• La portavoz de Universidad del Grupo Parlamentario, María Saavedra, recuerda que en los últimos dos años ha habido un aumento de más del 10% en los costos de alojamiento universitarios
• Para Saavedra, la medida beneficiará a miles de estudiantes, sobre todo a los que provienen de las islas no capitalinas, y a sus familias que sin estas ayudas no podrían enviar a sus hijos a la universidad
• Con esta iniciativa pretendemos que ningún joven se vea privado de la oportunidad de estudiar debido a las limitaciones económicas

La portavoz de Universidad del Grupo Parlamentario Popular, María Saavedra, consiguió hoy el respaldo del pleno del Parlamento para pedir al Gobierno de Canarias que aumente las partidas destinadas a becas ligadas a residencia «con el objetivo de compensar las dificultades derivadas del encarecimiento de los precios de los estudiantes desplazados de islas no capitalinas”.

Con la aprobación de una Proposición No de Ley, transada con otros grupos parlamentarios, los populares también instan al Ejecutivo autonómico a estudiar el incremento de la actual deducción en el IRPF por gastos de estudios superiores para hijos menores de 25 años, que está fijada actualmente entre 1.800 y 1.920 euros, para adaptarlo al incremento sufrido en estos últimos años en el precio de los alojamientos.

“Actualmente existen políticas que mitigan el sobreesfuerzo económico al que se enfrentan los estudiantes de las islas no capitalinas, como es la beca de 2.500 euros, destinada a los estudiantes que por sus estudios tengan que residir en un domicilio distinto de su vivienda habitual tanto fuera como dentro de la isla”, indicó la diputada popular, quién explicó que “pese a ello, en los dos últimos años hemos observado un aumento acumulado de más del 10% en los costos de alojamiento universitario en Canarias”.

María Saavedra aseguró que “estos incrementos derivan de la eliminación de la exención del pago del IGIG y del aumento del IPC y pueden suponer una subida media mensual de más 60 euros, lo que representa aproximadamente pagar 600 euros de más durante todo el curso”.

“Estaremos de acuerdo en que esta subida, en muchos casos, puede llegar a ser inasumible para muchas familias”, sentenció la diputada popular, quién espera que “la iniciativa aprobada beneficie a miles de estudiantes, sobre todo a los que provienen de las islas no capitalinas, y a sus familias que sin estas ayudas no podrían enviar a sus hijos a la universidad”.

Asimismo, la PNL transada aboga por promover líneas de financiación para la creación de nuevas residencias universitarias públicas que permita ampliar la oferta alojativa; por explorar programas de alojamiento alternativo entre personas mayores y/o con discapacidad y estudiantes universitarios; por instar al Gobierno de España a mejorar la cuantía de sus becas en concepto de alojamiento.

Por último, María Saavedra asegura que “iniciativas como ésta pretender dar soluciones inmediatas al encarecimiento de la vida, compensando así la actual problemática sobre los precios de alojamiento para estudiantes con dificultades socioeconómicas, garantizando que ningún estudiante se vea privado de la oportunidad de estudiar debido a limitaciones económicas”.

• La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario, Sonsoles Martín, destaca que con esta subida las subvenciones para el material didáctico para el alumnado llegarán hasta los 5,2 millones
• Asimismo, apunta como novedades la apuesta de la Consejería por reducir y simplificar los trámites a las familias adelantando el plazo de adjudicación y permitiendo las solicitudes telemáticas a través de un único modelo de formulario
• “Con las mejoras introducidas no sólo se mejora la calidad educativa, sino que también se mejoran los resultados académicos”

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Sonsoles Martín, celebró hoy el incremento de 1,3 millones de euros a las ayudas destinadas a financiar libros de texto y material didáctico para el próximo curso escolar 2024/2025 al tiempo que añadió que “con esta subida, estas subvenciones llegarán hasta los 5,2 millones”.

Durante una pregunta al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes en el pleno del Parlamento, Martín destacó también como novedades la apuesta de la Consejería por reducir y simplificar los trámites a las familias adelantando el plazo de adjudicación y permitiendo las solicitudes telemáticas a través de un único modelo de formulario.

“Las ayudas permiten que todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, tengan acceso a todos los recursos necesarios para su aprendizaje lo que repercute positivamente no sólo en la mejora de la calidad educativa sino también en la mejora de los resultados académicos”, señaló.

En este sentido, Sonsoles Martín valoró el compromiso del Gobierno de Canarias con estas ayudas y animó al consejero de Educación “a seguir contribuyendo a promover la igualdad de oportunidades entre los estudiantes canarios”.

Por último, la diputada popular reiteró que “la educación es la base para el desarrollo integral de la persona, el mejor ascensor social y el principal motor de desarrollo para nuestra Comunidad”. “La mejora del sistema educativo debe ser un objetivo prioritario para lograr una Canarias más próspera y equitativa”.

• El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, preguntará al jefe del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, por este anteproyecto de ley que incluye requisitos de sostenibilidad, calidad y competitividad y que “no persigue expulsar a nadie sino regular el mercado”
• Asimismo, Sonsoles Martín se interesará por las novedades introducidas por la Consejería de Educación en las ayudas destinadas a libros de texto y material didáctico para el próximo curso escolar
• La crisis del sector platanero y los precios de alojamiento para estudiantes universitarios serán otros de los temas que se llevarán al pleno de la Cámara regional

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, defenderá en el próximo Pleno del Parlamento la regulación del mercado del alquiler vacacional en Canarias, y preguntará al responsable del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, por el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que incluye requisitos de sostenibilidad, calidad y competitividad y “que no persigue expulsar a nadie sino regular el mercado”.

“Hablamos de una Ley de carácter transversal, pues no sólo trata cuestiones turísticas, sino que aborda temas de urbanismo, vivienda, protección del territorio y medioambiente, entre otros”, apuntó Casañas.

Asimismo, en la sesión de control al Gobierno, la diputada Sonsoles Martín interpelará al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes para conocer las novedades introducidas por su departamento en la política de ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto y material didáctico del próximo curso escolar.

El diputado Carlos Ester se interesará ante la responsable de Empleo del Gobierno de Canarias por las acciones puestas en marcha para disminuir la elevada siniestralidad laboral registrada el pasado año.

Cerrará este apartado, el diputado Fernando Enseñat que pedirá al consejero de Transición Ecológica que explique en qué consiste el plan de choque destinado a revertir la baja ejecución de los fondos Next Generation originada en la pasada legislatura.

Por último, en el bloque de las Proposiciones No de Ley (PNL), el diputado Jacob Qadri pedirá al Gobierno de Canarias que, ante la crisis actual del sector platanero, siga adoptando decisiones que contribuyan a mejorar la gestión del propio mercado y de la ayuda que reciben los agricultores en el marco del programa POSEI.

La diputada María Saavedra instará al Gobierno de Canarias a aumentar las partidas destinadas a becas ligadas a la residencia con el objetivo de compensar el alza de los precios de alojamiento de los estudiantes desplazados desde las islas no capitalinas.

• El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, constata que desde su aprobación en 2023 la oferta ha caído un 40% y los precios han subido un 24% y “cada día es más difícil obtener una vivienda a precios asequibles y la oferta de alquileres se ha reducido por desincentivar a los arrendadores”
• Según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), Canarias ha sido la región española donde esta normativa ha perjudicado al sector con mayor intensidad desplomando la oferta de alquiler residencial un 9% más de la media registrada en todo el Estado
• Para Casañas gran parte de los propietarios “ante la indefensión que genera esta ley intervencionista” ha optado por vender sus inmuebles, retirarlos del mercado o sumarse al negocio de la vivienda vacacional

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, señaló a la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023 por el gobierno de Sánchez, como la principal responsable de la caída del mercado del alquiler en las islas. “Una ley -dijo- intervencionista que genera indefensión al no tener en cuenta cómo afecta a los pequeños propietarios que, en definitiva, son los que tienen el grueso del parque inmobiliario”.

Casañas, que solicitó en el último pleno la comparecencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para informar sobre la evolución del mercado inmobiliario en las islas, señaló que el Archipiélago ha sido la comunidad “más perjudicada por esta normativa con un desplome de la oferta de alquiler residencial un 9% mayor que la media nacional”, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.

“Desde su aprobación en 2023, la oferta en Canarias ha caído un 40% frente al 31% registrado en el resto del Estado y los precios han subido un 24% y cada día es más difícil obtener una vivienda a precios asequibles y la oferta de alquileres se ha reducido por desincentivar a los arrendadores”, añadió.

Para el diputado popular, “ante la indefensión que genera esta ley intervencionista”, gran parte de los propietarios en Canarias ha optado por vender sus inmuebles, retirarlos del mercado o sumarse al negocio de la vivienda vacacional.

“De esta forma, si la oferta de vivienda ya era escasa en el Archipiélago, ahora se ha reducido muchísimo más y, por ende, los precios se disparan, principalmente en las capitales autonómicas como demuestra que, en los 10 meses de vida de la ley estatal, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria los costes de la vivienda han aumentado en un 16,3%”, agregó Casañas.

Por este motivo advirtió al consejero que, como ya ha ocurrido en otros lugares, la declaración de mercado residencial tensionado que han solicitado algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE tendrá dos consecuencias inmediatas. “En primer lugar, -manifestó- hará que los propietarios de la zona retiren sus pisos del mercado del alquiler para evitar los topes de los precios y en segundo hará que suban los precios en las zonas de alrededor”.

Por último recordó que, frente al fracaso de las políticas de vivienda del PSOE que ha sido incapaz de construir las 6000 viviendas prometidas por Torres ni las 183000 anunciadas por Sánchez; este Gobierno en apenas nueve meses ya ha aprobado un Decreto ley de Vivienda que contempla múltiples medidas para que cada municipio adopte las que considere que más se ajustan a su realidad para dar respuesta a la emergencia habitacional”, concluyó.

• La diputada popular, Jennifer Curbelo, considera que ser un archipiélago con más de 1.500 km. de costas junto con los 16 millones de visitantes anuales y la falta de información son los principales factores de riesgo
• “Canarias no puede seguir encabezando, año tras año, las estadísticas de fallecimientos por sumersión de toda España, sólo en los últimos seis años se han perdido 428 vidas”

La diputada del Partido Popular, Jennifer Curbelo, ha solicitado al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de campañas de sensibilización y prevención “para evitar el elevado número de ahogamientos que se producen en nuestras costas todos los años”.

Curbelo, que presentó una Proposición No de Ley en el pleno del Parlamento autonómico, señaló que hay que trabajar en la educación y concienciación de la ciudadanía, local y visitante, para enseñarles como relacionarse con el medio acuático y minimizar, por tanto, los riesgos y accidentes.

“Canarias no puede seguir encabezando, año tras año, las estadísticas de fallecimientos por sumersión de toda España”, manifestó la diputada del PP quién advirtió que “solo en los últimos 6 años 428 personas han perdido la vida en nuestras costas”.

Para la popular tinerfeña, en un territorio fragmentado, que cuenta con más de 1.500 km de costa, y 700 puntos de baño e infinidad de piscinas, a lo largo y ancho de nuestro archipiélago, unido a los 16 millones de visitantes anuales, resulta imposible tener un policía, un socorrista o vigilantes en cada uno de los puntos “por lo que, a su juicio, es más pertinente que nunca la elaboración de campañas de sensibilización e información”.

En este sentido, recordó que las muertes por ahogamientos vuelven a ser la principal causa de muerte por accidente en Canarias “casi duplicando el número de fallecimientos ocurridos en el año 2023 en las carreteras del archipiélago”, explicó.

Por esta razón, la iniciativa incluye potenciar en las aulas canarias el aprendizaje vinculado a los primeros auxilios, así como un uso responsable, seguro y crítico de los medios digitales y, en particular, de las redes sociales.

“Queremos llevar estas campañas a los colegios, formar a nuestros niños para que se relacionen de una forma segura con el mar y con el medio acuático en general y que ven en las redes sociales un ejemplo a seguir, saltándose prohibiciones de acceso y zonas de baño”, finalizó.