• El diputado popular critica que, en apenas seis meses, hay 16.500 canarios más esperando por una intervención o por la consulta de un especialista
• Ponce asegura que “no sólo hay más canarios esperando, sino que también esperan más, ya que la demora media para una operación aumentó en 18 días, pasando de 18 a 21 semanas”
• A su juicio, “unas cifras que reflejan no sólo el fiasco del Plan Aborda sino la incapacidad para arbitrar las medidas necesarias con el fin de evitar que la incidencia del COVID repercutiera en la atención que reciben el resto de pacientes”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Ponce, exigió hoy soluciones para los más de 171.000 canarios que aguardan para ser atendidos por el Servicio Canario de la Salud (SCS), “11.500 más que en junio de 2021, un incremento del 7,5 por ciento en las listas de espera que certifica el fracaso del Plan Aborda”.

Tras analizar los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2021 presentados recientemente por el consejero de Sanidad, Ponce aseguró que “han necesitado más de dos meses para maquillar los datos, pero a pesar de ello no pueden ocultar la realidad, que no es otra que las listas de espera sanitarias no han parado de crecer en casi todos sus parámetros”.

“Hay más pacientes que esperan por una operación, han aumentado los que esperan por un especialista y siguen disparados los que aguardan por una prueba diagnóstica”, apuntó Ponce, quien añadió que “una situación que refleja no sólo el fiasco del Plan Aborda sino la incompetencia e incapacidad para arbitrar las medidas y protocolos necesarios para evitar que la incidencia del COVID repercutiera en la atención que reciben el resto de pacientes del SCS”.

Para Ponce, “el Partido Popular ha insistido en que lo importante era tomar medidas que minimizaran el impacto que ya se sabía que iba a tener la pandemia, sobre todo en los momentos de menos incidencia, y es evidente que no se ha conseguido”.

En este sentido, el diputado popular criticó que el Ejecutivo caiga “una y otra vez en el triunfalismo y el autobombo” cuando hay 30.700 canarios, 3.200 más que en junio pasado, esperando por una operación. “No sólo es que hay más canarios esperando, sino que también esperan más, ya que la demora media para una intervención aumentó en 18 días, pasando de 18 a 21 semanas”.

“También aumentó de manera alarmante el número de canarios que aguardan por la consulta de un especialista, 12.800 más que hace seis meses, y además sigue habiendo 24.200 que esperan por una prueba diagnóstica”, indicó Ponce, para quien “alguien debería hacer autocrítica, asumir responsabilidades, pedir disculpas a los usuarios de la sanidad canaria, y no estar constantemente excusándose por la pandemia”.

Según Ponce, “de hecho, fue durante la pandemia cuando el presidente Torres nos anunció la puesta en marcha del Plan Aborda con el objetivo de reducir las listas de espera un 30% y que la demora media no superara los 90 días. Hoy sabemos que no se está cumpliendo y, por el contrario, la lista de espera ha aumentado un 25% y la demora media en vez de acercarse a los 90 días se sitúa en los 144 de espera para una operación, lo que nos sitúa entre las peores comunidades del país, que también han tenido que luchar contra el COVID”.

El diputado popular reiteró que “más allá de diapositivas y gráficas, lo importante es saber cuántos pacientes de más de 6 meses se les canceló una intervención por la pandemia; cuántos han salido de la lista de espera porque se han ido angustiados a la sanidad privada o cuántos de esos pacientes ingresaron por empeoramiento o fallecieron esperando”.

Por último, Miguel Ángel Ponce aseguró que “mientras en estos dos últimos años los profesionales sanitarios han sabido estar a la altura frente a la adversidad, los responsables políticos no han dado la talla. Sólo se han dedicado a anunciar una lluvia de millones que los canarios no ven que esté mejorando la asistencia sanitaria que reciben”.

• El diputado popular señala que no es de recibo la negativa de la ministra Montero a realizar la modificación fiscal necesaria para que los hoteleros isleños puedan recibir la devolución de las cuotas pagadas del impuesto y no cobradas tras la quiebra del turoperador
• El portavoz parlamentario de Turismo recuerda que en la península ya se devolvió el IVA y afirma que los empresarios turísticos canarios merecen igualdad de trato que sus homólogos peninsulares
• “Después de más de dos años desde que el turoperador británico se declarara en quiebra, todavía hay empresas turísticas en Canarias que siguen esperando para recuperar unos 5 millones de euros abonados a la hacienda canaria en concepto de IGIC”

El portavoz de Turismo del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Carlos Ester, logró hoy el apoyo del Pleno de la Cámara autonómica para que el Gobierno de España realice las modificaciones necesarias del REF de Canarias que permita “recuperar a las empresas turísticas canarias el IGIC atrapado en procedimientos concursales como es el caso de la quiebra del turoperador Thomas Cook”.

Carlos Ester recordó que en la península ya se devolvió el IVA a los empresarios afectados por los impagos del turoperador británico y afirmó que “los empresarios turísticos canarios merecen igualdad de trato que sus homólogos peninsulares y no seguir esperando una solución”.

En este sentido, criticó el poco peso que, de nuevo, ha demostrado el Gobierno de Canarias que “no ha logrado convencer a la ministra de Hacienda para que realice la modificación fiscal con el fin de que los hoteleros isleños puedan recibir la devolución de las cuotas pagadas del impuesto por facturas que no han cobrado tras la quiebra de Thomas Cook”.

Ester recordó que, tan solo en España, el hundimiento de la agencia británica, según datos de Exceltur (Excelencia Turística), dejó deudas por valor de 200 millones de euros en el sector turístico y que los destinos más afectados fueron Baleares y Canarias. En esta última las plazas aéreas canceladas por la caída del turoperador ascendieron a 311.000 en la temporada de invierno 2019-2020 y 307.400 plazas programadas para la temporada de verano.

Según el portavoz popular las cadenas hoteleras y extrahoteleras de las islas se encontraron entonces con un doble problema, a los impagos del turoperador se sumaron las cuotas del IGIC abonadas a Hacienda de facturas que todavía no habían cobrado de la agencia turística británica. “Un agravio que la administración socialista está tardando en solucionar”, agregó.

“Lo cierto es que después de más de dos años desde que el turoperador británico se declarara en quiebra, hay empresas turísticas en Canarias siguen arrastrando este problema” dijo el diputado popular que reveló que “en total se estima que los empresarios del archipiélago tienen cinco millones de euros abonados en concepto de IGIC pendientes de devolución”.

“De nada nos sirve tener aquí y en Madrid gobiernos con el mismo signo político si no se consigue que nos hagan caso y se niegan a solucionar en Canarias problemas que sí han arreglado en la península”, afirmó Ester.

“Aunque ya todos sabemos el nulo caso que hacen al gobierno de Torres en Madrid. Lo aprendimos con el problema de la inmigración, el problema del empleo, el poco interés por cumplir el REF y nuestro Estatuto de Autonomía y, ahora, dando largas a las legítimas demandas de los perjudicados por Thomas Cook”, concluyó.

• Qadri aboga por aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF o por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual
• Asimismo solicita bonificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
• El diputado popular lamenta que los grupos que apoyan al Gobierno hayan votado en contra de esta iniciativa “que perseguía hacer más atractivos estos núcleos”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Qadri, propuso hoy durante el Pleno del Parlamento un paquete de rebajas fiscales en los municipios rurales que ayuden a compensar la lejanía de los servicios y la pérdida de población, “y con el objetivo de que estas localidades sean atractivas, no sólo por la tranquilidad sino también desde un punto de vista económico, tanto para las personas como para las empresas”.

Durante la defensa de esta Proposición No de Ley, Qadri planteó una nueva fiscalidad para los habitantes de los municipios de menos de 10.000 habitantes con medidas como aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF o por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual.

El diputado popular también abogó por bonificar el Impuesto de sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, “o aplicar otro tipo de medidas como la que ha impulsado el PP de Canarias en los municipios en los que gobierna bonificando el 95% de las plusvalías”.

“Lo más importante no es la deducción o qué porcentaje aplicamos, lo importante es dar el primer paso y tomar medidas para mantener viva la Canarias más rural y empezar a verla como una oportunidad en vez de como un problema o un gasto”, indicó Jacob Qadri, quien añadió que “vivir en estos municipios tiene un sobrecoste real en tiempo y en dinero porque estás más lejos de los centros sanitarios, deportivos y laborales, y encima hay que añadir la sobreprotección ambiental que dificulta muchas veces su desarrollo”.

En este sentido, el diputado popular lamentó el voto en contra de los grupos que apoyan al Gobierno – PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Canarias- “que hablan de potenciar las medianías, de reforzar las escuelas unitarias o de fortalecer el sector primario, para luego rechazar una propuesta real y efectiva para fijar población y hacer más competitivo estos municipios”.

“No basta con ir a estos núcleos en periodos electorales y hacerse la foto, hay que dar pasos para atajar uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Canarias y aprobar o seguir trabajando en iniciativas para que pueblos como el mío, Barlovento, donde muchos hemos decidido vivir, criar a nuestro hijos, y hacer planes de futuro no desaparezcan”, concluyó.

• La diputada popular critica que los responsables de Presupuestos y Hacienda se nieguen a revisar sus obsoletas previsiones de crecimiento y a dar ejemplo apretándose el cinturón con medidas de contención del gasto
• Recordó al Gobierno de Canarias que países como Alemania, Polonia, Francia, entre otros, ya lo han hecho y comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León ya han bajado los impuestos desde el 1 de enero para aliviar las consecuencias de la inflación

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, exigió hoy al Gobierno de Canarias, durante el Pleno de la Cámara autonómica, que “sea solidario” con el esfuerzo de los canarios para llegar a fin de mes y “revise a la baja los impuestos para ayudar a las familias y emprendedores a hacer frente a la subida del precio de la luz, los combustibles y la cesta de la compra”.

Australia Navarro, que preguntó hoy al vicepresidente del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, en el transcurso de la sesión de control al gobierno por las medidas que piensa adoptar para reducir los efectos de la inflación, cifró en más de un 6% la pérdida de poder adquisitivo de los canarios y recordó al también consejero de Hacienda que gracias a sus políticas irresponsables “Canarias es menos rica y los canarios mucho más pobres”.

“Lo cierto, dijo, es que hoy por hoy de recuperación y remontada, nada de nada. Los precios de la luz, los combustibles o la cesta de la compra se ha convertido en un reto inalcanzable para miles de familias y empresas canarias y en un freno para la reactivación”.

“Piensa dar marcha atrás al sablazo fiscal que dieron en 2019, además de aplicar algún factor de corrección en la tarifa autonómica del IRPF, rebajar el IGIC y el impuesto especial sobre los combustibles para evitar que la inflación se convierta en una subida fiscal encubierta”, insistió Australia Navarro que acusó al Ejecutivo regional de “hacer caja con la inflación”.

Al respecto, le recordó que países como Alemania, Polonia, Francia, entre otros, ya lo han hecho y comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León ya han bajado los impuestos desde el 1 de enero para aliviar las consecuencias de la inflación.

Para la diputada popular “la alternativa no puede ser no hacer nada” cuando las familias y emprendedores canarios tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, por eso pidió al responsable de Presupuestos y Hacienda que “revise sus previsiones económicas y de ejemplo apretándose el cinturón con medidas de contención del gasto”.

“A pesar de la propaganda gubernamental” la inflación ha devorado nuestros ahorros, la subida del SMI y la de las pensiones y añadió que “nuestro poder adquisitivo se ha desplomado más de un 6%, lo que supone en la práctica, como si los salarios en Canarias se hubieran reducido en casi 1.200€ anuales”, finalizó.

• La diputada popular critica que sean las administraciones locales de las islas no capitalinas quienes tengan que sufragar el alojamiento y las dietas de los agentes desplazados
• Reprocha que en los momentos más álgidos de la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias no haya movilizado a la policía autonómica para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Lamenta que el Ejecutivo de Torres no afronte con valentía la necesidad que tienen algunas islas de contar con un destacamento permanente

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Astrid Pérez, exigió hoy al consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el despliegue de la Policía Canaria en las islas no capitalinas del archipiélago, “con una planificación que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada isla porque todos los canarios la financiamos, los de las islas capitalinas y no capitalinas, pero no todos contamos con sus servicios”.

Durante una comparecencia en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad en el Parlamento de Canarias, Astrid Pérez criticó el hecho de que cuando estos agentes se desplazan a otras islas sean las administraciones locales, o insulares, quienes tengan que sufragar el alojamiento y las dietas.

“¿Por qué tienen que pagar un extra los ayuntamientos o los cabildos de las islas no capitalinas si al igual que las demás ya financiamos los 20 millones anuales que nos cuesta este Cuerpo?”, preguntó la diputada popular, quién añadió que “catorce años después de su creación, la Policía Canaria sigue sin ser la policía de todos los canarios”.

Asimismo, criticó que durante los momentos más álgidos de la crisis migratoria en Lanzarote o Fuerteventura, el Gobierno de Canarias no haya movilizado de motu propio a efectivos de la Policía Autonómica para dar apoyo y reforzar las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en estas islas y que estaban desbordados.

“¿Es que acaso los ciudadanos de Lanzarote, La Gomera o La Palma no tienen los mismos derechos que los de Tenerife o Gran Canaria?”, cuestionó la diputada popular, al tiempo que indicó que “con esta diferenciación, el Gobierno de Canarias asume que los ciudadanos de las Islas no tienen los mismos derechos y que hay canarios de primera y de segunda”.

En este sentido explicó que “ayuntamientos de otras islas, aunque quieran un refuerzo de seguridad para sus fiestas patronales o celebraciones, no pueden asumir el coste medio que supone 100 euros por persona y día; porque instalaciones que son de su propiedad, y que usan otros cuerpos en momentos puntuales, no son óptimas para la Policía Canaria y porque no pueden asumir ese plus de seguridad al que realmente tienen derecho como canarios que son”.

Según la diputada popular, “esta es la triste realidad que el Gobierno de Canarias no quiere ver y ante la que no está haciendo absolutamente nada, porque ni corrigen esta situación ni afrontan con valentía la necesidad que tienen algunas islas de contar con un destacamento permanente”.

Astrid Pérez reclamó al Gobierno de Canarias que asuma el coste económico que actualmente tienen que asumir las corporaciones locales cuando requieren un refuerzo puntual de estos efectivos y urgió a buscar soluciones a corto plazo, “porque son ustedes los responsables de mantener un sistema que, en la práctica, no es un servicio público esencial para todos los canarios”, concluyó.