Felipe Afonso: “La consejera del Área llega cinco años tarde, cuando está al borde del cese, con 37.000 solicitantes de VPO”

El Grupo Popular exige que se extienda el acuerdo a promotores de vivienda y a las casas desocupadas en manos de Visocan e ICV

1 de abril de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, criticó hoy el “cinismo” del Gobierno de Canarias, al anunciar la negociación de un convenio con el sector bancario para permitir el alquiler social de casas desocupadas: “Tanto el Ejecutivo como CC y PSOE llevan desde 2012 acusando al PP de velar por los intereses de la banca por proponer esta medida, que ahora ellos anuncian cinco años tarde, cuando hay 37.000 canarios esperando una VPO”.

Felipe Afonso recordó que tanto nacionalistas como socialistas desautorizaron las soluciones que el Partido Popular aportó desde el Gobierno de la Nación, negociando una bolsa de viviendas similar. “Ahora que la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, está al borde del cese, cuestionada por todos los sectores, es cuando este Gobierno se decide dejar el populismo y actuar” ironizó el diputado popular, para quien “el pacto CC-PSOE ha jugado a realizar discursos demagógicos a costa de personas necesitadas que, en muchos casos, se han quedado en el camino”.

Asimismo, el Grupo Popular exige que los convenios se extiendan a los promotores de con casas desocupadas y al stock de viviendas públicas vacías en manos de la empresas pública Visocan y del Instituto Canario de Vivienda, por pura negligencia. “Esta rectificación nos da la razón: no hace falta una ley nueva sino una política nueva y mejor, con más sensibilidad”, sostuvo.

“En lugar de ejercer las funciones que tienen asignadas y velar por el interés de miles de canarios que piden una casa, el Gobierno se ha dedicado a perder el tiempo con una reforma de la Ley de Vivienda que plagia el modelo de Andalucía y Navarra, suspendido por posible inconstitucionalidad, por atentar contra el principio de igualdad, que encima no aporta solución alguna al problema”, dijo.

En este sentido, preguntó al Gobierno “si va a priorizar esa expropiación del uso de viviendas, de más que dudosa constitucionalidad, o la negociación con las entidades bancarias”.

“Después de siete años de nefasta gestión, el mejor favor que podría hacer Paulino Rivero a los 37.000 solicitantes de una VPO, a los dependientes canarios y al resto de sectores afectados por la manifiesta ineptitud de la consejera de Políticas Sociales y Vivienda es expropiar sus competencias por razones de interés general y decretar su cese cuanto antes”, concluyó Felipe Afonso.