• El portavoz adjunto, Poli Suárez, critica que lejos de mejorar aumenten en 50 días los tiempos para resolver las solicitudes
• Recuerda que los canarios esperan casi 3 años para recibir una respuesta por parte de la consejería de Derechos Sociales
• “Pese a los parches y los discursos triunfalistas, la realidad es que, además de liderar el retraso en las tramitaciones, somos la segunda comunidad autónoma con más personas que no reciben la ayuda a la que tienen derecho”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, reprochó al Gobierno de Canarias que “contando con más personal y con más recursos económicos en la consejería de Derechos Sociales aumente en casi dos meses más los tiempos para tramitar la dependencia en las Islas”.

Según el último informe semestral del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y el Ministerio de Derechos Sociales, Canarias es la comunidad autónoma que más días tarda desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación.

Para Poli Suárez, “alguien debería explicarnos cómo a finales de 2021 un canario tenía que esperar 943 días, y a día de hoy el tiempo medio alcanza los 993, lo que se traduce en que una persona tiene que aguardar casi 3 años para recibir una respuesta por parte de la consejería de Derechos Sociales”.

“Mientras la media nacional baja de 421 a 378 días, en Canarias pasa todo lo contrario y no sólo es que sigamos siendo los más lentos de toda España a la hora de tramitar la ley sino que, en el primer semestre de este año, aumentamos en 50 días más los tiempos de espera”, explicó el portavoz adjunto.

En este sentido, Poli Suárez considera que “la dependencia sigue siendo la asignatura pendiente de este Gobierno” y alertó que un canario tiene que esperar un año más que un andaluz, y casi dos años y medio más que un castellanoleonés para que se resuelva su expediente.

“Lo único cierto es que pese a los parches y los discursos triunfalistas por parte del presidente Torres y la consejera de Derechos Sociales, la realidad es que Canarias no sólo se sitúa como la que más tarda en tramitar la dependencia sino que además somos la segunda comunidad autónoma con mayor limbo, es decir, con más personas pendientes de recibir una prestación a la que tienen derecho”, añadió.

Por último, Poli Suárez exige al presidente Torres que “asuma sus responsabilidades ante la pésima gestión en Derechos Sociales, pues en su momento le advertimos que no se solucionaría sólo con el cambio de un director general” y lo emplaza a “quitarse la venda de los ojos y a atender a los miles de canarios que lo están pasando mal”.

• La portavoz popular de Educación en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández, pedía al Ejecutivo que arbitrara las medidas necesarias para dar estabilidad a un colectivo “que corre evidente peligro de perder sus puestos de trabajo” por la ley Celáa
• Para Hernández choca que en un momento en el que se está impulsando la estabilización del personal docente en la comunidad autónoma se excluya del proceso a estos profesores
• “Es lamentable que los partidos de izquierda se opongan a buscar soluciones a un colectivo que lleva ejerciendo su trabajo más de 40 años”

La portavoz en materia educativa del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Lorena Hernández, acusó hoy al pacto de gobierno de “olvidarse de los profesores de religión y querer liquidarlos por la puerta de atrás” al rechazar una propuesta en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que arbitrara las medidas necesarias para dar estabilidad a un colectivo “que corre evidente peligro de perder sus puestos de trabajo por la conocida ley Celáa”.

Hernández, que defendió la iniciativa ante el pleno de la Cámara, destacó que el profesorado de religión, en las etapas de Educación Infantil y Primaria, es un colectivo de docentes que ha ido perdiendo derechos a lo largo de la aprobación de las diferentes leyes educativas y manifestó su extrañeza de que “cuando se está impulsando desde las administraciones públicas la estabilización del personal docente, se excluya del proceso a este colectivo”.

Por esta razón, apunto Hernandez, el objetivo de la proposición no de ley era garantizar el mantenimiento de unos puestos de trabajo que tienen carácter indefinido, respetando la carga docente de un personal que lleva ejerciendo su labor en los centros educativos de Canarias durante muchos años y que, debido a la nueva Ley Orgánica de Educación 3/2020 “pueden perder su trabajo o quedarse en una situación absolutamente precaria”.

“Pedíamos que se buscara una solución, sin perjuicio de la libertad que tienen los centros educativos para hacer uso de su autonomía organizativa, a un colectivo que en muchos casos lleva ejerciendo su profesión más de 40 años y no puede perder derechos consolidados en la última etapa de su vida laboral y acabarla de forma precaria cuando no abruptamente”, insistió.

Recordó que en Canarias existen aproximadamente unos 500 docentes de Infantil y Primaria que imparten clases de religión en la educación pública afectados por esta situación, con una media de edad entre los 40 y 60 años y con unos 20 o 30 años de media trabajados para la administración “que tendrían un verdadero problema para reincorporarse al mercado laboral, sobre todo aquellos con edades próximas a la jubilación, si no se busca una solución”.

Por último, la diputada popular manifestó su esperanza de que la transferencia de este profesorado a la comunidad autónoma, como solicitó el Parlamento de Canaria, “marque un antes y un después para las aspiraciones de este colectivo” y se desarrolle un marco normativo que deje claro la habilitación del profesorado de religión”.

“Una capacitación que les de estabilidad al permitirles realizar actividades educativas en los centros donde imparten la enseñanza de religión como pueden ser por ejemplo guardias de recreo, coordinadores de ciclo, apoyo en la organización y funcionamiento de la biblioteca, coordinador de actividades complementarias y extraescolares, etcétera”, concluyó.

• El presidente de los populares canarios criticó que el PSOE, con el visto bueno del presidente Torres, votaran en contra de las propuestas del PP y de otras formaciones para reducir el IRPF a los palmeros o incluir la gratuidad de las guaguas y tranvías en el bono anunciado para los trenes en la península
• Considera extremadamente perjudicial para los intereses de Canarias el excesivo “servilismo” del gobierno formado por PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Socialistas Gomeros “incapaz de arrancar ni una sola mención a las islas después de haber sufrido la peor catástrofe natural”

El presidente del Partido Popular de Canarias y del grupo parlamentario en la Cámara autonómica, Manuel Domínguez, echó en cara hoy a Angel Víctor Torres su “silencio” ante el ninguneo del presidente Sánchez a Canarias en el reciente Debate del Estado de la Nación y su “sometimiento” ante la falta de medidas concretas del Gobierno de España para el Archipiélago.

Domínguez, que realizó estas manifestaciones hoy en el transcurso de la sesión de control al gobierno en la que preguntó la valoración del presidente ante esta falta de medidas, justificó la desaparición de Canarias del discurso de Sánchez por el nulo peso político del secretario general del PSOE canario y “porque cuenta en las islas con un gobierno servil”.

En este sentido, consideró extremadamente perjudicial para los intereses de Canarias el excesivo “servilismo” del gobierno formado por  PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Socialistas Gomeros que es “incapaz de arrancar ni una sola mención a las islas después de haber sufrido la peor catástrofe natural”.

El presidente de los populares canarios criticó que el PSOE, con el visto bueno del presidente Torres, no solo permitiera que se ignorara a las islas si no que “en el colmo del despropósito llegaran a votar en contra de las propuestas del PP y de otras formaciones políticas” beneficiosas para el Archipiélago como reducir el IRPF a los palmeros o incluir la gratuidad de las guaguas y tranvías en el bono anunciado para los trenes cercanías y media distancia en la península.

Al respecto recordó que “quince días antes del Debate del Estado de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) puso de relieve la precaria situación de Canarias al informar que el 40% de la población vive en riesgo de pobreza y el 13% de los canarios no pueden permitirse un plato de pescado o de pollo una vez a la semana”.

Una realidad, dijo, que ignoró Sánchez que solo se acordó de las islas para anunciar que Canarias será cien por cien renovable en 2040, “mientras usted asentía con la cabeza y aplaudía”. “Una auténtica vergüenza”, apostilló.

Finalmente recordó a Torres “que le quedan unos meses como presidente de Canarias” y le pidió que “los aproveche e intente pasar a la historia como alguien que defendió, aunque sea al final de mandato, a esta tierra por encima de todo y de todos”.

• La diputada popular, Luz Reverón, denuncia las múltiples irregularidades en las contrataciones realizadas por RTVC
• Reverón discrepa con la conclusión de ambos informes y considera que la falta de un Mandato Marco no justifica el incumplimiento reiterado de la ley de contratos
• La diputada popular se pregunta qué interés puede tener la Audiencia de Cuentas para desviar al Parlamento las responsabilidades sobre las contrataciones del Ente

La diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, criticó hoy que el Gobierno de Canarias “no ponga coto a la nefasta gestión en la Radio Televisión Canaria; una gestión basada en múltiples irregularidades en la contrataciones que llevamos dos años denunciando, mientras que el administrador único y los grupos que apoyan al Ejecutivo miraban para otro lado y justificaban lo injustificable”.

Así se expresó Reverón durante la comparecencia del presidente de la Audiencia de Cuentas sobre la legalidad de toda la contratación realizada por el Ente Público durante los años 2019 y 2020, al tiempo que agradeció el contenido de los informes, “pues certifican las constantes anomalías en el Ente Público, advertidas años tras año por Partido Popular”.

Pese a ello, la diputada popular mostró su discrepancia con la conclusión de ambos informes que consideran que la falta de definición de un modelo de gestión por parte del Parlamento de Canarias ha impedido una planificación eficaz y eficiente de la contratación a realizar, “pues la ausencia de un Mandato Marco no justifica este irregular proceder en la contratación”, aclaró.

“Nos parece una afirmación totalmente falsa y que no se puede permitir porque el hecho de no contar con un Mandato Marco no exime al administrador único de sus competencias ni del hecho de que las contrataciones se lleven a cabo incumpliendo la ley de contratos”, incidió Reverón, quien se preguntó qué interés puede tener la Audiencia de Cuentas para desviar al Parlamento las responsabilidades sobre las contrataciones del Ente.

En otro orden de cosas, Luz Reverón manifestó que ambos informes se pone de manifiesto que el número de salvedades, reparos e ilegalidades es “elevadísimo” y verifica el mal proceder respecto a los contratos menores donde en algunos ni consta el informe motivado de la necesidad, ni existe aprobación del gasto, ni se cumple con la obligación de publicar los expedientes y, lo que es peor, otros se trocean en partes “lo que es ilegal según la normativa vigente”.

La diputada popular enumeró otros ejemplos de irregularidades como el hecho de que “se insiste en la utilización de las órdenes de continuidad en lugar de llevar a cabo una nueva licitación; en los derechos de explotación de determinadas producciones no se acredita la propiedad intelectual y en algunas subrogaciones de personal no se solicitaron los informes preceptivos establecidos en la Ley de Presupuestos por lo que serían nulos de pleno derecho”.

Por último, Luz Reverón mostró su asombro y escepticismo por el hecho de que los grupos que apoyan al Gobierno empiecen ahora a pedir responsabilidades, “por lo que estaremos muy pendientes de ver cómo lo hacen, para que no se queden solo en anuncios cargados de buenas intenciones”, concluyó.

• El portavoz parlamentario de Sanidad cree que este asunto es la punta del icerberg de una manera de actuar “imprudente y atolondrada”
• Ponce preguntó a Conrado Domínguez si sus discrepancias con la entonces consejera de Sanidad en los controles a aplicar en el material sanitario fueron las causas del cese de Teresa Cruz
• “Lo único cierto es que como resultado de esta gestión ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor el Gobierno se sigue lavando las manos”

El diputado y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Ponce consideró hoy que la intervención del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, en el Parlamento ha sido “una pérdida de tiempo” y lamentó que “la Consejería de Sanidad no aportara nada nuevo y siguiera eludiendo su responsabilidad en el pufo del caso mascarillas”.

Ponce, que realizó estas manifestaciones tras la comparecencia a petición propia del Gobierno, criticó que el gobierno continúe sin explicar el escándalo de la compra de mascarillas y por qué la Fiscalía Anticorrupción investiga al Servicio Canario de la Salud (SCS) por una presunta malversación y prevaricación.

En este sentido, manifestó que el “obstinado silencio” de los responsables apunta a que “este caso es la punta del iceberg de una manera de actuar imprudente y atolondrada que nos ha costado un agujero de 4 millones de euros, más otro millón en intereses y el pago de comisiones millonarias”.

Para Ponce, “es inexplicable que el Gobierno siga defendiendo su gestión cuando el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias ante una posible irregularidad contable y la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por prevaricación y malversación al SCS, citando en calidad de investigados a dos altos cargos del Ejecutivo autonómico”.

En su turno de palabra Ponce interpeló a Domínguez, entre otras cuestiones, por el motivo por el que se contrató a una empresa de coches y sin solvencia acreditada para la adquisición de material sanitario como demuestra el hecho de que las mascarillas recibidas y pagadas como FFP3 fueron, en realidad, 3M modelo 1860 que equivalen a una quirúrgica o FFP2 de menor coste ”por lo que el precio pagado fue superior”, apostilló.

“Por ello, añadió, cobra más relevancia si hubo o no supervisión del mismo por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evitar que viniera material que no reuniera las condiciones técnicas”.

Al respecto, recordó las declaraciones de la que fuera consejera de Sanidad sobre la obligatoriedad de ejercer una vigilancia estricta acerca de las especificaciones técnicas del material sanitario y preguntó “si estas discrepancias en los controles a aplicar fueron las causas del cese de Teresa Cruz”.

Asimismo, hizo hincapié en la gravedad de los calificativos vertidos en el informe de la Fiscalía e inquirió al director del Servicio Canario de la Salud si coincidía con la opinión del Fiscal al considerar su modo de proceder indicativo de una deficiente y desleal gestión del patrimonio público al no prever un riesgo de engaño que le fue advertido.

“Lo único cierto es que como resultado de este grave caso es que ahora ni tenemos ni sabemos dónde están las mascarillas, ni tenemos ni sabemos dónde están los 4 millones de euros y lo que es peor es que el Gobierno se sigue lavando las manos y nadie asume responsabilidades por este feo procedimiento”, concluyó Ponce.