• El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, Carlos Ester, tilda de “demagogos” a los grupos de la izquierda por querer “encabezar” un debate que ignoraron en la pasada legislatura
• Frente a la inacción del anterior gobierno, el PP ya ha ofrecido un pacto por el turismo ligado a la sostenibilidad social y económica, cuyos primeros pasos se han dado con el anteproyecto de Ley del Uso Turístico de Viviendas
• Recuerda que los populares ya han mostrado también su disposición a estudiar la posibilidad de establecer una tasa por prestación de servicios en determinados espacios naturales que incida directamente en la mejora de estos parajes

El portavoz adjunto y responsable de Turismo del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Ester, critica el oportunismo del PSOE y de Nueva Canarias al exigir ahora una tasa turística “que no quisieron crear en los cuatro años de gobierno del Pacto de las Flores”.

Carlos Ester tilda de “demagogos” a los grupos de la izquierda por querer ponerse al frente y encabezar un debate que ignoraron en la pasada legislatura. “Pese a que ahora intenta justificarse escudándose en el cero turístico debido a la pandemia, lo cierto es que el turismo se recuperó en el año 2022, y tuvieron tiempo más que de sobra para implantarla”.

Frente a la parálisis de la pasada legislatura, el portavoz adjunto señala que el Partido Popular ya ha ofrecido un pacto por el turismo ligado a la sostenibilidad social y económica, cuyos primeros pasos se han dado con el anteproyecto de Ley del Uso Turístico de Viviendas.

En este sentido, Ester mostró la disposición del PP de Canarias a respaldar la iniciativa planteada por la Consejería de Turismo de crear un comité de expertos que fije unas directrices comunes para mejorar el modelo turístico actual y en el que participen todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, expertos, académicos y el conjunto de la sociedad canaria.

Por último, el portavoz adjunto señaló que “los populares ya hemos mostrado también nuestra disposición a estudiar la posibilidad de establecer una tasa por prestación de servicio en determinados espacios naturales, como ya ocurre en Lanzarote, porque inciden directamente en la mejora del espacio natural contribuyendo a incrementar la calidad del destino y el reclamo del turismo”.

• La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, asegura que las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de nuestra biodiversidad y causan graves problemas no sólo ambientales sino también sociales y económicos
• Recuerda que ya en el año 2011 se aprobó una resolución en este sentido, pero más de 10 años después el rabo de gato sigue siendo una de las especies diana en todas las propuestas de prevención y actuación
• Reverón destaca que para estas labores de prevención, control y erradicación sean fructíferas es importante que exista un sistema de cooperación vertical de las entidades del sector público

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, pidió hoy al Gobierno de Canarias incluir dentro del plan de prevención y control de especies exóticas invasoras, y en colaboración con los cabildos insulares, una dotación presupuestaria suficiente con el objetivo de poner en marcha medidas de alerta temprana para el control de la especie exótica invasora rabo de gato.

Reverón, que presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la comisión de Transición Ecológica celebrada en el Parlamento de Canarias, aseguró que “las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de nuestra biodiversidad y causan graves problemas no sólo ambientales sino también sociales y económicos”.

En este sentido, recordó que ya en el año 2011 se aprobó una resolución en este sentido instando al Gobierno a llevar a cabo medidas concretas para su control y erradicación, junto al resto de corporaciones locales. “Sin embargo, más de 10 años después, el rabo de gato sigue siendo una de las especies diana en todas las propuestas de prevención y actuación”.

La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, propone además que para que estas labores de prevención, control y erradicación sean fructíferas “es importante que la administración pública utilice el sistema de cooperación vertical de las entidades del sector público, dentro de su potestad de organización”.

“Si hablamos de especies vegetales, el rabo de gato es la que mayor impacto está ocasionando en los ecosistemas canarios, produciendo una clara homogeneización y pérdida de biodiversidad en algunos paisajes”, indicó Luz Reverón, quien entiende que “la detección temprana es fundamental para detener su expansión e incluso llegar a erradicarla, ya que cuando se ha extendido es muy costoso o imposible controlar su población”, finalizó.

• El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular pide al Gobierno de España acabar con la competencia desleal reforzando los controles en los Puntos de Inspección Fronteriza con el fin de mejorar la eficiencia de los controles sanitarios y proteger a los consumidores
• Según Casañas “algo no debemos estar haciendo bien cuando miles de agricultores piden a gritos en Canarias y en el resto de España que se pongan trabas a la competencia desleal”

El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, ha pedido al Gobierno de Canarias que exija al Gobierno de España que garantice que los productos que entran de terceros países en la Unión Europea cumplan los mismos requisitos y “las mismas reglas de juego” que los producidos por los agricultores y ganaderos europeos.

Durante el debate de una Proposición No de Ley del Partido Popular, aprobada por unanimidad del Parlamento de Canarias, Casañas afirmó que “el sector agroalimentario canario, al igual que el del resto del territorio nacional, no puede verse afectado constantemente por importaciones que bajan nuestros precios y amenazan la supervivencia de nuestros productores”.

Además, el diputado popular reclamó en su iniciativa medidas concretas para “reforzar y mejorar la eficiencia” de los controles fronterizos para que los productos de terceros países no contengan materias activas no autorizadas en la UE y “proteger así la salud de los consumidores” ya que, recordó “que solo en el año 2023, se notificaron 180 alertas alimentarias en nuestro país”.

“Un hecho grave que hay que evitar que se repita poniendo medidas estrictas porque ahora mismo, explicó, los productos que llegan a Europa procedentes de terceros países soportan unas exigencias menores que los que se producen en la Unión Europea”.

Casañas ensalzó la “calidad de los productos canarios y las numerosas denominaciones de origen”, al tiempo que aseguró que “algo no debemos estar haciendo bien cuando miles de agricultores piden a gritos en Canarias y en el resto de España que se pongan trabas a la competencia desleal”.

“El problema es que a nuestros productores se les exige un cumplimiento férreo de las normativas en materia medioambiental, fitosanitaria, de sanidad vegetal y bienestar animal, mientras que a países terceros se les permite la entrada de productos con residuos de pesticidas que pueden acabar en el plato del consumidor”.

Así mismo, se aprobó también extender el refuerzo de la inspección alimentaria al mercado interior con mejoras en los planes de inspección y el incremento del régimen sancionador para aquellas empresas que incumplan los requisitos de importación.

En esta línea, el diputado popular puso como ejemplo la situación que vive los productores de piña tropical en la isla de El Hierro que llevan años sufriendo la entrada de productos ilegales ya que “a los importadores que se atreven a hacerlo les sale a cuenta”.

“Mientras el beneficio por traer un contenedor de piña supone los 40 o 50 mil euros, la sanción tan solo es de 3.000 mil euros sin ningún riesgo, además, de perder su licencia de importación. Es ahí donde debemos apuntar para sacar de circulación a esos que incumplen y suponen con su irresponsabilidad un riesgo para la salud de los consumidores y un peligro por la entrada de plagas al campo”, finalizó.

• El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular quiso conocer las medidas que se pueden llevar a cabo desde el Gobierno de Canarias, junto con el Gobierno Central, para resolver un problema que afecta a obras e infraestructuras educativas, sanitarias, viarias, entre otras
• Según Casañas, los procedimientos de tramitación electrónica y el uso de la plataforma de contratación del Estado permiten el acceso a empresas de todo el territorio nacional y europeo que, en la mayoría de los casos, desconocen los sobrecostes y los problemas logísticos que supone trabajar en estas islas

El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, achacó a los costes de la doble insularidad la paralización constante de obras e inversiones públicas en las islas no capitalinas que frenan su desarrollo.

El diputado herreño, que preguntó en el pleno del Parlamento al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por esta cuestión, quiso conocer las medidas que puede llevar a cabo desde el Ejecutivo Autonómico, junto con el Central, para resolver un problema que afecta a obras e infraestructuras educativas, sanitarias, viarias, entre otras.

“Las condiciones limitantes de mano de obra, del transporte y del alto coste de materiales, unido a la mayor afluencia de empresas procedentes fuera de nuestra comunidad autónoma que desconocen las realidades insulares, está propiciando que se dilaten en el tiempo la ejecución de obras importantes con la consecuente paralización de las mismas”, aseguró.

El centro de FP de Majada Marcial en Fuerteventura, la ampliación del Mirador Juan Rejón en La Gomera, el techado del CEIP de Barlovento en La Palma, o las obras del CEIP Valverde, son algunos de los ejemplos que Casañas enumeró durante su pregunta.

Asimismo, el diputado popular apuntó en esta problemática detallando los problemas de las obras de ampliación del Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, paralizadas desde el año 2020. “Estamos ante otro ejemplo de obras adjudicadas que no contemplan los costes reales y las singularidades a las que se enfrentan las empresas a la hora de contratar personal, transportes, viviendas, etcétera”.

Según el diputado herreño, los procedimientos de tramitación electrónica y el uso de la plataforma de contratación del Estado permiten el acceso a empresas de todo el territorio nacional y europeo que, en la mayoría de los casos, desconocen los sobrecostes y los problemas logísticos que supone trabajar en estas islas.

“Si al desconocimiento del terreno, le sumamos que no se contemplan los sobrecostes, tenemos como resultado dificultades de ejecución en obras diseñadas para mejorar la calidad de vida de los canarios, sobre todo de los que viven en islas no capitalinas”, finalizó.

• La portavoz del Grupo Parlamentario Popular indica que estamos ante un nuevo ejemplo de la “peculiar” forma de gestionar del anterior Gobierno presidido por Torres
• Asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma “el arbitrario cambio de criterio” de los gestores socialistas
• Lamenta que quién fuera responsable de la Consejería de Obras Públicas, el socialista Sebastián Franquis, no haya dado ninguna explicación sobre este desaguisado

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, avisó hoy que las indemnizaciones por la “chapuza” del PSOE por la decisión de cambiar la adjudicación de la obra para el cierre del anillo insular de Tenerife las pagaremos todos los canarios.

Reverón, que preguntó al consejero de Obras Públicas por las repercusiones que tendrá para la ejecución de esta obra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), aseguró que dicha sentencia confirma “el arbitrario cambio de criterio” de los gestores del PSOE.

Para la portavoz popular, “estamos ante un nuevo ejemplo de la peculiar forma de gestionar del anterior Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, y que no sólo puede suponer un retraso en una obra vital para el desarrollo de Tenerife, sino que además supondrá indemnizaciones millonarias por cortesía de los socialistas”.

“Conociendo quién estaba al frente de la Consejería de Obras Públicas, quién estaba a cargo de la Secretaría General Técnica y que una funcionaria que nada tenía que ver con el expediente fue la que informó para justificar este caprichoso cambio de criterio van quedando pocas dudas de qué fue lo que pasó y por qué”, señaló.

En este sentido, Reverón aclaró que “soy consciente de que quién debería haber dado ya explicaciones sobre los rocambolescos manejos que han dado lugar a la sentencia del TSJC sobre la obra del cierre del anillo insular debería ser el anterior responsable”.

“Lamentablemente el que fuera responsable de la Consejería de Obras Públicas, el socialista Sebastián Franquis, no ha dado ninguna explicación sobre este desaguisado, algo lógico teniendo en cuenta la fobia que últimamente ha desarrollado el PSOE para dar cuenta de sus dudosas actuaciones”, añadió.

Por último, Luz Reverón reprochó al Partido Socialista que “sus cuatro años al frente del Gobierno de Canarias dejan más sombras que luces y, sobre todo, dejan facturas millonarias de euros que tendremos que pagar los canarios por sus continuas y conocidas chapuzas”.