El Grupo Popular interpelará en pleno a la consejera de Políticas Sociales, cuya acción relega a las islas al último lugar de España

5 de marzo de 2014.- El Grupo Parlamentario Popular interpelará a la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias en el próximo pleno, con el fin de que explique su política de atención a los dependientes, cuya acción relega a la comunidad autónoma al último lugar de España en la materia.

“Causa vergüenza ajena comprobar que todos los informes publicados desde el año 2007 coinciden en que los dependientes canarios son los peor atendidos por su Gobierno”, manifestó la portavoz popular de Políticas Sociales, Milagros Bethencourt.

A los informes emitidos por el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo y los colegios profesionales de trabajadores sociales, se une el Tribunal de Cuentas, que remarca que las islas perciben mucho más recursos del Gobierno de la Nación que los fondos propios que dedica, “y aun así están en lista de espera más de 46.000 canarios esperando a que se reconozca su derecho a una prestación o servicio”, como denunció la diputada del PP.

“La consejera Inés Rojas y Coalición Canaria han sido responsables siempre de la pésima gestión de esta Ley, aprobada en 2007, que aún no ha completado su desarrollo normativo, y no está correctamente financiada por el Gobierno de Canarias, como muestran hasta 7 sentencias judiciales firmes”, manifestó.

Para Milagros Bethencourt, “no es de extrañar que las islas ocupen el último lugar nacional con 0,8 puntos sobre 10 posibles, cuando el propio Gobierno regional reconoce que más de 8.000 dependientes han fallecido en las listas de espera de la dependencia, y que solo un 20% de los solicitantes ha accedido a un servicio o prestación”.

La parlamentaria popular concluyó remarcando que el Ejecutivo no ejerce sus funciones: “Servicios fundamentales como la ayuda a domicilio y la teleasistencia lo prestan directamente ayuntamientos y cabildos insulares, a través del Plan Concertado y gastando sus recursos propios, lo cual está impidiendo que nuestros dependientes canarios puedan acceder a más financiación estatal”.

El Grupo Parlamentario Popular confía que las fuerzas políticas presentes en la Cámara regional se sumen a esta iniciativa

27 febrero 2014.- El Partido Popular en el Parlamento de Canarias impulsa  una declaración institucional en la Cámara regional sobre la crisis que atraviesa Venezuela.

Con esta objetivo, el  Partido Popular presenta el siguiente texto a la consideración del Parlamento regional:

El Parlamento de Canarias expresa, mediante esta declaración institucional, su rechazo a los recientes actos de violencia ocurridos en Venezuela, así como a la restricción en el ejercicio de las libertades públicas de los venezolanos a consecuencia de la crisis abierta en aquella república.

El Parlamento de Canarias manifiesta sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas producidas en las últimas semanas y hace un llamamiento a favor de la paz, de la defensa de los principios democráticos y del respeto a los derechos humanos en Venezuela.

El Partido Popular confía en que todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara regional se sumen a esta iniciativa.

Felipe Afonso tacha de “paripé” la norma, y recuerda que es una copia de la andaluza y la navarra suspendidas por el TC 

Para el diputado popular “el Gobierno regional ya ha tirado por la borda la legislatura y solo actúa para esconder su falta de ideas”

26 de febrero de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular, Felipe Afonso, manifestó hoy durante el debate parlamentario del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Vivienda, que esta norma “no ayudará a ninguno de los 37.000 canarios demandantes de una vivienda de protección oficial”, y la tachó de “paripé del Gobierno regional para ocultar su incompetencia y falta de políticas serias que atajen el problema”.

“El Ejecutivo autonómico parece que ya ha tirado por la borda la legislatura y se dedica a proponer medidas como esta, o el nuevo estatuto de autonomía, para esconder su falta de ideas”, aseguró Afonso, para quien la norma es “una chapuza que no ayuda a los canarios sin ingresos a cubrir el coste de una casa, ni facilita la obtención de un préstamo”.

El diputado popular enfatizó que la norma es “una burda copia de los proyectos legislativos de Andalucía y Navarra, ambos suspendidos por el Tribunal Constitucional, y se presenta ignorando multitud de informes negativos, tres de ellos elaborados por la Dirección General de Planificación y Presupuestos del propio Gobierno, que advierte que no hay dinero para ponerla en marcha”.

En este sentido, Afonso señaló que la nueva norma “es la excusa perfecta para este Gobierno, pues se dicta a sabiendas de su posible inconstitucionalidad, y siempre les quedará seguir acusando al Partido Popular de paralizarla como justificación para no hacer nada por resolver los problemas de los canarios”.

“Gran Hermano”

Felipe Afonso apuntó que, además de las intromisiones en el derecho de la propiedad privada o su regulación de las expropiaciones, “el Gobierno pretende ejercer de Gran Hermano de los ciudadanos canarios, convirtiéndose en una especie de asesor inmobiliario discrecional y a la fuerza”.

“De aprobarse esta norma –aseguró-, la  privacidad e intimidad personal o familiar es violentada y queda subordinada a la discrecionalidad de la administración canaria, que pretende saber dónde realizan los ciudadanos sus comunicaciones telefónicas o las informáticas, dónde reciben el correo o cuál es su consumo de agua o luz sin su consentimiento ni conocimiento”.

“Da la impresión que el Gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyan desconocen la realidad de numerosas personas que ponen sus viviendas en venta o alquiler, y que tardan muchos años en conseguir quién se las compre o arriende, pues no existe tanto un problema de oferta, como de financiación de la demanda o falta de recursos de esta, y la ley no aborda estos problemas”, destacó.

El diputado popular concluyó recomendando al Ejecutivo regional la adopción de líneas públicas de apoyo a la compra o alquiler de vivienda, a optimizar las viviendas del parque público actualmente vacías y deshabitadas, y el suelo disponible, “medidas para las que no necesita aprobar ninguna ley”.

Astrid Pérez: “Con el Partido Popular, en dos años la empresa arroja un beneficio bruto superior a 1.600 millones de euros”

26 de febrero de 2014.- La diputada autonómica Astrid Pérez, reprochó hoy al PSOE “su desfachatez”, al pretender inculcar en Canarias que la privatización de la empresa Aeropuertos Nacionales y Navegación (Aena) podría ser fatal para las islas, “cuando fue el anterior Gobierno socialista, respaldado siempre por CC, el que, tras dejar la empresa en la ruina, en junio de 2011 abrió el proceso de privatización que suponía prácticamente regalarla”.

“Desde que Gobierna el Partido Popular, Aena ha pasado de una deuda de 600 millones de euros en 2011, a un positivo de 850 millones de euros en 2013, lo que arroja un beneficio bruto de explotación superior a 1.600 millones”, remarcó Pérez, para añadir que la posición privilegiada y competitiva de las instalaciones canarias se debe al modelo de gestión en red.

“Decir que nuestras conexiones están en peligro es engañar a los canarios”, afirmó la parlamentaria popular, quien destacó que la inversión del Ministerio de Fomento en los aeropuertos de Canarias, situados entre los más competitivos de España, supera este año los 115 millones de euros.

Astrid Pérez recordó que el Consejo Consultivo de privatizaciones, configurado en junio de 2011 por el PSOE, dio luz verde a la privatización de Aena “en unas condiciones que suponían la privatización de más del 60% del capital de una empresa que ellos mismos habían llevado a la quiebra”.

“En estos dos años, Aena y el Ministerio de Fomento han orientado todos sus esfuerzos hacia la puesta en valor de la empresa, actualmente rentable, y trabajan en uno de los compromisos del plan de reformas del Gobierno de la Nación, que pasa por contar con un modelo de regulación fuerte, y asegurar unos aeropuertos de calidad y competitivos», concluyó.

Milagros Bethencourt: “Solo 11.000 canarios reciben servicio, pese a haber 57.000 solicitudes; es la prueba de la mala gestión”

“Canarias es la región que peor atención da a los dependientes, y esta competencia siempre la ha ejercido Inés Rojas, de CC”, dijo.

Audio: Bethencourt-26feb14

25 de febrero de 2014.- La portavoz del Grupo Popular en materia de Políticas Sociales y Vivienda, Milagros Bethencourt, manifestó hoy en el Parlamento de Canarias que Canarias es la región de España que peor atención y servicio da a sus dependientes, con 0,8 puntos sobre 10 posibles. “Es decepcionante que la consejera que ha estado al frente de servicio desde 2007 y la responsable de que nuestra comunidad suspenda estrepitosamente, pretenda eternamente echar a otros la culpa de su mala gestión”, declaró.

“Desde la entrada en vigor de la Ley se han registrado 57.000 solicitudes y apenas 11.000 canarios se benefician de una prestación o servicio, y hasta 8.000 personas han muerto esperando ver atendida su petición”, apuntó Bethencourt, para quien “estas cifras bochornosas, las peores de España, son la prueba de la ineficacia de este Gobierno en más de siete años de vigencia de la Ley”.

“46.000 dependientes canarios siguen esperando por una consejera que ha tirado la toalla, y ni siquiera ha sido capaz de poner en marcha un servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, que termina siendo costeado por los ayuntamientos y los cabildos insulares con sus recursos propios”, apostilló.

La diputada popular recordó que la misma Ley de Dependencia es aplicada por otras comunidades autónomas como Castilla y León, que obtiene 9,6 puntos sobre 10. En esa región solo el 1,66% está pendiente de atención, mientras que el Gobierno de Canarias “mantiene en el limbo al 53% de los solicitantes”.

En este sentido, consideró mezquino que el Ejecutivo regional niegue que los fondos para dependientes se han incrementado con el Partido Popular al frente del Gobierno de la Nación: “Canarias recibió 22 millones en 2011 con Zapatero y en 2012 tuvo 28 millones, el dinero sigue viniendo, lo que pasa es que ustedes no dan nuevas altas y crece la lista de espera”.

“A estas alturas de la aplicación de la Ley de Dependencia ya no cabe buscar culpables fuera, sino trabajar de forma coordinada con los Cabildos insulares y marcarse y cumplir un plan de trabajo que aligere estas listas de espera y dé respuestas a los dependientes canarios y sus familias”, concluyó Bethencourt.