• Las continuas derivaciones de pacientes de otras islas a los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, las repercusiones sobre el cierre del anillo insular tras la sentencia del TSJC y las claves para regular el uso de la vivienda turística serán otras de las preguntas en la sesión de control
• Asimismo, pedirán información sobre el incremento en la atención a las personas más vulnerables y sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Justicia en Canarias
• Presentarán una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas para garantizar el control de seguridad alimentaria en los productos procedentes de terceros países

El Grupo Parlamentario Popular trasladará al Gobierno de Canarias su preocupación por los problemas que sufren las islas no capitalinas con la paralización constante de obras e inversiones públicas y preguntará al presidente Clavijo por las medidas que piensa poner en marcha para solucionarlo.

Asimismo, en la sesión de control al Gobierno, los populares se interesarán por los motivos de las continuas derivaciones de pacientes de otras islas a los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, por las repercusiones que tendrá para la ejecución del cierre del anillo insular la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por las claves del nuevo anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso de la vivienda turística.

En el apartado de comparecencias, los diputados del PP solicitarán información sobre el incremento en la atención a las personas más vulnerables y sobre la estrategia de digitalización y modernización de la Administración de Justicia de Canarias.

Por último, los populares defenderán dos Proposiciones No de Ley (PNL): la primera, conjuntamente con el resto de los grupos parlamentarios, para la puesta en marcha de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad; y la segunda, en la que se insta al Gobierno de España a adoptar una serie de medidas para garantizar el control de seguridad alimentaria en los productos procedentes de terceros países.

• El presidente del Grupo Parlamentario, Juan Manuel García Casañas, lamenta que las ayudas vinculadas al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para compensar los sobrecostes no llegaran a sus destinatarios finales
• ¿Cómo es posible que se dejara de utilizar esta cantidad de dinero para impulsar las producciones agrarias pesqueras mientras el sector agonizaba?, pregunta
• El diputado popular también se interesa por las conclusiones de la primera mesa sectorial vinculada al REA celebrada el pasado mes de febrero para valorar y ajustar el balance que permita optimizar los recursos y aumentar el nivel de ejecución

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, condena que “en los últimos cuatro años el Gobierno de Torres devolviera 22 millones vinculados al Régimen Específico de Abastecimiento (REA) destinados a impulsar el sector primario y a paliar los sobrecostes que tienen los productores canarios por la lejanía con el continente europeo».

Casañas preguntó al consejero de Agricultura, en la comisión del Parlamento, por los motivos por los que se dejaron de percibir estos 22 millones de euros cuando gobernaba el PSOE en Canarias al tiempo que lamentó que “estas ayudas europeas no llegaran a sus destinatarios finales que son los hombres y mujeres del sector agrícola y ganadero”.

“¿Cómo es posible que el Gobierno de Torres dejara de utilizar esta cantidad de dinero mientras el sector agonizaba y se hundía agobiado por el incremento de los costes de explotación?”, interpeló Casañas, quién recordó que “mientras se dejaban de utilizar esos 22 millones de euros vimos a agricultores abandonando sus fincas o a ganaderos sacrificando sus animales porque los gastos superaban con creces lo que ingresaban”.

Según Casañas, que el Gobierno de Torres se dedicara a devolver estos 22 millones de euros no sólo supuso que “dejáramos en el camino a productores que estaban pasando apuros, sino que además envía un mensaje a Europa de que nuestro sector primario no necesita ayudas y, por tanto, puede poner en riesgo no sólo la continuidad de estos fondos sino la cuantía de la ficha financiera”.

Por esta razón, el diputado popular valoró que el actual Gobierno ya haya celebrado, el pasado mes de febrero, la primera mesa sectorial vinculada al REA “pues con ello conseguiremos no sólo ajustar este balance sino optimizar la ficha financiera y aumentar los niveles de ejecución”.

“Así evitaremos repetir los errores del pasado, dar más tiempo a los agricultores y ganaderos para poder usar estas ayudas e impulsar un sector vital no sólo para la economía de Canarias sino para la conservación del medio ambiente y las tradiciones ligadas al mundo rural”, concluyó.

• El diputado popular, Jacob Qadri, recuerda el “abandono” que sufren estos colectivos a los que el presidente Pedro Sánchez “sigue dando la espalda”
• Salvo la abstención del Grupo Socialista, toda la Cámara votó a favor de la Proposición no de Ley que da respuesta a una demanda histórica de los colectivos

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Qadri, logró ayer el apoyo de la Cámara, salvo la abstención del Grupo Socialista, para declarar a la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo. Una “demanda histórica” afirmó el diputado, que “desafortunadamente se ha puesto de manifiesto con los trágicos sucesos ocurridos recientemente en las aguas de Barbate y en Sevilla”.

Qadri agradeció “las propuestas presentadas por otros grupos, que mejoran el documento” y se declaró “satisfecho ante la aprobación de esta Proposición no de Ley que viene a hacer justicia y a solventar un agravio comparativo existente con otros cuerpos de seguridad de categoría similar como policías locales, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra”.

El diputado popular incidió en el “abandono” que sufren estos colectivos a los que el presidente Pedro Sánchez “sigue dando la espalda” al negarles la condición de profesión de riesgo cuando “sufren una media de 47 agresiones al día y más de 15.000 agresiones al año”, afirmó.

Qadri denunció también la nefasta gestión del ministro Marlaska “cuyas políticas cada vez se distancian más de las necesidades e intereses de estos cuerpos y se centran en enviar medios y recursos a otros colectivos dirigidos por los que quieren romper nuestro país en detrimento de los que luchan día a día por la seguridad y unidad de España”.

Por último, Jacob Qadri explicó que algunas de las condiciones que podrá mejorar la declaración de profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil es el adelanto de su edad de jubilación, fijada actualmente en los 65 años, “favoreciendo así que desarrollen su actividad y cumplan con los requerimientos físicos propios de su actividad de forma óptima”.

• La portavoz del Grupo Popular afirma que “si ya en 2022 con el Caso Mascarillas esta comisión de investigación era necesaria, ahora con las ramificaciones del Caso Mediador, la trama Koldo y las adjudicaciones de obras sospechosas es ya un clamor”
• Reverón reprocha al ministro Torres no haber hecho nada por frenar el pelotazo de las mascarillas que ha supuesto un saqueo de las arcas públicas, a pesar de haber sido advertido reiteradamente por técnicos de la Consejería de Sanidad
• “Con la aprobación de esta comisión tendremos la oportunidad de oír las explicaciones de unos gestores que con su incompetencia llenaron los bolsillos de unos impresentables en plena pandemia”

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Luz Reverón, aseguró hoy que “los canarios se merecen una explicación sobre los millones de euros gestionados sin control durante la pandemia por el Gobierno de Ángel Víctor Torres”. “Una negligente actuación que ha supuesto un agujero de más de 46 millones de euros, hasta el momento, a las arcas públicas canarias”, agregó.

Durante su intervención en defensa de la creación de una comisión de investigación para analizar la contratación del material sanitario durante la pandemia, Reverón afirmó que “si ya en 2022 con el Caso Mascarillas la comisión de investigación era necesaria, ahora con las ramificaciones del Caso Mediador, los favores a las empresas de la trama Koldo, las adjudicaciones de obras sospechosas y la adquisición de material sanitario con facturas falsas es ya un clamor.

“Porque aquí, dijo, sin entrar a valorar si hay delitos o no, lo que no podemos olvidar son los millones de euros gestionados sin control y, en muchos casos, asignados a dedo para empresas de amiguetes o recomendadas por compañeros del partido socialista en beneficio de comisionistas”.

Entre otros citó los 12 millones de euros adjudicados a los “recomendados” por el hombre de paja del ministerio de Transportes; los 4 millones pagados a la empresa RR7 por un millón de mascarillas que nunca llegaron; los casi 23 millones en material sanitario que la Fiscalía de Las Palmas está investigando; y los 3,1 millones de euros con cargo a la Dirección del Servicio Canario de Salud (SCS) para pruebas PCR y de antígenos gratuitos para la detección del covid-19 a residentes canarios de regreso en avión o barco desde la Península.

Según la portavoz popular, “a pesar de que el ministro Torres dice que todo se hizo legalmente, ahora nos enteramos de que fueron alertados reiteradamente por técnicos, tanto del Servicio Canario de la Salud como de la Consejería de Sanidad, sobre su forma de operar y, consciente o inconscientemente, no hicieron nada por frenar el pelotazo de las mascarillas que supuso un saqueo de las arcas públicas de nuestra comunidad”.

Asimismo, Luz Reverón afeó a los grupos que apoyaban al Pacto de Las Flores que “ahora se presenten como adalides de la transparencia y digan que no tienen nada que esconder cuando hace apenas un año y medio no sólo votaron en contra de la creación de una comisión de investigación, sino que en un alarde de censura nos negaron la posibilidad de justificarlo en el pleno de este Parlamento”.

Por último, la portavoz popular expresó que “con la aprobación de esta comisión de investigación tendremos la oportunidad de oír las explicaciones de unos gestores que con su incompetencia llenaron los bolsillos de unos impresentables en plena pandemia, y también tendremos la oportunidad de que ahora sí el ministro Torres comparezca, dé la cara y ofrezca las aclaraciones que todos nos merecemos”.

• El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular pidió al consejero que agilice los trámites para la renovación de la Obligación de Servicio Público (OSP) entre el Puerto de La Estaca y el de Los Cristianos
• “Si para Canarias la conectividad marítima es fundamental, para El Hierro y para los herreños es vital para garantizar la entrada y salida de mercancías y pasajeros”
• Lamenta que el Gobierno de Ángel Víctor Torres y el Cabildo insular paralizaran en el año 2023 la renovación de esta OSP, “de la que depende nuestro desarrollo social, económico y turístico”

El diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, logró hoy el compromiso del Gobierno de Canarias para mejorar la conectividad marítima de El Hierro al tiempo que aseguró que “es una gran noticia para nuestra isla pues necesitamos de estas conexiones para crecer social y económicamente”.

Durante una pregunta en el Pleno del Parlamento, Casañas le pidió al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que agilice los trámites oportunos para la renovación de la Obligación de Servicio Público (OSP) marítima que une El Hierro con Tenerife.

“Si para la Canarias la conectividad marítima es fundamental, para El Hierro y para los herreños es vital para garantizar la entrada y salida de mercancías y pasajeros”, añadió el diputado popular, quién manifestó su esperanza de que “no vuelva a ocurrir lo que vivimos hace 12 años cuando las navieras dejaron de ir a El Hierro con las graves consecuencias para los ciudadanos y la economía insular”.

Lamentó, asimismo, “que hayamos tenido que llegar a esta situación” y culpó al anterior Gobierno liderado por Ángel Víctor Torres y el Cabildo de El Hierro por paralizar el pasado año la renovación de esta OSP “de la que depende nuestro desarrollo social, económico y turístico”.

Para finalizar, el diputado popular recordó que la Mesa de Turismo y Transporte de la Corporación Insular acordó, hace más de un mes, junto a sectores económicos e instituciones locales, las condiciones en la que los herreños necesitamos esta nueva OSP y reclamó al Cabildo de El Hierro celeridad para tramitar estas peticiones con el fin de no lastrar la economía insular.