Los populares preguntarán a Rivero su opinión ante las sentencias del TS favorables a la autorización de los  sondeos

 

El PP también quiere conocer los planes del Gobierno en materia de prevención de incendios “para saber si está preparado”

 

6 de julio de 2014.- El Grupo Parlamentario Popular preguntará al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias, que se celebrará esta semana, sobre su valoración de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que desestiman los recursos contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalidan los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias. «Queremos saber, señaló el presidente del Grupo Parlamentario, Asier Antona, si Rivero es capaz de acatar y respetar públicamente nuestro ordenamiento jurídico tal y como juró o prometió cumplir o hacer cumplir en su toma de posesión».

 

El Gobierno comparecerá también, a petición del Grupo Popular, para detallar el plan de prevención y extinción de incendios previstos para la actual campaña de verano. Para el PP, es incomprensible que el Ejecutivo regional no haya tomado la iniciativa de informar a petición propia a la Cámara del dispositivo, los medios humanos y materiales disponibles y la coordinación con cabildos, ayuntamientos y Gobierno de la Nación.

 

Para la responsable de la iniciativa, Milagros Bethencourt, “los canarios tenemos todo el derecho a saber si el Gobierno de Canarias ha cumplido con su obligación, y está preparado ante una campaña que comenzó con muy altas temperaturas el 1 de julio, y se prolongará hasta septiembre”.

 

En este sentido, justificó la solicitud de los populares porque  “este Gobierno de CC y PSOE, que tanto esfuerzo dedica a otras cuestiones que no son su competencia, se ocupa poco de la prevención de incendios forestales, que es su responsabilidad directa e ineludible, y de la que siempre acaba culpando a otro”.

 

RECHAZO LEY TERRITORIO Y MEDIDAS TRIBUTARIAS

 

En otro orden de cosas, el Partido Popular defenderá en el Pleno una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales solicitando su devolución. “El texto propuesto por el Gobierno ni armoniza ni simplifica, sino todo lo contrario, complica todavía más la maraña legislativa en la que se mueve actualmente la gestión del territorio”, según explicó el diputado Miguel Jorge.

 

Los populares son especialmente críticos con la absoluta falta de consenso con la que se ha tramitado este proyecto legislativo, y destacan que “no existe una sola administración, institución o colectivo en las Islas que respalde su contenido”.

 

Como ocurriera con la Ley de Renovación Turística, la nueva propuesta legislativa del Gobierno regional margina la intervención de cabildos y ayuntamientos en el desarrollo del planeamiento, “insistiendo en un modelo centralista que ignora la realidad territorial del archipiélago y desprecia las peculiaridades socio-económicas de los diferentes modelos de desarrollo que conviven en las Islas”.

 

El Partido Popular muestra también su rotundo rechazo al sistema de acreditación profesional que quiere imponer el Gobierno a los técnicos que intervengan en el desarrollo del planeamiento urbanístico, una exigencia que abre la puerta a la arbitrariedad de la administración autonómica, y que el propio Consejo Consultivo califica de inconstitucional.

 

Así mismo, el Grupo Popular solicitará la devolución al Gobierno de Canarias de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales al considerar con carácter general que “es un cajón de sastre que solo genera incertidumbre e inseguridad jurídica”.

 

Para el diputado popular, Jorge Rodríguez, “se comprueba, además, en su contenido normativo, que la política tributaria impulsada por el Gobierno de Canarias es la peor de las posibles para apoyar a las familias y a la creación de empleo en el archipiélago”.

 

“Si a todo ello, insistió, añadimos que el Proyecto de Ley contempla un incremento de algunos impuestos, más tasas y más intervencionismo público con más concentración de poder para algunas decisiones en materias de sensibilidad estratégica para el desarrollo de Canarias, la justificación de esta Enmienda a la Totalidad es más que evidente”.

GMR Canarias convoca una plaza de veterinario en La Palma, tras anunciarlo hace un mes en la página de contactos de un periódico

Mª Teresa Pulido: “Se repiten las chapuzas de esta empresa pública en una contratación similar a la que ya está en Fiscalía”

4 de julio de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular, María Teresa Pulido, alertó hoy de posibles irregularidades en las ofertas de empleo del Gobierno de Canarias en la isla de La Palma, a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) de Canarias.

Por segunda vez en un mes, esta entidad que depende de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, convoca una plaza de veterinario que fue anunciada hace menos de un mes, y durante toda una semana, en las páginas de contacto de un periódico de gran tirada regional. “Se repiten las chapuzas de Coalición Canaria en un proceso de contratación muy similar al que ya investiga Fiscalía desde hace un año”, declaró Pulido.

Se trata de la selección de una plaza de veterinario de campo para La Palma, que ofrece un contrato temporal para sustituir a un trabajador con derecho de reserva de puesto de trabajo. El proceso de selección terminará el 8 de julio de 2014 y da dos meses de plazo para resolver, según el anuncio publicado, con membrete de la empresa pública GMR Canarias.

“Hace menos de un mes nos encontrábamos un aviso similar sin membrete alguno entre los anuncios de contactos de un periódico regional, sin perfil del contratante y con apenas una semana de plazo de resolución” señaló la diputada del Partido Popular, para quien “estamos ante una auténtica tomadura de pelo que revela un escaso respeto hacia el dinero público por parte de esta Consejería y sus dirigentes de CC”.

“Mientras tanto –prosiguió-, el sector ganadero de la isla de La Palma sigue sin contar con el servicio en cuestión, la Campaña de Saneamiento Ganadero y Programas de Erradicación de Enfermedades de los Animales, así como el Control Oficial de Rendimiento Lechero, requerido por la normativa de la Unión Europea”.

En este sentido, recordó que ya el Partido Popular en La Palma había denunciado que la primera oferta de empleo se realizó entre los anuncios para adultos de un periódico, “pero seguimos sin saber si esta plaza de veterinario es nueva, o se trata de la misma que habían publicado poco menos que camuflada”.

“Vistos los antecedentes del pasado, estaremos muy atentos a los trabajos que se encomienden, a la regularidad del proceso de contratación, y a la persona a la que se adjudique la realización de un trabajo de vital importancia para nuestros ganaderos por parte de una empresa pública de la Consejería de Agricultura que va de escándalo en escándalo”, concluyó María Teresa Pulido.

Miguel Jorge (PP) considera una “muy mala noticia” que se deje para septiembre la evaluación de la Ley de Renovación turística

“El presidente del Ejecutivo regional ha desautorizado tanto a CC como al PSOE, y todo indica que no se flexibilizará la moratoria”

4 de julio de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular por Gran Canaria, Miguel Jorge, manifestó hoy que la decisión del presidente regional Paulino Rivero de retrasar la evaluación del cumplimiento de la Ley de Modernización y Renovación Turística hasta septiembre, es “una muy mala noticia”, que evidencia “el escaso interés que despierta en este Gobierno el desarrollo turístico y el crecimiento de Gran Canaria”.

Jorge recordó que el Gobierno se había comprometido a evaluar en junio la puesta en práctica de la Ley, para analizar a partir de ahí la flexibilización de la moratoria turística y permitir la construcción de hoteles de cuatro estrellas: “Ha desautorizado tanto a CC como al PSOE, que se estaban apuntando ya el tanto en Gran Canaria, pero sobre todo ha frustrado las reivindicaciones de toda una isla”.

“Al haber pospuesto el debate hasta el mes de septiembre, Paulino Rivero incumple gravemente con sus promesas, y esto nos permite dudar de la voluntad de su Gobierno de proceder a la reforma de la Ley de Modernización Turística y atender a las reivindicaciones del sector”, argumentó.

En este sentido, aseguró que el tiempo ha terminado por dar la razón al Partido Popular “cuando discutimos en el Parlamento de Canarias la Proposición de Ley del Cabildo de Gran Canaria sobre este asunto, que fue rechazada de forma inexplicable por este Gobierno y los partidos que le dan apoyo, y que ya hubiese permitido tener esta evaluación ya realizada”.

Bethencourt (PP) afirma que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción dificulta el acceso a una ayuda social Audio PCI

“Con la Ley que proponen CC-PSOE, la prestación solo duraría un año, y quedaría fuera un 85% de los potenciales destinatarios”

4 de julio de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción que se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias, es una “estafa masiva del Gobierno de Canarias a los más necesitados, que empeora la situación actual y endurece el acceso a una prestación”.

Bethencourt anunció el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular “a esta Ley elaborada por el Gobierno de CC y PSOE, una de las medidas estrella de la famosa Estrategia contra la Exclusión, que llega con un año de retraso y no contiene acciones que verdaderamente combatan una tasa de pobreza que afecta a cerca de un 30% de la población”.

Según indicó la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, la nueva norma reduce a un año la duración de la ayuda social, “e introduce muchas artimañas para dificultar el acceso”, y citó como ejemplo una Disposición Adicional Única según la cual “las ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria”.

Milagros Bethencourt señaló que, con esta redacción, los créditos del Gobierno dejan de ser ampliables, por lo que no se podrá pagar ni una ayuda más si se termina el dinero previsto en los presupuestos: “Los 23 millones consignados para la PCI en 2014 se agotaron en junio, y con esta Ley no se podría recoger ni una solicitud extra, a pesar de haber cientos de familias en apuros”.

“De hecho –prosiguió- aunque hay más de 40.000 potenciales perceptores de una ayuda, solo daría cobertura a 6.079 solicitantes, lo que equivale a dejar sin esperanza alguna al 85% de las personas en emergencia social”.

“Es más, el Gobierno regional dice dar prioridad absoluta a las familias con menores a su cargo, y estamos de acuerdo en que se beneficie a los menores, pero hay otros muchos casos de emergencia social que no quedan cubiertos, como las personas con discapacidad, los mayores con tutela prorrogada o las personas dependientes”, añadió Milagros Bethencourt.

Solo 12 meses

Además, consideró “un disparate” que se elimine la renovación directa de la PCI, fundamental para que las familias beneficiarias puedan buscar un empleo: “Agotados los 12 meses de ayuda ya no hay dinero para estas personas, lo cual solo ahonda en la espiral de la exclusión y la pobreza”.

Para la diputada del Partido Popular, “son tantos los desaciertos de la nueva Ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales”.

La reforma de la Prestación Canaria de Inserción, además, llega al Parlamento con el informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno de Canarias, y sin tener en cuenta las aportaciones presentadas por los Colegios de Trabajadores Sociales, la Federación Canaria de Municipios. “Ni siquiera consta el informe del Consejo Económico y Social”, concluyó Bethencourt. 

La Consejería de Industria reconoce a Astrid Pérez (PP) que no ha elevado a Bruselas ni una acción para fomentar energías limpias  

3 de julio de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular, Astrid Pérez, anunció hoy que el Gobierno de Canarias no ha propuesto a la Unión Europea ni un solo proyecto para implantación de renovables en las islas. “CC y PSOE están desaprovechando millones de euros en fondos comunitarios dirigidos a fomentar energías alternativas”, denunció.

“La pretendida apuesta de Rivero y su Gobierno por las energías limpias es una burda cortina de humo, pura demagogia para enfrentar a los canarios contra el Ministerio de Industria y el Partido Popular”, aseguró.

La Consejería regional de Empleo, Industria y Comercio reconoce, en respuesta parlamentaria escrita a la diputada popular, que no tiene proyectos específicos abiertos destinados al desarrollo e implantación de las energías renovables, para cada una de las islas con Fondos Europeos.

Dentro la política de fomento e implantación de las energías renovables para las Islas Canarias, este año solo se han convocado tardíamente las subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables, por apenas un millón de euros, que todavía está en fase de subsanación de solicitudes y no se conocen los beneficiarios.

“Hay que recordar que en todo el año 2013, el Gobierno de Rivero tan solo dedicó 200.000 euros a fomentar las renovables”, agregó Astrid Pérez, para quien todo parece indicar que “este ejercicio vamos por el mismo camino”.

Incumplimiento del PECAN

La diputada popular recordó que Canarias depende del petróleo en un 98%, y estaremos muy lejos de cumplir con los objetivos del Plan Energético de Canarias (PECAN): “CC y PSOE quieren culpan al Ministerio de Industria y Energía –apenas dos años de mandato-, cuando esta es una prioridad marcada desde el año 1986”.

La actualización del PECAN de 2007 especifica que debemos reducir nuestra dependencia del petróleo hasta un 72% en 2015. “El Gobierno incumple, además, la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) que aprobó el Parlamento de Canarias, y que exige presentar proyectos encaminados a utilizar eficazmente los recursos e incrementar el uso de energías renovables”, enfatizó.

Toda Europa debería reducir en los próximos siete años un 20% las emisiones de CO a la atmósfera, abastecerse en un 20% de renovables y producir un 20% de la energía necesaria, y prioriza las ayudas a proyectos que permitan cumplir estos objetivos. “Nos arriesgamos a perder todavía más fondos comunitarios si seguimos por el camino de la demagogia y la política de brazos cruzados del Gobierno de CC y PSOE”, concluyó Astrid Pérez.