El Grupo Popular interpelará en pleno a la consejera de Políticas Sociales, cuya acción relega a las islas al último lugar de España

5 de marzo de 2014.- El Grupo Parlamentario Popular interpelará a la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias en el próximo pleno, con el fin de que explique su política de atención a los dependientes, cuya acción relega a la comunidad autónoma al último lugar de España en la materia.

“Causa vergüenza ajena comprobar que todos los informes publicados desde el año 2007 coinciden en que los dependientes canarios son los peor atendidos por su Gobierno”, manifestó la portavoz popular de Políticas Sociales, Milagros Bethencourt.

A los informes emitidos por el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo y los colegios profesionales de trabajadores sociales, se une el Tribunal de Cuentas, que remarca que las islas perciben mucho más recursos del Gobierno de la Nación que los fondos propios que dedica, “y aun así están en lista de espera más de 46.000 canarios esperando a que se reconozca su derecho a una prestación o servicio”, como denunció la diputada del PP.

“La consejera Inés Rojas y Coalición Canaria han sido responsables siempre de la pésima gestión de esta Ley, aprobada en 2007, que aún no ha completado su desarrollo normativo, y no está correctamente financiada por el Gobierno de Canarias, como muestran hasta 7 sentencias judiciales firmes”, manifestó.

Para Milagros Bethencourt, “no es de extrañar que las islas ocupen el último lugar nacional con 0,8 puntos sobre 10 posibles, cuando el propio Gobierno regional reconoce que más de 8.000 dependientes han fallecido en las listas de espera de la dependencia, y que solo un 20% de los solicitantes ha accedido a un servicio o prestación”.

La parlamentaria popular concluyó remarcando que el Ejecutivo no ejerce sus funciones: “Servicios fundamentales como la ayuda a domicilio y la teleasistencia lo prestan directamente ayuntamientos y cabildos insulares, a través del Plan Concertado y gastando sus recursos propios, lo cual está impidiendo que nuestros dependientes canarios puedan acceder a más financiación estatal”.