•  Australia Navarro afirma que su formación política apuesta por medidas más certeras y eficaces, como la emisión de un pasaporte sanitario que controle y garantice la movilidad de las personas
• El PP pide a Ángel Víctor Torres mayor contundencia ante las decisiones erróneas y perjudiciales que se dictan desde el Gobierno de España

 La presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz de los populares en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, ha calificado de “letal para el turismo en el Archipiélago”, la decisión del Gobierno de España de establecer una cuarentena de 14 días para todos aquellos viajeros procedentes del extranjero, incluidos los que lleguen desde la Unión Europea e incluso desde el espacio Schengen.

La orden del Gobierno central, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), especifica que los turistas tendrán la obligación de permanecer confinados en los alojamientos contratados durante 14 días tras su llegada y solo podrán salir durante ese tiempo por causa mayor o de primera necesidad.

Para la dirigente popular, “este anuncio supone un duro golpe para el sector e impedirá la recuperación del principal motor económico de las Islas. Una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez muestra su insensibilidad con Canarias y con la realidad del Archipiélago”, sentenció Australia Navarro.

“Sánchez actúa de manera arbitraria, ignorando al sector turístico y de espaldas a una más que necesaria recuperación de nuestra economía”, afirmó la presidenta del PP canario, que también recriminó al Gobierno de Ángel Víctor Torres “su falta de reacción ante una decisión que perjudica seriamente al presente y futuro de las Islas”.

El Partido Popular de Canarias critica la “improvisación” con la que el Gobierno de Sánchez “sigue actuando” ante cualquier asunto que concierne a los protocolos para hacer frente a la crisis del coronavirus. “No es el momento de plantear ninguna cuarentena que nos perjudique, en pleno desarrollo del plan de desescalada”, señalan.

Australia Navarro recordó que su formación política apuesta por medidas más “certeras y eficaces” como la emisión de un pasaporte sanitario, que controle y garantice la movilidad de las personas, y establecer acuerdos en el seno de la Unión Europea con los países emisores de turismo para la creación de “corredores sanitarios seguros”.

Por último, la líder de los populares en las Islas exige al presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, “mayor contundencia ante las decisiones erróneas y perjudiciales que se dictan desde el Gobierno de España que puedan afectar a Canarias”.

• La diputada popular Lorena Hernández reclama un protocolo único para los centros infantiles de Canarias
• Solicita a la consejera que se aclaren las medidas de seguridad para proteger tanto al personal como a los niños

La diputada del Grupo Parlamentario Popular y portavoz en la comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Lorena Hernández, pidió hoy al Gobierno de Canarias que “no haya más improvisaciones ante la vuelta a los centros infantiles de los menores de 3 años, que previsiblemente comenzará el próximo 25 de mayo”.

Hernández afirmó que el Plan para el desconfinamiento, aprobado por el Gobierno de España, establece que en la fase 2 se permitirán que los niños de 0 a 3 años puedan volver a las escuelas infantiles y guarderías en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente.

Para la diputada popular, “a falta de dos semanas para comenzar, desconocemos si la consejera ya tiene un plan y si éste ha sido consensuado con la comunidad de esta etapa educativa. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que cuantas menos improvisaciones mejor para todos, máxime teniendo cuenta de que hablamos de niños y que la desescalada tiene que contar con todas las garantías sanitarias para su seguridad, la de los padres y la de los profesionales”.

“Entendemos que se trata más de una medida orientada a favor de la conciliación laboral y familiar que meramente educativa, pero esta vez contamos con tiempo para establecer un protocolo único en todos los centros infantiles de Canarias, con normas claras y unificadas, para no caer en la descoordinación que reinó durante las primeras semanas tras establecerse el estado de alarma”, indicó.

En este sentido, la diputada popular pregunta a la consejera de Educación qué medidas de seguridad se van a tomar, cómo se garantizará el distanciamiento social y la desinfección de las dependencias de los centros, si se prohibirá el uso de juegos y material educativo propio de esta etapa y si se administrará tanto al personal como al alumnado los equipos de protección necesarios para evitar contagios.

“Son muchas las cuestiones que están en el aire, y tanto los profesionales como los padres tienen derecho a conocer de antemano en qué circunstancias se retomará la actividad”, indicó Lorena Hernández, quien añadió que “la consejera debe aclarar todos estos interrogantes y garantizar que la vuelta a los centros infantiles se haga con todas las garantías sanitarias exigidas en una situación como la actual”.

La diputada popular señaló que “hablamos de una franja de edad especialmente sensible, que hasta ahora ha sido de las más protegidas por el coronavirus, y esto debe tenerse en cuenta a la hora de establecer las normas porque todos conocemos las características de estos niños, y será muy difícil que mantengan las distancias, no jueguen entre ellos, y que no se lleven a la boca o toquen cualquier material”.

Asimismo, Lorena Hernández pregunta si la falta de plazas públicas en esta etapa educativa será un impedimento para la incorporación de los padres a sus puestos de trabajo, si se ha tenido en cuenta que la mayoría de las escuelas infantiles son pequeñas empresas privadas que han aplicado ERTE a sus trabajadores y si el Gobierno piensa aplicar medidas de apoyo económico para garantizar su actividad.

Por último, Lorena Hernández considera que “todos estos asuntos deben ponerse sobre la mesa antes de que los menores regresen a los centros el próximo 25 de mayo para asegurarnos que esta desescalada se haga con todas las garantías sanitarias y económicas tanto para el personal educativo como para las familias”, concluyó.

• Poli Suárez critica que el Gobierno de Canarias haya abandonado a su suerte a las asociaciones del Tercer Sector
• Lamenta que se desestimen una gran cantidad de proyectos dirigidos a los colectivos más vulnerables
•  Propone que de cara a la próxima convocatoria se solicite al Estado unos criterios de baremo y de reparto autonómico diferentes

El portavoz de Derechos Sociales del Grupo Popular en el Parlamento regional, Poli Suárez, calificó hoy de “nefasta” la gestión del Gobierno de Canarias ante la distribución de las subvenciones destinadas a la realización de programas para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Suárez lamentó que en la convocatoria de 2019 se haya disminuido el número total de programas sociales financiados, “pasando de 147 a 92 subvencionados totales, a los hay que añadir otros 46 otorgados de forma parcial, pero que en ningún caso superan o mejoran lo hecho hasta ahora”.

“Es una pena que el Gobierno de Canarias ponga en riesgo la continuidad de una gran cantidad de proyectos dirigidos a los colectivos más vulnerables de nuestra tierra, máxime en una situación como la actual” indicó el también portavoz adjunto, quién añadió que “los mismos que estando en la oposición, la pasada legislatura, se comprometían a solucionar estas ayudas son los que ahora abandonan a su suerte a las asociaciones del Tercer Sector”.

Para el popular, “alguien tendrá que dar la cara y explicar por qué se han rechazado más de 400 proyectos y por qué más del 80 por ciento se desestiman por falta de crédito, prueba evidente de que tanto los fondos como la distribución siguen siendo insuficientes, pese a las promesas que tanto Ángel Víctor Torres como Noemí Santana hicieron para garantizar la continuidad de estos proyectos”.

Poli Suárez señala que resulta sorprendente la disminución de programas totalmente financiados en ciertas áreas como Atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad, que pasa de 14 a 8 programas subvencionados; la de Mayores que se reduce de 23 programas a 8; la de Discapacidad y Dependencia que cae de 26 a 14; o la de Infancia y Familia que de 19 programas se queda en 10, por poner algunos ejemplos.

“En estos momentos tan difíciles que estamos atravesando cuesta entender que líneas como las de atención a familias en situación de vulnerabilidad, las de cuidado de personas en situación de sin hogar o la de comedores sociales, entre otras muchas, hayan quedado fuera de esta convocatoria, poniendo en riesgo no sólo la continuidad de la prestación de esos servicios básicos sino también a las personas atendidas”, manifestó.

En este sentido, el portavoz adjunto considera que se ha “tardado demasiado en buscar soluciones” y urge al Gobierno de Canarias a consensuar una propuesta participativa con las entidades del Tercer Sector, de cara a la convocatoria de 2020, que permita solicitar al Estado unos criterios de baremo y de reparto autonómico diferentes.

“Ahora más que nunca se tiene que actuar para resolver los desajustes que se han producido en esta convocatoria como consecuencia de los criterios establecidos a nivel estatal, pero también exigimos al Ejecutivo Regional que ponga en marcha líneas de ayudas directas que permitan financiar los cientos de proyectos que se han quedado fuera de esta resolución, como así lo hacen otras comunidades autónomas”, concluyó.

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• Australia Navarro advierte que “sin aclarar y garantizar las vías de financiación el pacto es papel mojado
• El PP plantea un abanico de medidas de orden sanitario, económico, laboral y  fiscal que espera sean estudiadas e incorporadas al proceso de diálogo abierto por el Gobierno

La presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, ha afirmado hoy que en la búsqueda de un pacto para la reconstrucción social y económica de Canarias “exigimos el compromiso por escrito del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Australia Navarro indicó que, entre las principales propuestas presentadas al Ejecutivo regional, el PP exige el compromiso oficial del Gobierno de Pedro Sánchez “porque sin aclarar y garantizar las vías de financiación para la recuperación económica y social de Canarias, cualquier pacto es papel mojado”.

“Como hemos trasladado al presidente Torres, de nada nos servirá un pacto sin la existencia de garantías de financiación, tanto por parte del Ejecutivo regional, como por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno de Canarias está obligado y es su responsabilidad directa presentar un escenario económico de ingresos y gastos previsibles y, como interlocutor, garantizar que Canarias reciba los recursos del Estado que necesita ante el impacto brutal de la crisis y los que merece por derecho”, afirmó la líder popular.

Para Australia Navarro, en el escenario actual,  suscribir el pacto “es como construir un castillo de naipes y el Gobierno puede volver a caer en el error de defraudar las expectativas que crea”. Para los populares, la garantía de las vías de financiación, con la adhesión al mismo del Gobierno central, es condición esencial para la efectividad del pacto y previa a la consecución de un gran acuerdo en el ámbito autonómico, sobre bases reales y no “imaginarias”.

En este sentido, la presidenta del PP en las islas destacó que Canarias “no va a renunciar a exigir y garantizar” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), el abono de las fichas financieras y las dotaciones de convenios en ejecución pendientes desde 2019.

“Así lo reclamamos en nuestras aportaciones”,  señaló Australia Navarro,  añadiendo que Canarias debe disponer de todos los recursos y fondos vinculados a las políticas de empleo, “evitando que el Gobierno de Sánchez se apropie de ellos, como está ocurriendo en estos momentos”.

El PP plantea igualmente la exigencia de que el Gobierno autonómico consiga el uso del  superávit y remanentes obtenidos por las administraciones públicas canarias en 2019; más de 4.000 millones de cabildos y ayuntamientos, unos 300 millones del superávit de la Comunidad Autónoma  en el 2019, así como la disponibilidad de los 500 millones en materia de carreteras que el Gobierno central imputó a superávit en el 2018.

“El Partido Popular como oposición ha sido responsable desde el primer día en que estalló la crisis sanitaria y seguirá contribuyendo a este proceso de trabajo abierto; pero no vamos a perder de vista que Canarias necesita mucho más que buenos propósitos”, indicó la portavoz del PP en el Parlamento autonómico.

Propuestas

Respecto a las propuestas planteadas por el PP, Australia Navarro señaló que plantea un abanico de medidas de orden sanitario, económico, laboral y  fiscal que “confío sean estudiadas e incorporadas al proceso de diálogo abierto por el Gobierno”.

“En algunos casos compartimos planteamientos ya formulados por el Ejecutivo y en otros creemos necesaria la mejora y ampliación de iniciativas. De igual forma ofrecemos líneas de trabajo novedosas, que consideremos esenciales para poder avanzar”, indicó.

“Ante un escenario de caída de los ingresos y aumento de los gastos de tal magnitud, el Gobierno de Canarias debe afrontar inexcusablemente un ajuste de la Administración y del sector público autonómico que, protegiendo y fortaleciendo los servicios públicos esenciales, libere a la economía canaria del peso y gasto superfluo que mantiene  el sector público”, informó Australia Navarro.

Para el Partido Popular, “de una crisis de esta naturaleza, sólo podremos salir adelante si lo hacemos todos juntos y el Gobierno tiene la obligación de dar ejemplo, planteando un plan de ajuste serio del sector público que contribuya a la recuperación”.

En materia fiscal, Australia Navarro comentó que en una situación “crítica” como la actual, los impuestos se deben reformular  por “justicia social y por lógica económica”. “En particular, nos parece de extraordinaria importancia una reducción del IGIC al 5% en la actividad turística, como fórmula para estimular la competitividad del sector más sólido de nuestra economía”.

Respecto a la continuidad en el tiempo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los populares comparten la extensión en el tiempo de los mismos y su prórroga, hasta el momento de la reapertura normalizada y total de las actividades empresariales.

Por otra parte, el PP también plantea que se exploren todas las capacidades del REF, tanto en la flexibilización de las condiciones para materializar la RIC ligada a la creación de empleo como en la potencialidad para emitir deuda pública que favorezca la financiación propia vía endeudamiento.

Por último, Australia Navarro indicó que el PP ha trasladado al Gobierno su preocupación por la “tentación de usar de forma indiscriminada la figura del Decreto Ley para hacer todas aquellas modificaciones legales que precise para materializar los compromisos que lleguen a recogerse en el Pacto”.

“Nuestro temor es que el Decreto Ley, en manos del Gobierno de Canarias, pase a afirmarse como instrumento prácticamente exclusivo de ordenamiento jurídico y que la función legislativa del Parlamento de Canarias quede irremisiblemente relegada a un plano secundario”, concluyó la presidenta popular.

• Miguel Ángel Ponce afirma que sigue creciendo el malestar entre algunos cargos intermedios y avanza que pueden producirse más renuncias

• El portavoz popular de Sanidad en el Parlamento de Canarias pedirá explicaciones por la diferencia “abismal” en los cribados con los sanitarios de Tenerife

El diputado del Grupo Popular, Miguel Ángel Ponce, lamentó hoy la nueva crisis que se ha desatado en la sanidad pública canaria con la cascada de dimisiones que se ha producido en el equipo directivo de Atención Primaria en Gran Canaria “por diferencias de criterio con el gerente del área” e informó que preguntará al consejero de Sanidad si, entre otras cuestiones, “detrás de la cascada de dimisiones está el bajo número de test realizados al personal sanitario de la isla para detectar posibles contagios de coronavirus”.

Ponce, que hizo estas declaraciones tras la dimisión de la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Ana Bella Álvarez, que se suma a la de otros tres coordinadores, instó al Gobierno de Canarias a solucionar los problemas en la Gerencia ya que, a su juicio, no es buena la disparidad de criterios técnicos ante el protagonismo que va a adquirir la atención primaria en el proceso de desconfinamiento en marcha”.

“Tras el relevo del equipo de la anterior consejera, cesada en plena crisis del coronavirus, y tras dos dimisiones de coordinadores de Áreas la semana pasada, tenemos que lamentar otra baja importante también en Gran Canaria en estos momentos tan complicados, como es la de la doctora Ana Bella Álvarez, profesional de reputado prestigio, quien afirma que dimite por no compartir muchas de las decisiones tomadas hasta ahora”, añadió.

En este sentido, Miguel Ángel Ponce asegura que ya es “un secreto a voces” las discrepancias que existen con algunas decisiones que se están tomando desde el órgano directivo de Atención Primaria en Gran Canaria, y avisa que es posible que se produzcan más renuncias en cargos intermedios, como directores de Zonas Básicas o coordinadores de Áreas.

Para el diputado Popular, “urge que tanto el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, como el consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez, ofrezcan una explicación de esta nueva crisis sanitaria, no rebajen este asunto a una mera dimisión personal, y tomen medidas para garantizar el correcto funcionamiento de la sanidad en estos momentos tan delicados”.

Diferencia entre cribados

Respecto a la diferencia en el número de pruebas realizadas para la detección del coronavirus entre los sanitarios de las islas de Tenerife y Gran Canaria, el diputado popular señaló que el consejero está tardando en aclarar las informaciones publicadas, según las cuales se ha realizado el cribado a más del 60 por ciento de los profesionales de Tenerife frente al escaso 17,6 por ciento de los sanitarios en Gran Canaria.

Para Miguel Ángel Ponce, “la falta de PCR, que responde a las siglas en inglés de `Reacción en Cadena de la Polimerasa’, puede hacer que haya un infradiagnóstico no deseable del número total de personal sanitario contagiado en Las Palmas, lo que supone un peligro porque no sabemos con exactitud el número de afectados y, por tanto, no se está realizando su correcto aislamiento, además de que si no están diagnosticados pueden seguir siendo focos de contagios activos para las demás personas, especialmente en Canarias que es la Comunidad Autónoma con más sanitarios infectados de toda España respecto al número total de diagnosticados, con casi 600 afectados lo que supone un 26 por ciento”.

Por último, el diputado popular exigió tanto a Ángel Víctor Torres como a Julio Pérez una auditoría de resultados y protocolos llevados a cabo en Gran Canaria frente a Tenerife en plena pandemia y reiteró que urge explicar cuál es el motivo por el que ha habido tanta disparidad de resultados en los test “tan necesarios para dar las mejores garantías para la salud pública de los canarios”, concluyó.