La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Políticas Sociales, Milagros Bethencourt, criticó hoy que el Gobierno de Canarias pretenda seguir fomentando el clientelismo en las islas, “cuando tiene paralizados más de 71.000 expedientes de canarios, entre discapacitados y dependientes, esperando una resolución por su propia incompetencia”.

Bethencourt reprochó su actitud a la consejera regional de Políticas Sociales, Inés Rojas, “que ha convertido en una letanía sus quejas al Gobierno de la Nación, mientras mantiene a 35.185 personas a la espera de que se reconozca su grado de discapacidad, y 35.952 dependientes aguardan a que se apruebe el programa individual de atención, necesario para acceder a una prestación o servicio”.

“Miles de canarios padecen a diario la torpeza de este Gobierno, que tiene competencia exclusiva en Servicios Sociales, y además ha de financiar con sus recursos a ayuntamientos y cabildos insulares” denunció la diputada del PP, para quien “el caos reina en un departamento que gasta un tercio del presupuesto en sostener su aparato burocrático, y además, lidera el triste ranking del crecimiento de la pobreza y la exclusión en España”.

En este sentido, dijo no entender por qué el Ejecutivo regional está cargando contra la reforma de la Administración local, que precisamente persigue la racionalización de recursos y eliminar las duplicidades. “Parece que solo le interesa hacer creer al vecino que estas prestaciones a las que tienen derecho son paguitas que da el político de turno de CC”, afirmó.

Milagros Bethencourt recordó que tener a 35.000 personas esperando durante años por el reconocimiento de su grado de discapacidad supone “fomentar la desigualdad y vetar el disfrute de unos recursos que las propias instituciones han diseñado, que van desde una prestación económica hasta una tarjeta de estacionamiento de vehículos, viviendas protegidas o acceso preferente a un empleo público”.

“El Gobierno de Canarias, después de recortar 17 millones de euros de su presupuesto para 2013, no ha sabido o no ha querido hacer una buena gestión de estos asuntos que afectan a los más desfavorecidos de las islas, tal y como recoge la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, que la califica de irrelevante, y le da 1,8 puntos sobre 10 posibles”, concluyó.