El Partido Popular preguntará este martes en el pleno del Parlamento de Canarias al presidente Paulino Rivero por sus contradicciones acerca de las prospecciones de hidrocarburos por parte de Marruecos.

En el mismo sentido, los populares reclamarán en otra iniciativa parlamentaria que el Gobierno renuncie definitivamente a su batallita contras los beneficios del petróleo y del gas para Canarias y no ponga los medios de comunicación públicos al servicio de una causa tan absurda como perjudicial para la Comunidad autónoma.

La portavoz popular, Australia Navarro, entiende que a la luz de los acontecimientos el Ejecutivo autónomo debe rectificar porque no es defendible que se prive a España y a Canarias en particular de los beneficios económicos que Marruecos si puede y va a aprovechar.   

En el orden del día del pleno parlamentario, el Gobierno comparecerá a petición del PP para informar del inicio del curso escolar 2013-2014 y de la ausencia de políticas efectivas para reducir las elevadas tasas de fracaso y de abandono escolar en Canarias.

El Ejecutivo de CC y PSOE también comparecerá para rendir cuentas sobre el estado del concurso de adjudicación de los servicios de distribución y difusión de señales de TDT y FM.

Crédito extraordinario

Además, el PP someterá a consideración del pleno las 30 enmiendas presentadas al proyecto de ley de reparto de 206 millones de euros de financiación  extraordinaria, que persiguen reforzar con 36 millones adicionales las políticas de protección social, educativas y de empleo, con especial atención a financiar un verdadero plan integral para reducir las listas de espera sanitarias en la Comunidad.

También se debatirá una moción consecuencia de la Interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre la política general del sector caprino-ovino, y una proposición no de ley dirigida a instar al Gobierno a articular una Estrategia de Promoción y Comercialización de productos agrarios, agroalimentarios y pesqueros.

Por último, los populares solicitarán información al Gobierno sobre las irregularidades detectadas en el Plan de Modernización del Puerto de Mogán; sobre el desarrollo de la Ley Canaria de Juventud, y sobre los controles realizados sobre la actividad contaminante de la refinería de Santa Cruz de Tenerife.

El diputado del Partido Popular Felipe Afonso ha denunciado hoy que el Gobierno de Canarias sigue sin abonar a los estudiantes universitarios las becas del pasado curso 2012/2013, en las modalidades de residencia, transporte aéreo o marítimo, desplazamiento y compensatoria.

“En torno a 2.700 estudiantes esperan a día de hoy recibir una beca que corresponde al curso pasado”, señala Afonso El Jaber, al tiempo que reclama al Gobierno de Canarias “su inmediato abono”. Para el diputado popular es “incongruente que este Gobierno se dedique a criticar continuamente la política de becas del Ministerio de Educación, mientras ellos aquí llevan un retraso escandaloso que sufren los bolsillos de las familias que más lo necesitan”.

“La gestión de estas becas es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Canarias, en esto no pueden echar balones fuera”, sentencia Felipe Afonso, al tiempo que denuncia que “mientras prometen más becas que nadie, luego no las pagan hasta el siguiente curso, lo que resulta patético y desnaturaliza el sentido de las becas, porque a estas alturas el que pudo estudiar estudió y el  que no pudo, por razones económicas, desplazarse o tener una residencia, a esta altura ya no tiene solución.  Así es este gobierno de PSOE y CC, que promete más que nadie, pero que gestiona peor que nadie”.

Desde el Partido Popular recuerdan que el Ministerio de Educación ya ha pagado las becas correspondientes al curso 2012/2013, y que el BOE del pasado 19 de agosto ya convocó las becas para el presente curso académico 2013/2014.

El PP ya ha denunciado en diferentes ocasiones la “nefasta” gestión del ejecutivo regional en la resolución de las becas. “Ya hubo retraso en el abono de la beca de matrícula del curso pasado, que tuvo lugar después de la finalización del curso”.

La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, lamentó hoy que el Gobierno de Canarias esté utilizando la Comisión de Políticas Sociales “como escenario de su engaño continuado a los más necesitados de las islas”, y recordó a la consejera del Área, Inés Rojas, que la Prestación Canaria de Inserción (PCI), “no es un juguete al servicio de su propaganda política”.

“Nos preocupa que este Gobierno siga alimentando falsas esperanzas en el 38% de los canarios que se encuentran en riesgo de exclusión”, añadió la portavoz popular en materia de Políticas Sociales y Vivienda, “cuando poco se podrá hacer con los 20 millones dedicados a combatir la lacra de la pobreza, que afecta a unos 800.000 canarios”.

En este sentido, agregó que el colectivo de Trabajadores Sociales de Canarias ya ha advertido de la mala gestión de estos fondos. “A mes de junio –dijo-, ya no queda ni un euro de lo presupuestado por el Ejecutivo regional para todo el año, lo cual demuestra que Paulino Rivero y su consejera no tienen claras las prioridades, y dejarán a miles de canarios sin la prestación que les corresponde”.

“Además, Inés Rojas ha demostrado hoy un total desconocimiento de sus propias medidas y ha negado que vaya a dedicar 2,3 millones de euros a que los Ayuntamientos gestionen la PCI, como figura en el Proyecto de Ley de reparto del déficit, y que han vendido como el pilar estrella de la estrategia canaria contra la exclusión”, afirmó la diputada del PP.

Bethencourt reclamó a la consejera que explique “de una vez por todas” el destino de los 4,3 millones previstos para la PCI, pues “tiene confundidos a los ayuntamientos que han de prestar estos servicios, y lo que es peor, a los miles de canarios que están esperando una ayuda que no sabemos si llegará algún día”.

Reforma Régimen Local

En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Popular pidió tanto a la consejera como a los diputados de CC y PSOE que dejen de confundir a los vecinos con la Ley de reforma de la administración local. “Las afirmaciones de socialistas y nacionalistas respecto a que los ayuntamientos de Canarias dejarán de prestar servicios sociales son radicalmente falsas, y están sembrando el desconcierto de forma irresponsable e intencionada”, aseguró Milagros Bethencourt.

“Precisamente –aclaró-, esta reforma simplifica y garantiza los servicios a los ciudadanos, bajo el principio «una administración, una competencia», con el fin de que se puedan financiar de forma estable y transparente, sin duplicidades que al final terminan por perjudicar al usuario”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Turismo, Astrid Pérez, manifestó hoy que el Gobierno de Canarias pretende ocultar las discrepancias del Estado respecto a la constitucionalidad de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y la prohibición de construir hoteles de menos de cinco estrellas.

El Gobierno de la Nación ha manifestado sus dudas respecto a la validez del artículo 4.2 de esta Ley, “dando la razón al Grupo Popular cuando advirtió durante el trámite parlamentario sobre el intervencionismo de Paulino Rivero, y asumiendo los argumentos que también han defendido el Cabildo de Gran Canaria y un nutrido grupo de empresarios de las islas, respecto a que se obstaculiza la inversión y la construcción de establecimientos hoteleros”, declaró Pérez.

Dos meses después de haberse comunicado estas discrepancias, que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias acordó remitir al Tribunal Constitucional, el Gobierno regional ha incumplido su obligación de publicar esta discrepancia en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

“En lo que va de año, el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, ha publicado hasta cuatro acuerdos similares en el BOC –argumentó la diputada del PP-, y ahora parece que quieren ocultar que una de sus normas estrella en esta legislatura podría ser inconstitucional”.

Según los términos del acuerdo, firmado el 25 de julio de 2013 por el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, y el Ministro Cristóbal Montoro, se decidió designar un grupo de trabajo para proponer la solución que proceda, “a la vista de que las tesis de CC son un claro obstáculo al crecimiento y el empleo en las islas a través de la renovación de la planta hotelera obsoleta”, insistió.

“Estos visos de inconstitucionalidad se unen a las críticas que ya habían expresado el Consejo Económico y Social, las Universidades y hasta los sindicatos”, concluyó Pérez, para quien Rivero “está cada vez más solo en su defensa de la moratoria”.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Canarias del vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, para que “en su condición de consejero de Sostenibilidad, aclare los controles medioambientales realizados a la Refinería de Santa Cruz”.

“El Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Canarias son las administraciones competentes para vigilar la calidad del aire que respiramos y actuar en consecuencia”, aseguró Cristina Tavío, “y mientras la Justicia no diga lo contrario, debemos entender que han hecho bien su trabajo”.

La diputada popular, y también portavoz en el Ayuntamiento de Santa Cruz, aseguró no entender “el silencio oficial y las evasivas, ante las alarmantes noticias que venimos conociendo últimamente, desde que la semana pasada la Fiscalía decidió investigar un posible delito contra el medio ambiente”.

“El Gobierno y el Ayuntamiento disponen de medios para el control de las emisiones contaminantes, y no parece muy responsable permitir que se alarme a la población de esta forma, en lugar de informar y aclarar las cosas”, aseguró Cristina Tavío.

Tavío consideró “una irresponsabilidad mezclar este serio asunto con el de la continuidad de la Refinería, porque en los ochenta años que lleva funcionando, no ha existido peor momento que este para plantear un hipotético desmantelamiento, dada la grave crisis económica que vive Santa Cruz, con casi 30.000 ciudadanos sin empleo”.

La diputada popular pidió “prudencia y sensatez” a la hora de abordar este asunto, y aunque aseguró a ella “tampoco” le gusta la Refinería en la entrada de la capital, “esta industria tiene un valor fundamental en el desarrollo económico y social de Santa Cruz y su puerto, en el abastecimiento energético de Canarias y en los intereses geoestratégicos de nuestro país”.