La diputada autonómica Ana Guerra remarcó hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que solamente 268 de las 7.500 explotaciones ganaderas de las islas han podido ser legalizadas en cuatro años, lo cual “demuestra que la excesiva burocracia del Gobierno regional está obstaculizando el desarrollo del subsector ganadero”.

Según indicó Guerra, desde que la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y ordenación del turismo, articulase el procedimiento para la regularización y registro de explotaciones ganaderas, apenas 968 titulares de estas explotaciones han presentado solicitud. “Tan solo una cuarta parte han sido aprobadas, y el resto siguen en trámite, bloqueadas por el Gobierno como tantos otros expedientes en esta región”, dijo.

En el año 2010, primer año de funcionamiento de este sistema, se legalizó la primera de ellas, en 2011, 223 explotaciones, y en 2012 tan solo 40. Por provincias, 442 ganaderos de Las Palmas, y 262 de Santa Cruz de Tenerife, están aguardando respuesta del Gobierno.

Además, la diputada del PP recordó que la Estrategia de la Ganadería de Canarias, aprobada por el Parlamento regional, preveía utilizar ayudas del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para subvencionar la puesta al día de estas explotaciones, “y el Gobierno no solo ha reducido los fondos con que cuentan estas subvenciones, sino que incluso reconoce que no ha concedido ni una desde el año 2010, achacándolo a restricciones presupuestarias”.

Ana Guerra concluyó demandando al Gobierno el cumplimiento de la citada estrategia, garantizando más ayuda a la comercialización de los productos de Canarias, más agilidad en la tramitación de subvenciones del Programa de Desarrollo Rural, y una mejora en la gestión de los fondos del POSEI, con el fin de favorecer en mayor medida a los productores locales.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, exigió hoy al presidente regional, Paulino Rivero, “que cumpla su compromiso público de aportar 10 millones de euros a la financiación del Plan de Empleo Social dirigido a los ciudadanos que no poseen ningún ingreso propio ni reciben prestación económica alguna, con independencia de la capacidad inversora de los ayuntamientos canarios”.

Australia Navarro informa de que el Gobierno y la Fecam han cerrado un acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Empleo Social por importe de 16,2 millones de euros “muy por debajo de la financiación de 30 millones a la que se comprometió Paulino Rivero en el Parlamento de Canarias”.

“Rivero anunció en marzo, y ya han pasado 3 meses, que el Gobierno aportaría la mitad de la financiación que aportasen los ayuntamientos al Plan de Empleo Social con un tope máximo de 10 millones de euros. Sin embargo y al comprobar que los ayuntamientos no pueden hacer ese esfuerzo de 20 millones, el Gobierno se desentiende y en vez de poner 10 pone 5,4 millones de euros”.

El Partido Popular, señala Navarro, considera que la gravedad de la situación socio-laboral de Canarias exige que, con independencia de la aportación de los municipios, el Gobierno aporte la totalidad de los 10 millones de euros que prometió Rivero.

De hecho, indica la portavoz popular, “con la actual financiación de 16,2 millones sólo 2.000 de los más de 132.000 canarios sin ningún tipo de ingresos se beneficiarán de este medida”.

“Es decir, menos del 1,5% de los canarios en esta situación extrema se podrán acoger al Plan, mientras que más del 98% de los ciudadanos que cumplen con los requisitos exigidos serán excluidos de cualquier beneficio”.

Australia Navarro considera que “es un fraude político a todos los canarios  presentar un plan de choque social con una ficha financiera tan ridícula y con un periodo de aplicación de 6 meses que es pan para hoy para unos pocos y hambre para mañana para todos. Exigimos que, al menos, el Gobierno dé un paso hacia adelante y haga efectiva toda la financiación que anunció”.

El Pleno del Parlamento de Canarias debatirá esta semana una moción del Grupo Parlamentario Popular, dirigida a instar al Gobierno de Canarias a proceder a la privatización de forma inmediata de Radiotelevisión Canaria, con el fin de dedicar su presupuesto, que ronda los 35 millones de euros, a fomentar el empleo y combatir la pobreza en las islas.

Según indicó el diputado del Partido Popular, Víctor Moreno, esta propuesta del PP constituye “un verdadero desafío” para CC y PSOE, que “deberán retratarse ante todos los canarios y decidir si les interesa más mantener una televisión pública, o bien utilizar el procedimiento legalmente previsto para su gestión privada, que permitiría dotar económicamente la estrategia contra la pobreza elaborada por el Gobierno”.

Moreno remarcó que la propuesta del PP se basa en el procedimiento contemplado en la Ley General Audiovisual, dirigido a favorecer la gestión privada de los canales de televisión de las comunidades autónomas, “con plenas garantías para los puestos de trabajo que genera, y salvaguardando los contratos en vigor”.

“700.000 canarios en situación de exclusión social, de ellos 110.000 niños, y un porcentaje de paro que ronda el 35%, son argumentos más que suficientes como para que socialistas y nacionalistas se planteen dejar de pagar un canal de televisión que solo sirve para perseguir a Rivero por Canarias y allende los mares, y destine el dinero a lo verdaderamente importante”, afirmó.

Estrategia sin fondos

En este sentido, en el próximo Pleno de la Cámara autonómica, y a petición del Partido Popular, comparecerá la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, para explicar el Plan Estratégico contra la Pobreza y su financiación.

Como declaró la portavoz del PP en materia de Políticas Sociales, Milagros Bethencourt, “un mes después de conocer que el Gobierno trabaja en este plan, todavía no conocemos cómo se va a financiar, y tan solo sabemos que existe un Plan Social de Empleo que solo empleará a 5.000 de los casi 400.000 canarios en paro, con fondos ya existentes, y comprometiendo encima fondos municipales”.

“Ya le dijimos a la consejera hace menos de una semana que este plan no va a arreglar el hambre en Canarias, a menos que se dote económicamente como procede”, aseguró la diputada del PP, quien expresó su sospecha de que este sea “un nuevo brindis al sol del Gobierno de Rivero, que ya ha advertido que no piensa desprenderse, ni de sus embajadas en el exterior, ni de instituciones inútiles como el Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas”.