El Parlamento de Canarias debate la próxima semana la petición de cese del Grupo Popular ante la ineficaz gestión de su Área

5 de abril de 2013.- El Pleno del Parlamento de Canarias debatirá la próxima semana una moción del Grupo Parlamentario Popular instando la reprobación de la consejera regional de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, ante la ineficacia demostrada en la gestión de su departamento, en especial en el área de Dependencia.

Se trata de una moción a consecuencia de interpelación, en la que el Grupo Popular recordará a Rojas que desde el año 2007, apenas 11.500 canarios perciben una prestación o servicio conforme a la Ley de Dependencia, mientras 46.000 están en lista de espera para la tramitación de su Programa Individualizado de Atención.

En esta misma línea, los populares preguntarán al presidente del Gobierno, Paulino Rivero, por las expectativas que su Ejecutivo brinda a estos miles de canarios que esperan por su reconocimiento de dependencia y le recordará que Canarias ocupa los últimos lugares de España en aplicación de esta norma, con solo 0,8 puntos sobre 10 posibles, y se suceden las denuncias de los afectados ante el Diputado del Común y la Defensora del Pueblo.

El Partido Popular también se interesará por la promesa del presidente de facilitar que los jóvenes canarios que hayan abandonado sus estudios puedan finalizar su formación. Para ello, preguntará al vicepresidente y consejero de Educación cómo va a hacer posible que 12.000 jóvenes continúen sus estudios de Secundaria y universitarios sin formación previa y sin la titulación que les permita continuar sus estudios.

En relación con el área de Sanidad, el Grupo Popular, interpelará a la titular del departamento sobre la calidad asistencial sanitaria, afectada en los últimos meses por la saturación de los servicios de urgencias de la Sanidad pública y la cancelación de intervenciones quirúrgicas por falta de camas. La situación deriva, entre otros motivos, por la inexistencia en Canarias de un protocolo que permita la derivación de dependientes y enfermos crónicos del sistema sanitario al sociosanitario, como el propio presidente del Gobierno regional reconoció.

En este ámbito, el PP preguntará al Gobierno por las deficiencias detectadas en la atención a pacientes afectados de obesidad mórbida, y propondrán una auditoría del sistema de control, gestión e información de las listas de espera sanitarias.

En otro orden de cosas, el Grupo Popular pedirá la valoración del Ejecutivo sobre la financiación con que contará el Plan de Empleo Social 2014-2015, y sobre las cantidades adelantadas por el Ministerio de Fomento desde el año 2005 para rehabilitación de viviendas, de las que el Gobierno regional aún no ha justificado 50,8 millones.

“La consejera de Vivienda no puede justificar el uso de más de 50 millones para rehabilitación, cuando hay 35 barrios cayéndose” CristinaTavioAudio

Anunció que cientos de vecinos piden amparo a la Defensora del Pueblo y al Diputado del Común por la negligencia del Ejecutivo

4 de abril de 2014.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, anunció hoy que centenares de vecinos de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, a quienes el Gobierno de Canarias prometió rehabilitar sus viviendas, solicitarán amparo a la Defensora de la Pueblo y al Diputado del Común. “La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, no puede justificar en qué ha usado 50,8 millones de euros para rehabilitación y renovación de viviendas en 35 barrios de las islas”, afirmó.

Tavío exigió a Rojas en rueda de prensa junto al diputado autonómico Felipe Afonso, que “deje de engañar a los canarios y explique a cerca de 4.300 familias en qué se ha gastado el dinero que el Ministerio de Fomento adelantó para rehabilitar barrios enteros de las islas, cuando las casas están cayéndose a pedazos y, con suerte, lo único que hay es un cartel de obra”.

“Aunque ha conseguido justificar unos 20 millones, vemos muy difícil que explique en qué ha gastado los 50,8 millones restantes, puesto que la Consejería de Vivienda lleva cinco años desviando los fondos adelantados por el Ministerio para rehabilitación, y jugando con los canarios que esperan para rehabilitar sus casas y con los parados que podrían estar trabajando con cargo a ese dinero”, dijo.

“La tragedia de este asunto reside en que estos barrios están en mal estado y requieren reparaciones muy urgentes, pero también en que se ha podido gastar el dinero en alquileres sociales y ayudas de susbsistencia, y no en rehabilitar las casas, generando actividad económica y empleo”, apuntó la diputada popular.

Cristina Tavío calculó que solo en el sector de la construcción, unos 2.000 desempleados de Canarias pudieron encontrar trabajo, “por no hablar de la actividad empresarial y los miles de puestos de trabajo indirectos que el Gobierno regional ha impedido que se generen”.

Defensora del Pueblo

A la vista de la inacción de la consejera, centenares de vecinos han terminado por emprender una campaña de recogida de firmas en la que reclaman al Gobierno de Canarias que cumpla lo prometido y se rehabiliten sus casas, ante la imposibilidad material de asumir el coste de dichas rehabilitaciones. El Partido Popular se ha comprometido a “ir hasta el final con este asunto y trasladar sus peticiones tanto a la Defensora del Pueblo como al Diputado del Común”.

Tal y como viene denunciando el Grupo Popular, la consejera de Políticas Sociales y Vivienda tiene aún 50,8 millones en su poder y puede seguir ejecutando unas obras que están financiadas. “Todo lo demás son excusas y mentiras de Rojas para ocultar su incompetencia, que le llevará a ser reprobada en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias por la mala gestión de su área”, apostilló Cristina Tavío.

Las 35 Áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas podrán continuar en el marco de financiación del nuevo Plan Estatal 2013-2016, siempre que la Comunidad Autónoma lo proponga y comunique al Ministerio. “Por mucho que la consejera quiera alegar, la firma de un nuevo convenio es indiferente –apuntó la diputada del PP-, pues ella es la única responsable del bloqueo estas cantidades millonarias”.

“El Gobierno de la Nación ha garantizado por activa y por pasiva que las ayudas estatales a la vivienda continuarán en el marco del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016”, señaló Cristina Tavío, quien recordó que todas las actuaciones incluidas dentro de los Planes Estatales anteriores, siguen vigentes y su financiación no corre peligro.

“La continuidad de las obras es responsabilidad exclusiva de Inés Rojas, una consejera que no sabe ni puede explicar en qué ha gastado un dinero que corresponde a los vecinos de canarias”, concluyó.

Felipe Afonso: “La consejera del Área llega cinco años tarde, cuando está al borde del cese, con 37.000 solicitantes de VPO”

El Grupo Popular exige que se extienda el acuerdo a promotores de vivienda y a las casas desocupadas en manos de Visocan e ICV

1 de abril de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, criticó hoy el “cinismo” del Gobierno de Canarias, al anunciar la negociación de un convenio con el sector bancario para permitir el alquiler social de casas desocupadas: “Tanto el Ejecutivo como CC y PSOE llevan desde 2012 acusando al PP de velar por los intereses de la banca por proponer esta medida, que ahora ellos anuncian cinco años tarde, cuando hay 37.000 canarios esperando una VPO”.

Felipe Afonso recordó que tanto nacionalistas como socialistas desautorizaron las soluciones que el Partido Popular aportó desde el Gobierno de la Nación, negociando una bolsa de viviendas similar. “Ahora que la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, está al borde del cese, cuestionada por todos los sectores, es cuando este Gobierno se decide dejar el populismo y actuar” ironizó el diputado popular, para quien “el pacto CC-PSOE ha jugado a realizar discursos demagógicos a costa de personas necesitadas que, en muchos casos, se han quedado en el camino”.

Asimismo, el Grupo Popular exige que los convenios se extiendan a los promotores de con casas desocupadas y al stock de viviendas públicas vacías en manos de la empresas pública Visocan y del Instituto Canario de Vivienda, por pura negligencia. “Esta rectificación nos da la razón: no hace falta una ley nueva sino una política nueva y mejor, con más sensibilidad”, sostuvo.

“En lugar de ejercer las funciones que tienen asignadas y velar por el interés de miles de canarios que piden una casa, el Gobierno se ha dedicado a perder el tiempo con una reforma de la Ley de Vivienda que plagia el modelo de Andalucía y Navarra, suspendido por posible inconstitucionalidad, por atentar contra el principio de igualdad, que encima no aporta solución alguna al problema”, dijo.

En este sentido, preguntó al Gobierno “si va a priorizar esa expropiación del uso de viviendas, de más que dudosa constitucionalidad, o la negociación con las entidades bancarias”.

“Después de siete años de nefasta gestión, el mejor favor que podría hacer Paulino Rivero a los 37.000 solicitantes de una VPO, a los dependientes canarios y al resto de sectores afectados por la manifiesta ineptitud de la consejera de Políticas Sociales y Vivienda es expropiar sus competencias por razones de interés general y decretar su cese cuanto antes”, concluyó Felipe Afonso.

Miguel Jorge (GPP) ve “inaudito” que se pretenda engañar a la sociedad inventando nuevos parámetros de calidad turística AUDIO

“PSOE y CC solo buscan retrasar la solución al problema; si quieren poner más exigencias, que no cuenten con el PP”, afirmó

28 de marzo de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular, Miguel Jorge, manifestó hoy que “la obediencia ciega de los políticos grancanarios de CC y PSOE a Paulino Rivero va a terminar con el turismo en Gran Canaria, que a este paso acabará convertida en la tercera isla del archipiélago”.

“Es inaudito que socialistas y nacionalistas grancanarios pretendan engañar a la sociedad inventando nuevos parámetros de calidad para la construcción de hoteles, como si fuera posible variar a su antojo el sistema internacional de calificación de los complejos turísticos”, denunció el diputado popular, para quien “CC y PSOE solo buscan retrasar la solución al problema, sin asumir su error al promover una norma que castiga el desarrollo y el empleo en una isla”.

“Si lo que pretenden nacionalistas y socialistas es aumentar las exigencias para que los empresarios puedan abrir nuevos complejos turísticos, frente a lo que ya se requiere, que no cuenten con el Grupo Parlamentario Popular”, avisó Miguel Jorge, para quien ya de por sí la normativa es lo suficientemente restrictiva “como para seguir asfixiando aún más a nuestro sector económico más importante”.

“Tanto PSOE como CC siguen perjudicando seriamente nuestro desarrollo turístico –aseguró-, cuando todo este embrollo se solucionaría asumiendo con naturalidad su equivocación, y cumpliendo con la normativa europea y nacional de liberalización de servicios y establecimiento en igualdad de condiciones de todos los prestadores de servicios de carácter turístico de la Unión Europea; esa solución tan sencilla es la que demanda Canarias, y Gran Canaria en particular”.

“CC y PSOE pretenden introducir más requisitos innecesarios, ya previstos en la normativa vigente, lo que genera inseguridad jurídica y económica, y acabará por ahuyentar a los potenciales inversores que necesitamos en las islas”, concluyó.

Astrid Pérez (PP): “A Rivero le importan tan poco los agricultores lanzaroteños, que este año ni ha presupuestado sus ayudas”

28 de marzo de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular por Lanzarote, Astrid Pérez, acusó hoy al Gobierno de Canarias de discriminar a la isla con el impago de las ayudas prometidas al sector agrario por el temporal acaecido en febrero de 2010. “El consejero de Agricultura ha confirmado en el Parlamento su renuncia, cuatro años después, a pagar el 50% de los cuantiosos daños que sufrieron nuestros productores”, denunció.

“A Paulino Rivero le importan tan poco los agricultores y ganaderos lanzaroteños, que ni siquiera ha presupuestado unas ayudas que eran fundamentales después del grave temporal que nos afectó hace más de cuatro años”, señaló Pérez.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas confirmó esta semana en el Parlamento de Canarias que aún quedan pendientes de pago dos decretos de ayudas por fenómeno meteorológico adverso del año 2010, que superan los 1,75 millones de euros, y tan solo suponen el 50% del valor de los daños.

“No sabemos de dónde pretende sacar una partida extraordinaria este Gobierno, que debe cantidades millonarias al sector agrario de toda Canarias en concepto de ayudas de Estado del Posei desde el año 2010”, ironizó.

“Es penoso que el consejero pretenda ahora alegar dificultades económicas para justificar que no ha cumplido con estos agricultores y ganaderos lanzaroteños, que perdieron su producción en un temporal y que tienen adjudicada una ayuda desde hace cuatro años”, concluyó la diputada popular.