Navarro achaca la situación de los 120 mayores a la nula coordinación entre Sanidad y Políticas Sociales

15 Junio 2017.- La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, criticó la nula política socio sanitaria del Gobierno de Canarias y achacó la situación de los 120 ancianos condenados a vivir en un hospital ante la falta de un plaza socio sanitaria a la incomunicación y descoordinación de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales.

Australia Navarro lamentó la desidia de los responsables de estas consejerías que permiten que hechos como estos sucedan a pesar de tener a su disposición las herramientas de planificación necesarias para impedirlo que hechos como estos sucedan en nuestra comunidad, mantienen sin desarrollar.

En este sentido, la portavoz popular reveló que ha presentado una Proposición No de Ley en la Cámara regional en la que se insta al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para poner en marcha la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad en Canarias elaborada en 2015.

“Una Estrategia, señaló, que tiene que plantear con carácter inmediato un Plan de Choque para el paciente crónico y anciano con 10 medidas urgentes que palien la ausencia de proyectos o planes de actuación para hacer frente a esta problemática e implantar la coordinación socio sanitaria”.

Así, recordó que en nuestra Comunidad Autónoma, con 310.000 ancianos contabilizados y con sólo 3.766 plazas en residencias con fondos públicos, la implementación de este tipo de políticas brilla por su ausencia.

“A pesar de que contamos desde 2015 con una Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, la misma no se ha desarrollado más allá de acciones inconexas desde hospitales y Atención Primaria, lo que nos convierte en una de las pocas CC.AA. sin un plan de cronicidad en marcha y en desarrollo”, finalizó.

• Australia Navarro censura las incongruencias de la consejera de Hacienda, y pide rigor en el cumplimiento de la regla de gasto

06 de junio de 2017.- La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, advirtió hoy que los 220 millones de financiación extraordinaria que recibirá Canarias este año del Estado, a través del Fondo de Competitividad, “deberán destinarse íntegramente a resolver la situación de emergencia social y sanitaria que vive el Archipiélago”, y advirtió a la consejera de Hacienda que “deberá consensuar el gasto de estos nuevos recursos” si quiere contar con el respaldo de los populares en la cámara regional.

“Las listas de espera sanitarias y sociales son una lacra intolerable, que lejos de disminuir aumentan cada día, y si hemos conseguido en Madrid una financiación extraordinaria no es para que el Gobierno de Canarias relaje su política de gasto, sino para responder con eficacia y contundencia a esta dramática situación”, afirmó Australia Navarro.

La portavoz popular recordó que la incorporación de estos 220 millones al Presupuesto de la Comunidad Autónoma deberá realizarse, tras la aprobación definitiva de los PGE, mediante la tramitación de un Proyecto de Ley de Crédito Extraordinario en el Parlamento de Canarias, y advirtió a la consejera de Hacienda que este trámite no podrá salir adelante sin los votos de la oposición.

Navarro confió en que Rosa Dávila “no caiga en la tentación de decidir por su cuenta el destino de los nuevos fondos”, y recomendó a la consejera de Hacienda iniciar cuanto antes un proceso de negociación, “para consensuar con el resto de los grupos políticos el destino de estos recursos extraordinarios, porque es mucho lo que se puede resolver en los últimos seis meses del año con esta millonaria cantidad”.

Los populares recuerdan que el Gobierno de Canarias “no solo está en minoría, sino que además tiene un mandato expreso y unánime del Parlamento sobre las listas de espera sanitarias y sociales, tal y como se acordó en el último debate sobre el estado de la nacionalidad, y tendrá que cumplirlo sí o sí”.

En relación a la política presupuestaria del Ejecutivo regional, la portavoz de los populares, Australia Navarro, mostró su preocupación por el desvío en el gasto que ha detectado el Ministerio de Hacienda en la liquidación de las cuentas del pasado año, y exigió a la consejera “más rigor” en el cumplimiento de la regla de gasto, “una herramienta imprescindible para la estabilidad y sostenibilidad financiera de la administración autonómica”.

“Las explicaciones que ha dado la consejera de Hacienda son incongruentes y contradictorias en sí mismas, porque no puede decir que no ha incumplido con la regla de gasto y al mismo tiempo asegurar que el incumplimiento está justificado porque los servicios públicos fundamentales no están bien financiados”, afirmó Australia Navarro, quien definió las explicaciones de Dávila “como excusas de mal pagador”.

Luzardo avisa del deterioro de todos los índices y denuncia la pérdida de casi 1.000 dependientes en lo que va de año

25 Mayo 2017.- La parlamentaria autonómica del Partido Popular y portavoz de Política Social en la Cámara regional, Pepa Luzardo, mostró su alarma por la “caída en picado” que ha experimentado la atención a los dependientes en las islas en los cuatro primeros meses de 2017 y criticó que “tengamos 982 beneficiarios menos que a finales del pasado año”.

Pepa Luzardo lamentó que, mientras en el resto de comunidades autónomas mejoran poco a poco, “en Canarias vayamos para atrás como los cangrejos y nuestros dependientes tengan que sufrir la incompetencia de los nuevos gestores que el presidente Clavijo ha puesto al frente de la gestión de la dependencia”.

La diputada popular señaló que las cifras del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia actualizadas a 30 de abril y difundidas por el IMSERSO vuelven a situar a Canarias “a la cola de la cola” en la gestión de la Dependencia. “Peor ya no se puede hacer” –insistió- y exigió a los responsables de gestionar la dependencia que “den la cara” en el Parlamento y “expliquen, si pueden, el bajón en todos los parámetros desde que están al frente de la consejería”.

“Con 1.435 dictámenes menos; con 982 beneficiarios con derecho a prestación menos; con 8.677 canarios, 2.170 más que hace cuatro meses, en el limbo de la dependencia esperando a que el gobierno haga su trabajo y con una lista de espera que apenas se reduce; alguien del gobierno tiene que dar la cara y asumir su responsabilidad por este desastre”.

“No podemos conformarnos con solo 65 nuevas altas en cuatro meses, con mantener indefinidamente a 13.000 dependientes en listas de espera para recibir una prestación a la que tienen derecho o seguir siendo la comunidad más ineficaz a la hora de resolver los expedientes. “Es hora –finalizó- de que el Gobierno de Canarias ponga al frente a personas competentes y adopte las reformas necesarias para agilizar y mejorar la gestión del sistema”.

El PP constata que el Gobierno de la Nación envió el pasado año 89,8 M€ euros para financiar el sistema de la dependencia

Pepa Luzardo confirma el retroceso en la gestión de las Políticas Sociales durante los tres primeros meses del año

12 de Mayo de 2017.- La parlamentaria autonómica del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular de Políticas Sociales, Pepa Luzardo,  mostró su desacuerdo con las cifras manejadas por los responsables autonómicos sobre la financiación de la dependencia en Canarias e informó que el Gobierno de la Nación financió en 2016 “el 86,2% de los 104 millones de euros presupuestados por el Gobierno de Canarias para la atención a los dependientes canarios”.

Pepa Luzardo recordó que la dependencia se financia al 50% entre el Estado y Canarias y señaló que, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Gobierno de Mariano Rajoy envió el año pasado a las islas 89,8 millones de euros para financiar el sistema de la dependencia.

“En concreto, detalló, llegaron 26.650.466 euros por el Nivel Mínimo y 63.130.000 euros como financiación adicional a través de la Ley 22/2009. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias debe explicar a cuánto asciende su 50% y que ha hecho con algunas partidas que no han llegado a los dependientes canarios”.

En este sentido, advirtió a los responsables de Servicios Sociales que no utilicen la financiación como cortina de humo para tapar los malos datos de su gestión en el primer trimestre del año y criticó que “hayan empeorado los malos resultados del anterior equipo”.

“Entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo los malos datos se han agravado. Hemos perdido 552 beneficiarios y solo han sido capaces de sacar de las listas de espera a una persona cada dos días. A este ritmo no es de extrañar que el presidente Clavijo piense que tardaremos 20 en conseguir una Canarias más justa”, sentenció Luzardo.

Insistió en que “el balance del primer trimestre no puede ser más decepcionante” y recalcó que hay 29.733 personas valoradas con derecho a prestación de las que 16.439 ya reciben prestaciones, lo que supone un 55,29% (la media nacional está en el 72,38%). Este porcentaje se eleva al 68,75% si solamente se refiere a los grados II y III de dependencia, por debajo de la media nacional (85,09%). En cuanto a este dato, referido a beneficiarios de Grado I, es del 19,90%, por debajo de la media nacional (46,30%)

Astrid Pérez pide que no se demore más la modificación del decreto y se corrijan los artículos anulados por el TSJC

27 de Abril de 2017.- La diputada del Grupo Popular del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, exigirá al Gobierno de Canarias en el próximo pleno la “modificación inmediata” del decreto 113/ 2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias “con la incorporación de las correcciones contenidas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”.

Astrid Pérez señaló que la sentencia TSJC supone “un varapalo judicial al Gobierno de Canarias, al desarmar el núcleo del decreto del alquiler vacacional aprobado “con nocturnidad y alevosía” por parte del gobierno de CC y PSOE en la pasada legislatura, “apenas 15 días antes de celebrarse las elecciones autonómicas”.

“El presidente Clavijo y Coalición Canaria deberían dejar de pensar en seguir mareando la perdiz y empezar a trabajar a favor de los intereses generales del sector adaptando la regulación del alquiler vacacional a la situación que rige en todos los mercados turísticamente desarrollados”.

En este sentido, mostró su satisfacción por “una sentencia que avala las tesis que el Partido Popular de Canarias ha mantenido desde el minuto uno” por la arbitrariedad del Decreto” que regula el alquiler vacacional en el Archipiélago.

Astrid Pérez recordó que a principios de 2016 los socios del gobierno, CC y PSOE, rechazaron una PNL en la que los puntos a modificar coincidían casi al 100% con la sentencia del TSJC.

“En esa iniciativa, señaló, pedíamos que se incorporara en la modificación de la norma la regulación de las viviendas vacacionales por su condición de viviendas y que no en función del tipo de suelos o planes urbanísticos y la inclusión del “Bed&Breakfast” (alquiler de habitaciones) como una modalidad más de alojamiento turístico”.

La diputada del PP por Lanzarote recordó al Gobierno de Canarias y al partido que lo apoya “que en estos momentos están en minoría” y que el PP “buscará sumar voluntades políticas en la Cámara con el fin de que no se siga frenando la modificación de la regulación del alquiler vacacional”.

“Procuraremos impedir que se mantenga una norma que obstaculiza la readaptación del modelo de desarrollo turístico, amenaza la libertad de empresa y causa enormes perjuicios a miles de familias canarias que se ganan la vida con el alquiler vacacional”, finalizó la parlamentaria popular.