Milagros Bethencourt critica los casos de amiguismo y la mala gestión de los recursos, “mientras empeora la atención al vecino”

31 de octubre de 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular por La Gomera, Milagros Bethencourt, exigió hoy la destitución inmediata del Director Gerente de los Servicios Sanitarios en la isla, “cuya actuación se ha caracterizado por el amiguismo y la mala gestión de los recursos, deteriorando la atención que reciben los vecinos”.

La diputada del PP remarcó las “muchas y graves irregularidades” cometidas por el equipo directivo de la Consejería de Sanidad en La Gomera, denunciadas reiteradamente por trabajadores, pacientes y familiares, y “a lo que se une la decisión de reducir personal en las pasadas Fiestas Lustrales, que triplicaron la población de la isla y llevó a colapsar los servicios”.

En este sentido, recordó el colapso vivido por el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo servicio de Urgencias trabajó sin refuerzos durante las pasadas fiestas, y llegó a tener a cuarenta pacientes a cargo de una sola enfermera.

Bethencourt recriminó en Pleno a la consejera del Área que “con una plantilla de, al menos, 17 celadores, se pretenda contratar a una empresa privada, sin publicidad, para que preste estas funciones, algo prohibido por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y casualmente todos ellos compromisarios en el último congreso insular de Coalición Canaria, justo al mes siguiente a la firma del contrato”.

“De hecho –prosiguió-, entre los cinco informadores contratados se encuentra la mujer del gerente, que encima no estaba en la lista oficial de acceso, un verdadero caso de nepotismo que se completa con la contratación masiva de parientes directos de miembros de Coalición Canaria”.

“Mientras esto sucede, todos los colectivos muestran su preocupación por la situación generada en la sanidad gomera, de la cual se ha erigido en portavoz el diputado de CC en la isla, que se atreve a convocar una rueda de prensa para apoyar y aplaudir esa gestión”, concluyó Milagros Bethencourt.

Artículo de la Portavoz del Grupo Popular del Parlamento de Canarias y presidenta del Partido Popular de Gran Canaria.

Desde que el Gobierno de España aprobara el Anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, el PSOE ha formulado críticas feroces contra el mismo, sin aportar ninguna propuesta ante los retos que se enfrenta el Sistema de Seguridad Social español.

Una Seguridad Social, conviene recordar, que está en déficit desde que se fueron los socialistas en 2011. El gasto en pensiones se ha más que duplicado, pasando de 52.000 millones en el año 2000 a más de 100.000 en la actualidad y, a causa de ese déficit heredado, estamos usando el Fondo de Reserva en los últimos años para poder pagar las pensiones puntualmente.

Lo que está claro es que ante esta situación de riesgo el Gobierno de la Nación no podía quedarse de brazos cruzados y ha tenido que adoptar medidas de reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Una reforma que, con la hipocresía que le caracteriza, el PSOE defendía en el pasado y hoy critica sin pudor.

El 8 de mayo de 2009, en  acto organizado por UGT Euskadi para abordar las «Nuevas políticas para la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejora de la protección social», el Secretario de Estado de la Seguridad Social del Gobierno de Zapatero afirmaba: “(…) con el cóctel de más jubilados y menos cotizantes, el sistema, de cara al futuro, es insostenible (…)”.

La opinión pública canaria debe saber que el PSOE, durante las dos pasadas legislaturas, adoptó numerosas medidas con el fin de limitar el gasto en pensiones que hoy interesadamente olvida. Resumiendo, se pueden señalar:

1º) Congelación de las pensiones en el año 2011. El Gobierno de Mariano Rajoy decidió en el año 2012 subir las pensiones inferiores a 1.000 euros un 2%.

2º) Ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años.

3º) Incremento del periodo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación.

4º) Reducción en hasta un 50% de la cuantía de la pensión de incapacidad permanente por enfermedad común.

5º) Limitación de la pensión de viudedad en casos de separación o divorcio.

6º) Bajada de la cuantía de la incapacidad temporal por enfermedad común en caso de despido.

7º) Disminución de los porcentajes de la pensión de jubilación por año trabajado, que castigaba, entre otros colectivos, a las personas que hubieran abandonado temporalmente su vida laboral para el cuidado de hijos.

8º) Aumento del número de años necesarios para percibir el 100% de la pensión de jubilación de 35 a 37 años.

9º) El socialista Valeriano Gómez, el único ministro de España que ha congelado las pensiones, defendía el 15 de 2010 en un acto público que «los jubilados también deben hacer un sacrificio al aceptar la congelación de sus pensiones para que la crisis sea lo más corta posible» (El Faro de Vigo). Hoy se permite en un artículo publicado en el periódico «El País» el 20 de septiembre pasado que «las pensiones, una vez originadas, deben mantener su poder adquisitivo definido legalmente».

Frente a esta política hipócrita, errática e interesada del PSOE, el PP ha presentado una reforma que busca la sostenibilidad del sistema público de pensiones hoy y en el futuro y, al mismo tiempo, persigue que las pensiones suban siempre, en función de la situación económica.

En definitiva, las medidas del Ejecutivo consiguen blindar a las pensiones de la congelación, algo muy importante y que debe generar tranquilidad para todos los pensionistas garantizando que van a subir siempre, unas veces más que el IPC y otras, cuando la economía pase por momentos difíciles como el actual, subirán un mínimo del 0,25%. Pero lo más importante es que con esta reforma se pone a salvo a nuestro sistema de pensiones de asaltos como los perpetrados en el pasado por los gobiernos socialistas  que han puesto en grave riesgo el futuro de nuestras pensiones.

Águeda Montelongo (PP): “El director de RTVC se queda sin excusas para esconder a los canarios el contrato de emisión de fútbol”

30 octubre 2013.- El Parlamento de Canarias aprobó hoy por unanimidad una propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular que considera inadecuada la aceptación de cláusulas de confidencialidad en los contratos públicos del Gobierno de Canarias, lo cual, según manifestó la diputada Águeda Montelongo, “supone un contundente rechazo a la gestión oscurantista de Radiotelevisión Canaria, y la negativa del Ejecutivo a facilitarnos información”.

La Cámara regional exige al Gobierno, asimismo, que informe a la mayor brevedad del contrato suscrito por el RTVC con Mediapro para la emisión del fútbol de Segunda División para las temporadas 2013-2014 y 2014-2015. “Ya no hay excusas para seguir escondiendo el coste de emitir estos partidos”, indicó Montelongo.

En este sentido, consideró que “este pronunciamiento unánime deja claro que el Parlamento de Canarias no puede ser visto como un tercero respecto a los contratos que firma el Gobierno regional, ni ninguna de sus empresas o entes públicos, y desde luego no puede ponerse en duda la legítima labor fiscalizadora de los diputados”.

“Tanto el Reglamento del Parlamento de Canarias, como el Estatuto de Autonomía y la Ley del Gobierno y la Administración pública impiden que se cuestione la capacidad fiscalizadora de los diputados, y de hecho la propia Ley 8/1994, reguladora de la RTVC, así lo establece”, indicó.

“El propio Gobierno de Canarias no es creíble cuando pretende impulsar una Ley de Transparencia en las islas, y a la vez oculta información al Parlamento escudándose en cláusulas de confidencialidad” argumentó la diputada del PP, quien explicó que la jurisprudencia entiende que una vez cerrada la licitación de un contrato el proceso deja de ser secreto, y entiende que las cláusulas de confidencialidad son nulas y contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Águeda Montelongo, “el derecho de los canarios ha de quedar indudablemente por encima de cláusulas de confidencialidad, diga lo que diga el Gobierno de Canarias, y desde luego el director de RTVC, pues los ciudadanos, como únicos accionistas de la televisión pública, tenemos derecho a saber cuánto pagamos, a quién, y en qué condiciones”.

“Es inadmisible que se pretenda ocultar a los legítimos representantes de la ciudadanía una información que maneja un asalariado puesto a dedo al frente de la televisión pública, toda vez que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas ha confirmado en esta Cámara que el director de RTVC no le ha facilitado toda la información relacionada con sus contratos entre 2007 y 2011, ni jamás habló de cláusulas de confidencialidad”, señaló la diputada del Partido Popular.

“Con los derechos de emisión del fútbol y su supuesta confidencialidad, el Gobierno se ha situado en la estrecha línea que separa la confidencialidad de la falta de transparencia, especialmente cuando el propio ciudadano es el que pide que se vigile muy estrechamente el destino que se da al dinero público”, concluyó.

Ana Guerra (PP): “La sección está desmantelada desde abril de 2012, pese a ser vital para los productores de la provincia oriental”

28 de octubre de 2013.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Agricultura, Ana Guerra, denunció hoy que el Gobierno de Canarias no ha cubierto desde abril del año 2012 la plaza de Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal en la provincia de Las Palmas. “Se cubrió de forma interina por la Consejería, y ha vuelto a quedar vacante desde el verano pasado, a pesar de la importancia de los cometidos que desarrolla”, declaró.

En Comisión parlamentaria, la diputada del PP consideró “gravísimo” que el Departamento de Sanidad Vegetal esté desmantelado en la provincia oriental, pues desarrolla “una labor decisiva para la sanidad y productividad de nuestras fincas agrícolas, y además gestiona el Laboratorio de Sanidad Vegetal y Residuos”.

“Sabemos que la situación es difícil y que los recursos escasean, pero entendemos que este puesto es fundamental en una región que derrocha mucho dinero en gastos superfluos” declaró Ana Guerra, para quien es preciso “estar al lado del agricultor y asesorarle en el uso de productos fitosanitarios, así como en los tratamientos a efectuar para la erradicación de plagas y enfermedades”.

“En la actualidad nuestros cultivos están afectados por cerca de un centenar de plagas, y bueno es recordar que sin un Servicio de Sanidad Vegetal organizado, somos especialmente vulnerables a su incidencia”, indicó la diputada popular, quien citó como ejemplo la presencia de un nuevo virus, actualmente localizado en zonas de Levante peninsular, que podría afectar al tomate.

Rizado amarillo

La diputada popular destacó la identificación de este virus -que está causando estragos en los cultivos de calabacín de Murcia y Almería-, conocido como Rizado Amarillo de Nueva Delhi, una nueva cepa del conocido virus de la cuchara, que arruinó a los productores de tomate de exportación de Canarias hace muy pocos años.

“De hecho –apuntó Ana Guerra-, la Consejería de Agricultura de Andalucía ya ha transmitido estos datos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su debate en el seno del Comité Fitosanitario Nacional, al que tiene que asistir el Jefe de Servicio de Sanidad Vegetal”.

“Al encontrarse desmantelado este Departamento en la provincia de Las Palmas, será muy difícil asesorar a nuestros productores sobre los peligros que puede entrañar el Rizado”, insistió.

Aunque los expertos suponen que se comportará como el antiguo virus de la cuchara, las hortalizas que pueden ser huéspedes son muchas más, y podría afectar a cultivos que se producen en las islas como el calabacín, el pepino, la calabaza y el tomate.

Como indicó la diputada popular, el virus se extiende cuando abunda la mosca blanca, como en el caso de Canarias, y el clima subtropical de las islas es idóneo para su propagación. “La competencia para controlar la presencia de estos agentes es de los departamentos de Sanidad Vegetal, y sería gravísimo que no contásemos con las debidas fórmulas de control”, concluyó Ana Guerra.

La portavoz de Empleo del Partido Popular en el Parlamento autonómico, Aurora del Rosario, insistió hoy en el “uso inadecuado” que el Gobierno de Canarias ha venido realizando de los fondos destinados a la lucha contra el paro, y puso como ejemplo “el millón de euros que la Consejería de Empleo se gastó en reformar sus propias oficinas”.

Esta cifra se desvió de los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) transferidos por el Estado en 2012, y en opinión de Aurora del Rosario “demuestra que el incremento del paro en las Islas no es solo consecuencia de la crisis, sino también de la nefasta gestión realizada por el Gobierno de Rivero, que ha estado jugando a su antojo y sin control con el dinero de los parados canarios”.

Los datos han sido reconocidos por el Gobierno de Canarias, en respuesta escrita a diversas solicitudes de documentación presentadas por la diputada popular en la Cámara regional. Según la información facilitada por la Consejería de Empleo, el millón de euros se ha invertido en partidas “tan curiosas” como la instalación de una ventana en el techo con mando a distancia, el montaje y desmontaje de mamparas en despachos o la instalación de aire acondicionado.

“Este tipo de apaños ya no podrán hacerse a partir de ahora con la nueva estrategia de empleo pactada por el Gobierno de la nación con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial, y es exactamente eso lo que preocupa a Paulino Rivero y a la consejera Luengo, no que los fondos disminuyan, porque ellos saben muy bien que no disminuyen”, aseguró Aurora del Rosario.

“El discurso victimista del PIEC y contra el Gobierno de la nación utilizado por CC y PSOE queda totalmente desvirtuado cuando vemos en qué se ha estado gastando el dinero que viene para la formación y empleabilidad de los canarios”, afirmó.

La parlamentaria popular remarcó que la partida destinada a promoción del empleo en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año “aumenta en 275 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 7%, hasta superar los 4.080 millones de euros”.

“A diferencia del mal uso que venía dándose al PIEC, a partir de ahora el Gobierno de Canarias tendrá no solo que justificar sus actuaciones, sino evaluar la eficacia de las mismas, para que los desempleados canarios tengan la garantía de que el dinero se gasta correctamente en su formación y promoción”, aseguró Aurora del Rosario.