIONES DE PLANES ESTATALES ANTERIORES PENDIENTES DE JUSTIFICAR (2003 – 2012)

El detalle del importe de 76,2 millones de euros corresponde a las siguientes líneas de actuación:

•    Promoción de viviendas protegidas de nueva construcción en alquiler: 30,8 millones de euros.
•    Ayuda a inquilinos: 32,6 millones de euros
•    Áreas de Urbanización de Suelo: 2,4 millones de euros
•    Áreas de Rehabilitación: 4,8 millones de euros.
•    RENOVE: 1,7 millones de euros.
•    Ventanillas Únicas: 2,3 millones de euros.
•    Otras: 1,6 millones de euros.

Finalmente, el Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de subvenciones, el importe de 1.652.540 euros, asignado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2013, en las actuaciones que estén finalizadas y previamente justificadas.

El Pleno del Parlamento de Canarias rechazó hoy, con los votos de CC y PSOE, una moción del Grupo Parlamentario Popular que instaba al Gobierno regional a iniciar con carácter de urgencia un procedimiento dirigido a sacar a concurso y privatizar el Ente Público Radiotelevisión Canaria, salvaguardando los contratos actualmente en vigor, y destinar su presupuesto a políticas sociales y fomento del empleo.

Para el diputado popular, Víctor Moreno, “resulta sorprendente que los socialistas canarios prefieran seguir manteniendo la RTVC, convertida en un vehículo de promoción del presidente Rivero, asumiendo incluso eslóganes de Coalición Canaria, en lugar de ser consecuentes con la gravedad de la situación que atraviesa el Archipiélago, que aconseja ahorrarnos un gasto anual de 35 millones”.

“Incomprensiblemente –remarcó-, se ha apostado por mantener este gasto, cuando la Ley General de Comunicación Audiovisual, permite flexibilizar la gestión de las cadenas de televisión autonómicas de titularidad pública, con el fin de liberar recursos para destinarlos a lo esencial, especialmente cuando tiene una Estrategia contra la Pobreza y un Plan de Empleo Social para los que todavía no ha encontrado financiación concreta”.

“No conviene perder de vista cual es la realidad de lo que acontece hoy en Canarias, que según todos los estudios, es la región que más se ha empobrecido desde el inicio de la crisis, y donde 700.000 personas están en riesgo de exclusión, con una tasa de paro que ronda el 35% y miles de familias sin ningún tipo de ingreso”, apuntó el parlamentario del Partido Popular.

En este sentido, recordó que la petición se refuerza, además, por las deudas acumuladas por el Ente, la opacidad y falta de información a los órganos de control del Parlamento regional, “que la propia Audiencia de Cuentas ha reconocido en un proyecto de informe que habla de millones de euros en contrataciones que el máximo órgano fiscalizador de Canarias dice que no se ajustan al procedimiento administrativo común”.

“Los tiempos están para cada euro se dirija a potenciar el empleo, ayudar a las pymes, e incrementar el apoyo que damos a las ciudadanos que más lo necesitan, y no para que todos los canarios sigamos pagando una campaña de publicidad gratuita que garantice a Paulino Rivero repetir como candidato de su partido”, concluyó Víctor Moreno.

La diputada autonómica Ana Guerra remarcó hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que solamente 268 de las 7.500 explotaciones ganaderas de las islas han podido ser legalizadas en cuatro años, lo cual “demuestra que la excesiva burocracia del Gobierno regional está obstaculizando el desarrollo del subsector ganadero”.

Según indicó Guerra, desde que la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y ordenación del turismo, articulase el procedimiento para la regularización y registro de explotaciones ganaderas, apenas 968 titulares de estas explotaciones han presentado solicitud. “Tan solo una cuarta parte han sido aprobadas, y el resto siguen en trámite, bloqueadas por el Gobierno como tantos otros expedientes en esta región”, dijo.

En el año 2010, primer año de funcionamiento de este sistema, se legalizó la primera de ellas, en 2011, 223 explotaciones, y en 2012 tan solo 40. Por provincias, 442 ganaderos de Las Palmas, y 262 de Santa Cruz de Tenerife, están aguardando respuesta del Gobierno.

Además, la diputada del PP recordó que la Estrategia de la Ganadería de Canarias, aprobada por el Parlamento regional, preveía utilizar ayudas del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para subvencionar la puesta al día de estas explotaciones, “y el Gobierno no solo ha reducido los fondos con que cuentan estas subvenciones, sino que incluso reconoce que no ha concedido ni una desde el año 2010, achacándolo a restricciones presupuestarias”.

Ana Guerra concluyó demandando al Gobierno el cumplimiento de la citada estrategia, garantizando más ayuda a la comercialización de los productos de Canarias, más agilidad en la tramitación de subvenciones del Programa de Desarrollo Rural, y una mejora en la gestión de los fondos del POSEI, con el fin de favorecer en mayor medida a los productores locales.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, exigió hoy al presidente regional, Paulino Rivero, “que cumpla su compromiso público de aportar 10 millones de euros a la financiación del Plan de Empleo Social dirigido a los ciudadanos que no poseen ningún ingreso propio ni reciben prestación económica alguna, con independencia de la capacidad inversora de los ayuntamientos canarios”.

Australia Navarro informa de que el Gobierno y la Fecam han cerrado un acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Empleo Social por importe de 16,2 millones de euros “muy por debajo de la financiación de 30 millones a la que se comprometió Paulino Rivero en el Parlamento de Canarias”.

“Rivero anunció en marzo, y ya han pasado 3 meses, que el Gobierno aportaría la mitad de la financiación que aportasen los ayuntamientos al Plan de Empleo Social con un tope máximo de 10 millones de euros. Sin embargo y al comprobar que los ayuntamientos no pueden hacer ese esfuerzo de 20 millones, el Gobierno se desentiende y en vez de poner 10 pone 5,4 millones de euros”.

El Partido Popular, señala Navarro, considera que la gravedad de la situación socio-laboral de Canarias exige que, con independencia de la aportación de los municipios, el Gobierno aporte la totalidad de los 10 millones de euros que prometió Rivero.

De hecho, indica la portavoz popular, “con la actual financiación de 16,2 millones sólo 2.000 de los más de 132.000 canarios sin ningún tipo de ingresos se beneficiarán de este medida”.

“Es decir, menos del 1,5% de los canarios en esta situación extrema se podrán acoger al Plan, mientras que más del 98% de los ciudadanos que cumplen con los requisitos exigidos serán excluidos de cualquier beneficio”.

Australia Navarro considera que “es un fraude político a todos los canarios  presentar un plan de choque social con una ficha financiera tan ridícula y con un periodo de aplicación de 6 meses que es pan para hoy para unos pocos y hambre para mañana para todos. Exigimos que, al menos, el Gobierno dé un paso hacia adelante y haga efectiva toda la financiación que anunció”.

El Pleno del Parlamento de Canarias debatirá esta semana una moción del Grupo Parlamentario Popular, dirigida a instar al Gobierno de Canarias a proceder a la privatización de forma inmediata de Radiotelevisión Canaria, con el fin de dedicar su presupuesto, que ronda los 35 millones de euros, a fomentar el empleo y combatir la pobreza en las islas.

Según indicó el diputado del Partido Popular, Víctor Moreno, esta propuesta del PP constituye “un verdadero desafío” para CC y PSOE, que “deberán retratarse ante todos los canarios y decidir si les interesa más mantener una televisión pública, o bien utilizar el procedimiento legalmente previsto para su gestión privada, que permitiría dotar económicamente la estrategia contra la pobreza elaborada por el Gobierno”.

Moreno remarcó que la propuesta del PP se basa en el procedimiento contemplado en la Ley General Audiovisual, dirigido a favorecer la gestión privada de los canales de televisión de las comunidades autónomas, “con plenas garantías para los puestos de trabajo que genera, y salvaguardando los contratos en vigor”.

“700.000 canarios en situación de exclusión social, de ellos 110.000 niños, y un porcentaje de paro que ronda el 35%, son argumentos más que suficientes como para que socialistas y nacionalistas se planteen dejar de pagar un canal de televisión que solo sirve para perseguir a Rivero por Canarias y allende los mares, y destine el dinero a lo verdaderamente importante”, afirmó.

Estrategia sin fondos

En este sentido, en el próximo Pleno de la Cámara autonómica, y a petición del Partido Popular, comparecerá la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, para explicar el Plan Estratégico contra la Pobreza y su financiación.

Como declaró la portavoz del PP en materia de Políticas Sociales, Milagros Bethencourt, “un mes después de conocer que el Gobierno trabaja en este plan, todavía no conocemos cómo se va a financiar, y tan solo sabemos que existe un Plan Social de Empleo que solo empleará a 5.000 de los casi 400.000 canarios en paro, con fondos ya existentes, y comprometiendo encima fondos municipales”.

“Ya le dijimos a la consejera hace menos de una semana que este plan no va a arreglar el hambre en Canarias, a menos que se dote económicamente como procede”, aseguró la diputada del PP, quien expresó su sospecha de que este sea “un nuevo brindis al sol del Gobierno de Rivero, que ya ha advertido que no piensa desprenderse, ni de sus embajadas en el exterior, ni de instituciones inútiles como el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas”.