La portavoz en temas sanitarios del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Mercedes Roldós, aseguró hoy que “saltarse la Ley para adelantar pagos de forma discrecional a unos proveedores en detrimento de otros no es solo un posible delito, sino una práctica muy peligrosa que pone en serio riesgo la calidad de la asistencia sanitaria en las Islas”.

Roldós preguntó en el Pleno por las presuntas irregularidades cometidas en la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por los sindicatos, “ante la negativa de la consejera a recibirlos desde el pasado me de junio”.

La portavoz sanitaria popular se mostró “sorprendida” por la “pasividad” de la consejera ante las acusaciones de “prevaricación y tráfico de influencias”, y expresó su confianza en que “la Justicia aclare convenientemente lo ocurrido”.

“El problema es el perjuicio que estos hechos pueden tener en el servicio que reciben los pacientes, pues las tensiones de liquidez afectan directamente al funcionamiento de los proveedores y a los suministros sanitarios”, aseguró Mercedes Roldós, quien exigió a la consejera la apertura de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, “por la seguridad de los pacientes, por el buen nombre de los funcionarios y por la tranquilidad de los proveedores”.

Roldós recordó que los mecanismos extraordinarios puestos en marcha por el Gobierno de la nación, como el Fondo de Liquidez o el Plan de Pago a Proveedores, están diseñados “precisamente para inyectar recursos en los suministradores de bienes y servicios, para evitar que los problemas de tesorería acaben por arruinar a los proveedores, y provoquen la pérdida de calidad o el desabastecimiento”.