Navarro señala que 121 preguntas y 19 solicitudes sin contestar acreditan el bloqueo informativo del Ejecutivo de CC y PSOE

5 de Julio de 2014.- El grupo parlamentario del Partido Popular de Canarias ha presentado un escrito dirigido al Presidente, a la Mesa del Parlamento y a la Junta de Portavoces para que intervengan ante el Gobierno de Canarias debido a la sistemática vulneración del derecho de los grupos políticos a ser informados en tiempo y forma de la gestión pública de la comunidad autónoma”.

La portavoz popular, Australia Navarro, informa de que “el Gobierno de Canarias está obstaculizando intencionadamente la solicitud de información que le formula el grupo Popular, desbordando ampliamente los plazos tasados en el reglamento de la Cámara y atendiendo con frecuencia los requerimientos con respuestas evasivas, que no responden al motivo de la consulta”.

Navarro informó de que “en estos momentos, el grupo Popular tiene pendientes de respuesta del Gobierno 121 preguntas y 19 solicitudes de documentación, sin mencionar las decenas de respuestas evasivas que recibimos de un Ejecutivo que se escabulle de su obligación legal de rendir cuentas ante el Parlamento”

Como ejemplo, la portavoz señaló el caso de una batería de preguntas formuladas en octubre de 2013 sobre los contratos con clausulas de confidencialidad suscritos por el Gobierno regional que nos han sido contestadas con evasivas esta misma semana”.

“Desde el PP podemos entender que excepcionalmente el Gobierno no atienda las preguntas en el plazo previsto de un mes, pero es indefendible que el Gobierno demore por costumbre su obligación de informar al Parlamento durante más de 6 meses, cuando el objeto de la solicitud no es de su agrado”.

Australia Navarro señaló que “pedimos el amparo del Presidente y de la Mesa ante la actitud obstruccionista del Gobierno de Paulino Rivero a la hora de informar a la Cámara y cumplir con su obligación legal de someterse al control parlamentario”.

“Es llamativo que sea la Consejería de Presidencia, que presume de la tramitación de la futura ley de Transparencia, la responsable directa de esta estrategia de opacidad (no se contesta a lo que se pide) y de negligencia (se retrasa hasta 9 meses)”.