El PP recuerda que “los sondeos son competencia estatal y la ley canaria de Participación concierne a competencias autonómicas”

26 de Septiembre de 2014.- La portavoz parlamentaria del PP de Canarias, Australia Navarro, aseguró hoy que “la consulta que pretende convocar el Gobierno de CC y PSOE no es un atajo legal, es un callejón sin salida que conduce a un fraude de ley, porque la ley canaria de Participación sólo admite consultar sobre asuntos de competencia autonómica”.

Australia Navarro advirtió que “con la ley no hay atajos y el ordenamiento jurídico establece sin el menor género de dudas que los sondeos de investigación corresponden al Estado, como contempla la ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de Hidrocarburos, a tenor de los dispuesto en el artículo 132 de la Constitución española”.

La portavoz popular señala por tanto que “el Gobierno de Canarias no tiene capacidad de convocar consulta alguna en la comunidad autónoma sobre materias de competencia exclusiva del Estado, como no lo tiene ninguna autonomía española. Lo dice la Ley y la primera obligación de un gobierno democrático es cumplir y hacer cumplir la Ley. En Canarias y en toda España”.

Navarro lamenta que “un Gobierno desahuciado y agonizante pretenda desbordar la legalidad bajo el engaño, a sabiendas de que su simulacro de consulta es un callejón sin salida”.

La portavoz reconoció “la perplejidad que produce el entusiasmo del PSOE gubernamental en una ley de Participación en la que nunca creyeron y nunca respaldaron en el Parlamento. Como produce asombro que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recele de la entrega incondicional de José Miguel Pérez y Francisco Hernández Spínola en una iniciativa que quiebra la legalidad”.

Navarro confesó que “Canarias zozobra. La situación no puede ser más disparatada, con un Gobierno jubilado prematuramente por sus propias organizaciones políticas, enfrascadas en luchas intestinas por heredar el poder, y dispuestos todos a promover con los ojos cerrados una consulta ilegal”

“El Gobierno reconoce un agujero de 2 millones en los servicios de recaudación de los alquileres, pero podría ser muy superior”

Bethencourt (PP) revela que el Gobierno regional solo percibe renta de 540 inmuebles sociales arrendados, cuando tiene 17.000

26 de septiembre de 2014.- La portavoz de Políticas Sociales y Viviendas del Grupo Parlamentario Popular, Milagros Bethencourt, denunció hoy que la deuda acumulada por la empresa que prestaba el servicio de recaudación por alquileres sociales del Parque Público de Viviendas, podría ascender a 86 millones de euros. “El Gobierno solo reconoce un agujero de dos millones de euros, pero todo indica que la cantidad no cobrada o perdida podría ser bastante superior”, denunció.

La empresa Hermanos Alonso Garrán, S.L. prestó este servicio desde el año 1985 hasta mayo de 2013, en que el Gobierno de Canarias decidió no prorrogar el contrato de servicio. La liquidación del mismo arroja un saldo a favor la comunidad autónoma de 1,8 millones, cuya reclamación está dilatando la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda “a pesar de su conocida falta de liquidez”.

La diputada popular, además, preguntó a la consejera del Área, Inés Rojas, por qué el Instituto Canario de Vivienda percibe solamente rentas de 540 inmuebles sociales arrendados, cuando tiene 17.000 viviendas en su parque público. “Con independencia de que haya excepciones con algunas familias necesitadas que no puedan pagar el alquiler, con lo que estamos totalmente de acuerdo, sorprende la absoluta falta de control sobre el dinero público”.

La consejera del Área no supo aclarar la situación en el Parlamento a preguntas de Bethencourt, quien planteó “cómo es posible que no haya un control administrativo respecto a los ingresos de los alquileres, que iban a una cuenta bancaria directa y exclusiva de la empresa deudora y hoy declarada en concurso”.

“Hay muchas sombras en este procedimiento desde el inicio, y queda claro que el Gobierno de Canarias no tiene voluntad de recuperar este dinero, y mucho menos de contar cuánto debe realmente Hermanos Alonso Garrán, S.L.”, aseguró.

Por si fuera poco, la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias asume ahora la recaudación y gestión de los alquileres sociales, a través de una encomienda de gestión por dos millones. “Nos sale lo comido por lo servido”, ironizó Bethencourt.

La diputada popular concluyó señalando que el caos reina en el Instituto Canario de Vivienda y en Visocan, convertidas en “un verdadero saco sin fondos que acumulan el escándalo de las subvenciones que se adeudan tanto a la Hipoteca Joven como a las Viviendas de Protección Oficial, el desvío de 6 millones del Sistema de Atención a la Dependencia, la parálisis en la rehabilitación de viviendas y la cantidad de VPO cerradas a cal y canto pese a haber 37.000 canarios en lista de espera, aguardando para recibir una casa”.

María Teresa Pulido (PP) recuerda a Obras Públicas que este año las cantidades impagadas podrán superar los 2 millones de euros

“El Cabildo insular ha tenido que costear con fondos propios la mejora de las abandonadas carreteras de La Palma”, denunció

26 de septiembre de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular, María Teresa Pulido, exigió hoy a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional que pague las cantidades que adeuda por el mantenimiento de carreteras en La Palma desde el año 2011. “Si este año tampoco cumplen, serán ya tres anualidades y los impagos podrían superar los 2 millones de euros”, declaró.

El Gobierno de Canarias cedió al Cabildo Insular de La Palma el mantenimiento, conservación y gestión de las carreteras, conforme a un decreto de marzo de 2011, que llevaba una ficha financiera de 700.000 euros al año. “El Gobierno de Canarias incumple sus propios compromisos, y en circunstancias tan graves como las actuales, tiene que ser la institución insular la que ponga estos fondos de sus propios recursos”, manifestó.

“No nos gustaría pensar que estas cantidades no se hayan pagado por sectarismo, debido a que el Cabildo de La Palma ha cambiado de color político y ya Coalición Canaria no está en el Gobierno”, apuntó Pulido, quien anunció la presentación de iniciativas en el Parlamento de Canarias para pedir al Gobierno regional que pague sus deudas y cumpla sus propios decretos.

“Las carreteras de La Palma acumulan años de abandono, y es lamentable que se ceda la gestión y mantenimiento de las vías a cambio de unos fondos que nunca se abonan”, argumentó la diputada popular, quien concluyó pidiendo lealtad al viceconsejero de Infraestructuras, ex consejero de carreteras del cabildo palmero, “quien se ha atrevido a decir que ahora no toca cumplir con las obligaciones que ha contraído con su isla”.

Cristina Tavío: “CC y PSOE plantean nuevas exigencias en materia de transporte, pese a la estabilidad actual del sector platanero”

24 de septiembre de 2014.- El Partido Popular propuso hoy en el Parlamento de Canarias estudiar, en colaboración con el Gobierno de la Nación y siempre que lo aconsejen las condiciones del mercado, que el plátano se incorpore al régimen de subvenciones al transporte de mercancías a la península.

“CC y PSOE han rechazado nuestra propuesta, y han optado por romper el consenso y plantear nuevas exigencias al Ministerio de Fomento a sabiendas del desequilibrio que genera en las cuentas estatales y el perjuicio que podría causar a otros sectores”, declaró la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cristina Tavío, quien destacó la estabilidad de precios y volumen de producción que actualmente se da en el sector platanero, “que conoce perfectamente el trabajo que hemos realizado para garantizar la pervivencia de todos los productos canarios”.

“No entendemos las prisas de nacionalistas y socialistas en modificar un decreto aprobado precisamente por el Gobierno del PSOE con el apoyo de CC, según el cual se acordará una ayuda al transporte de plátanos a la península cuando se acrediten unas pérdidas en el sector que, afortunadamente, no se producen en la actualidad”, indicó Tavío, quien apostilló que durante el Gobierno de Zapatero hubo dos años para hacer esta misma propuesta y nunca se formuló.

Asimismo, recordó que durante el anterior mandato del Partido Socialista al frente del Gobierno de España, el campo español en general, y el canario en particular, se vieron seriamente perjudicados por una defensa muy débil de los intereses de nuestros productores: “En el caso del plátano derivó en una disminución de los aranceles aplicables a la importación de bananas como consecuencia de los acuerdos de la Unión Europea con países de Latinoamérica”.

“Esta mala negociación socialista derivó en un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio que redujo el arancel de 176 euros por tonelada aplicables en 2010, a 114 euros por tonelada en 2017”, destacó la portavoz adjunta del PP, quien remarcó que los productores de plátano han sabido adoptar fórmulas precisas para que este acuerdo no tuviese efectos negativos en la producción canaria.

“De hecho, hemos logrado consolidar 141 millones anuales dentro del Posei gracias a una brillante negociación de los plataneros, junto a los eurodiputados del Partido Popular y del actual Gobierno de la Nación, lo que ha permitido preservar tanto la superficie cultivada, como el nivel de producción y el equilibrio de precios”, indicó Tavío, quien concluyó recordando que la defensa del sector “estará en nuestra agenda y prioridades como hemos demostrado siempre”.

La portavoz de sanidad del PP en el Parlamento de Canarias, distinguida por el grupo editorial Sanitaria 2000 y la Fundación AstraZeneca

24 de septiembre de 2014.- La portavoz de sanidad del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Mercedes Roldós, ha sido distinguida con un accésit en la XIII Convocatoria del Premio Reflexiones a la Opinión Sanitaria, convocado por el grupo editorial Sanitaria 2000 y la Fundación AstraZeneca, uno de los galardones más valorados en el panorama nacional de la comunicación especializada.

El artículo premiado fue publicado el pasado mes de octubre en la revista “Redacción Médica”, y en el mismo la diputada popular abordaba la necesidad de favorecer la hospitalización a domicilio, como estrategia para mejorar la calidad asistencial de los pacientes y descongestionar los recursos sanitarios.

En su trabajo, Mercedes Roldós destacaba que las Unidades de Hospitalización a Domicilio (HADO) “permiten la asistencia sanitaria en el mejor lugar terapéutico, el domicilio del paciente”, y se refería a los estudios realizados por la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, para evidenciar que “los resultados clínicos obtenidos son similares a los obtenidos en la hospitalización tradicional, pero con una importante mejora en la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares”.

En opinión de la parlamentaria y ex consejera de Sanidad, las HADO suponen no solo un importante ahorro económico cercano al 30%, sino que además, “permiten una atención más humana e individualizada, evitando el hospitalismo y el riesgo de iatrogenia, potenciando la autonomía funcional, la independencia socio-familiar y los autocuidados”.

Mercedes Roldós se mostró sorprendida por el impacto de este artículo, que sintetiza las iniciativas aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados a instancia del Partido Popular, para favorecer la implantación de las HADO en las Islas, “como alternativa asistencial, segura y de excelencia, y un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad económica de nuestro sistema nacional de salud”. 

El galardón, entregado en un acto celebrado en la tarde del pasado lunes en el Colegio de Médicos de Madrid, contó un jurado de excepción compuesto por relevantes personalidades de la sanidad española, como Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos;  Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad; Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España; Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; Francisco Ivorra, consejero delegado de Asisa; Miguel Carrero, presidente de  Previsión Sanitaria Nacional; Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España; Diego Murillo, presidente de AMA; y Carmen González, directora general de la Fundación AstraZeneca.