• La diputada popular critica que los responsables de Presupuestos y Hacienda se nieguen a revisar sus obsoletas previsiones de crecimiento y a dar ejemplo apretándose el cinturón con medidas de contención del gasto
• Recordó al Gobierno de Canarias que países como Alemania, Polonia, Francia, entre otros, ya lo han hecho y comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León ya han bajado los impuestos desde el 1 de enero para aliviar las consecuencias de la inflación

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, exigió hoy al Gobierno de Canarias, durante el Pleno de la Cámara autonómica, que “sea solidario” con el esfuerzo de los canarios para llegar a fin de mes y “revise a la baja los impuestos para ayudar a las familias y emprendedores a hacer frente a la subida del precio de la luz, los combustibles y la cesta de la compra”.

Australia Navarro, que preguntó hoy al vicepresidente del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, en el transcurso de la sesión de control al gobierno por las medidas que piensa adoptar para reducir los efectos de la inflación, cifró en más de un 6% la pérdida de poder adquisitivo de los canarios y recordó al también consejero de Hacienda que gracias a sus políticas irresponsables “Canarias es menos rica y los canarios mucho más pobres”.

“Lo cierto, dijo, es que hoy por hoy de recuperación y remontada, nada de nada. Los precios de la luz, los combustibles o la cesta de la compra se ha convertido en un reto inalcanzable para miles de familias y empresas canarias y en un freno para la reactivación”.

“Piensa dar marcha atrás al sablazo fiscal que dieron en 2019, además de aplicar algún factor de corrección en la tarifa autonómica del IRPF, rebajar el IGIC y el impuesto especial sobre los combustibles para evitar que la inflación se convierta en una subida fiscal encubierta”, insistió Australia Navarro que acusó al Ejecutivo regional de “hacer caja con la inflación”.

Al respecto, le recordó que países como Alemania, Polonia, Francia, entre otros, ya lo han hecho y comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León ya han bajado los impuestos desde el 1 de enero para aliviar las consecuencias de la inflación.

Para la diputada popular “la alternativa no puede ser no hacer nada” cuando las familias y emprendedores canarios tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, por eso pidió al responsable de Presupuestos y Hacienda que “revise sus previsiones económicas y de ejemplo apretándose el cinturón con medidas de contención del gasto”.

“A pesar de la propaganda gubernamental” la inflación ha devorado nuestros ahorros, la subida del SMI y la de las pensiones y añadió que “nuestro poder adquisitivo se ha desplomado más de un 6%, lo que supone en la práctica, como si los salarios en Canarias se hubieran reducido en casi 1.200€ anuales”, finalizó.

• La diputada popular critica que sean las administraciones locales de las islas no capitalinas quienes tengan que sufragar el alojamiento y las dietas de los agentes desplazados
• Reprocha que en los momentos más álgidos de la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias no haya movilizado a la policía autonómica para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
• Lamenta que el Ejecutivo de Torres no afronte con valentía la necesidad que tienen algunas islas de contar con un destacamento permanente

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Astrid Pérez, exigió hoy al consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el despliegue de la Policía Canaria en las islas no capitalinas del archipiélago, “con una planificación que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada isla porque todos los canarios la financiamos, los de las islas capitalinas y no capitalinas, pero no todos contamos con sus servicios”.

Durante una comparecencia en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad en el Parlamento de Canarias, Astrid Pérez criticó el hecho de que cuando estos agentes se desplazan a otras islas sean las administraciones locales, o insulares, quienes tengan que sufragar el alojamiento y las dietas.

“¿Por qué tienen que pagar un extra los ayuntamientos o los cabildos de las islas no capitalinas si al igual que las demás ya financiamos los 20 millones anuales que nos cuesta este Cuerpo?”, preguntó la diputada popular, quién añadió que “catorce años después de su creación, la Policía Canaria sigue sin ser la policía de todos los canarios”.

Asimismo, criticó que durante los momentos más álgidos de la crisis migratoria en Lanzarote o Fuerteventura, el Gobierno de Canarias no haya movilizado de motu propio a efectivos de la Policía Autonómica para dar apoyo y reforzar las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en estas islas y que estaban desbordados.

“¿Es que acaso los ciudadanos de Lanzarote, La Gomera o La Palma no tienen los mismos derechos que los de Tenerife o Gran Canaria?”, cuestionó la diputada popular, al tiempo que indicó que “con esta diferenciación, el Gobierno de Canarias asume que los ciudadanos de las Islas no tienen los mismos derechos y que hay canarios de primera y de segunda”.

En este sentido explicó que “ayuntamientos de otras islas, aunque quieran un refuerzo de seguridad para sus fiestas patronales o celebraciones, no pueden asumir el coste medio que supone 100 euros por persona y día; porque instalaciones que son de su propiedad, y que usan otros cuerpos en momentos puntuales, no son óptimas para la Policía Canaria y porque no pueden asumir ese plus de seguridad al que realmente tienen derecho como canarios que son”.

Según la diputada popular, “esta es la triste realidad que el Gobierno de Canarias no quiere ver y ante la que no está haciendo absolutamente nada, porque ni corrigen esta situación ni afrontan con valentía la necesidad que tienen algunas islas de contar con un destacamento permanente”.

Astrid Pérez reclamó al Gobierno de Canarias que asuma el coste económico que actualmente tienen que asumir las corporaciones locales cuando requieren un refuerzo puntual de estos efectivos y urgió a buscar soluciones a corto plazo, “porque son ustedes los responsables de mantener un sistema que, en la práctica, no es un servicio público esencial para todos los canarios”, concluyó.

• La portavoz de Vivienda del Grupo Popular lamenta que el consejero de Obras Públicas presuma de actuaciones en materia de vivienda “cuando, a día de hoy, no se ha entregado ni una a los miles de solicitantes”
• Para Reverón “la incapacidad de este gobierno está convirtiendo en papel mojado el Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias firmado al principio de la legislatura”
• “De nada sirve hablar de datos, de cifras, de dinero y programas si al final las viviendas no llegan o como ocurre en La Palma apenas llegan el 25% de las 300 viviendas que se necesitan”

La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Luz Reverón, cuestionó los datos ofrecidos por el consejero de Obras Públicas en el balance del primer año de ejecución del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y denunció que “su nula ejecución está dejando tirados y sin alternativa a más de 18.000 familias canarias que esperan por una vivienda pública”.

Reverón lamentó que el responsable del área jugara con las “expectativas” de miles de canarios con muchas dificultades para encontrar una casa en condiciones dignas y volviera a incurrir en el “autobombo y la propaganda dando por realizadas unas actuaciones que no cuadran con la realidad”.

“Es lamentable que el consejero presuma de una gestión que solo existe sobre el papel cuando, a día de hoy, no se ha entregado ni una solo vivienda a los miles de canarios que esperan por una vivienda pública en condiciones”, señaló la diputada popular.

“De nada sirve hablar de cifras, de datos, de dinero y de programas si al final las viviendas no llegan” afirmó Reverón, quien puso como ejemplo la situación de incertidumbre en la que se encuentran los palmeros que han perdido su vivienda por la erupción del Cumbre Vieja que, “a pesar de las promesas, solo han recibido en torno al 25% de las 300 viviendas que se precisan en la Isla Bonita”.

Así mismo, criticó que los datos oficiales aportados “no responden a la realidad de la ejecución del Plan de Vivienda ni a las necesidades de los canarios” al tiempo que reprochó la falta de transparencia “ya que la mayoría de los catorce programas que aparecen en la página web del Instituto Canario de la Vivienda y de los que presume el consejero no están desarrollados”.

Al respectó criticó que a pesar de ser la comunidad autónoma que encabeza la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión, de ser la que más ha sufrido las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y de la merma de poder adquisitivo, “el problema de la vivienda pública en Canarias siga enquistado”.

“La incapacidad el Gobierno regional para dar respuesta a la escasez de vivienda pública en las islas está convirtiendo en papel mojado el Pacto social y político por el derecho a una vivienda digna firmado al inicio de la legislatura”, concluyó.

• El portavoz adjunto del Grupo Popular considera urgente revertir la tendencia y tratar de frenar la salida del territorio de nuestros mejores efectivos, los mejor formados y los más jóvenes
• “Si no consolidamos el futuro de la población joven en los territorios rurales difícilmente podremos asegurar su continuidad y la pérdida de población en estas zonas seguirá siendo una amenaza”

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, consiguió hoy el respaldo del Pleno de la Cámara para instar al Gobierno autonómico a crear un Plan de juventud rural “para frenar la pérdida de población y favorecer el desarrollo y el arraigo de la juventud en el territorio”.

Suárez señalo que el objetivo de su propuesta es “atender las necesidades específicas de la población joven canaria residente en zonas rurales en nuestro archipiélago, que contemplen medidas que incentiven el emprendimiento, la creación de infraestructuras, el empleo y la educación”.

“Uno de los problemas, dijo, al que no enfrentamos en Canarias es la pérdida de población en las zonas rurales que amenaza a muchos municipios de nuestro archipiélago, y la falta de un necesario y suficiente relevo generacional”.

A su juicio “urge frenar” la negativa tendencia demográfica, tanto desde el punto de vista del número de población, como desde el envejecimiento de la misma y aseguró que “siendo conscientes de la dificultad que atraviesa nuestra población rural, es urgente tratar de frenar la salida del territorio de nuestros mejores efectivos, los mejor formados y los más jóvenes”.

Para el diputado popular, los jóvenes rurales de hoy gozan de menos oportunidades de desarrollo que los jóvenes urbanos, puesto que experimentan mayor abandono escolar, menor acceso a la educación superior y las reducidas oportunidades laborales que les ofrece su contexto no les permiten desplegar su potencial, por lo que consideró “fundamental la elaboración de una estrategia de desarrollo específica para este colectivo”.

“El proyecto, prosiguió Poli Suárez, pretende que los jóvenes del medio rural se impliquen en el desarrollo de sus pueblos, potenciando actitudes emprendedoras e iniciativas que revitalicen su entorno, fundamentalmente a través de la información entre iguales, la formación y el intercambio de experiencias”.

Estas medidas tienen varios objetivos, entre ellos destaca la finalidad de ayudar a la juventud rural en su esfuerzo de generarse una vida confortable y estable en el entorno que ellos han elegido, manteniendo siempre el respeto por el medio, la historia y costumbres de las zonas más rurales de nuestras islas. Esto último conseguiría crear una forma de vida atractiva para todos aquellos jóvenes que quieran vivir en zonas menos urbanas, ayudando así a paliar la grave crisis de despoblación rural que sufren no solo nuestras islas sino, también, todo el territorio nacional.

“El principal recurso de nuestro medio rural es el factor humano, son las personas. Sin mujeres ni hombres no es posible conseguir ni progreso ni desarrollo. Si no consolidamos el futuro de la población joven en los territorios rurales, difícilmente podrán evitarse la amenaza de la despoblación”, agregó.

Por último, Poli Suárez recalcó que “esta iniciativa debe contar con todos las administraciones: Europa, Estado, Canaria, cabildos y ayuntamientos, pero también con el Parlamento autonómico al que no se puede acallar en un asunto tan importante como el futuro de los jóvenes en el entorno rural”.

• La diputada popular afirma que si no se bajan los costes relacionados a los salarios “esta medida va a provocar la ruina de muchas empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la economía sumergida”
• “Con esta decisión sin consensuar, el Gobierno de España ignora gravemente la realidad económica que todavía están viviendo miles de empresas que aún no han salido de la crisis provocada por la pandemia”

La diputada del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Astrid Pérez, consideró que la última subida del Salario Mínimo Interprofesional es “una medida política y propagandística” para tapar el fracaso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la negociación de la reforma laboral aunque puntualizó que “estamos a favor del incremento del SMI, pero entendemos que, en paralelo, también deben reducirse a las empresas los impuestos asociados”.

Pérez, durante una comparecencia en el Pleno, mostró su preocupación porque la medida “sin consensuar” impulsada por el Gobierno de España “ignora gravemente la realidad económica que todavía están viviendo miles de empresas canarias que aún no han salido de la crisis provocada por la pandemia”.

“Si no se reducen los costes asociados a los salarios, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional va a provocar la ruina de muchas empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la economía sumergida”, advirtió la diputada del Partido Popular por Lanzarote.

En este sentido, la diputada del PP manifestó que “por mucho que les pese al PSOE y a Podemos la realidad es la que es, y a día de hoy miles de empresas siguen en la cuerda floja y muchísimas pymes se siguen cuestionando si es mejora echar el cierre ante los bajos índices de actividad, los altos costes de producción y la elevada presión fiscal” y explicó que “con este panorama es obvio que las empresas en Canarias sigan teniendo muy presente el fantasma de la crisis, no solo a la hora de crear empleo sino incluso de poder mantenerlo”.

“Por tanto, reiteró, la subida del SMI está muy bien, claro que sí, pero siempre y cuando se adopten medidas para bajar esos costes, se baje la presión fiscal y los costes laborales a las empresas para que puedan remontar y crear empleo sin que ello suponga su ruina”.

Por todo ello, Astrid Pérez apuntó que la moderada reactivación económica de Canarias comparada con la del resto del territorio “exige a este gobierno persistir en el apoyo a las empresas y a los autónomos de las islas, porque sólo así se va a poder garantizar su supervivencia y solo así se facilitará la reactivación real y efectiva de nuestra economía”.

“Y eso no se consigue subiendo el salario mínimo y quedándose después de brazos cruzados, ignorando que las islas cerraron el año 2021 con una tasa de paro de casi el 19% y que, pese a la progresiva recuperación, aún queda mucho para que el tejido empresarial y productivo de nuestra comunidad autónoma pueda salir de ésta y continuar hacia adelante”, finalizó.