• El diputado Carlos Ester pretende con esta iniciativa facilitar el acceso y la continuidad a una actividad que supone un beneficio para la ciudadanía en su día a día
• Considera que existe un impacto económico positivo de la actividad física regular entre la población al reducir el gasto sanitario, y contribuye al retardo del declive biológico especialmente en las personas mayores
• “Los datos del Ministerio de Sanidad certifican 50.000 muertes al año en nuestro país vinculadas directamente al sedentarismo con unos costes sanitarios superiores a 5.000 millones de euros”

El diputado del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Carlos Ester, pedirá al Gobierno de Canarias que realice las modificaciones legislativas necesarias que permitan rebajar el IGIC al tipo reducido a los servicios de la actividad física y deportiva. “Con esta medida pretendemos facilitar el acceso y la continuidad a una actividad que supone un beneficio para la salud de la ciudadanía”, aseguró.

Carlos Ester, que defenderá una Proposición No de Ley en el pleno que la Cámara autonómica celebrará la próxima semana, consideró que reducir el IGIC al 3% a los servicios dedicados a fomentar la actividad física y deportiva de la población en un momento en el que la inflación agobia a los ciudadanos “facilitará a los ciudadanos seguir practicando una actividad que repercutirá beneficiosamente en su salud y contribuirá a la supervivencia de muchas empresas y puestos de trabajo”.

El diputado popular recordó que “la práctica sistemática del ejercicio físico” es uno de los mejores tratamientos para evitar o, al menos, reducir enfermedades de carácter diabético, cardiocirculatorio y cancerígeno e insistió en que “se ha demostrado ampliamente que el ejercicio físico es un factor importante en la prevención de este tipo de enfermedades y además colabora en la mejoría de su pronóstico”.

A su juicio, existe un “impacto económico positivo” de la actividad física regular entre la población al reducir el gasto sanitario, y contribuye al retardo del declive biológico especialmente en las personas mayores. En este sentido, resaltó que “los datos del Ministerio de Sanidad certifican 50.000 muertes al año en nuestro país vinculadas directamente al sedentarismo, y suponen unos costes sanitarios superiores a 5.000 millones de euros”.

“Unas cifras que considera que se verían sensiblemente reducidas si se adoptaran medidas de apoyo fiscal al deporte, como las que solicitamos en nuestra iniciativa, con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a ser proactivos en beneficio de su salud”, apostilló el diputado popular.

Ester apuntó que recientemente la sala octava del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia que abre la vía a los gobiernos nacionales de los estados miembros a aplicar un IVA reducido para determinados servicios deportivos, a raíz de una resolución, del 22 de septiembre de 2022.

Así mismo, hizo hincapié en que el deporte fue declarado como actividad de interés general por el Congreso de los Diputados en una Proposición No de Ley aprobada en octubre de 2020. “En esta línea, queremos por un lado fomentar un comportamiento activo en torno a los beneficios del deporte y, por otro lado, facilitar la supervivencia de una de las actividades que más empleo aporta a la población joven de nuestro país, que sigue sufriendo una de las más altas de desempleo por grupo de edad”, concluyó.

• El portavoz adjunto de los populares en el Parlamento autonómico, Poli Suárez, destacó que la mayoría de las enmiendas han tenido como prioridad agilizar el proceso para los futuros beneficiarios y definir una línea de trabajo clara para los equipos sociales
• Entre las aprobadas, Suárez valora las dirigidas a prevenir y paliar la incidencia de la pobreza en la infancia, fijar entre las prioridades de la Renta de Ciudadanía favorecer la inserción laboral y mejorar la transparencia y publicidad activa
• Así mismo, el portavoz parlamentario de Políticas Sociales informó que mantendrá “vivas para su debate en el pleno las dirigidas a reforzar las plantillas de trabajadores sociales en los ayuntamientos y a bonificar a empresas para la contratación de beneficiarios de esta renta”

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, mostró hoy su satisfacción al haber conseguido introducir el 60% de las enmiendas del Partido Popular en el texto del Proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias y, con ello, “cumplir la mayoría de los objetivos que nos habíamos marcado para mejora esta ley”.

“Con las 40 enmiendas aceptadas durante el trámite de ponencia, afirmó el responsable de Políticas Sociales, se incorporan los objetivos básicos que tenía el Partido Popular para convertir esta iniciativa legislativa en una herramienta fundamental para combatir la pobreza y reducir la exclusión social favoreciendo la reinserción en el mercado laboral”.

Entre las aprobadas, Suárez destacó las dirigidas a la protección de la infancia mediante la prevención y la atenuación de la incidencia de la pobreza en la infancia “ya que, recordó, el 49,1% de las personas menores de 18 años en Canarias están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone un aumento de 13,9 puntos con respecto al año anterior”.

También destacó dentro del paquete de enmiendas aceptadas, la dirigida a fijar entre las prioridades de la Renta de Ciudadanía favorecer la inserción laboral porque, a su juicio, “la mejor política social que se puede implantar es la creación de empleo”.

“Nuestro objetivo era lograr que esta ley ofreciera una ruta de inserción viable y sencilla, aprovechando los recursos de una manera óptima y eficiente que garanticen un aplicación justa y responsable de las políticas de inclusión social”, reiteró.

La inclusión de los planes de atención personalizados con itinerarios de inclusión individualizados donde se contemple un diagnóstico de vulnerabilidad, tanto de carácter individual como para el conjunto de la unidad de convivencia, para diseñar actuaciones específicas en función de las características de cada perceptor, la inclusión de la figura del profesional del Trabajo Social en los equipos interdisciplinares de zona y la mejora de la transparencia y publicidad activa introduciendo la obligación del gobierno de informar anualmente al Parlamento de Canarias del desarrollo de la ley, son otras de las mejoras introducidas por el Partido Popular.

No obstante, el portavoz popular en el Parlamento y secretario general del PP de Canarias manifestó que el alto grado de aceptación que han tenido nuestras enmiendas entre el resto de los grupos parlamentarios, no es excusa para que sigamos intentando mejorar la ley en todo lo posible” por lo que anunció que el Grupo Popular mantendrá vivas dos enmiendas para su debate en el Pleno del Parlamento”.

Con la primera pretendemos “bonificar, hasta un máximo de tres años, a las empresas que contraten a desempleados que tengan reconocido el derecho a la renta ciudadana” y con la segunda buscamos reforzar las plantillas de trabajadores sociales de las valoraciones y el seguimiento de estos expedientes en las corporaciones municipales”, finalizó.

• La diputada Lorena Hernández recuerda que en este curso hay 005 menores con diagnóstico TEA, lo que supone un 20% más que el curso anterior
• Aboga por mantener un equilibrio de este alumnado y no convertir los colegios que cuentan con estos equipos especializados en el único recurso de una comarca o municipio
• Para Hernández es importante también aumentar los profesores de audición y lenguaje así como ofrecer más formación a los docentes para atender y favorecer la inclusión educativa

La portavoz en materia educativa del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, solicitó al Gobierno de Canarias que se incrementen los recursos económicos y humanos para atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), “que ayude a garantizar una verdadera política de inclusión”.

Tras solicitar la comparecencia de la consejera de Educación para hablar sobre la situación del alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Lorena Hernández recordó que “de los más de 23.000 menores escolarizados en los centros de Canarias con necesidades especiales, 3.005 presentan diagnóstico TEA lo que supone un 20% más que el curso anterior”.

“Un incremento que se ha venido produciendo año tras año y que sólo desde 2016 ha supuesto un aumento del 458% de los niños escolarizados con autismo”, insistió la diputada popular, quien reiteró la necesidad de aumentar los recursos para hacer frente a esta realidad.

En este sentido, Lorena Hernández señaló que “a su juicio las medidas que deben ser prioritarias pasan por aumentar los profesores de audición y lenguaje, bajar las ratios en las aulas que cuenten con este alumnado así como ofrecer más formación en este materia a los docentes para mejorar la atención que necesitan estos menores y favorecer la inclusión educativa”.

Asimismo, abogó por mantener el equilibro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativa y no convertir los colegios que cuentan con estos equipos especializados en el único recurso de una comarca o municipio.

“Hay que extender este tipo de servicio al mayor número de centros posibles y no concentrarlos en un mismo sitio con el objetivo de atender a la diversidad de las necesidades de todo el alumnado y su inclusión educativa como para ayudar a la conciliación laboral de estas familias”, concluyó.

• La diputada Astrid Pérez asegura que la ineptitud del Ejecutivo de Torres ha convertido en un “timo” el pacto por la vivienda firmado al principio de la legislatura
• Lamenta que el consejero haya creado falsas expectativas en las familias de Canarias al comprometerse a construir 4.000 viviendas, luego rebajar esta cifra a 2.200 y a día de hoy no haya ninguna
• “Cumplan con su palabra y con su compromiso con las familias más vulnerables y abandonen la decadencia que se ha implantado en Canarias desde que ustedes gobiernan”

La diputada del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Astrid Pérez, aseguró que la construcción de nuevas viviendas públicas en las islas “es otro de los grandes fraudes” del Gobierno de Canarias en esta legislatura y denunció que “la indolencia de los responsables de la consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha dejado tirados y sin alternativa a más de 18.000 familias canarias que esperan por una vivienda pública”.

Astrid Pérez, que preguntó al responsable del área en el último pleno del Parlamento por el número de viviendas públicas que se han ejecutado en Canarias desde julio de 2019, lamentó que el consejero haya creado “falsas expectativas” en las familias de Canarias al comprometerse a construir 4.000 viviendas, para luego rebajar esta cifra a 2.200 y finalmente reconocer que “a día de hoy no hay ninguna”.

La diputada popular recordó que la promoción y construcción de vivienda pública es una de las prioridades que fijó el pacto de gobierno al inicio de la legislatura “pero, desgraciadamente, casi cuatro años después estamos ante una legislatura perdida y otro compromiso incumplido” por lo que exigió que “cumplan con su palabra y con su compromiso con las familias más vulnerables y abandonen la decadencia que se ha implantado en Canarias desde que ustedes gobiernan”

“Es lamentable que el Gobierno lleve tres años vanagloriándose de tener las mejores cuentas y el consejero alardeando de una gestión que solo existe sobre el papel cuando, a día de hoy, no se ha entregado ni una solo vivienda a los miles de canarios que esperan por una vivienda pública en condiciones”, señaló la diputada popular.

“De nada sirve presumir de los mayores presupuestos de la historia si al final las necesidades básicas de los ciudadanos como el acceso a una vivienda digna no llegan” continuó Pérez, quien puso como ejemplo la situación que se vive en la isla de Lanzarote donde “no se construye una vivienda pública desde hace tres décadas, prácticamente”.

En este sentido, Pérez consideró “indignante” que un asunto como la escasez de vivienda pública que presenta “un déficit histórico” y que el propio gobierno se comprometió a saldar para hacer justicia “siga en la columna del debe del Ejecutivo que prometió no dejar a nadie atrás”, concluyó.

• La diputada popular, Lorena Hernández, recuerda que desde el inicio del curso varios centros de Canarias han tenido que suspender este servicio
• Según Hernández, “tanto los equipos directivos como las AMPAS están desesperados porque no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de la Consejería”
• “Cuando se suspende este servicio no sólo dejamos de ofrecer el almuerzo a los alumnos que lo pagan, sino que podemos estar privando a los más vulnerables de la única comida equilibrada que, posiblemente, puedan realizar al día”

La portavoz en materia educativa del Grupo Parlamentario Popular, Lorena Hernández, urgió a la consejería de Educación a resolver el problema de falta de personal de los comedores escolares “pues desde el inicio del curso escolar varios centros de Canarias han tenido que suspender este servicio al no poder garantizar que se preste con todas las condiciones necesarias”.

Hernández, que preguntó en el último pleno a la consejera del área por las gestiones que se están llevando a cabo para resolver esta situación, aseguró que tanto los equipos directivos de los colegios como las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) están “desesperados” y lo peor es que “no encuentran una respuesta satisfactoria por parte de la Consejería”.

“Los problemas tanto para las contrataciones como para las sustituciones del personal del comedor escolar parecen no tener una solución a corto plazo, por lo que le pedimos al Gobierno que agilice cualquier tipo de medida que permita devolver este servicio a las familias con todas las garantías”, añadió la diputada popular.

Para Lorena Hernández, “cuando se suspende el servicio de comedor escolar no sólo estamos dejando de ofrecer el almuerzo a aquellos alumnos que lo pagan sino que podemos estar privando a los alumnos más vulnerables, y de cuota cero, de la única comida equilibrada que, posiblemente, puedan realizar al día”.

“A este hecho hay que añadir que para otras tantas miles de familias canarias este servicio es de vital importancia porque facilita la conciliación laboral y familiar”, añadió la diputada popular, quién pidió a la consejera de Educación “máxima implicación” para que durante este curso escolar se ofrezca este servicio “sin más sobresaltos y con todas las garantías”, concluyó