• El diputado popular considera que el cese de Taishet Fuentes no soluciona los problemas de los ganaderos
• Acusa al Ejecutivo regional de aplicar políticas continuistas y urge a Torres a cumplir con sus compromisos sobre la aplicación de la Ley de cadena alimentaria
• “Si la situación del sector es desesperada, más vergonzoso es la falta de ayudas reales y ágiles que están llevando a la ruina a una parte importante de explotaciones y empresas ganaderas”

El diputado del Grupo Popular y portavoz en materia de Agricultura, Juan Manuel García Casañas, aseguró hoy que “el presidente Ángel Víctor Torres ha utilizado al director general de Ganadería como cabeza de turco para intentar tapar la inacción de un Gobierno que ha abandonado a su suerte al sector primario”.

Para el diputado popular, “la inoperancia de la Consejería la ha pagado Taishet Fuentes, porque el presidente del Gobierno cree que con el cese del director general se van a resolver los problemas de los ganaderos, pero nada más lejos de la realidad ya que el sector ganadero, agrícola y pesquero llevan desatendidos estos tres años por una nula política”.

En este sentido, Juan Manuel García Casañas acusa al Ejecutivo regional de aplicar “políticas continuistas, y de no saber adaptar recetas y soluciones diferentes a problemas diferentes, lo que ha propiciado la desaparición de gran parte del sector que lleva desde 2020 pidiendo auxilio”.

“Los mismos problemas que el sector reivindicaba hace dos años son los mismos que han llevado a la ruina a una parte importante de explotaciones y empresas ganaderas”, indicó el diputado popular, quién solicitó “urgentemente” a Torres que “que cumpla con los compromisos adquiridos sobre la aplicación de la ley de cadena alimentaria”.

Según explicó García Casañas, “hace dos meses, y vista la inoperatividad de la consejera, el presidente Torres mantuvo una reunión con representantes del sector ganadero y del sector de la distribución para organizar la venta de productos a precios justos, que garantizarán que nuestros ganaderos pudieran hacer frente a los costes de producción”.

“Lo cierto es que la ley de cadena alimentaria, que se modificó en 2020, lleva en vigor varios años y pese a las promesas del presidente Torres de hacerla cumplir aún no están preparados los equipos, y esto no es culpa del director general de Ganadería”, incidió.

Por esta razón, el Partido Popular vuelve a exigir “como llevamos haciendo desde hace tiempo, que se haga cumplir la ley para poder garantizar unos precios justos de venta para el sector, que se apliquen políticas de futuro y se utilice el exceso de recaudación para aliviar los costes que están hundiendo al sector ganadero”.

“El brutal aumento de los costes de producción, de materias primas, de insumos, de alimentación, de trasportes, de combustibles, de electricidad, entre otros, está terminando de destruir a un sector estratégico para Canarias”, quién añadió que “si la situación del sector es desesperada, más vergonzoso es la falta de ayudas reales y ágiles por parte del Gobierno de Canarias que durante esta legislatura no ha hecho una apuesta clara por el sector”

Por último, Juan Manuel García Casañas avisa que “los problemas del sector no se arreglan con ceses ni anunciando una nueva orientación de la política ganadera. El sector no necesita más promesas sino hechos”.

• El diputado popular reclama “una vez más” una política migratoria de Estado “ante la falta de medios y recursos”
• Lamenta el “silencio cómplice” del Gobierno de Canarias que sigue sin exigir medidas certeras y soluciones inmediatas
• Insiste en que Canarias no puede asumir en solitario la incesante llegada de embarcaciones ni la tutela de más de 2.700 menores

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Enseñat, alabó hoy la labor que desempeñan los ayuntamientos y los cabildos que “con su trabajo y esfuerzo suplen las desvergüenzas del Gobierno de Pedro Sánchez con la inmigración, pues a pesar de no tener competencias han tenido que destinar sus propios recursos económicos, técnicos y humanos a atender este drama humanitario”.

Enseñat, que realizó estas declaraciones tras la intervención del representante de la FECAI en la comisión de estudio sobre la inmigración en Canarias, celebrada en el Parlamento, volvió a denunciar al abandono del Ejecutivo central “que ha dejado desasistidas a las Islas”.

“El presidente Torres debe plantarse ya ante su jefe de filas en Madrid y exigir con contundencia medidas certeras y soluciones inmediatas, no sólo ante el repunte en la llegada de inmigrantes, -más de 8.500 personas hasta el 15 de junio, lo que supone un 50,6% más que en el mismo periodo del año pasado- sino también para atender la ‘emergencia migratoria’ que está suponiendo para Canarias la atención de más de 2.700 menores migrantes no acompañados en solitario”, añadió.

En este sentido, Fernando Enseñat reclama “una vez más, una política migratoria de Estado ante la falta de medios y recursos, que también ha sido denunciada por asociaciones, colectivos y colegios profesionales”, al tiempo que recordó “las improvisaciones que han obligado a ceder tiendas de campaña, terreros de lucha, naves industriales y hoteles para atender a los inmigrantes ante la falta de infraestructuras y el desborde de las instituciones”.

Por último, resaltó que “si en algún lugar de las costas españolas es necesario una verdadera política de estado en esta materia es, precisamente, en la ruta canaria en la que según los datos publicados por diversas ONG fallecieron más de 4.000 personas, convirtiendo esta travesía atlántica en un cementerio”.

• Juan Manuel García Casañas aboga por establecer una política pesquera de futuro “en la que se articulen medidas que permitan la supervivencia, independencia y desarrollo del sector”
• “Los cofrades demandan infraestructuras y modificaciones normativas de reglamentos para desarrollar su actividad y mantener un sector estratégico para las Islas”
• Exige que se abandone la “política de parches constante” y se apueste por un diálogo verdadero con las cofradías ante su total abandono y falta de atención

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, reclamó a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca un plan de autosuficiencia para el sector pesquero, “que recoja realmente una política de futuro, y donde se articulen medidas que permitan la supervivencia, independencia y desarrollo de esta actividad”.

Casañas, que solicitó la comparecencia de la titular del área para que diera cuenta del plan de inversiones de las cofradías de pescadores, aseguró que “los cofrades demandan infraestructuras y modificaciones normativas de reglamentos que les permita desarrollar su actividad con normalidad y mantener un sector estratégico para Canarias”.

“No basta sólo con seguir dando subvenciones para equipamiento o funcionamiento, el sector necesita un plan que dote de recursos, de autonomía y de seguridad jurídica a cada una de las cofradías”, indicó el diputado popular, para quien “solo así evitaríamos situaciones como que alguna cofradía lleve dos años esperando por un trávelin, por una máquina de hielo o por la cesión de determinadas instalaciones que les permitiría poder cubrir sus gastos de personal y mantenimiento”.

Según Juan Manuel Casañas, “la política pesquera de este gobierno ha sido desastrosa y año tras año el sector se ha ido reduciendo como consecuencia de la falta de planificación pero sobre todo por la falta de comunicación con las cofradías que ha impedido dotarlas de lo que necesitan para que no dependan de la administración”.

“¿Qué está pasando dentro de su consejería?, ¿hay comunicación entre usted, su viceconsejero y su director general?, ¿está el sector pesquero bien defendido?”, preguntó del diputado popular, quién sentenció que “a la vista de las declaraciones de todo el sector pesquero sabemos que no, pues es palpable la disconformidad con su gestión y las quejas por la falta de comunicación”.

En este sentido, Casañas exigió a la consejera que abandone la política de “parcheo constante” y apueste por un “verdadero y firme” diálogo con las cofradías de pescadores, que “se quejan de falta de atención y total abandono, cuando son las que conocen cómo impulsar y como reactivar mejor una actividad vital para todos los canarios”, concluyó.

• La portavoz de Educación plantea que las personas que accedan por concurso oposición tengan que demostrar y conocer las singularidades del sistema educativo de Canarias, los recursos con los que cuenta y ponerlos en práctica
• Hernández Labrador afirma que con esta iniciativa pretendemos proteger la estabilización de nuestro personal ante el posible efecto llamada que pueda tener el proceso en otras comunidades autónomas

La portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández Labrador, pidió hoy al Gobierno de Canarias que tenga en cuenta “nuestras especificidades” en las pruebas del concurso de méritos para la estabilización del personal docente de las islas “con el fin, señaló, de dar respuesta a las preocupaciones que despierta en Canarias” la aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Con la aprobación de una Proposición No de Ley, que contó con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, Hernández Labrador logró el respaldo de la Cámara para que los responsables de la Consejería de Educación exijan a las personas que accedan por concurso oposición que tengan que demostrar y conocer las singularidades del sistema educativo de Canarias, los recursos con los que cuenta y ponerlos en práctica.

Según la portavoz popular en materia educativa “pretendemos superar con esta iniciativa la incertidumbre que ha generado entre los posibles aspirantes en situación de temporalidad” la aplicación tanto de la Ley 20/2021 como del Real Decreto 276/2007 y buscamos que “al igual que en las comunidades autónomas con lengua oficial se establece como requisito el reconocimiento de la misma, la administración educativa canaria pueda incorporar nuestra peculiaridades”.

“Canarias también tiene especificidades propias por su condición de región ultraperiférica y archipelágica y se trata, apuntó, de buscar los mecanismos para  proteger la estabilización de nuestro personal ante el posible efecto llamada que pueda tener el proceso en otras comunidades autónomas”.

Así mismo, entre los puntos transados con el resto de grupos parlamentarios, la diputada popular destacó que la iniciativa solicita que “las personas que accedan por concurso público o de méritos, superada la fase, desarrollarán módulos dedicados al patrimonio natural, histórico y cultural de Canarias, como al sistema educativo archipielágico”.

“Además pretendemos que se estudie la celebración de una prueba de entrevista personal en el que se valorará, entre otras cuestiones, la Historia y Geografía de Canarias”, agregó Hernández Labrador.

Por último, destacó la decisión del Parlamento de Canarias de instar al Gobierno de Canarias a coordinarse con el resto de comunidades autónomas  con el fin de hacer coincidir los procesos de estabilización en tiempo y forma “para proteger lo máximo posible la estabilización de nuestro personal”, concluyó.

• La diputada popular lamenta que el Gobierno de Canarias no haya dialogado previamente con los colectivos, que verán afectada su actividad
• Según Reverón “el borrador parte de la premisa de prohibir, en vez de apostar por un equilibrio entre la conservación y los usos públicos en el Parque Nacional”
• Exige que se suspenda la tramitación para establecer un diálogo con la sociedad y que no se lleve a cabo una imposición que además afecta a los sentimientos de los tinerfeños

La diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, volvió a exigir la paralización del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide elaborado por el Gobierno de Canarias “porque en lugar de regular lo que hace es prohibir, sin tener en cuenta a la sociedad canaria”.

Reverón, que solicitó la comparecencia del consejero de Planificación Territorial en el Pleno del Parlamento para que explicara los pormenores de este documento “duramente contestado”, lamentó que “el Ejecutivo de Torres no haya tenido la sensibilidad de establecer un diálogo previo con los colectivos cuya actividad se verá afectada”.

“El borrador del PRUG se basa en la premisa de prohibir o limitar en extremo múltiples actividades, un hecho que ha generado el rechazo de numerosos colectivos que, en muchos casos, no ven solo peligrar su ocio, sino también su economía”, indicó la diputada popular, quien afirmó que “asociaciones deportivas, de turismo, de ocio y del sector primario y audiovisual han visto como sus actividades se verán restringidas, con el consiguiente perjuicio para la economía de la isla, y aparentemente sin criterios técnicos”.

Para Luz Reverón, “el Partido Popular entiende la necesidad de abordar una regulación que minimice el impacto de la actividad humana en el entorno natural del Teide, pero debe existir un claro equilibrio entre la conservación y los usos públicos del mismo”.

“Hay que preservar los valores naturales de nuestro Parque Natural, pero esto en ningún caso es incompatible con el hecho de que de manera regulada, tinerfeños y visitantes puedan seguir disfrutando de sus numerosos atractivos”, añadió la diputada popular, para quien “regular si, prohibir no porque el Teide es un sentimiento, el Teide es algo nuestro que queremos proteger pero también disfrutar”.

En este sentido, Luz Reverón señaló que “la ampliación del periodo de alegaciones del PRUG no es suficiente, por eso reclamamos nuevamente que se suspenda la tramitación y se establezca un diálogo con la sociedad de la Isla, y que no se lleve a cabo una imposición que, además, afecta a los sentimientos que a muchos tinerfeños nos despierta el Teide”.

“Olvide su hoja de ruta, paralice este proceso que se limita a prohibir o aumentar significativamente las restricciones a múltiples actividades, demostrando así la incapacidad del Gobierno de Canarias de idear un modelo de gestión que aúne la conservación con el uso regulado”, añadió.

Por último, Luz Reverón reclamó al consejero de Planificación Territorial un proceso de escucha y diálogo “con los sectores que tienen algo que decir. Sólo así, podremos tener un PRUG que cuente con el consenso de la sociedad tinerfeña, en general, y de los diferentes colectivos, en particular”.