El portavoz adjunto del Grupo Popular del Parlamento de Canarias, Fernando Figuereo, advirtió hoy que “el ex ministro Jesús Caldera tiene la misma formación y el mismo conocimiento científico sobre las prospecciones de hidrocarburos que el presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero; es decir, ninguno”.

Fernando Figuereo alerta sobre “la ignorancia y la demagogia de algunos políticos profesionales que se oponen a las prospecciones de hidrocarburos y pretenden impedir que Canarias se pueda beneficiar en el futuro de nuevas fuentes de riqueza como el gas y el petróleo”.

Para el portavoz popular, “la batallita de Rivero contra el petróleo con el respaldo absurdo de CC y el PSOE está condenada al fracaso porque la autorización de las prospecciones dictada por el Gobierno del Partido Popular cuenta con el apoyo expreso de la Unión Europea y del Reino de Marruecos y está avalada por 3 resoluciones firmes del Tribunal Supremo”.

Figuereo, que lamentó el anuncio del Gobierno de CC y PSOE de seguir empleando fondos públicos para litigiar judicialmente contra las prospecciones, recriminó al ex ministro Caldera y hoy responsable de una fundación política socialista envuelta en irregularidades “que venga a Canarias a hablar de algo de lo que no entiende en absoluto con el ánimo de caer simpático entre los suyos”.

El diputado popular no obstante excusa “el atrevimiento del señor Caldera, fruto de su falta de conocimiento, porque su trayectoria política está plagada de torpezas y promesas incumplidas; no en vano, el señor Caldera fue durante muchos años el ministro de Empleo de Zapatero y tiene una responsabilidad directa en la situación actual de nuestro país”.

Por último, Figuereo recordó que “las prospecciones de hidrocarburos van a ser una realidad, le guste o no al señor Caldera o al señor Rivero, porque en este país, más allá de las batallitas políticas de algunos, se gobierna de acuerdo a la legislación vigente y al interés general de los ciudadanos, que, en estos momentos, pasa sin duda por apoyar la economía y generar crecimiento y empleo”.

El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, manifestó hoy que las cuentas del Gobierno de Canarias respecto al fomento de la inversión público-privada en infraestructuras de las islas no cuadran, “y los 250 millones de euros que anunció recientemente el presidente Rivero se quedarán en 250 millones de promesas incumplidas”.

“De entrada –apuntó Afonso hoy en la Comisión parlamentaria de Obras Públicas-, el Ejecutivo regional ya ha admitido que 150 millones en obras han quedado desiertos este año, más de la mitad de los 250 previstos por el presidente, lo que demuestra la total falta de seriedad en los estudios y que Canarias no puede ser gobernada a base de titulares y de ideas grandilocuentes sin base rigurosa”.

El parlamentario popular afirmó que el consejero del Área fue incapaz de enunciar un catálogo de actuaciones “con nombre y apellidos” que permitan justificar el anuncio de Rivero en el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad. “15 obras en colegios, dos actuaciones en hospitales y la gestión de un par de estaciones de servicios en puertos de las islas, no suman 250 millones”, razonó.

“Mientras –prosiguió Felipe Afonso-, el Gobierno de la Nación está invirtiendo más de 123 millones solo este año en puertos y aeropuertos de las islas, lo que viene a desmontar el discurso victimista que Paulino Rivero ha edificado para desacreditar al Partido Popular”.

En este sentido, apostilló que “Rivero se pasa la vida hablando de inversión en comunicaciones, y a pesar de que la comunidad autónoma maneja un presupuesto cercano al billón de las antiguas pesetas, ha reducido a menos de 4 millones de euros la inversión en los puertos de titularidad autonómica”.

“Además, la decisión de subir las tasas en las instalaciones ha afectado a nuestros puertos, que han perdido un 6,2% de visitantes en 2012, y hasta un 8% en enero de este año”, concluyó.

La diputada autonómica del Partido Popular, Astrid Pérez, manifestó hoy que la información difundida por un medio de comunicación que desvela que Fernando Ríos Rull, ex-diputado nacional de CC y Comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno, invierte en una empresa del sector petrolero, “no hacen sino confirmar que la radical campaña que lideran en contra de las prospecciones solo busca rédito electoral a base de desprestigiar a Repsol”.

Pérez, presidenta del PP de Lanzarote, declaró que “la farsa que esconden las acciones institucionales de algunas corporaciones locales y del propio Gobierno, con Coalición Canaria y Paulino Rivero a la cabeza, ha quedado desmontada: Solo oculta intereses partidistas y un claro ánimo de manipular a los canarios”.

“En el fondo de todo este asunto, el problema de CC no es el petróleo, sino quién lo va a extraer” declaró la diputada del PP, para quien “no es que los nacionalistas estén en contra de las prospecciones, sino que están en contra de que las haga Repsol, quizás porque prefieren que otras empresas las lleven a cabo”.

Para Astrid Pérez es “paradójico” que parte del discurso de CC durante el último año “se haya centrado en acusar al Partido Popular de tener intereses en Repsol, cuando el que de verdad tiene acciones en empresas vinculadas claramente con la actividad petrolera es un significado dirigente de la formación nacionalista”.

“En el caso concreto de Fernando Ríos, resulta aún más sorprendente, si tenemos en cuenta que se postula como referente del No al Petróleo en multitud de foros públicos, donde defiende su presencia en el Gobierno precisamente por liderar asuntos como este, pura demagogia interesada”, dijo.

“De ahí –concluyó-, que hayan pasado de posicionarse a favor de la extracción de hidrocarburos, como quedó de manifiesto y recogían en su programa electoral, a ser contrarios a las mismas aunque sea de boquilla”.

El diputado autonómico del Partido Popular, Víctor Moreno, denunció hoy que CC y PSOE “han reforzado el papel de Guillermo García al frente de la Televisión Canaria, al renovar cinco años más su cargo de administrador único de la empresa pública, a pesar de su probada incapacidad como gestor, y a suponer una manifiesta vulneración de la Ley de creación del ente”.

El parlamentario del PP aludió a la decisión tomada ayer por el Consejo de Administración de RTVC, “en el que se comunicó que desde el mes de diciembre estaba vencido el mandato de García como administrador único de la empresa Televisión Pública de Canarias S.A., y desde entonces ejercía esta función en situación de interinidad, sin que nadie controlase su actividad”.

Esta decisión se ha tomado en una reunión, una vez más, sin representantes del PSOE, pues de los dos miembros que le corresponden en el Consejo, uno ha fallecido y el restante es viceconsejero del Gobierno, y por tanto incurre en incompatibilidad. “Solo el Partido Popular votó en contra de la continuidad de García, como no podía ser menos después del demoledor proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas sobre su gestión desde 2007”, argumentó.

“Los socialistas ni están, ni se les espera –declaró Moreno-, y no tienen el más mínimo interés en renovar el órgano fiscalizador de RTVC, lo que supone dar por buenas todas las actuaciones de Willy García, absolutamente resignados a su papel de comparsa en el festín propagandístico de Rivero”.

Nombramiento irregular

Según apuntó el diputado popular, la Ley 8/1984 de 11 de diciembre, de Radioteledifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias es clara al respecto, y en su artículo 24 establece que el puesto de administrador único corresponde al director del medio, y ha de ser nombrado por el director general de RTVC, previa notificación al Consejo de Administración.

Según opinó Víctor Moreno, “por más que el punto 13 de los estatutos de la empresa permitan a García ejercer el puesto de administrador, la Ley no contempla esta posibilidad y la reserva al director de la empresa pública”.

“Por tanto, se nos ofrece la increíble situación de que Guillermo García, cargo político designado por Rivero, se nombra a sí mismo administrador único después de cuatro meses en funciones, aprovechando el silencio cómplice del PSOE”, afirmó el diputado del Partido Popular.

Por último, señaló que exigirá mañana explicaciones durante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria del Parlamento regional, en la que también se debatirá respecto a los contenidos de la programación de la Televisión Canaria, “cuya deriva amarillista y total falta de pluralidad informativa hemos denunciado en reiteradas ocasiones”.

La diputada del Partido Popular, Mayte Pulido, calificó hoy de “farsa parlamentaria” la iniciativa con la que CC y PSOE pretenden reducir a la mitad la adjudicación de las oficinas de farmacia pendientes desde el año 2007, mediante una Proposición No de Ley (PNL) aprobada ayer en el Pleno del Parlamento de Canarias.
Mayte Pulido calificó de “impresentable que quien firmó la orden que aprobaba el Mapa Farmacéutico hace más de seis años, la entonces consejera de Sanidad María del Mar Julios, sea hoy  la abanderada de este nuevo despropósito, después de haber sido incapaces de completar el concurso y adjudicar las nuevas farmacias que necesitamos en las Islas”.
Con la nueva propuesta de los grupos que respaldan al Gobierno solo se adjudicarían 53 nuevas farmacias para todo el Archipiélago, cuando el Mapa Farmacéutico del año 2007 ya establecía la necesidad de abrir 107 oficinas. Este cálculo fue ampliado hasta las 169 farmacias en la revisión censal de 2011, según el crecimiento poblacional registrado.
La diputada Mayte Pulido expresó las reservas de los populares sobre la legalidad de esta iniciativa, y anunció que “el Grupo Popular no puede respaldar semejante atropello, que sólo permitirá ganar tiempo a algunos, y perjudicar a los canarios que van a ver mermado su legítimo derecho a tener la prestación farmacéutica adecuada independientemente del municipio donde vivan”.
Los populares califican de “chanchullo”, la pretensión de CC y PSOE “al parapetarse tras la Ley de Presupuestos para seguir incumpliendo la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias, que refleja una ley básica del Estado”. Así mismo, rechazan que la reducción propuesta responda a “motivos económicos”, y recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Supremo “que invalida usar excusas economicistas para incumplir leyes básicas”.
El Grupo Popular presentó una enmienda que resultó rechazada, mediante la cual pretendían “que se cumpliera de forma estricta la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias y se convoque de inmediato el concurso de adjudicación libre, acorde a las vacantes resultantes del concurso de traslado para concluir el concurso  iniciado en 2007 y que curiosamente iniciaron los que hoy pretenden invalidar.”
El PP de Canarias advierte además que la propia Consejería reconoce, en un estudio realizado en 2011, que la población en la que se basa el Mapa Farmacéutico de 2007 “ha crecido significativamente, y que el número de farmacias que sería necesario abrir ahora en Canarias es muy superior”.
“La última oportunidad que se dio a los licenciados en farmacia para abrir una oficina fue en 2001”, aseguró Mayte Pulido, “y hay que recordar que esas 83 farmacias de libre adjudicación tienen hoy una autorización transitoria debido a que el entonces consejero publicó el concurso por su cuenta y riesgo, y ello llevó a que los tribunales lo anulasen”.
Los cambios que el estudio realizado en 2011 por técnicos de la Consejería de Sanidad suponen un incremento de vacantes farmacéuticas respecto al Mapa Farmacéutico en vigor en Canarias desde el 2007 de 59 oficinas más, por lo que resulta “incomprensible” la pretensión de los grupos que respaldan al Gobierno de intentar reducir a la mitad el número de farmacias a adjudicar.