Navarro señala que 121 preguntas y 19 solicitudes sin contestar acreditan el bloqueo informativo del Ejecutivo de CC y PSOE

5 de Julio de 2014.- El grupo parlamentario del Partido Popular de Canarias ha presentado un escrito dirigido al Presidente, a la Mesa del Parlamento y a la Junta de Portavoces para que intervengan ante el Gobierno de Canarias debido a la sistemática vulneración del derecho de los grupos políticos a ser informados en tiempo y forma de la gestión pública de la comunidad autónoma”.

La portavoz popular, Australia Navarro, informa de que “el Gobierno de Canarias está obstaculizando intencionadamente la solicitud de información que le formula el grupo Popular, desbordando ampliamente los plazos tasados en el reglamento de la Cámara y atendiendo con frecuencia los requerimientos con respuestas evasivas, que no responden al motivo de la consulta”.

Navarro informó de que “en estos momentos, el grupo Popular tiene pendientes de respuesta del Gobierno 121 preguntas y 19 solicitudes de documentación, sin mencionar las decenas de respuestas evasivas que recibimos de un Ejecutivo que se escabulle de su obligación legal de rendir cuentas ante el Parlamento”

Como ejemplo, la portavoz señaló el caso de una batería de preguntas formuladas en octubre de 2013 sobre los contratos con clausulas de confidencialidad suscritos por el Gobierno regional que nos han sido contestadas con evasivas esta misma semana”.

“Desde el PP podemos entender que excepcionalmente el Gobierno no atienda las preguntas en el plazo previsto de un mes, pero es indefendible que el Gobierno demore por costumbre su obligación de informar al Parlamento durante más de 6 meses, cuando el objeto de la solicitud no es de su agrado”.

Australia Navarro señaló que “pedimos el amparo del Presidente y de la Mesa ante la actitud obstruccionista del Gobierno de Paulino Rivero a la hora de informar a la Cámara y cumplir con su obligación legal de someterse al control parlamentario”.

“Es llamativo que sea la Consejería de Presidencia, que presume de la tramitación de la futura ley de Transparencia, la responsable directa de esta estrategia de opacidad (no se contesta a lo que se pide) y de negligencia (se retrasa hasta 9 meses)”.

Los populares preguntarán a Rivero su opinión ante las sentencias del TS favorables a la autorización de los  sondeos

 

El PP también quiere conocer los planes del Gobierno en materia de prevención de incendios “para saber si está preparado”

 

6 de julio de 2014.- El Grupo Parlamentario Popular preguntará al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, en el próximo Pleno del Parlamento de Canarias, que se celebrará esta semana, sobre su valoración de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que desestiman los recursos contra el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalidan los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias. «Queremos saber, señaló el presidente del Grupo Parlamentario, Asier Antona, si Rivero es capaz de acatar y respetar públicamente nuestro ordenamiento jurídico tal y como juró o prometió cumplir o hacer cumplir en su toma de posesión».

 

El Gobierno comparecerá también, a petición del Grupo Popular, para detallar el plan de prevención y extinción de incendios previstos para la actual campaña de verano. Para el PP, es incomprensible que el Ejecutivo regional no haya tomado la iniciativa de informar a petición propia a la Cámara del dispositivo, los medios humanos y materiales disponibles y la coordinación con cabildos, ayuntamientos y Gobierno de la Nación.

 

Para la responsable de la iniciativa, Milagros Bethencourt, “los canarios tenemos todo el derecho a saber si el Gobierno de Canarias ha cumplido con su obligación, y está preparado ante una campaña que comenzó con muy altas temperaturas el 1 de julio, y se prolongará hasta septiembre”.

 

En este sentido, justificó la solicitud de los populares porque  “este Gobierno de CC y PSOE, que tanto esfuerzo dedica a otras cuestiones que no son su competencia, se ocupa poco de la prevención de incendios forestales, que es su responsabilidad directa e ineludible, y de la que siempre acaba culpando a otro”.

 

RECHAZO LEY TERRITORIO Y MEDIDAS TRIBUTARIAS

 

En otro orden de cosas, el Partido Popular defenderá en el Pleno una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales solicitando su devolución. “El texto propuesto por el Gobierno ni armoniza ni simplifica, sino todo lo contrario, complica todavía más la maraña legislativa en la que se mueve actualmente la gestión del territorio”, según explicó el diputado Miguel Jorge.

 

Los populares son especialmente críticos con la absoluta falta de consenso con la que se ha tramitado este proyecto legislativo, y destacan que “no existe una sola administración, institución o colectivo en las Islas que respalde su contenido”.

 

Como ocurriera con la Ley de Renovación Turística, la nueva propuesta legislativa del Gobierno regional margina la intervención de cabildos y ayuntamientos en el desarrollo del planeamiento, “insistiendo en un modelo centralista que ignora la realidad territorial del archipiélago y desprecia las peculiaridades socio-económicas de los diferentes modelos de desarrollo que conviven en las Islas”.

 

El Partido Popular muestra también su rotundo rechazo al sistema de acreditación profesional que quiere imponer el Gobierno a los técnicos que intervengan en el desarrollo del planeamiento urbanístico, una exigencia que abre la puerta a la arbitrariedad de la administración autonómica, y que el propio Consejo Consultivo califica de inconstitucional.

 

Así mismo, el Grupo Popular solicitará la devolución al Gobierno de Canarias de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Sociales al considerar con carácter general que “es un cajón de sastre que solo genera incertidumbre e inseguridad jurídica”.

 

Para el diputado popular, Jorge Rodríguez, “se comprueba, además, en su contenido normativo, que la política tributaria impulsada por el Gobierno de Canarias es la peor de las posibles para apoyar a las familias y a la creación de empleo en el archipiélago”.

 

“Si a todo ello, insistió, añadimos que el Proyecto de Ley contempla un incremento de algunos impuestos, más tasas y más intervencionismo público con más concentración de poder para algunas decisiones en materias de sensibilidad estratégica para el desarrollo de Canarias, la justificación de esta Enmienda a la Totalidad es más que evidente”.

GMR Canarias convoca una plaza de veterinario en La Palma, tras anunciarlo hace un mes en la página de contactos de un periódico

Mª Teresa Pulido: “Se repiten las chapuzas de esta empresa pública en una contratación similar a la que ya está en Fiscalía”

4 de julio de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular, María Teresa Pulido, alertó hoy de posibles irregularidades en las ofertas de empleo del Gobierno de Canarias en la isla de La Palma, a través de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) de Canarias.

Por segunda vez en un mes, esta entidad que depende de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, convoca una plaza de veterinario que fue anunciada hace menos de un mes, y durante toda una semana, en las páginas de contacto de un periódico de gran tirada regional. “Se repiten las chapuzas de Coalición Canaria en un proceso de contratación muy similar al que ya investiga Fiscalía desde hace un año”, declaró Pulido.

Se trata de la selección de una plaza de veterinario de campo para La Palma, que ofrece un contrato temporal para sustituir a un trabajador con derecho de reserva de puesto de trabajo. El proceso de selección terminará el 8 de julio de 2014 y da dos meses de plazo para resolver, según el anuncio publicado, con membrete de la empresa pública GMR Canarias.

“Hace menos de un mes nos encontrábamos un aviso similar sin membrete alguno entre los anuncios de contactos de un periódico regional, sin perfil del contratante y con apenas una semana de plazo de resolución” señaló la diputada del Partido Popular, para quien “estamos ante una auténtica tomadura de pelo que revela un escaso respeto hacia el dinero público por parte de esta Consejería y sus dirigentes de CC”.

“Mientras tanto –prosiguió-, el sector ganadero de la isla de La Palma sigue sin contar con el servicio en cuestión, la Campaña de Saneamiento Ganadero y Programas de Erradicación de Enfermedades de los Animales, así como el Control Oficial de Rendimiento Lechero, requerido por la normativa de la Unión Europea”.

En este sentido, recordó que ya el Partido Popular en La Palma había denunciado que la primera oferta de empleo se realizó entre los anuncios para adultos de un periódico, “pero seguimos sin saber si esta plaza de veterinario es nueva, o se trata de la misma que habían publicado poco menos que camuflada”.

“Vistos los antecedentes del pasado, estaremos muy atentos a los trabajos que se encomienden, a la regularidad del proceso de contratación, y a la persona a la que se adjudique la realización de un trabajo de vital importancia para nuestros ganaderos por parte de una empresa pública de la Consejería de Agricultura que va de escándalo en escándalo”, concluyó María Teresa Pulido.

Miguel Jorge (PP) considera una “muy mala noticia” que se deje para septiembre la evaluación de la Ley de Renovación turística

“El presidente del Ejecutivo regional ha desautorizado tanto a CC como al PSOE, y todo indica que no se flexibilizará la moratoria”

4 de julio de 2014.- El diputado autonómico del Partido Popular por Gran Canaria, Miguel Jorge, manifestó hoy que la decisión del presidente regional Paulino Rivero de retrasar la evaluación del cumplimiento de la Ley de Modernización y Renovación Turística hasta septiembre, es “una muy mala noticia”, que evidencia “el escaso interés que despierta en este Gobierno el desarrollo turístico y el crecimiento de Gran Canaria”.

Jorge recordó que el Gobierno se había comprometido a evaluar en junio la puesta en práctica de la Ley, para analizar a partir de ahí la flexibilización de la moratoria turística y permitir la construcción de hoteles de cuatro estrellas: “Ha desautorizado tanto a CC como al PSOE, que se estaban apuntando ya el tanto en Gran Canaria, pero sobre todo ha frustrado las reivindicaciones de toda una isla”.

“Al haber pospuesto el debate hasta el mes de septiembre, Paulino Rivero incumple gravemente con sus promesas, y esto nos permite dudar de la voluntad de su Gobierno de proceder a la reforma de la Ley de Modernización Turística y atender a las reivindicaciones del sector”, argumentó.

En este sentido, aseguró que el tiempo ha terminado por dar la razón al Partido Popular “cuando discutimos en el Parlamento de Canarias la Proposición de Ley del Cabildo de Gran Canaria sobre este asunto, que fue rechazada de forma inexplicable por este Gobierno y los partidos que le dan apoyo, y que ya hubiese permitido tener esta evaluación ya realizada”.

Bethencourt (PP) afirma que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción dificulta el acceso a una ayuda social Audio PCI

“Con la Ley que proponen CC-PSOE, la prestación solo duraría un año, y quedaría fuera un 85% de los potenciales destinatarios”

4 de julio de 2014.- La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, manifestó hoy que la reforma de la Prestación Canaria de Inserción que se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Canarias, es una “estafa masiva del Gobierno de Canarias a los más necesitados, que empeora la situación actual y endurece el acceso a una prestación”.

Bethencourt anunció el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular “a esta Ley elaborada por el Gobierno de CC y PSOE, una de las medidas estrella de la famosa Estrategia contra la Exclusión, que llega con un año de retraso y no contiene acciones que verdaderamente combatan una tasa de pobreza que afecta a cerca de un 30% de la población”.

Según indicó la portavoz del PP en materia de Asuntos Sociales y Vivienda, la nueva norma reduce a un año la duración de la ayuda social, “e introduce muchas artimañas para dificultar el acceso”, y citó como ejemplo una Disposición Adicional Única según la cual “las ayudas quedarán condicionadas a la existencia de crédito, entendiéndose denegadas las que carezcan de cobertura presupuestaria”.

Milagros Bethencourt señaló que, con esta redacción, los créditos del Gobierno dejan de ser ampliables, por lo que no se podrá pagar ni una ayuda más si se termina el dinero previsto en los presupuestos: “Los 23 millones consignados para la PCI en 2014 se agotaron en junio, y con esta Ley no se podría recoger ni una solicitud extra, a pesar de haber cientos de familias en apuros”.

“De hecho –prosiguió- aunque hay más de 40.000 potenciales perceptores de una ayuda, solo daría cobertura a 6.079 solicitantes, lo que equivale a dejar sin esperanza alguna al 85% de las personas en emergencia social”.

“Es más, el Gobierno regional dice dar prioridad absoluta a las familias con menores a su cargo, y estamos de acuerdo en que se beneficie a los menores, pero hay otros muchos casos de emergencia social que no quedan cubiertos, como las personas con discapacidad, los mayores con tutela prorrogada o las personas dependientes”, añadió Milagros Bethencourt.

Solo 12 meses

Además, consideró “un disparate” que se elimine la renovación directa de la PCI, fundamental para que las familias beneficiarias puedan buscar un empleo: “Agotados los 12 meses de ayuda ya no hay dinero para estas personas, lo cual solo ahonda en la espiral de la exclusión y la pobreza”.

Para la diputada del Partido Popular, “son tantos los desaciertos de la nueva Ley de la PCI, que es fiel reflejo del fracaso rotundo de este Gobierno, que suspende en materia de educación, empleo, y desde luego en políticas sociales”.

La reforma de la Prestación Canaria de Inserción, además, llega al Parlamento con el informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del propio Gobierno de Canarias, y sin tener en cuenta las aportaciones presentadas por los Colegios de Trabajadores Sociales, la Federación Canaria de Municipios. “Ni siquiera consta el informe del Consejo Económico y Social”, concluyó Bethencourt.