Águeda Montelongo ve “gravísima” la situación creada por el Gobierno en el concurso de TDT y FM por 13 millones

16 octubre 2013.- La portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, Águeda Montelongo, anunció hoy que los populares respaldarán la presentación de una iniciativa al Pleno de la Cámara regional para apoyar a las empresas de producción audiovisual de las islas, que alegan vulneración de sus derechos por parte del Gobierno canario en el proceso de adjudicación de los servicios de distribución de las señales de TDT y FM por 13 millones de euros.

Tras reunirse con un nutrido grupo de empresarios del sector, consideró “gravísima” la situación creada con este concurso, que se convocó sin tiempo material para que otras empresas que no fueran la actual adjudicataria, pudieran optar a prestar este servicio.

Los empresarios trasladaron a Águeda Montelongo que solicitarán la anulación de este procedimiento, “pues aprecian, como ya avisó el Grupo Popular, que hay indicios más que sobrados para sospechar que no se convocó con la debida trasparencia y respeto a la libre concurrencia, y lo más sensato sería convocar un nuevo concurso con unas condiciones que más competidores pudieran cumplir y 120 días de plazo”.

“Este asunto ahonda en las dudas que despierta el informe de la Audiencia de Cuentas que resalta la irregular gestión de cerca de 300 millones por parte del director de RTVC entre 2007 y 2011”, apostilló la diputada del PP, para quien “la falta de transparencia es la constante con que se gestionan estos asuntos por el Gobierno regional, que vive preocupado por su propaganda política”.

Confidencialidad del fútbol

En otro orden de cosas, el Gobierno de Canarias volvió a escudarse en la confidencialidad del acuerdo firmado con la empresa Mediapro para no facilitar información sobre el coste de la emisión de fútbol de Segunda División A, a través de Televisión Canaria.

“Nos parece inexplicable que un asalariado como el actual director general de RTVC esté autorizado a manejar documentación que se oculta a esta cámara”, denunció Águeda Montelongo.

El Grupo Parlamentario Popular ve “intolerable” que “quien compromete a la comunidad canaria con semejantes cláusulas de confidencialidad, olvide que los fondos públicos con que se paga a esa empresa los aportan todos los canarios”.

“El Gobierno ya está avisado de que su actuación es contraria a la Ley de Contratos del Sector Público, e incumple el deber de transparencia y publicidad que debe presidir la actuación pública”, afirmó la diputada popular, quien calificó la gestión  de “irregular, opaca y oscurantista, incumpliendo los propósitos con que nace su propia Ley de Transparencia antes de aprobarla”.

La portavoz de Educación del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, Maribel Oñate, aseguró hoy que “no estamos ante una generación perdida, sino abandonada por el Gobierno de Paulino Rivero”, y animó a los jóvenes “a no resignarse frente al trato que reciben por parte del Gobierno autonómico”.

“Es un escándalo inasumible que la Consejería de Educación deje este curso en la calle a más de 15.000 alumnos de Formación Profesional por falta de plazas, como denuncian sindicatos y asociaciones de padres, teniendo como tenemos en Canarias los índices más altos de toda España y Europa en desempleo juvenil, abandono y fracaso escolar”, aseguró Maribel Oñate.

La parlamentaria popular recriminó al consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, su “calamitosa” gestión al frente de la FP, y le acusó de “abandonar a su suerte a miles de jóvenes canarios, que sin una adecuada formación no podrán acceder al mercado laboral”.

“El consejero Pérez se limita a decir que las cifras aportadas por los sindicatos no son ciertas”, aseguró Oñate, “pero no es capaz de darnos a estas alturas los datos reales de alumnos matriculados y de cuántos se han quedado fuera del proceso, y esto es algo muy serio que exige una explicación sensata”.

Maribel Oñate explicó que la relación entre formación y empleabilidad “es inequívoca”, a pesar de lo cual solo un 10% de los ciudadanos asocia la baja empleabilidad con la falta de formación, achacándolo mayoritariamente a la falta de ofertas (48%) y a la falta de experiencia (13%).

“Después de treinta años con plenas competencias en la gestión de la Educación, algo habrá hecho mal el Gobierno de Canarias para que nos encontremos ante este rotundo fracaso en la formación profesional”, aseguró Maribel Oñate, quien exigió al consejero Pérez “un poco de autocrítica y más capacidad de encaje para resolver este problema con altura de miras”.

Fernando Figuereo critica que el responsable de la institución haga oídos sordos a la petición del Parlamento para suprimir delegaciones

14 octubre 2013.- El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Figuereo, consideró hoy “escandaloso” el derroche innecesario que supone mantener abiertas una delegación de la oficina del diputado del Común en cada una de las siete islas del archipiélago. “Es inadmisible que el titular de la institución haga oídos sordos a los requerimientos de la mesa del Parlamento para que cumpla con la ley y proceda a una mayor racionalización del gasto público”, dijo.

“En momentos de dificultades económicas como los actuales, cuando se está pidiendo un gran esfuerzo a todos los ciudadanos para salir de la crisis, el Diputado del Común se empeña en malgastar 2,5 millones de euros para mantener su representación institucional en las siete islas”, argumentó Figuereo.

“Esta actuación –señaló-, como publica un medio de comunicación escrito, puede infringir la legalidad al no dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma a efectos de una mayor racionalización del gasto público, las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias, como el Diputado del Común, procedan a lo largo de este año a la supresión de las oficinas ubicadas en una isla distinta a la de su sede oficial”.

En este sentido el diputado del PP recordó que si la institución estuviera presente sólo en La Palma, el coste se reduciría a unos 681.000 euros. Es decir, estar en todas las islas supone a las arcas autonómicas gastar 1,8 millones de euros más.

Precisamente es la oficina de Gran Canaria, donde reside habitualmente el titular de la institución, la que más dinero cuesta al erario público: 714.000 euros, de los 87.000 euros anuales se pagan en concepto de alquiler.

“En esta línea la oficina de Tenerife nos cuesta a todos los canarios más de 618.000 euros de los que 43.000 euros hay que pagar por el arrendamiento, y a estos gastos hay que sumar los casi 26.000 euros que nos cuestan las oficinas que el diputado del común mantiene en las islas no capitalinas”, concluyó.

Águeda Montelongo destaca la preocupación del Parlamento regional ante el oscurantismo que reina en el ente. [Audio1] [Audio2] 

11 de noviembre de 2013.- La diputada autonómica del Partido Popular, Águeda Montelongo, denunció hoy que el director de Radiotelevisión Canaria, Guillermo García, “se ha negado a explicar en el Parlamento autonómico las irregularidades que ha cometido como administrador único del ente público, que afectan a casi 300 millones de euros”.

Tras la Comisión de Control de RTVC celebrada en la Cámara regional, Montelongo remarcó la “honda preocupación que se observa en todos los grupos políticos ante el oscurantismo con que se conduce García, capaz de desacreditar un informe emitido por un órgano como la Audiencia de Cuentas, ya en poder del Tribunal de Cuentas, pero incapaz de dar una explicación sobre los múltiples incumplimientos detectados en sus primeros cuatro años de gestión de fondos públicos”.

“Es un insulto a la inteligencia que esta persona que ha tenido en sus manos la gestión de 300 millones de euros de todos los canarios, nos cuente que está aprendiendo de RTVC como una madre que aprende de su hijo, como si en Canarias no hubiera personas cualificadas para realizar una gestión eficiente de nuestros recursos”, apostilló la diputada del PP, quien exigió “las más altas responsabilidades políticas en el seno del Gobierno, pues Guillermo García no es más que un mero contratado, puesto a dedo por el presidente Paulino Rivero”.

Águeda Montelongo emplazó, por ello, tanto a CC y PSOE como al Grupo Mixto, a apoyar una iniciativa del Grupo Popular que debatirá en los próximos días el Pleno del Parlamento de Canarias, encaminada a exigir transparencia y rigor en el uso de fondos públicos por parte del Ente.

“Todos los grupos políticos tenemos que velar por que se garantice la información veraz y el control parlamentario sobre cada actuación del Gobierno, y no parece de recibo que el coste de la emisión de un partido de fútbol merezca un trato confidencial, completamente distinto al que se da a la totalidad del presupuesto de la comunidad autónoma, por mucho que se empeñe García”, declaró.

La portavoz del PP concluyó señalando que “nos vamos con muchas más sospechas y una gran preocupación de la Comisión de Control de RTVC, pues no hemos recibido ni una respuesta a preguntas obvias y directas sobre la gestión del dinero público, pero sí nos queda claro por qué las cuentas no están aprobadas y no se rinde información al consejo de administración”.