El Grupo Parlamentario Popular exigió hoy al Gobierno de Canarias que libere al sector pesquero de las islas de las trabas burocráticas que impiden su desarrollo, y pusieron como ejemplo el retraso de dos años que acumula el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), cuya aprobación vuelve a posponerse por un trámite administrativo incorrecto.

Para la portavoz popular en la Comisión de Agricultura, Ana Guerra, los retrasos acumulados por el PROAC convierten al Gobierno en el “único responsable de la crítica situación de la acuicultura”, que desde 2008 ha pasado de ocupar a casi 30 empresas y obtener cerca de 9.000 toneladas de producto, a las 15 empresas y poco más de 6.000 toneladas del año 2011.

En cuatro años, el peso de este subsector estratégico para la economía de las islas se ha reducido prácticamente a la mitad, al pasar de un valor de casi 60 millones de euros en 2008 a los 30 millones del año 2012.

En 2011 se remitió a la Cotmac este documento, que regula la acuicultura en las islas, para su evaluación ambiental. Según informó hoy el consejero de Agricultura en el Parlamento regional, la Consejería de Ordenación del Territorio determinó en abril de este año que, por tratarse de un Plan Sectorial, la Cotmac no era competente para resolver, sino otro órgano distinto del mismo departamento.

Ana Guerra manifestó que “suena a chiste que este Gobierno haya hecho perder dos años al sector pesquero esperando por un trámite administrativo, y ahora, con todos los plazos caducados, nos digan que hay que evaluar de nuevo el mismo plan, y encima el consejero nos diga que están cumpliendo con el sector”.

“Da la impresión de que nos están contando batallitas para no asumir su propia incompetencia, mientras la acuicultura está agonizando en las islas”, argumentó la diputada popular, quien recordó que el consejero de Agricultura se había comprometido a presentar el PROAC este mismo año, “y ahora se inventan un nuevo escollo para alargar su tramitación hasta 2014”.

Ana Guerra declaró que “el tiempo sigue corriendo en contra del sector pesquero y acuícola mientras el Gobierno no tiene ni un triste avance que enseñar a los empresarios de la acuicultura, que determine qué zonas son aptas, qué especies se autorizarán y qué características han de reunir las explotaciones”.

El Grupo Parlamentario Popular registró hoy por segunda ocasión una solicitud de información dirigida al Gobierno de Canarias para conocer los gastos en viajes, comidas y hoteles del presidente Paulino Rivero y demás personal directivo y de confianza en los desplazamientos oficiales fuera de la Comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2013.

El diputado Felipe Afonso anunció que en paralelo el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una queja formal ante la Mesa del Parlamento “ante la voluntad manifiesta de Paulino Rivero de ocultar a la Cámara y a la sociedad canaria los gastos de dinero público que representan sus viajes”.

Afonso advierte que “el Gobierno de Canarias incumple su obligación de atender las solicitudes de datos, informes y documentos que establece el Reglamento de la Cámara (artículo 12) por lo que resulta necesario que el Parlamento, a través de sus órganos de dirección, le amoneste y le requiera a rendir cuentas en tiempo y forma”.

A juicio del parlamentario popular, “aunque Paulino Rivero tenga mala conciencia por los gastos que suponen sus viajes y el de las comitivas de las que se hace acompañar en el extranjero, tiene una obligación legal y reglamentaria de informar del uso de los recursos públicos”.

Felipe Afonso recuerda que “no es la primera vez que el Gobierno de CC y PSOE se niegan a cumplir su obligación de informar al Parlamento sobre gastos públicos de su presidente y de su estructura directiva”.

“Es triste comprobar cómo un Gobierno que predica en público las bondades de la  transparencia, en realidad, practica la opacidad y el oscurantismo; reconociendo con su negativa a informar que no está dispuesto a que la sociedad conozca los gastos del presidente del Gobierno en viajes, hoteles y comidas que pagamos entre todos los canarios”.

El Grupo Parlamentario Popular arrancó hoy el compromiso del Gobierno de Canarias de facilitar la entrega de la Desaladora de Agua de Mar, Roque Prieto II, ubicada en Santa María de Guía, al Cabildo insular de Gran Canaria, con el fin de que pueda entrar en servicio lo antes posible.

La portavoz popular en materia de Agricultura, Ana Guerra, remarcó que esta instalación supuso la inversión de 8 millones de euros procedentes del Ministerio de Medio Ambiente, y lleva 6 años cerrada, “lo cual es una total irresponsabilidad teniendo en cuenta las gravísimas necesidades de agua que tiene la comarca norte de Gran Canaria”.

Ana Guerra recordó que las obras de ampliación de las instalaciones existentes en Roque Prieto comenzaron en el año 1997, y no terminaron hasta 2007. El Gobierno de Canarias la entregó en 2008 al Ayuntamiento de Santa María de Guía, que inició los trámites de cambio de titularidad de cuantas autorizaciones administrativas obran a favor del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Para la diputada popular “la clave fue la entrega de esta infraestructura al ayuntamiento de Guía, y no al Cabildo insular de Gran Canaria, como determina la Ley de Bases 7/1985 de Régimen Local, y como procedería al tratarse de un servicio supramunicipal de vital importancia por el que están esperando otras localidades como Agaete y Gáldar”.

En este sentido, destacó la predisposición del Cabildo grancanario a asumir la gestión de estas instalaciones a través de su Consejo insular de Aguas. “Nuestros agricultores están sufriendo verdaderas necesidades, cuando se podría disponer en la comarca de una planta desaladora que está incomprensiblemente cerrada y va a requerir todavía una inversión de 800.000 euros para entrar en funcionamiento”, concluyó.

El Partido Popular pedirá en el Parlamento de Canarias la ampliación del plan de comedores escolares puesto en marcha este verano por el Ejecutivo regional, al entender que “las 8.000 plazas ofertadas no alcanzan ni a la mitad de los alumnos cuyas familias sobreviven con menos de quinientos euros al mes”, según advierte la diputada Maribel Oñate.

La portavoz popular de Educación ha presentado una moción, fruto de la interpelación previa al consejero de Educación, en la que insta al Gobierno a elaborar un Plan Integral de Nutrición Infantil y Juvenil para el próximo curso, con el objeto de “garantizar el acceso a la alimentación de todos los escolares canarios, sin exclusiones ni segregaciones”.

Maribel Oñate insiste en que la apertura de los comedores en verano “ha sido una buena idea, pero mal proyectada y peor ejecutada“, y lamenta la “improvisación y la controversia” que ha precedido su puesta en marcha.

Según explica en su moción, la apertura de los comedores escolares durante este verán no cubre ni el 50% de los más de 17.200 alumnos cuyas familias tienen una renta inferior a los 500 euros mensuales, y excluye directamente a otros 19.300 alumnos que a lo largo de este curso han necesitado algún tipo de bonificación para asumir los gastos de su alimentación.

Los populares insisten en que la medida presentada por Rivero en el debate sobre el estado de la nacionalidad “no tiene en cuenta la verdadera dimensión del problema social al que nos enfrentamos”, y recuerdan que según el último informe de Unicef sobre la pobreza en Canarias, más de 112.000 menores viven en riesgo de exclusión en el Archipiélago.

El PP propone que la nutrición de los escolares se aborde de forma integral  para el próximo curso, “con la previsión suficiente”, a través de un Plan que incluya el programa de desayunos saludables y la ampliación de la apertura de los comedores en periodos no lectivos “a todos los menores escolarizados sin exclusiones, y subvencionables en función de las rentas familiares”.

La moción popular incluye también la propuesta de revisar las tasas del servicio de comedor “para adaptarlas a la realidad económica del Archipiélago”, así como la actualización de los baremos y procedimientos para la obtención de ayudas, considerando las recomendaciones realizadas en este sentido por el Consejo Escolar de canarias y las demandas de asociaciones de madres y padres.