Águeda Montelongo (PP): “El director de RTVC se queda sin excusas para esconder a los canarios el contrato de emisión de fútbol”

30 octubre 2013.- El Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular que considera inadecuada la aceptación de cláusulas de confidencialidad en los contratos públicos del Gobierno de Canarias, lo cual, según manifestó la diputada Águeda Montelongo, “supone un contundente rechazo a la gestión oscurantista de Radiotelevisión Canaria, y la negativa del Ejecutivo a facilitarnos información”.

La Cámara regional exige al Gobierno, asimismo, que informe a la mayor brevedad del contrato suscrito por el RTVC con Mediapro para la emisión del fútbol de Segunda División para las temporadas 2013-2014 y 2014-2015. “Ya no hay excusas para seguir escondiendo el coste de emitir estos partidos”, indicó Montelongo.

En este sentido, consideró que “este pronunciamiento unánime deja claro que el Parlamento de Canarias no puede ser visto como un tercero respecto a los contratos que firma el Gobierno regional, ni ninguna de sus empresas o entes públicos, y desde luego no puede ponerse en duda la legítima labor fiscalizadora de los diputados”.

“Tanto el Reglamento del Parlamento de Canarias, como el Estatuto de Autonomía y la Ley del Gobierno y la Administración pública impiden que se cuestione la capacidad fiscalizadora de los diputados, y de hecho la propia Ley 8/1994, reguladora de la RTVC, así lo establece”, indicó.

“El propio Gobierno de Canarias no es creíble cuando pretende impulsar una Ley de Transparencia en las islas, y a la vez oculta información al Parlamento escudándose en cláusulas de confidencialidad” argumentó la diputada del PP, quien explicó que la jurisprudencia entiende que una vez cerrada la licitación de un contrato el proceso deja de ser secreto, y entiende que las cláusulas de confidencialidad son nulas y contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Águeda Montelongo, “el derecho de los canarios ha de quedar indudablemente por encima de cláusulas de confidencialidad, diga lo que diga el Gobierno de Canarias, y desde luego el director de RTVC, pues los ciudadanos, como únicos accionistas de la televisión pública, tenemos derecho a saber cuánto pagamos, a quién, y en qué condiciones”.

“Es inadmisible que se pretenda ocultar a los legítimos representantes de la ciudadanía una información que maneja un asalariado puesto a dedo al frente de la televisión pública, toda vez que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas ha confirmado en esta Cámara que el director de RTVC no le ha facilitado toda la información relacionada con sus contratos entre 2007 y 2011, ni jamás habló de cláusulas de confidencialidad”, señaló la diputada del Partido Popular.

“Con los derechos de emisión del fútbol y su supuesta confidencialidad, el Gobierno se ha situado en la estrecha línea que separa la confidencialidad de la falta de transparencia, especialmente cuando el propio ciudadano es el que pide que se vigile muy estrechamente el destino que se da al dinero público”, concluyó.