«El Ejecutivo hace trampas en las cuentas, las peores de la historia, que bajan un 9,5% y suben el gasto en dirección política»

5 de noviembre de 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular, Ana Guerra, denunció hoy que el proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para el año 2014 recorta los fondos previstos para el campo canario en 10 millones de euros, lo que supone perder un 9,5% respecto a 2013.

“El Gobierno pretende ocultar que Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas pasa de 108 millones a tan solo 98, el peor presupuesto de la historia”, aseguró Ana Guerra, para quien el Ejecutivo regional “parte de datos irreales y ha hecho trampas en las cuentas del sector agrario para 2014”, pues “no tienen en cuenta el crédito extraordinario del pasado mes de diciembre, que incorporó 4,55 millones al proyecto inicial”.

La parlamentaria popular destacó que la partida que más sube es Dirección Política y Gobierno, “que crece unos tres millones de euros, que desde luego no son ayuda para los productores, ni para el autoabastecimiento”, y llamó la atención sobre la existencia de unos dos millones de euros en concepto de “Insuficiencias y otras contingencias” y “Previsión de Ejecución de Sentencias”, con 1,56 millones y 360.000 euros respectivamente.

Más personal en GMR

Ana Guerra remarcó, además, que el Gobierno inyectará 7,3 millones de euros a Gestión del Medio Rural de Canarias, con una transferencia de casi 3 millones en concepto de “aportaciones de socios”. Además, prevé incrementar el personal para 2014, al pasar de 185 a 198 empleados, “por lo que crece la aportación de todos los canarios a una empresa pública deficitaria e intervencionista”.

Mientras, las partidas de Mejora de Estructuras Agrarias y Medio Rural y Ordenación y Mejora de la Producción Agrícola, pierden 800.000 y 300.000 euros respectivamente. “Realmente, solo la buena negociación del Gobierno de la Nación en colaboración con los sectores, ha permitido asegurar e incluso incrementar las ayudas de la Unión Europea que vamos a percibir en 2014, como el POSEI Pesca, que pasa de 5,8 a 8,7 millones”, sostuvo Ana Guerra.

En este sentido, también llamó la atención sobre los escasos fondos que se destina tanto al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria como al Instituto de Investigaciones Agrarias, que apenas gestionarán 800.000 y 400.000 euros respectivamente, pero mantienen su gasto en personal.

La diputada del Partido Popular concluyó refiriéndose a una ejecución presupuestaria “verdaderamente pobre” del presupuesto del año 2013, pues a mes de septiembre tan solo se ha consumido un tercio del total. “Apenas han gastado 37 millones de los 103 previstos inicialmente, y el mejor ejemplo es el nivel de ejecución del convenio de Obras Hidráulicas que a mes de agosto solo había agotado 4,8 millones de los 37 que transfirió el Gobierno de la Nación”, dijo.

Australia Navarro: «La inversión se desploma en el proyecto de presupuestos sin que se produzca ajuste alguno en lo superfluo»

1 de Noviembre de 2013.- La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, acusó hoy al Gobierno que preside Paulino Rivero “de presentar un proyecto presupuestario para 2014 que condena a la economía canaria pero que sin embargo protege en su totalidad el chiringuito público-político al servicio de Coalición Canaria y el PSOE”.

Australia Navarro señaló que el Ejecutivo de Paulino Rivero, “en vez de activar un programa de impulso económico con incentivos para la economía productiva y para la generación de empleo, suprime 46,7 millones de euros a la inversión real, con un desplome del 11,2% por este concepto”.

“Eso sí, Paulino Rivero y sus socios del PSOE conservan intacta la financiación del gasto político y público del Gobierno, de la Administración autonómica y del sector público empresarial de Canarias. Es decir, condenan a la economía real, a la que crea empleo, a las peores condiciones mientras lo político y con frecuencia lo superfluo sigue disfrutando de toda la atención presupuestaria del Ejecutivo regional, tanto en dimensión como en salarios”.

“Resulta lamentable -comenta Navarro- comprobar cómo los presupuestos para 2014 de Paulino Rivero incrementan en 0,5 millones la financiación del ente público RTVC, apenas reducen en 0,4 millones el gasto de los órganos legislativos, institucionales y consultivos e, incluso, inyectan 21,5 millones de euros más a Presidencia del Gobierno. Es decir, a la mayor gloria del señor Paulino Rivero”.

Australia Navarro considera además que las previsiones de crecimiento económico del 0,9% del PIB en 2014 y el descenso del desempleo hasta el 32,5% “son imaginarias porque la inversión se desploma, los sectores productivos no reciben la atención debida y la evolución del consumo es negativa. Con estos indicadores, es imposible que la economía crezca en 2014 y que el desempleo se reduce en 2,5 puntos. Es insostenible defender lo contrario”.

A la espera de estudiar con mayor detalle el contenido del proyecto presupuestario presentado hoy en el Parlamento, Navarro advierte que “con estas cuentas públicas, la economía canaria no puede remontar en 2014 porque carece de estímulos presupuestarios y vive hipotecada por el enorme gasto público que genera el chiringuito de CC y PSOE”.

Milagros Bethencourt critica los casos de amiguismo y la mala gestión de los recursos, “mientras empeora la atención al vecino”

31 de octubre de 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular por La Gomera, Milagros Bethencourt, exigió hoy la destitución inmediata del Director Gerente de los Servicios Sanitarios en la isla, “cuya actuación se ha caracterizado por el amiguismo y la mala gestión de los recursos, deteriorando la atención que reciben los vecinos”.

La diputada del PP remarcó las “muchas y graves irregularidades” cometidas por el equipo directivo de la Consejería de Sanidad en La Gomera, denunciadas reiteradamente por trabajadores, pacientes y familiares, y “a lo que se une la decisión de reducir personal en las pasadas Fiestas Lustrales, que triplicaron la población de la isla y llevó a colapsar los servicios”.

En este sentido, recordó el colapso vivido por el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo servicio de Urgencias trabajó sin refuerzos durante las pasadas fiestas, y llegó a tener a cuarenta pacientes a cargo de una sola enfermera.

Bethencourt recriminó en Pleno a la consejera del Área que “con una plantilla de, al menos, 17 celadores, se pretenda contratar a una empresa privada, sin publicidad, para que preste estas funciones, algo prohibido por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y casualmente todos ellos compromisarios en el último congreso insular de Coalición Canaria, justo al mes siguiente a la firma del contrato”.

“De hecho –prosiguió-, entre los cinco informadores contratados se encuentra la mujer del gerente, que encima no estaba en la lista oficial de acceso, un verdadero caso de nepotismo que se completa con la contratación masiva de parientes directos de miembros de Coalición Canaria”.

“Mientras esto sucede, todos los colectivos muestran su preocupación por la situación generada en la sanidad gomera, de la cual se ha erigido en portavoz el diputado de CC en la isla, que se atreve a convocar una rueda de prensa para apoyar y aplaudir esa gestión”, concluyó Milagros Bethencourt.

Artículo de la Portavoz del Grupo Popular del Parlamento de Canarias y presidenta del Partido Popular de Gran Canaria.

Desde que el Gobierno de España aprobara el Anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, el PSOE ha formulado críticas feroces contra el mismo, sin aportar ninguna propuesta ante los retos que se enfrenta el Sistema de Seguridad Social español.

Una Seguridad Social, conviene recordar, que está en déficit desde que se fueron los socialistas en 2011. El gasto en pensiones se ha más que duplicado, pasando de 52.000 millones en el año 2000 a más de 100.000 en la actualidad y, a causa de ese déficit heredado, estamos usando el Fondo de Reserva en los últimos años para poder pagar las pensiones puntualmente.

Lo que está claro es que ante esta situación de riesgo el Gobierno de la Nación no podía quedarse de brazos cruzados y ha tenido que adoptar medidas de reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Una reforma que, con la hipocresía que le caracteriza, el PSOE defendía en el pasado y hoy critica sin pudor.

El 8 de mayo de 2009, en  acto organizado por UGT Euskadi para abordar las «Nuevas políticas para la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejora de la protección social», el Secretario de Estado de la Seguridad Social del Gobierno de Zapatero afirmaba: “(…) con el cóctel de más jubilados y menos cotizantes, el sistema, de cara al futuro, es insostenible (…)”.

La opinión pública canaria debe saber que el PSOE, durante las dos pasadas legislaturas, adoptó numerosas medidas con el fin de limitar el gasto en pensiones que hoy interesadamente olvida. Resumiendo, se pueden señalar:

1º) Congelación de las pensiones en el año 2011. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió en el año 2012 subir las pensiones inferiores a 1.000 euros un 2%.

2º) Ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años.

3º) Incremento del periodo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación.

4º) Reducción en hasta un 50% de la cuantía de la pensión de incapacidad permanente por enfermedad común.

5º) Limitación de la pensión de viudedad en casos de separación o divorcio.

6º) Bajada de la cuantía de la incapacidad temporal por enfermedad común en caso de despido.

7º) Disminución de los porcentajes de la pensión de jubilación por año trabajado, que castigaba, entre otros colectivos, a las personas que hubieran abandonado temporalmente su vida laboral para el cuidado de hijos.

8º) Aumento del número de años necesarios para percibir el 100% de la pensión de jubilación de 35 a 37 años.

9º) El socialista Valeriano Gómez, el único ministro de España que ha congelado las pensiones, defendía el 15 de 2010 en un acto público que «los jubilados también deben hacer un sacrificio al aceptar la congelación de sus pensiones para que la crisis sea lo más corta posible» (El Faro de Vigo). Hoy se permite en un artículo publicado en el periódico «El País» el 20 de septiembre pasado que «las pensiones, una vez originadas, deben mantener su poder adquisitivo definido legalmente».

Frente a esta política hipócrita, errática e interesada del PSOE, el PP ha presentado una reforma que busca la sostenibilidad del sistema público de pensiones hoy y en el futuro y, al mismo tiempo, persigue que las pensiones suban siempre, en función de la situación económica.

En definitiva, las medidas del Ejecutivo consiguen blindar a las pensiones de la congelación, algo muy importante y que debe generar tranquilidad para todos los pensionistas garantizando que van a subir siempre, unas veces más que el IPC y otras, cuando la economía pase por momentos difíciles como el actual, subirán un mínimo del 0,25%. Pero lo más importante es que con esta reforma se pone a salvo a nuestro sistema de pensiones de asaltos como los perpetrados en el pasado por los gobiernos socialistas  que han puesto en grave riesgo el futuro de nuestras pensiones.

Águeda Montelongo (PP): “El director de RTVC se queda sin excusas para esconder a los canarios el contrato de emisión de fútbol”

30 octubre 2013.- El Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular que considera inadecuada la aceptación de cláusulas de confidencialidad en los contratos públicos del Gobierno de Canarias, lo cual, según manifestó la diputada Águeda Montelongo, “supone un contundente rechazo a la gestión oscurantista de Radiotelevisión Canaria, y la negativa del Ejecutivo a facilitarnos información”.

La Cámara regional exige al Gobierno, asimismo, que informe a la mayor brevedad del contrato suscrito por el RTVC con Mediapro para la emisión del fútbol de Segunda División para las temporadas 2013-2014 y 2014-2015. “Ya no hay excusas para seguir escondiendo el coste de emitir estos partidos”, indicó Montelongo.

En este sentido, consideró que “este pronunciamiento unánime deja claro que el Parlamento de Canarias no puede ser visto como un tercero respecto a los contratos que firma el Gobierno regional, ni ninguna de sus empresas o entes públicos, y desde luego no puede ponerse en duda la legítima labor fiscalizadora de los diputados”.

“Tanto el Reglamento del Parlamento de Canarias, como el Estatuto de Autonomía y la Ley del Gobierno y la Administración pública impiden que se cuestione la capacidad fiscalizadora de los diputados, y de hecho la propia Ley 8/1994, reguladora de la RTVC, así lo establece”, indicó.

“El propio Gobierno de Canarias no es creíble cuando pretende impulsar una Ley de Transparencia en las islas, y a la vez oculta información al Parlamento escudándose en cláusulas de confidencialidad” argumentó la diputada del PP, quien explicó que la jurisprudencia entiende que una vez cerrada la licitación de un contrato el proceso deja de ser secreto, y entiende que las cláusulas de confidencialidad son nulas y contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Águeda Montelongo, “el derecho de los canarios ha de quedar indudablemente por encima de cláusulas de confidencialidad, diga lo que diga el Gobierno de Canarias, y desde luego el director de RTVC, pues los ciudadanos, como únicos accionistas de la televisión pública, tenemos derecho a saber cuánto pagamos, a quién, y en qué condiciones”.

“Es inadmisible que se pretenda ocultar a los legítimos representantes de la ciudadanía una información que maneja un asalariado puesto a dedo al frente de la televisión pública, toda vez que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas ha confirmado en esta Cámara que el director de RTVC no le ha facilitado toda la información relacionada con sus contratos entre 2007 y 2011, ni jamás habló de cláusulas de confidencialidad”, señaló la diputada del Partido Popular.

“Con los derechos de emisión del fútbol y su supuesta confidencialidad, el Gobierno se ha situado en la estrecha línea que separa la confidencialidad de la falta de transparencia, especialmente cuando el propio ciudadano es el que pide que se vigile muy estrechamente el destino que se da al dinero público”, concluyó.