La moción del PP, defendida por Ana Guerra, reclama al Gobierno un Plan de Pago de las cantidades que adeuda a los productores

“La situación de emergencia del campo y la pesca de las islas requieren acciones urgentes que CC y PSOE no están adoptando”

9 de octubre de 2014.- Los grupos políticos de CC y PSOE rechazaron hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias una moción del Partido Popular que contiene diez acciones ante la situación de emergencia por la que atraviesa el sector agrario y pesquero, que “aconseja la aprobación de un medidas urgentes que impliquen a toda la sociedad y comprometan de verdad al Gobierno regional”.

Lamentó que CC y PSOE “prefieran mirar hacia fuera en lugar de responder a los problemas que tenemos aquí por su pésima gestión”, y vivan instalados en la autocomplacencia, “facilitando cifras que no reflejan la realidad de la mayoría de los profesionales y las empresas, que afrontan serios problemas de liquidez pese al importante volumen de ayudas procedentes de la Unión Europea”.

Entre otras medidas, rechazadas por nacionalistas y socialistas, el PP propone al Gobierno regional un Plan de Pago de las cantidades que adeuda al sector agrario y pesquero, así como el desarrollo de las inversiones comprometidas durante la presente legislatura, una revisión del Régimen Específico de Abastecimiento que priorice la producción local, y la puesta en marcha de planes estratégicos para la ganadería, la acuicultura y el sector ganadero, paralizados durante años.

Texto de la moción

1. Formular, antes del 31 de diciembre de este año, un Plan de Pago de las cantidades que adeuda al sector agrario y pesquero de las islas con el fin de abonar todas las ayudas pendientes de pago y desarrollar las inversiones comprometidas en la presente legislatura, ejecutando íntegramente todas las líneas previstas dentro del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, ajustado al máximo de las previsiones de cada anualidad y las necesidades reales de las islas.

2. Proceder a una revisión del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) que priorice la ayuda a la producción y su comercialización, ajustando la subvención a las importaciones que entran en competencia con los productos locales.

3. Proteger y promover el suelo para usos agrarios y garantizar su eficiencia para incrementar la capacidad de producción y la soberanía alimentaria de Canarias.

4. Coordinar con las entidades financieras un programa de líneas de crédito dirigidas a la creación de nuevas empresas agrícolas, ganaderas, agroalimentarias, pesqueras y acuícolas.

5. Favorecer y reconocer el papel de las cooperativas agrarias como motor del desarrollo rural, con un plan de trabajo coordinado que refuerce el cooperativismo como herramienta para alcanzar los objetivos de integración de los productores, fomentando la concentración de la oferta e impulsando la creación de organizaciones y asociaciones de productores.

6. Aprobar en plazo de 3 meses la Estrategia de la Ganadería, con un Plan de Abastecimiento Forrajero que permita abaratar el coste de la alimentación del ganado en las islas.

7. Cumplir las resoluciones aprobadas en el Parlamento instando la adopción de una Estrategia de Comercialización de Productos Agrarios, Agroalimentarios y Pesqueros, y una campaña de fomento del consumo de productos de las islas, que explique la importancia estratégica que tiene el sector para la economía de Canarias, como productor de alimentos seguros, saludables y de calidad, y garante de la preservación del medio ambiente y del territorio.

8. Prestar apoyo económico y logístico a las empresas agroalimentarias de Canarias en el proceso de internacionalización de sus productos.

9. Articular, con la colaboración de los Cabildos insulares y las organizaciones agrarias, un sistema de asesoramiento a profesionales y emprendedores en los distintos subsectores, como un instrumento para mejorar su competitividad.

10. Concluir antes del final de la Legislatura la tramitación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), y presentarlo al Parlamento de Canarias para su tramitación urgente.

La diputada popular María del Carmen Morales recuerda que la mejora en la bonificación al transporte “llega 9 meses tarde”

8 de octubre de 2014.- La diputada María del Carmen Morales criticó este martes que el Gobierno regional “haya tardado 9 meses” en aplicar el incremento de la bonificación al transporte de pasajeros con la isla de El Hierro “vital para los herreños y para los empresarios que son los que más usan el transporte marítimo”. “Lo triste es que los herreños sólo le importamos al Gobierno de Canarias cuando se empieza a oler a campaña electoral”, añadió la diputada popular.

Maria del Carmen Morales, que pidió explicaciones al Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial por el retraso en poner en marcha la subida del 75% para los herreños en el transporte marítimo, consideró una tomadura de pelo para los habitantes de El Hierro que el Gobierno de Canarias presuma del incremento “cuando en realidad solo ha aumentado un 25% la parte que corresponde a la Comunidad Autónoma”.

“Leyendo el boletín, manifestó la diputada herreña, se establece el 50% de bonificación para los herreños, por parte de la CCAA y el Estado el otro 25%, es decir que hasta ahora la Comunidad Autónoma bonificaba un 25%, y lo que ahora aumenta es otro 25 más, no el 75% como se anuncia”, remarcó.

En este sentido, hizo hincapié en que el presidente del Gobierno, Paulino Rivero prometió, en febrero, en el debate del Estado de la Nacionalidad, a los herreños que financiaba el 75 por ciento del billete a los residentes “y no ha cumplido”.

“Después de todas las vicisitudes que hemos tenido con la Obligación de Servicio Público, en la que en sus pliegos se recoge que los precios del billete de pasajero podía ir desde 10 euros hasta 25. La naviera los estableció al alza. Hasta el día de hoy los pasajeros de transporte marítimo herreños y visitantes canarios pagamos 24.36 euros por trayecto y persona, Cristianos/El Hierro o viceversa” concluyó.

Esta iniciativa, según la portavoz popular, Australia Navarro, podría beneficiar al 95% de los contribuyentes canarios

5 de octubre de 2014.- El Grupo Parlamentario Popular preguntará al presidente del Gobierno regional si va a aplicar a partir de 2015 la propuesta de rebaja de impuestos presentada por el PP. “Se trata, afirmó la portavoz popular, Australia Navarro, de una reforma fiscal que apuesta por rebajar el Impuesto General Indirecto (IGIC) y el IRPF y por suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”.
“Una reforma, insistió, que supondría un gran alivio fiscal para la sociedad canaria. La propuesta se aplicaría a partir de enero de 2015 y podría beneficiar al 95% de los contribuyentes canarios”.
El Grupo Parlamentario Popular preguntará hoy al Consejero de Agricultura por las actuaciones del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria respecto a la compra de vino peninsular por Bodegas Insular del Cabildo de Tenerife. Así como por las medidas que el departamento de agricultura ha puesto en marcha para impedir la introducción en las islas de piña tropical foránea.

Los populares pedirán explicaciones a la responsable de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda por la ausencia del Informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias al Proyecto de modificación de la Ley Canaria de Inserción que prepara el Ejecutivo autonómico.
Igualmente, la titular de Empleo deberá, a pregunta del Grupo Popular, presentar una valoración de los resultados de la convocatoria del Programa de Fomento del Empleo más conocido como “Cheque Trabajo”.

Dentro también del apartado de control al gobierno, los populares preguntarán a la consejera de Sanidad por la nueva paralización de las obras del Hospital General de Fuerteventura y sobre las previsiones para dotar con una nueva ambulancia medicalizada la zona sur de la isla.

En otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias deberá comparecer ante el Pleno a petición de los diputados populares para detallar el convenio para la ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas y para informar acerca de la política farmacéutica del Servicio Canario de Salud.

El Grupo Popular interpelará a la consejera de Empleo, Industria y Comercio para conocer las medidas de política general que desarrolla el Gobierno de Canarias para el sector de la industria en el archipiélago.

Finalmente, el Partido Popular pedirá al Pleno del Parlamento, a través de sendas Proposiciones no de Ley, que inste al gobierno a impulsar e incentivar el tejido industrial de las islas no capitalinas y a adoptar un programa de rebaja de impuestos, propio y complementario a la reforma nacional, para lograr impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en las islas.

Hay 28,8 millones sin justificar al Estado. Las obras no pueden hacerse hasta que la Consejería aporte las cantidades pendientes

Cristina Tavío pide al Ejecutivo regional que diga sus prioridades en el periodo 2013-2016, qué obras se harán y por cuánto dinero

6 de octubre de 2014.- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, exigió hoy en rueda de prensa al Gobierno de Canarias que transfiera los fondos pendientes para renovación de núcleos urbanos de las islas, correspondientes a los Convenios de Vivienda con el Estado. “Aún constan 28,88 millones de euros procedentes del Ministerio de Fomento sin traspasar a los Ayuntamientos, y la Consejería competente no ha dicho ni siquiera cuánto va a aportar”, manifestó.

La diputada popular recordó que hay 35 actuaciones de renovación pendientes en otros tantos núcleos de Canarias, que corresponden a más de 20.000 viviendas, que no han podido llevarse a cabo a pesar de que el Estado adelantó el dinero: “Se fijaron en los Convenios firmados con el Estado entre 2005 y 2012, y aunque el Gobierno regional llegó a entregar parte de los fondos estatales a los Ayuntamientos, nunca puso su parte y las obras no se han hecho”.

En la rueda de prensa, a la que comparecieron también las diputadas Milagros Bethencourt y María Teresa Pulido, se enseñaron los mandamientos de ingreso del Ministerio de Fomento por las cantidades entregadas y no ejecutadas. El propio Gobierno reconoce que se han abonado estas cantidades y la mayoría de los ayuntamientos no han podido ejecutarlas por no haber abonado su parte la Consejería de Vivienda.

La responsable regional del Área, Inés Rojas, comparecerá esta semana ante el Pleno del Parlamento de Canarias para explicar sus prioridades de cara al próximo Plan, a petición del Grupo Popular. “La gestión desarrollada por la consejera nacionalista en materia de Vivienda solo puede calificarse como ineficaz e incompetente”, aseguró Cristina Tavío.

Nuevo Plan de Vivienda

El Plan de Vivienda 2013-2016, firmado en septiembre por la Ministra de Fomento y el presidente del Gobierno de Canarias prevé invertir 111 millones en las islas, de los que 30,5 millones irán para renovación urbana. Canarias aportará 9,5 millones, pero la consejera de Vivienda, como remarcó Tavío, “debe decidir sus prioridades junto con Ayuntamientos y Cabildos, y aclarar qué obras se harán y por cuánto dinero”.

“Al no haberse invertido ni un solo euro de los anteriores convenios, nos tememos que la Consejería continúe haciendo dejación de sus funciones y retrase las obras que no se han hecho”, dijo la portavoz adjunta del Grupo Popular, quien destacó que entre 2008 y 2012, estas obras hubiesen generado más de 2.000 empleos.

Los criterios de ejecución del nuevo Plan están fijados en el RD 233/2013 y en el propio Convenio. Una vez firmado, el Gobierno de Canarias está habilitado para gestionar las ayudas estatales al alquiler y a la rehabilitación y regeneración y renovación urbana del Plan Estatal 2013-2016, y no hace falta ninguna Orden Ministerial, ni ningún otro trámite para tramitar las ayudas.

En estos momentos ya todas las Comunidades Autónomas están convocando y resolviendo ayudas en el marco del Plan Estatal. “En Canarias solo falta que el Gobierno regional deje las excusas y defina ya con los Ayuntamientos y los Cabildos insulares qué actuaciones va a realizar y cómo las pagará”, indicó Cristina Tavío, quien recordó que no solo está en juego la inversión de 111 millones, sino también 2.800 empleos en tres años.