El PP celebra que “Europa apueste por unificar y no fragmentar el control del espacio aéreo europeo a través de los Estados”

31 de Enero de 2014.- El secretario general del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, celebra que el Parlamento Europeo haya aprobado este jueves “la puesta en marcha de la política de Cielo Único, con la que Bruselas pretende unificar y no fragmentar el control del espacio aéreo europeo. Una decisión que ridiculiza a quienes desde Canarias reclaman el control del espacio aéreo en las Islas”.

El Cielo Único Europeo es una iniciativa de la Comisión Europea gracias a la cual el diseño, la administración y la regulación del espacio aéreo serán coordinadas progresivamente por la Unión Europea en los próximos años. En beneficio de los usuarios, garantizando la seguridad y la utilización eficiente del espacio aéreo.

Asier Antona asegura que “mientras Bruselas avanza en la coordinación e integración del espacio aéreo europeo, que es uno de los más congestionados del mundo, desde el Gobierno de Canarias no se puede estar reclamando un control regional del espacio aéreo, ni en el tráfico dentro de la UE ni en el tráfico con terceros países”.

“Reclamar el control del espacio aéreo cuando Europa trabaja unidad en el proyecto de cielo único europeo es una muestra evidente de la desorientación política de un Gobierno y de unos socios políticos (CC y PSOE) que se guían más por sus respectivas crisis internas que por el interés general de la economía y de la sociedad de Canarias”.

“Canarias como España necesita más Europa y menos reivindicar más competencias autonómicas cuando ni siquiera somos capaces de atender con éxito aquellas que nos corresponden y que afectan a las condiciones de vida de los canarios, como la Educación, la Sanidad, el Empleo o el Bienestar Social”.

El secretario general del PP animó nuevamente al Gobierno regional “a centrarse en sus responsabilidades y a dejar de fantasear con reivindicaciones delirantes que le alejan  progresivamente de las preocupaciones y del sentir general de los canarios”.

Mercedes Roldós (PP) exige al Gobierno de Canarias un plan de choque para desbloquear camas hospitalarias y aliviar las urgencias.

La portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Mercedes Roldós, aseguró que “el colapso de los hospitales de las Islas tiene que arreglarlo el presidente Rivero, no los familiares de los enfermos crónicos ni Madrid, que no tienen competencias en la gestión sanitaria ni en asuntos sociales en las Islas”. Además, exigió al Gobierno de Canarias “un plan de choque inmediato para desbloquear las camas hospitalarias de agudos y aliviar las urgencias”.

El PP ha pedido la comparecencia en el Parlamento autonómico de la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, para informar sobre “el número de camas de agudos que su departamento mantiene bloqueadas en los hospitales canarios con enfermos crónicos, con el consiguiente caos de los servicios de urgencia, que están desbordados y al límite de sus posibilidades”.

Mercedes Roldós censuró que desde hace más de un año (noviembre de 2012) la titular de Sanidad “no haya sido capaz de ponerse de acuerdo con su compañera de Políticas Sociales, Inés Rojas, para aplicar de una vez la Orden conjunta que regularía el régimen de derivación a centros sociosanitarios de pacientes con alta médica hospitalaria”, y pidió a ambas “que no se escondan tras las justificaciones de Rivero y coordinen de una vez su trabajo, porque estamos ante un problema de gestión, no de presupuesto”.

La portavoz popular advirtió además que la citada Orden parte de un supuesto jurídico “absolutamente falso”, porque el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Gobierno de la nación no afecta a la Ley de Dependencia, como se asegura erróneamente en la misma.

En este sentido, Roldós desmintió también las recientes valoraciones del director general de Dependencia del Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno, y aclaró que “si los enfermos crónicos en centros sociosanitarios pagan los servicios en función de sus rentas no es por culpa de ninguna nueva orden introducida por Rajoy, como asegura de forma tendenciosa, sino por lo establecido en la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero”.

Felipe Afonso (PP) recuerda al Ejecutivo que “no necesita norma alguna para ponerse a trabajar y ayudar a los demandantes de vivienda”

31 de enero de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, manifestó hoy que la Ley de Vivienda que pretende impulsar el Gobierno de Canarias “es un nuevo paripé de Paulino Rivero” para ocultar el estrepitoso fracaso de sus políticas. “Quieren tomar el pelo a todos los canarios aprobando una norma que no cuenta con financiación, y tiene todas las papeletas para ser declarada inconstitucional”, señaló.

“El Gobierno no necesita ninguna ley para ponerse a trabajar en políticas de eficaces, poner en alquiler las miles viviendas públicas que están cerradas y vacías, y articular medidas que ayuden a los más de 25.000 canarios demandantes de una vivienda protegida”, declaró el diputado popular, quien acusó al Ejecutivo “de crear expectativas entre los afectados por desahucios que no va a poder cumplir”.

“Hasta tres informes elaborados por el propio Gobierno confirman que no hay ni un euro para poner en marcha una Ley que requeriría unos 20 millones solo para comenzar a funcionar”, remarcó Felipe Afonso, que responsabilizó a Rivero de querer aprobar una Ley que “estafa a los canarios que sufren el grave problema de la vivienda en las islas, sin aportar una sola solución”.

Asimismo, se refirió a los informes desfavorables emitidos por la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno regional, que se unen a todos los informes negativos que ha recibido el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Vivienda de Canarias y de Medidas para garantizar el Derecho a la Vivienda, que alertan, sin excepción, de que podría incumplir la Constitución Española.

“Rivero quiere seguir adelante con su aventura pese a los precedentes que existen con las leyes de Andalucía y Navarra, que este Gobierno ha copiado como un mal estudiante, y que están suspendidas por el Tribunal Constitucional por atentar contra derechos fundamentales como la propiedad privada, y no ser de su competencia”, declaró.

Para Felipe Afonso, el Ejecutivo de Rivero “ha encontrado la excusa perfecta para no hacer nada, pues su Ley estrella contra los desahucios va a estar parada mucho tiempo, y luego siempre podrá echar la culpa al Partido Popular y al Gobierno de la Nación, mientras más de 25.000 canarios siguen esperando por una vivienda de protección oficial en las listas de la comunidad”.

“El Gobierno no escucha ni al Consejo de Estado, ni al Consejo Económico y Social, ni al Consejo Consultivo, ni a sus propios funcionarios que le dicen que esta no es la política de Vivienda que necesitamos”, señaló el diputado del PP, quien concluyó recomendando a Rivero que “en vez de meterse en aquello para lo que no tiene competencias, ejerza de forma competente las que sí tiene”.

Aurora del Rosario exige el cese del director del SCE por “insultar” a los parados de las Islas con sus “frívolas e inaceptables” valoraciones

29 Enero 2014.- La parlamentaria regional del Partido Popular de Canarias, Aurora Del Rosario, aseguró hoy que “el paro en Canarias no es culpa del sol, sino del Gobierno de Rivero”, y censuró las declaraciones del director general del Servicio Canario de Empleo (SCE), Alejandro Martín, al justificar que en las Islas se puede “soportar” mucho mejor el paro por nuestro “maravilloso clima”. Del Rosario añadió que “una persona con esta visión tan frívola e insultante de la realidad social no puede estar al frente de este departamento ni un día más”.

La portavoz de empleo en el Parlamento de Canarias se mostró “indignada” con las declaraciones de Martín, y exigió a la consejera una disculpa pública y su inmediata destitución. “Es obvio que en las Islas no hay más paro que en el resto de España por el buen clima, sino porque el Gobierno autonómico no ha hecho su trabajo correctamente, se ha equivocado en las estrategias de promoción del empleo,  y se resiste a poner en marcha las reformas que necesita la economía insular”, aseguró.

Aurora del Rosario afirmó que “lo grave no son solo estas desafortunadas declaraciones públicas, que insultan a todos los parados canarios, sino lo que se esconde detrás de ellas, una forma muy equivocada de entender lo que ocurre con el desempleo en las Islas”.

La parlamentaria popular llamó también la atención sobre el componente “sexista” de las palabras de Alejandro Martín, quien en la misma entrevista radiofónica presentó como otro problema añadido que “el porcentaje de mujeres dispuestas a trabajar es muy superior al que hay en el resto de España, es un dato característico nuestro también, cultural o por los sectores en que somos fuertes, el sector turístico y el comercial son sectores donde la mujer tiene una alta representatividad”, según palabras textuales  del director del Servicio Canario de Empleo.

“Pretender justificar nuestra insoportable tasa de desempleo echándole la culpa al buen clima de las Islas, o a que las mujeres quieren trabajar más aquí que en el resto del país, como ha hecho el director del SCE, es insultante y ofensivo, y esa forma de pensar le incapacita para ejercer una responsabilidad tan importante en el Gobierno de Canarias como es la promoción del empleo”, aseguró Aurora del Rosario.

Milagros Bethencourt, sobre el desvío de ayudas a dependientes canarios: “No merecemos un Gobierno que engañe al que menos tiene”

El PP aporta documentación que prueba que el Gobierno anunció en su Estrategia para la Pobreza 5 millones que nunca existieron

24 de enero de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que Canarias “no merece un Gobierno que mienta a las personas que peor lo pasan, y pretenda jugar con sus intereses e ilusiones”, y consideró probado que el Gobierno derivó 6 millones a sufragar gastos propios del Instituto Canario de Vivienda (ICV), que correspondían a ayudas a dependientes de las islas.

La documentación que entregó la propia Consejería al Grupo Popular demuestra una aportación de prácticamente 6 millones para gastos de funcionamiento del aparato burocrático de la Consejería, en este caso el ICV, que se sacaron del programa que incluye las ayudas a personas en situación de Dependencia. “Desde luego no era para la Prestación Canaria de Inserción, y si la consejera dice eso, también está faltando a la verdad”, dijo Bethencourt.

“Pero, lo que es peor –prosiguió-, con cargo a la Ley de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito del mes de septiembre se incorporó a Dependencia un total de 5 millones, que tanto Paulino Rivero como la propia consejera vendieron en su momento como una cantidad nueva dirigida a dar formación sociosanitaria y crear 1.500 puestos de trabajo dentro de la Estrategia para la Pobreza, cuando lo cierto es que se restituía lo que se había quitado, y encima falta un millón”.

“La realidad es la que es, y mientras el Gobierno de Rivero desatiende a los que más lo necesitan en esta comunidad autónoma y dedica fondos de Dependencia a otros asuntos, hay 46.000 personas esperando durante muchos años a que se reconozca su derecho a una prestación o servicio”, dijo Milagros Bethencourt.

Facturas impagadas

“Da la impresión que este Servicio de Atención a personas en situación de Dependencia ha sido el cajón de sastre del Gobierno, que entre 2012 y 2013 utilizó para pagar facturas pendientes los fondos que iban destinados a prestaciones y servicios de los dependientes canarios”, remarcó la diputada del Partido Popular.

Así, en la documentación aportada al Grupo Parlamentario Popular, figuran otros gastos que se han realizado desde el año 2012 con cargo a fondos para los dependientes, como el abono de facturas de reparación del sistema de aire acondicionado del Servicio de Dependencia de Las Palmas de Gran Canaria, que costó 2.642 euros, el pago de 54.266 euros en facturas pendientes por un sistema informático, y 82.000 euros en facturas impagadas a proveedores.

Asimismo, en 2012, el Gobierno también pagó 180.531 euros de este Servicio, para dar cumplimiento a un acuerdo de Gobierno de restablecimiento del Transporte Marítimo entre Tenerife y El Hierro.