Australia Navarro, portavoz parlamentaria del Partido Popular de Canarias, defendió hoy “la valentía del Gobierno de la Nación en la reforma energética presentada que reparte la carga del déficit tarifario entre empresas, ciudadanos y el propio Gobierno, protegiendo de esa forma al consumidor”.
Australia Navarro desmintió a la consejera canaria de Industria, Francisca Luengo, y aseguró que “la distribución de la déficit de la tarifa eléctrica se reparte a razón de 2.700 millones de euros para las empresas, 900 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y los 900 millones restantes a los consumidores, a través de un incremento del 3,2% del precio de la luz”.
“En consecuencia, es absolutamente falso que el ajuste para resolver definitivamente el gravísimo problema de déficit y deuda eléctricas que condiciona la evolución de la economía española recaiga sobre los ciudadanos. Es más, si la reforma trasladase el déficit eléctrico a los ciudadanos, la subida del precio de la luz se situaría en un 42% y no en un 3,2%, como finalmente se ha establecido”.
La portavoz parlamentaria del PP se preguntó “¿qué diría el Gobierno de Canarias y la consejera del ramo si el Gobierno hubiera promovido una reforma con un aumento del precio de la luz en torno al 40%?”.
Navarro recordó a la consejera Luengo que “desgraciadamente durante los 8 años de Rodríguez Zapatero, el Gobierno del PSOE se negó a afrontar este desafío e incluso condujo al sistema a una situación aún más insostenible, como reiteradamente advirtió el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián”.
La portavoz popular advirtió que “el actual sistema energético español caminaba hacia la quiebra ante el diferencial creciente anual que se produce entre los ingresos y los costes del modelo vigente. Con esta reforma, el Gobierno del PP asume con valentía la urgencia económica de un sistema eléctrico sostenible, homogéneo y transparente que afrontan de forma colegiada las empresas, la Administración y los consumidores”.

El diputado autonómico del Partido Popular, Fernando Enseñat, declaró hoy que las medidas fiscales del Gobierno de Canarias han empobrecido a 85.000 autónomos de las islas, y reclamó que se recupere la exención del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para los pequeños empresarios individuales. “Rivero tiene que cortar ya la sangría recaudatoria que nos ha llevado a ser la región que más empleo autónomo destruye”, afirmó.

“Desde enero de 2013, el Ejecutivo de Rivero obliga a todos los empresarios a repercutir el IGIC independientemente de sus ingresos, una medida que ha sido letal para 85.000 pequeños autónomos canarios, un 70% del total”, declaró el diputado del PP, quien recordó que en el primer semestre de este año, 497 autónomos han tenido que cesar su actividad.

Enseñat se refirió a la exención contenida en el artículo 10.1.28 de la Ley que regula el IGIC, conocida popularmente como franquicia del IGIC, que permite no repercutir este impuesto a los autónomos con menos ingresos anuales. “La medida beneficia a quienes inician su actividad, que ya lo tienen muy difícil con las trabas burocráticas y las piedras que el Gobierno regional pone en su camino, impidiendo la creación de empleo y autoempleo en Canarias”, recordó.

La eliminación de la exención es una carga extra para estos autónomos de unos 200 euros mensuales, “demasiado para un pequeño empresario canario que tiene que vivir con  800 o 1.000 euros netos”, aclaró el diputado del PP.

“Lo cierto es que en dos años de legislatura, no hemos visto ni una medida a favor del trabajo autónomo en Canarias, ni un solo euro de los 130 millones en créditos y micro créditos que Rivero prometió para reactivar la economía”, aseguró Fernando Enseñat, para quien “este Gobierno se ha convertido en el peor enemigo de los pequeños empresarios”.

La diputada autonómica del Partido Popular Ana Guerra exigió hoy al Gobierno de Canarias que opere los cambios necesarios en el modelo de la empresa pública Gestión del Medio Rural, “dada la crítica situación de una entidad cuyo principal problema es la pésima dirección de CC, que en tres años ha reducido su volumen de negocio en más de 7 millones de euros, y ha hecho crecer su deuda un 20%, hasta situarse en un negativo de 2,8 millones”.

Ante la confirmación de un expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa pública de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que afectará a 34 personas, Ana Guerra calificó de inadmisible que CC pretenda descargar en los trabajadores toda responsabilidad.

En este sentido, desmintió que la plantilla de GMR creciera durante el último periodo del Partido Popular en la Consejería de Agricultura. “Es totalmente falso, pues entre 2007 y 2010, con el PP en el Gobierno, la empresa era rentable, y se ajustó la plantilla casi en un 25%, al pasar de 365 trabajadores a 284”, afirmó.

“De hecho –sostuvo la diputada del Partido Popular-, con los nacionalistas al frente, la empresa es menos rentable y no presta ayuda al sector agrario”. La memoria de actividad del año 2012, muestra que GMR apenas comercializó 6.000 toneladas de frutas, papas y hortalizas, un 0,7% de la producción total de las islas que refleja el Instituto Canario de Estadística.

Para Ana Guerra, “basta con analizar los números de GMR cuando CC se quedó en solitario al frente de esta empresa pública: En 2010 presentaba una cifra de negocios de 25,2 millones, y tres años después ha perdido una cuarta parte y se ha ubicado en 18,6 millones, con un balance negativo de 2,8 millones de euros, reconocido en los Presupuestos de la comunidad autónoma de 2013”.

“El Gobierno de CC y PSOE descarga el peso de los ajustes sobre las más débiles, con despidos que se podrían evitar privatizando una empresa pública que compite deslealmente con el sector privado, y su mala gestión no produce más que gastos a las arcas canarias”, declaró la diputada del PP.

“Privatizar la empresa sería mejor que seguir desmantelándola lentamente, pues no contribuye a mejorar la situación del sector agrario porque carece de implantación ni personal en cuatro de las siete islas, no da el servicio que merecen los productores y encima genera inseguridad a los trabajadores que aún permanecen en ella”, concluyó.