Águeda Montelongo: “El envío del informe al Tribunal de Cuentas, desmonta el intento del Gobierno de silenciar ilegalidades” Audio

La diputada autonómica del Partido Popular, Águeda Montelongo, manifestó hoy que, con la comparecencia del presidente de la Audiencia de Cuentas, “ha quedado ratificado en el Parlamento regional el informe que revela las ilegalidades cometidas en la gestión de Radiotelevisión Canaria que afectan a casi 300 millones de euros, entre los años 2007 y 2011”.

El presidente del órgano fiscalizador, Rafael Díaz, aseguró hoy que el informe está en poder del Tribunal de Cuentas desde el día siguiente de haber sido emitido, debido a que hay indicios de responsabilidad contable y deficiencias de gestión. «Ha quedado desmontado, por tanto, el intento del Gobierno de Canarias de silenciar y restar importancia a las graves irregularidades cometidas por su director general, al dictado del presidente Rivero», enfatizó Montelongo.

“Es más –prosiguió-, el Gobierno de Canarias mintió en el Pleno del Parlamento el pasado mes de septiembre cuando negó que la Audiencia de Cuentas hubiese actuado de oficio ante estos indicios, que hacen suponer que CC y el señor García han malgastado dinero público como si fuera su propia finca particular”.

“Además de la sumisión del Grupo Socialista, que en su día fue el que solicitó este informe y hoy ha querido desmarcarse, nos parece inconcebible que Paulino Rivero siga sin depurar responsabilidades y contribuya a que este caso quede impune pese a que se aprecian tan claros indicios de ilegalidad”, argumentó.

“Confiamos en que el Ministerio Fiscal, dentro del Tribunal de Cuentas, ejerza las acciones que procedan” declaró la diputada del Partido Popular, quien señaló que el Grupo Popular ha propuesto a la Agencia Tributaria que efectúe una inspección de RTVC y sus sociedades dependientes, y ha pedido que la investigación se extienda a toda la contratación de la televisión pública hasta el año 2013.

El informe definitivo, presentado el 1 de agosto ante el Parlamento, analiza un muestreo de 136 contratos del ente y sus sociedades entre junio de 2007 y junio de 2011, cuyo montante asciende a 264 millones de euros, en los que no se utilizó un proceso que permitiera garantizar la objetividad y la transparencia.

Montelongo remarcó que el presidente de la Audiencia de Cuentas “no ha podido explicar por qué los expedientes están incompletos, por lo que no sabemos qué quiere ocultar el director de RTVC, o si realmente estos documentos no existen y las adjudicaciones nunca se llegaron a formalizar correctamente; pero sí se confirma que la contratación no siguió criterios de eficacia, eficiencia y economía, violando el procedimiento legal para el gasto de dinero público”.

“El Gobierno se acoge a cláusulas de confidencialidad para justificar tanto oscurantismo, y no explicar cómo derrocha el dinero de los canarios, y buena prueba son los servicios informativos, donde un solo contrato aglutina casi la mitad de los 264 millones, y está siendo investigado ya por los tribunales, como parece ser que sucederá con la gestión del ente en su totalidad”, concluyó.